CE - 680012331000200900798011SENTENCIASENTENCIA20230329172727

í ' Radicado: 68001-23-31-000-2009-00798-01 (56688)

Actor: Luis Alberto Sáenz y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: Demandantes:

Demandada: Referencia: 68001-23-31-000-2009-00798-01 (56688) Luis Alberto Sáenz y otros Nación-Rama Judicial y otro Acción de reparación directa Tema: Responsabilidad del Estado por danos causados en la administración de Justicia Subtema 1: Privación injusta de la libertad - Ley 906 de 2004

Subtema 2: Antijuridicidad del dallo no acreditada SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Rama Judicial, en contra de la sentencia dictada el 24 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO El 23 de mayo de 2006, Luis Alberto Sáenz Mateus fue capturado por miembros de la Policía Nacional, en inm,fidiaciones del parque central del municipio de Landázuri­ Santander, al encontrar, en el vehículo de carga que conducía, diversas cantidades de sustancias controladas por ser usadas como insumo para el procesamiento de estupefacientes y, por esoi; hechos, estuvo en detención domiciliaria hasta el 14 de agosto de ese mismo año.

de sustancias controladas por ser usadas como insumo para el procesamiento de estupefacientes y, por esoi; hechos, estuvo en detención domiciliaria hasta el 14 de agosto de ese mismo año. El 18 de octubre de 2007. el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga con Funciones de Conocimiento profirió resolución de preclusión, por cuanto encontró atípica la conducta punible, ya que la cantidad de ACPM incautado era menor a la requerida :,ara ser objeto de control; y para la urea, la Resolución 015 del 30 de junio de 2004 dispuso una excepción para su transporte dentro de las áreas urbanas, por lo que no se configuró el delito endilgado. 2.1. La demanda

11. ANTECEDENTES Luis Alberto Sáenz Mateus, por medio de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Nación­ Rama Judicial, con la pretensión de que se les declare administrativamente responsables de los perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido, "de acuerdo a los hechos contenidos en la resolución de preclusión de investigadón proferida el 18 de octubre de 2007 por el Juzgado 1 º Penal del Circuito Especia,izado de Bucaramanga", en el proceso penal adelantado por el delito de tráfico de sfistancias para el procesamiento de narcóticos.Radicado: 68001-23-31-000-2009-00798-01 (56688) Actor: Luís Alberto Sáenz y otros La parte actora fundamentó sus pretensiones en que Luis Alberto Sáenz Mateus,

Actor: Luís Alberto Sáenz y otros La parte actora fundamentó sus pretensiones en que Luis Alberto Sáenz Mateus, agricultor y comerciante del municipio de Landázuri, que transportaba pasajeros y carga entre las veredas y corregimientos de la zona, fue capturado el 23 de mayo de 2006, por miembros de la Policía Nacional, quienes efectuaron una requisa a su vehículo, mientras se encontraba en el parque central del municipio, y encontraron insumos agrícolas como fertilizantes y fungicidas, sustancias que consideraron restringidas. El Juez Promiscuo del Municipio de Landázuri le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. El 216 de mayo de 2006, Sáenz Mateus fue conducido a su lugar de residencia y se le informó que quedaba en calidad de detenido. El 17 de agosto de 2006, recibió notificación sobre la revocación de la medida de aseguramiento domiciliaria, decisión adoptada en audiencia del 14 de agosto de 2006, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cimitarra. El 18 de octubre de 2007, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga con Función de Conocimiento decretó la preclusión de la investigación. 2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia Admitida la demanda presentada el 15 de diciembre dfi 20091 , notificado el auto admisorio2, y corridos los traslados de ley, las entidadefi.demandadas presentaron sus respectivos escritos de contestación3. La Nación .. -Ministerio de Defensa­ Policía Nacional solicitó se denieguen las pretens(ones, por cuanto no se configuran los elementos de la responsabilidad, ya que el procedimiento de captura

sus respectivos escritos de contestación3. La Nación .. -Ministerio de Defensa­ Policía Nacional solicitó se denieguen las pretens(ones, por cuanto no se configuran los elementos de la responsabilidad, ya que el procedimiento de captura se llevó a cabo de manera legal y amparada por la sitfiación fáctica de la que se podía inferir la posible comisión de una conducta délictiva. La Nación-Rama Judicial contestó la demanda y propuso como excepciones la ausencia de dalio antijurídico por cuanto las actuaciones surtidas en el proceso penal fueron tramitadas conforme a la ley; y la falta de legitimación en ia causa por pasiva, debido a que las actuaciones reprochadas por la parte demandante corresponden a la Fiscalía General de la Nación. También, solicitó que se denieguen las pretensiones, por cuanto la privación de la libertad que soportó el demal)dante no fue producto de una decisión contraria a derecho o abiertamente arbitraria. Por su parte, la Nación­ Fiscalía General de la Nación aseguró que la medida df= aseguramiento impuesta al demandante no fue injusta pues no se configuró una falla en el servicio imputable a la Fiscalía, como tampoco, un error jurisdiccional (iapaz de comprometer la responsabilidad patrimonial de la entidad. Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión 4. Así lo hicieron la parte actora y la entidad demandada Nación­ Ministerio de Defensa-Policía Nacional5. El Ministerio Público rindió concepto en el que apoyó la prosperidad de las pretensiones en atención a un análisis de responsabilidad objetivo6. 2.3. La sentencia recurrida

Ministerio de Defensa-Policía Nacional5. El Ministerio Público rindió concepto en el que apoyó la prosperidad de las pretensiones en atención a un análisis de responsabilidad objetivo6. 2.3. La sentencia recurrida 1 Auto admisorio de la demanda, 20 de enero de 2010, f. 38, c. 1. 2 Actas de diligencias de notificación, f. 40 a 53, c. 1. 3 Escritos de contestación de la demanda, Policía Nacional, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, f. 55, 62 y 73, c. 1. 4 Auto de traslado, 14 de noviembre de 2012, f. 199, c. 1. 5 Alegatos en primera instancia, f. 201 y 204, c. 1. 6 Concepto Ministerio Público primera instancia, f. 211, c. 1. 2 ...r Radicado: 68001-23-31-000-2009-00798-01 (56688) Actor: Luis Alberto Sáenz y otros El Tribunal Administrativo de Santander, por medio de sentencia dictada el 24 de junio de 2013, accedió parcialmente a las pretensi ones de la demanda, exoneró de responsabilidad a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Nación­ Ministerio de Defensa-Policía Nacional, y declaró la responsabilidad extracontractual de la Nación-Rama Judicial, por los perjuicios causados con ocasión de la vinculación de Luis Alberto Sáenz Mateus a un proceso penal que finalmente precluyó. El Tribunal señaló que en el proceso no hay certeza sobre la fecha en la que Sáenz Mateus fue privado de la libertad, pero el documento de visitas realizadas por la Policía Nacional da cuenta de la situación de privación de

finalmente precluyó. El Tribunal señaló que en el proceso no hay certeza sobre la fecha en la que Sáenz Mateus fue privado de la libertad, pero el documento de visitas realizadas por la Policía Nacional da cuenta de la situación de privación de la libertad hasta el 17 de agosto de 2006, fecha en la que el procesado fue notificado de la revocación de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria. También concluyó que dicha privación de la libertad constituyó un daño antijurídico, dado que no existió un título jurídico válido que obligara al actor a soportar esa vulneración a su derecho a la libertad. En cuanto a la imputación, el Tribunal estableció que, en el presente caso, es posible dar aplicación al régimen de responsabilidad objetiva, por cuanto se encuentra demostrada la detención, la decisión de preclusión de la investigación y, que esta fue adoptada debido a que el accionante no incurrió en la conducta delictiva investigada. El A quo señaló que "la privación de la libertad del señor Luis Alberto Sáenz Mateus a pesar de provenir de una actividad lícita de la administración de justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación" se tornó injusta, al demostrarse que la conducta investigada no configuró un delito por ser atípica. Seguidamente y de manera contradictoria, el Tribunal afirmó que existió un error judicial al imponerse una medida de aseguramiento sin los elementos probatorios suficientes para ello. Por tanto, le imputó la responsabilidad por el daño a la Nación-Rama Judicial, como entidad encargada de imponer la medida restrictiva de la libertad, y exoneró a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por cuanto sus actuaciones no

a la Nación-Rama Judicial, como entidad encargada de imponer la medida restrictiva de la libertad, y exoneró a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por cuanto sus actuaciones no tuvieron relación con la producción del daño, máxime cuando fue la Fiscalía la que solicitó la preclusión de la investigación por encontrar que el procesado no incurrió en el tipo penal de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. 2.4. Los recursos de apelación La Nación-Rama Judicial interpuso recurso de apelación7 en contra de la decisión de primera instancia, con la pretensión de que se revoque. Alegó que el juez de garantías dictó la medida de aseguramiento de detención domiciliaria con base en la evidencia física y la información legalmente obtenida y exhibida por la Fiscalía, por lo que la responsabilidad recae sobre dicho órgano, como quiera que los actos generadores del daño corresponden a las actuaciones desplegadas por este, al ser el encargado de la instrucción del proceso y el competente para identificar a los posibles autores de las conductas punibles investigadas, así como recaudar las pruebas, indicios y demás elementos de prueba relacionados con el hecho delictivo. 2.5. Trámite relevante de segunda instancia 7 Recurso de apelación, Rama Judicial, f. 238, c. ppal. 3Radicado: 68001-23-31-000-2009-00798-01 (56688) Actor: Luis Alberto Sáenz y otros Mediante auto del 28 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander fijó fecha para la audiencia de conciliación contemplada en el artículo 70

Actor: Luis Alberto Sáenz y otros Mediante auto del 28 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander fijó fecha para la audiencia de conciliación contemplada en el artículo 70 de la Ley 1395 de 20108. El 01 de diciembre de 2015, la referida audiencia fue declarada fallida, debido a la falta de ánimo conciliatorio de las partes9.

Esta Corporación, por medio de auto del 12 de abril de 20161 º admitió el recurso de apelación interpuesto por el órgano demandado, Nación-Rama Judicial. En providencia del 08 de junio de 2016, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo 11 . La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y la Nación-• Fiscalía General de la Nación presentaron alegatos en lqs que manifestaron que no les asiste legitimación en la causa por pasiva en el proceso, debido a que no son los órganos encargados de decidir sobre la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad12. El Ministerio Público y las demás partes guardaron silencio. ••

111. PROBLEMA JURÍDICO En atención a los argumentos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, constitutivos del marco de juzgamiento de la. segunda instancia, la Sala resolverá el siguiente problema jurídico: • • ¿La medida de aseguramiento de detención domiciliarla impuesta a Luis Alberto Sáenz Mateus, con ocasión de la investigación penal iniciada por la posible comisión del delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, constituye un dallo antijurídico por contrariar los principios de legalidad, proporcionalidad,

Sáenz Mateus, con ocasión de la investigación penal iniciada por la posible comisión del delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, constituye un dallo antijurídico por contrariar los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la medida? En caso de que se configuren los dos presupuestos nfifiesarios para que surja la responsabilidad estatal, se estudiará la prueba atinénte a los perjuicios, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación.

IV. HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA,'.RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS ENUNCIADOS De acuerdo con el auto de pruebas proferido por el :Tribunal Administrativo de Santander, el 23 de marzo de 2011, a solicitud de las partes, se ofició al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga con Funciones de Conocimiento para que remitiera copia de las diligencias que integraron la investigación penal adelantada contra Luis Alberto Sáenz Mateus.

El mencionado Juzgado envió erróneamente las copia!\ de un proceso diferente al solicitado, por lo que el Tribunal, mediante auto del 29 dé noviembre de 2011 reiteró la solicitud, sin embargo, fue allegada al expediente solamente la copia de la resolución de preclusión que ya había sido traída junto bon la demanda. Por tanto, para resolver el presente asunto, la Sala solo cuenta con los documentos allegados por la parte actora, y estos dan cuenta de los siguientes' hechos:

• Auto del 28 de septiembre de 2015, f. 273, c. ppal. 9 Acta de audiencia de conciliación, f. 277, c. ppal. 10 Auto admisorio de los recursos de apelación, f. 281, c. ppal. 11 Auto de traslado para alegar de conclusión, f. 286, c. ppal. 12 Alegatos de conclusión de la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, f. 287 y 299, c. ppal.

4Radicado: 68001-23-31-000-2009-00798-01 (56688) Actor: Luis Alberto Sáenz y otros 4. 1. El 23 de mayo de 2006, a las 10:30 a. m., miembros de la Estación de Policía de Landazuri, en una labor de patrullaje en inmediaciones del parque principal, realizaron una requisa al vehículo que conducía Luis Alberto Sáenz Mateus y hallaron ocultos, en medio de canastas de cerveza y gaseosa los siguientes elementos: "a. Cinco bultos de Una sustancia sólida granulada, color blanco, cada uno con un peso bruto de cincuenta kilogramos, la cual corresponde a UREA. b. Veinticinco paquetes con envoltura plástica transparente que contienen una sustancia sólida_ con olor característico al parecer soda cautica (sic) con un peso bruto unitario de un kilogramo. c. Cinco bolsas plásticas con una sustancia pulverulenta, al parecer corresponde a fungicida TITAN 80 WP, Marca Bow, con un peso unitario de un kilogramo. d. Dos tanques plásticos color azul con una sustancia líquida, olor característico similar al que hidrocarburo, (sic) parecer aceite carburante

de un kilogramo. d. Dos tanques plásticos color azul con una sustancia líquida, olor característico similar al que hidrocarburo, (sic) parecer aceite carburante para motor ACPM, con una capacidad unitaria aproximada de 14 galones. e. Un recipiente plástico, color blanco, con una sustancia líquida con olor característico similar al de un hidrocarburo, al parecer aceite carburante para motor ACPM, con un contenido de la misma de aproximadamente 13 galones". 4.2. El 17 de agosto de 2006, el comandante de la Estación de Policía de Landázuri, por orden del Juzgado Promiscuo del Circuito de Cimitarra, notificó a Luis Alberto Sáenz Mateus de la revocación de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria dictada en audiencia del 14 de agosto de 200613. 4.3. El 18 de octubre de 2007, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga con Funciones de Conocimiento resolvió sobre la solicitud de preclusión elevada por el Fiscal Único Especializado de San Gil, debido a la configuración de la causal 4ª del artículo 332 del CPP., consistente en la atipicidad del hecho investigado, ya que la cantidad de ACPM incautado era menor a aquella requerida para ser objeto de control; y para la urea, la Resolución 015 del 30 de junio de 2004 señaló una excepción para su transporte dentro de las áreas urbanas. El Juzgado declaró la preclusión de la investigación, al comprobar que las sustancias incautadas no eran objeto de control por parte de las autoridades, debido a que: i) la soda cáustica o hidróxido de sodio se controla solamente en algunos

El Juzgado declaró la preclusión de la investigación, al comprobar que las sustancias incautadas no eran objeto de control por parte de las autoridades, debido a que: i) la soda cáustica o hidróxido de sodio se controla solamente en algunos municipios de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; ii) el ACPM cuenta con una restricción a partir de los 55 galones y el señor Sáenz Mateus transportaba 27 galones; y iii) a pesar de haber sido incautados 250 kilos de urea, lo que constituiría el tipo penal, existe una excepción para el transporte de esta sustancia en zonas urbanas, donde no se exige el respectivo permiso. En la mencionada providencia se anotó que en el proceso no se llevó a cabo audiencia de formulación de acusación, puesto que se "solicitó la preclusión que fue 13 Constancia de notificación, Policía Nacional, f. 31, c. 1. 5Radicado: 68001-23:31-000-2009-00798-01 (56688) Actor: Luis Alberto Sáenz y otros rechazada por el Juzgado Segundo Especializado en auto de 5 de septiembre de 2006, en ese momento fueron otros los argumentos del ente investigador'. Además de decretar la preclusión, el Juzgado revocó las medidas cautelares que se le hubieran impuesto al procesado y señaló que "como en este caso fueron revocadas deberá permanecer el libertad'14. 4.3. La parte actora allegó, junto con la demanda, copia del formato de "Relación Revistas al señor Luis Alberto Sáenz Mateus quien goza prisión domiciliaria otorgada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Landá?uri", en la que figuran las

4.3. La parte actora allegó, junto con la demanda, copia del formato de "Relación Revistas al señor Luis Alberto Sáenz Mateus quien goza prisión domiciliaria otorgada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Landá?uri", en la que figuran las firmas de los miembros de la Policía que realizaban las visitas en fechas que van desde el 26 de mayo de 2006, hasta el 14 de agosto de ?00615.

V. CONSIDERACIONES La Sala procede a resolver el asunto habida consideración de la competencia que le asiste para ello, dado que la Ley 270 de 1996, al prever la fiesponsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, estableció que estos asuntos serían competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin consi?eración a la cuantía16.

Asimismo, la Sala encuentra acreditado que la acción de reparación fue ejercida dentro del término de caducidad de dos (2) años previsto en el artículo 136.8 CCA17, porque: i) el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga profirió resolución de preclusión el 18 de octubre de 2007; ii) la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 16 de octubre de 2009, e interrumpió el término de caducidad hasta la audiencia de conciliación que se declaró fallida el 10 de diciembre de 200918; iii) y la demfinda fue presentada el 15 de diciembre de 2009. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está acreditado que el demandante Luis Alberto Sáenz Mateus fue privado de ·Ia libertad con ocasión del

de diciembre de 2009. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está acreditado que el demandante Luis Alberto Sáenz Mateus fue privado de ·Ia libertad con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, motivo por el que se encuentra legitimado para ejercer la acción de reparación directa. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, como órganos encargados de adelantar la captura en flagrancia y el proceso penal contra el demandante, de manera que la Nación, como persona jurídica representada por estos, se encuentra legitimada como parte demandada en este asunto. 14 Resolución de preclusión. f. 19, c. 1. 15 Planilla de revistas, Policía Nacional, f. 25, c. 1. 16 El articulo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de presentación de la demanda, fue derogado de manera expresa por el articulo 309 del CPACA, este último declarado exeqúible por la Corte Constitucional en sentencia C818 de 1 º de noviembre de 2011. A partir de la vigencia del CPACA, la competencia en los asuntos referidos en la Ley 270 de 1996, se rige conforme a lo previsto en el numera\6 del articulo 152 de ese código. 17 Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos anos previsto en el

17 Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos anos previsto en el articulo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de Ifi que declaró la preclusión de la investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un dano antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificaciór de 15 de agosto de 2018 y 18 de julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2010, expediente 37410). 16 Acta de audiencia de conciliación extrajudicial, f. 46 y 158, c. 1. 65.1. Antijuridicidad del dáño Radicado: 68001-23-31-000-2009-00798-01 (56688) Actor: Luis Alberto Sáenz y otros La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, establece que el Estado tiene la obligación de responder "patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas". La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la declaración de responsabilidad referida requiere la demostración de los siguientes elementos: (i) el daño antijurídico 19 y (ii) la imputabilidad al Estado, que se centra en constatar si el

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la declaración de responsabilidad referida requiere la demostración de los siguientes elementos: (i) el daño antijurídico 19 y (ii) la imputabilidad al Estado, que se centra en constatar si el daño antijurídico es atribuible a la acción u omisión de la parte demandada o si, por el contrario, el mérito de las pruebas recaudadas dan cuenta de que el elemento determinador en la lesión causada reside en la conducta de la víctima o de un tercero20. Esta imputabilidad se desenvuelve en dos fases, una en el plano fáctico, que se verifica en función del principio de causalidad, y otra en el plano jurídico, que se verifica en función de la 'carga obligacional del órgano demandado21 . Con relación al primer elemento, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el daño debe ser cierto, persdnal y antijurídico, es decir, i) que exista lesión a un bien jurídico tutelado que tenga consecuencias ciertas en el patrimonio económico o moral del titular, ii) que la afectación no haya sido causada, ni sea jurídicamente atribuible a la propia víctima y, iii) que quien padece el daño no tenga el deber jurídico de soportarlo22. En los eventos en que el bien jurídico tutelado de la libertad es restringido en virtud del ejercicio del poder punitivo del Estado a través de la imposición de la medida preventiva y excepcional de detención preventiva, el daño que genera tal restricción será indemnizable solo cuando se configure una privación injusta de la libertad, tal como lo dispone el artículo 68 de la Ley 270 de 19 96 -Estatutaria de Administración de Justiciabajo la consideración que el término injusticia hace referencia a una

será indemnizable solo cuando se configure una privación injusta de la libertad, tal como lo dispone el artículo 68 de la Ley 270 de 19 96 -Estatutaria de Administración de Justiciabajo la consideración que el término injusticia hace referencia a una actuación "abiertamente· _arbitraria", "desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales'23. En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de la libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitución Política establece que la detención esté precedida de una orden expedida por autoridad judicial competente, por motivos previamente definidos y con las formalidades previstas en la ley. 19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de octubre de 2018, exp. 46932. 20 La doctrina, tanto como la jurisprudencia, consideran de diferentes maneras el lugar que corresponde a la culpa de la víctima o de un tercero en la estructura de la responsabilidad. Algún sector estima que su prueba es causa de la quiebra del nexo de causalidad; otro, que obra como un factor impediente de la imputación del daño a la demandada. Sin embargo, una elemental consecuencia con la definición que ya ha quedado sentada, del daño antijurídico, permite inferir válidamente que, si el daño que la propia victima o un tercero determina por su obrar gravemente negligente, imprudente o inexperto, es, por antonomasia, un daño que sólo ella debe soportar,

daño antijurídico, permite inferir válidamente que, si el daño que la propia victima o un tercero determina por su obrar gravemente negligente, imprudente o inexperto, es, por antonomasia, un daño que sólo ella debe soportar, tal daño no puede reputarse antijurídico. 21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8 de abril de 2014, exp. 291 95. 22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 28 de abril de 201 0 y de 25 de abril de 2012, expediente 21 861. 23 CORTE CONSTITUCION AL, sentencia C037 de 5 de febrero de 1997. Declaró exequible el articulo 68 de la Ley 270 de 1996, bajo la condición que "el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se tome evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. ". 7Radicado: 68001-23-31-000-2009-00798-01 (56688) Actor: Luis Alberto Sáenz y otros Ahora, en lo relativo a los demás elementos, la Corte Cqnstitucional precisó que su determinación implica necesariamente "definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su .conformidad a derecho "24. Bajo ese marco constitucional, resulta insoslayable que. quien califica de injusta la medida restrictiva de la libertad asuma la carga de probar que la actuación fue

proporcionada y razonada, previa la verificación de su .conformidad a derecho "24. Bajo ese marco constitucional, resulta insoslayable que. quien califica de injusta la medida restrictiva de la libertad asuma la carga de probar que la actuación fue "abiertamente arbitraria", "desproporcionada" y desconocedora de los principios de razonabilidad y necesidad que se imponen en virtud de que el sacrificio de la libertad debe ser excepcional. La apreciación de los medios de prueba realizada con ese propósito, exige "valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de l;;i Ley 270 de 1996, impone considerar, independientemente del título de atribución, que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad"25. De acuerdo con lo anterior, la imputación de responsabilidad al Estado bajo el título de privación injusta de la libertad no procede con la sola acreditación de una decisión preclusiva o absolutoria de responsabilidad penal, dado que, conforme a lo dispuesto en la sentencia de constitucionalidad citada, :es necesario que en cada caso particular se analicen los presupuestos de procedencia de la medida de aseguramiento al momento de su imposición, para determinar si se ajustó o no a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que la rigen, análisis que, en lo que atañe a la razonabilidad, está directamente relacionado con el estándar probatorio previsto en cada etapa del proceso penal (principio de progresividad penal) 2s_ A través de ese derrotero constitucional y legal referido, la Sala procede a establecer

probatorio previsto en cada etapa del proceso penal (principio de progresividad penal) 2s_ A través de ese derrotero constitucional y legal referido, la Sala procede a establecer si la medida privativa de la libertad impuesta en contra de' Luis Alberto Sáenz Mateus constituyó una detención