CE - 680012331000201100062011SENTENCIASENTENCIA20230627175747

' • Radicado: 680012331000201100062 01 (57251)

Demandante: Reyna/do Plata Sánchez y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Magis trado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandantes:

Demandado: Referencia: 680012331000201100062 01 (57251)

Reynaldo Plata Sánchez y otros La Mación-Fiscalía General de la Nación Acción de reparación directa Tema 1: Privación injusta de la libertad - Ley 600 de 2000. Subtema 1.1. Falta de acreditación del dano antijurídico. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 20131 , resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Nación­ Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 23 de abril de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS El arquitecto Reynaldo Plata Sánchez suscribió contrato de obra con el Secretario de Aguas y Medio Ambiente del municipio de Cimitarra, para la instalación de los medidores del acueducto municipal. La liquidación de dicho contrato, sin que realmente se hubiera ejecutado la obra pactada, dio origen a una investigación penal en contra de los servidores públicos y el contratista involucrado, por los

medidores del acueducto municipal. La liquidación de dicho contrato, sin que realmente se hubiera ejecutado la obra pactada, dio origen a una investigación penal en contra de los servidores públicos y el contratista involucrado, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía 15 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bucaramanga le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a Reynaldo Plata Sánchez, como contratista involucrado en los hechos, sin embargo, esta fue revocada por el superior jerárquico, en virtud del recurso de apelación interpuesto. Finalmente, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga absolvió a Plata Sánchez de los cargos en su contra, por lo que se considera que soportó una privación injusta de la libertad.

11. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Pretenden los accionantes que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación-Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la privación de libertad que soportó Reyna!do Plata Sánchez, dentro de la investigación criminal a la que fue vinculado por delitos contra la administración pública, cometidos con 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y,

(iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno( ... )".Radicado: 680012331000201100062 01 (57251)

Demandante: Reynaldo Plata Sánchez y otros

(iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno( ... )".Radicado: 680012331000201100062 01 (57251) Demandante: Reynaldo Plata Sánchez y otros ocasión del contrato estatal 286, suscrito entre la Secretaría de Aguas y Medio Ambiente de Santander y el ingeniero Plata Sánchez. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia: El Tribunal Administrativo de Santander, en auto del 8 de marzo de 2012, dispuso la admisión de la demanda. El auto admisorio fue notifjcado en debida forma2. Transcurrido el término para contestar la demanda, la Nación-Fiscalía General de la Nación argumentó que su actuación se materializó. en cumplimiento de sus deberes constitucionales y no se configuró ninguna actuación ilegal o desproporcionada que permita calificar de injusta la privación de la libertad que, por el contrario, la Fiscalía delegada consideró necesaria, en virtud de los elementos de juicio y el acervo probatorio con el que contaba la investigación3. 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 23 de abril de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dado que encontró demostrado que Reynaldo Plata Sánchez fue privado de su libertad el 3 de mayo de 2004, en virtud de la Resolución del 27 de abril de 2004, en la que la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga dictó medida de aseguramiento en su contra, por los delitos de peculado por apropiación en concurso con contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. En virtud del recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, la

de aseguramiento en su contra, por los delitos de peculado por apropiación en concurso con contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. En virtud del recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior, el 24 de junio de 2004, ordenó la libertad de Reynaldo Plata Sánchez y, luego de que la Fiscalía 15 Delegada dictó resolución de acusación por el delito de abuso de confianza calificado, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de esta ciudad decidió absolver al procesado, porque las conductas punibles investigadas no existieron. Por lo anterior, el Tribunal concluyó que el demandante no estaba en la obligación de soportar el daño ocasionado con la privación de su libertad, por lo que dispuso el resarcimiento del mismo. 2.4. El recurso 2.4.1. La Nación-Fiscalía General de la Nación sustentó su recurso de apelación con fundamento en los siguientes cargos contra la sentencia de primera instancia: 2.4.1.1. La decisión de imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Reynaldo Plata Sánchez cumplió con todos los requisitos sustanciales y formales exigidos por la ley. 2.4.1.2. En el proceso penal, la Fiscalía emitió resolución de acusación, debido a que tenía en su poder hechos indicadores que comprometían la responsabilidad del imputado, sin que fuera requisito, para ese momento procesal, tener certeza sobre la comisión del ilícito investigado. 2 Auto admisorio de la demanda y constancia de notificación, f. 51 a 62, c. 1. 3 Contestación de la demanda, Nación-Fiscalla General de la Nación, f. 63, c. 1. 2 •

2 Auto admisorio de la demanda y constancia de notificación, f. 51 a 62, c. 1. 3 Contestación de la demanda, Nación-Fiscalla General de la Nación, f. 63, c. 1. 2

• •2.5. Conciliación Radicado: 680012331000201100062 01 (57251) Demandante: Reynaldo Plata Sánchez y otros Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal convocó a audiencia de conciliación4, la cual, luego de ser aplazada, fue evacuada el 26 de octubre de 20155 con acuerdo conciliatorio. La fórmula de conciliación propuesta por la Nación-Fiscalía General de la Nación y aceptada por la parte demandante consistió en el pago del 70% del valor de la condena solo por los daños morales y daño emergente, con la condición de que se renunciara al trámite incidental por concepto de lucro cesante, comoquiera que la condena fue en abstracto. La abogada de la parte demandante aceptó la propuesta de la Fiscalía, sin embargo, aclaró que no contaba con la facultad de conciliar sobre las pretensiones de la demandante María Olivia Sánchez, ya que, en virtud de su fallecimiento, no fue posible obtener poder con la facultad expresa para ese efecto.

Mediante auto del 14 de diciembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander aprobó el acuerdo conciliatorio parcial, en relación con los demandantes Reynaldo Plata Sánchez, María Eugenia Cepeda Arenas, Lucas Andrés Plata Cepeda, Tatiana Andrea Plata Cepeda y Héctor Plata Sánchez; y concedió, en efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandantes Reynaldo Plata Sánchez, María Eugenia Cepeda Arenas, Lucas Andrés Plata Cepeda, Tatiana Andrea Plata Cepeda y Héctor Plata Sánchez; y concedió, en efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, en lo atinente a la demandante María Oliva Sánchez por cuanto la apoderada no contaba con la facultad de conciliar°. 2.6. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, en auto del 29 de junio de 20167, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 23 de abril de 2015, esto, en relación con las pretensiones correspondientes a la demandante María Olivia Sánchez. Finalmente, por auto del 21 de julio de 20168, corrió traslado a las partes, para que presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que rindiera concepto de fondo. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

111. PROBLEMA JURiDICO 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") - aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 18879-10el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a

decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a 4 Auto del 12 de junio de 2015, f. 253, c. ppal. 5 Acta de audiencia de conciliación, f. 31 O, c. ppal. 6 Auto que aprueba acuerdo conciliatorio parcial y concede recurso de apelación, f. 319, c. 1. 7 Auto de 29 de junio de 2016, que admite recurso de apelación, f. 327, c. ppal. 8 Auto de traslado, 21 de julio de 2016, f. 331, c. ppal. 9 "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 11 Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los ténninos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los ténninos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.[ ... ]" (subrayado fuera del texto original). 10 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (IJ). 3Radicado: 680012331000201100062 01 (57251)

junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (IJ). 3Radicado: 680012331000201100062 01 (57251) Demandante: Reynaldo Plata Sánchez y otros "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones". Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada"11. 3.2. En este orden de ideas, de acuerdo con los cargos de la apelación, y específicamente con lo que subsiste de aquella luego de la conciliación y sus efectos de cosa juzgada, es preciso resolver el siguient¡e problema jurídico: ¿Debe responder la demandada por los daños ocasionados a la señora Maria Oliva Sánchez derivados de la privación de la libertad que soportó Reynaldo Plata Sánchez?

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis

Sánchez?

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 y a la naturaleza del asunto12, así como al oportuno ejercicio que del medio de control hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda el día 26 de enero de 2011, esto es, dentro de los dos (2) años posteriores13 al día siguiente a la ejecutoria de la providencia que absolvió14 a Reynaldo Plata Sánchez15. 4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en causa por activa: María Oliva Sánchez. Esto, por cuanto acreditó ser la madre de la persona directamente afectada con la privación de la libertad que considera injusta16. Cabe mencionar que tanto en el registro civil de nacimiento de Reynaldo Plata Sánchez, como en la firma que suscribió la demandante al otorgar el respectivo pod¡er, su nombre figura como Olivia Sánchez, a pesar de que en la demanda fuera mencionada como María Olivia Sánchez. 11 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 12 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008,

rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 13 CCA. Articulo 136.8. "La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) a/los, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o pe111Janente del inmueble de propiedad ajena por causa de /rebajo público o por cualquiera otre causa". 14 Constancia de ejecutoria de la sentencia de absolución, 6 de febrero de 2009, f. 59, Samai, índice 20, archivo PDF 26. 15 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 2 de febrero de 19 96, exp. 11425. 16 Registro civil de nacimiento de Reynaldo Plata Sánchez, indicativo serial 16634924, en el que figura el nombre de la senara Olivia Sánchez como su madre, f. 22, c. 1. 4Radicado: 680012331000201100062 01 (57251) Demandante: Reynaldo Plata Sánchez y otros Y en lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra legitimada en la causa a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad que intervino en la actuación que la parte actora considera le generó un daño antijurídico. 4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i)

Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 4.2.2. La Ley 600 de 2000, vigente en el momento de los hechos, establecía que la medida de aseguramiento de detención preventiva procedía cuando existieran dos (2) indicios graves de responsabilidad, con base en pruebas legalmente producidas en el proceso, y el delito imputado fuera castigado con pena de prisión mínima de cuatro (4) años o fuera mencionado en el artículo 357.2 de la Ley 600 de 2oooc171_ Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar18, lleva a entender que, en algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la principialística rectora de la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente injusto. Esa es la razón por la que el juicio relativo a la juridicidad del daño no se agota con la verificación de la observancia del actuar conforme a derecho positivo de la autoridad que causó el daño, verificación que siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de su conformidad con la justicia. Así lo reclama un

siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de su conformidad con la justicia. Así lo reclama un correcto entendimiento del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Esa injusticia, cuando de una privación de la libertad personal por causa de detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente, del proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la antijuridicidad que reposa en la causación del daño19. Debe surgir de una adecuada relación entre los fines que se pretendían satisfacer con la medida20•21, 17 "Artículo 356. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. IISe impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. 11 No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad. 11 Artículo 357. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos: 11 1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro /4) años. [ ... ]". 18 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 1992, exp. 6771. 19 « [E]I juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección

18 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 1992, exp. 6771. 19 « [E]I juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar va/oraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento nonnativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del tltu/o de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. [ ... ]". CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-072 de 2018. 20 "Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afinnar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el articulo 8. 2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente 5Radicado: 680012331000201100062 01 (57251) Demandante: Reynaldo Plata Sánchez y otros y la contribución que haya prestado la conducta del penalmente procesado a la configuración de la convicción con el grado de probabilidad que exigía la ley para su decreto, de una apariencia de su responsabilidad en el asunto (razonabilidad). Además, la medida de aseguramiento no puede equivaler o superar el monto de pena previsto para el delito22. Ahora bien, en el procedimiento penal adelantado, el nivel de certidumbre de la

Además, la medida de aseguramiento no puede equivaler o superar el monto de pena previsto para el delito22. Ahora bien, en el procedimiento penal adelantado, el nivel de certidumbre de la responsabilidad del imputado debía incrementarse a medida que avanzara el proceso, pasando de la posibilidad, al resolver la situación jurídica, a serios motivos de credibilidad, cuando se califica el mérito del sumario23, y luego a la certidumbre24 requerida, por último, para dictar sentencia condenatoria que supere la presunci ón de inocencia25. 4.2.3. Pues bien, conforme a las pruebas documentales practicadas en el presente asunto, fueron acreditados los siguientes hechos: 4.2.3.1. El 27 de abril de 2004, la Fiscalía 15 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bucaramanga resolvió la situación jurídica de varios investigados, entre ellos, Reynaldo Plata, a quien le impuso medida de asegurami ento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, como supuesto responsable del delito de peculado por apropiación en concurso con el de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. • Como fundamento de esta decisión, la Fiscalía argumentó: - El 12 de junio de 2000 se originó una investigación por la información enviada por la Veeduría de Cimitarra a la oficina de control interno de la Gobernación de de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva". CORTE IHD, Caso Suárez Rasero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, serie C Nº

de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva". CORTE IHD, Caso Suárez Rasero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, serie C Nº 35, párr. 77. 21 "Las medidas cautelares se establecen en tanto sean indispensables para los objetivos propuestos. La prisión preventiva no es una excepción a esta regla. Como consecuenqia del principio de excepcionalidad, sólo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso porque se pueda demostrar que las medidas menos lesivas resultarian infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias así lo permitan. ( ... ) 105. Otra condición del carácter cautelar de la prisión preventiva es que está llamada a regir sólo durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto (provisionalidad)". COMISIÓN IDH. Informe 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 100 y 102 y 105. 22 "La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no serla posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando

espera en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no serla posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción". CORTE IDH. Caso Barreta Leiva Vs Venezu¡¡la. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 12 2. 23 "Articulo 395. Formas de calificación. El sumario se calificará profiriendo resolución de acusación o resolución de preclusión de la instrucción. ( ... ) Articulo 397. Requisitos sustanciales de la resolución de acusación. El Fiscal General de la Nación o su delegado dictarán resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado. [ ... ) Artlculo 397. Requisitos sustanciales de la resolución de acusación. El Fiscal General de la Nación o su delegado dictarán resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado".

exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado". 24 "Articulo 232. Necesidad de la prueba. Toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación. 11 No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado". 20 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de octubre de 2018, exp. 46328. 6Radicado: 680012331000201100062 01 (57251) Demandante: Reyna/do Plata Sánchez y otros Santander, en la que comunicó que las obras descritas en el contrato 286 de 1998 no fueron realizadas. - El mencionado contrato fue celebrado entre el Secretario de Aguas y Medio Ambiente y el arquitecto Reynaldo Plata Sánchez, para la instalación de los medidores de micro-medición del acueducto de Cimitarra, por un valor de $32.899.776, en un plazo de 2 meses. Este contrato de obra era necesario para el municipio, debido a las continuas interrupciones en la prestación del servicio de agua, sin que fuera posible cuantificar y cobrar, por falta de medidores. - Finalmente, la obra no se realizó y solo se entregaron cajas de inspección, tapas de las cajas, micro-medidores con accesorios. Es decir, que el municipio adquirió los materiales por el valor del contrato de obra, como si se hubiera celebrado un contrato de suministro. El objeto del contrato varió sin ninguna justificación y la obra no se llevó a cabo. Sin embargo, el pago del contrato sí se efectuó.

los materiales por el valor del contrato de obra, como si se hubiera celebrado un contrato de suministro. El objeto del contrato varió sin ninguna justificación y la obra no se llevó a cabo. Sin embargo, el pago del contrato sí se efectuó. - Las pruebas demuestran que, tanto el convenio como el contrato, eran claros y específicos frente a su objeto, y ninguno de los involucrados vinculados a la investigación tenían la potestad de cambiar el objeto del contrato, que consistía en ejecutar una obra civil para la comunidad de Cimitarra. Por lo anterior, la Fiscalía encontró que la conducta de los procesados configura los tipos penales de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos de ley. Frente a la situación jurídica de Reynaldo Plata Sánchez se anotó: "En la presente investigación, según el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares, (sic) que las obras de Domiciliaria completa, incluyendo excavación, tubería PVC, accesorios, medidor, cajilla con tapa y relleno son de la competencia de un ingeniero civil con experiencia en este tipo de obras o de un ingeniero sanitario. Siendo en el presente asunto el contratista un arquitecto, sin embargo si no tenía experiencia o no podía económicamente cumplir el contrato por qué se obligó y por qué razón presentó una propuesta con un menor valor saliendo favorecido con el contrato ( .. . )26. 4.2.3.2. En virtud del recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, el 24 de junio de 2004, resolvió revocar la resolución de 27 de abril de 2004 y ordenó la

la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, el 24 de junio de 2004, resolvió revocar la resolución de 27 de abril de 2004 y ordenó la libertad de Reynaldo Plata Sánchez. Esto, por cuanto consideró que la medida de aseguramiento privativa de la libertad no era necesaria, en tanto el arquitecto Reynaldo Plata fue capturado cuando se presentó ante la Fiscalía para comparecer al proceso. Además, es una persona que no resulta peligrosa para la comunidad y no ha entorpecido la actividad probatoria. Lo anterior, sin perjuicio de las consideraciones realizadas sobre la liquidación ilegal de un contrato cuyo objeto no fue cumplido y a pesar de ello, el contratista, supervisor, y Secretario de Medio Ambiente, "firmaron acta de liquidación en la que se hizo constar que se habla cumplido con la totalidad de las obligaciones pactadas en el contrato", por lo que no cabe duda que los servidores públicos y el contratista incurrieron en el delito de celebración de contratos sin los requisitos legales, delito por el cual era procedente la medida de aseguramiento privativa de 26 Samai indice 20, archivo PDF 27. 7Radicado: 680012331000201100062 01 (57251) Demandante: Reynaldo Plata Sánchez y otros la libertad, por existir prueba de la conducta delictiva y de la responsabilidad penal27. 4.2.3.3. El 26 de enero de 2009, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga absolvió a Reynaldo Plata Sánchez de los cargos en su contra por los delitos de abuso de confianza calificado y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Frente al delito de abuso de confianza, el

Bucaramanga absolvió a Reynaldo Plata Sánchez de los cargos en su contra por los delitos de abuso de confianza califica