CE - 68001233100020110077001220230321155524

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 68001232170320110077001 (51926)

FABIO ARMANDO VILLAMIZAR HERNÁNDEZ Y OTROS NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Privación de la libertad. Ley 906 de 2004. Se acreditó un daño antijurídico por vencimiento de términos. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial contra la sentencia del 16 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO El 25 de febrero de 2009, Fabio Armando Villamizar Hernández fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional en el momento en que, presuntamente, ejercía labores de control en un falso retén vehicular, con el fin facilitar el hurto de mercancía transportada en camiones. En audiencia preliminar celebrada el 26 de febrero de 2009, el Juzgado 10° Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga accedió a la solicitud de la Fiscalía 14 Secciona! de Bucaramanga de imponer medida de aseguramiento consistente en detención

febrero de 2009, el Juzgado 10° Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga accedió a la solicitud de la Fiscalía 14 Secciona! de Bucaramanga de imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del imputado por los delitos de concierto para delinquir, porte de armas de fuego agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y hurto calificado y agravado en grado de tentativa. El 8 de junio de 2009, el Juzgado 1 Oº Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga celebró la audiencia de formulación de acusación en contra del procesado por los señalados delitos. Luego, el 25 de junio de 2009, el señor Villamizar Hernández solicitó al2 R,idicacto:68001232170320110077000 [51926) Demandante: Libio Armando Villamiz<:ff Hcrm-lndez y otros Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga audiencia preliminar por vencimiento de términos. Sin embargo, mediante proveído del 30 de junio siguiente, el Juzgado 10° Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga declaró fallida la audiencia, porque no se presentó el Fiscal 14 Seccional de Bucaramanga. Por lo anterior, el 1° de julio de 2009 el acusado interpuso acción constitucional de hábeas corpus para que se le amparara su derecho a la libertad. Así, mediante providencia del 2 de julio de 2009, el Juzgado 5° Civil del Circuito de Bucaramanga ordenó la libertad del acusado, al constatar que el Juzgado 10° Penal del Circuito

providencia del 2 de julio de 2009, el Juzgado 5° Civil del Circuito de Bucaramanga ordenó la libertad del acusado, al constatar que el Juzgado 10° Penal del Circuito de Bucaramanga había incumplido los términos para iniciar la audiencia de juicio oral. Posteriormente, mediante proveído del 25 de octubre de 2018, el Tribunal Superior de Bucaramanga decretó la extinción de la acción penal por prescripción frente a los delitos de concierto para delinquir, porte de armas de fuego agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias, y ordenó continuar la persecución penal por el delito de hurto calificado y agravado en grado de tentativa. Finalmente, el 31 de mayo de 2022, el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bucaramanga precluyó la investigación seguida en contra de Fabio Armando Villamizar Hernández. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto Fabio Armando Villamizar Hernández fue injusta, puesto que se incumplió el término procesal penal previsto para la audiencia de juicio oral y ello conllevó a que se prolongara la restricción de la libertad de la que fue objeto.

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 29 de septiembre de 20111, Fabio Armando Villamizar Hernández, en nombre propio y en representación de Juan Manuel Villamizar Solano y Fabio Emmanuel 1 F1. 39, C. 1.

•3

Radicado: 68001232170320110077000 (51926) Demandante: Fabio Armando Villamizar Hern,\ndez y otros Villamizar Dávila; Sara Isabel Dávila Moreno, María del Carmen Hernández, Manuel

•3

Radicado: 68001232170320110077000 (51926) Demandante: Fabio Armando Villamizar Hern,\ndez y otros Villamizar Dávila; Sara Isabel Dávila Moreno, María del Carmen Hernández, Manuel Villamizar Pinilla; Ricardo, Erika Johanna y Yenny Patricia Villamizar Hernández, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Fabio Armando Villamizar Hernández.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar a cada uno de los accionantes, por perjuicios morales, 1.000 SMLMV; por daño emergente, 1.000 SMLMV; y por lucro cesante,

1.000 SMLMV.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 25 de febrero de 2009, Fabio Armando Villamizar Hernández fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional en el momento en que, presuntamente, ejercía labores de control en un falso retén vehicular con el fin facilitar el hurto de mercancía transportada en camiones. Indica que en audiencia preliminar celebrada el 26 de febrero de 2009, el Juzgado 10° Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga accedió a la solicitud de la Fiscalía 14 Secciona! de Bucaramanga de imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del imputado por los delitos de concierto para delinquir, porte de armas de fuego agravado, utilización

a la solicitud de la Fiscalía 14 Secciona! de Bucaramanga de imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del imputado por los delitos de concierto para delinquir, porte de armas de fuego agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y hurto calificado y agravado en grado de tentativa. Señala que el 8 de junio de 2009, el Juzgado 10° Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga celebró la audiencia de formulación de acusación en contra del procesado por los señalados delitos.4

Radicado: 68001232170320110077000 (51926) Demandante: Fabio Armando Villamizar Hern,índez y otros Aduce que el 25 de junio de 2009, el señor Villamizar Hernández solicitó al Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga audiencia preliminar por vencimiento de términos. Sin embargo, mediante proveído del 30 de junio siguiente, el Juzgado 1 Oº Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga declaró fallida la audiencia, porque no se presentó el Fiscal 14 Secciona! de Bucaramanga.

Argumenta que el 1° de julio de 2009, el acusado interpuso acción constitucional de hábeas corpus con el fin de que se le amparara su derecho a la libertad. Afirma que mediante providencia del 2 de julio de 2009, el Juzgado 5° Civil del Circuito de Bucaramanga ordenó la libertad del acusado, pues evidenció que el Juzgado 10° Penal del Circuito de Bucaramanga había incumplido los términos para iniciar la audiencia de juicio oral. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto

Juzgado 10° Penal del Circuito de Bucaramanga había incumplido los términos para iniciar la audiencia de juicio oral. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto Fabio Armando Villamizar Hernández fue injusta, puesto que se incumplió el término procesal penal previsto para la audiencia de juicio oral y ello conllevó a que se prolongara la restricción de la libertad de la que fue objeto. Textualmente en el libelo introductorio se demanda a:"[ .. .] la Nación-Rama Judicial­ Fiscalía General de la Nación a fin de obtener [. .. ] la reparación directa e indemnización de los perjuicios causados por hechos y omisiones que deben derivar responsabilidad del Estado, al haberlo retenido injustamente [. . .] y otorgarle la libertad por hábeas corpus [ .. .] se procedió a realizar dentro del término de ley la Fiscalía (sic) General de Nación el escrito de acusación y luego de ello no se guardo (sic) el termino para dar inicio a la audiencia preparatoria, dándose así, que se solicitare en fecha 26 de Junio de 2009, la libertad por vencimiento de términos del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, no asistiendo la fiscal para que se realizara este acto incidental, siendo así, se procedió a solicitar ante los Jueces de reparto correspondiendo al Juzgado Quinto del Circuito de Bucaramanga con" 5

Radicado: 6tl001232170320l 10077000 (51926) Dern;findante: Fabio Armando Vil!arnizar Hern;findez y otros radicado 204 de 2009 hábeas corpus, procediéndose a otorgar la respectiva libertad [. . .]. ".

2. Contestación

Dern;findante: Fabio Armando Vil!arnizar Hern;findez y otros radicado 204 de 2009 hábeas corpus, procediéndose a otorgar la respectiva libertad [. . .]. ".

2. Contestación El 18 de noviembre de 20112, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación3 argumentó que no ocasionó un daño antijurídico a los accionantes, porque la providencia de hábeas corpus, que ordenó la libertad del señor Villamizar Hernández, no puso fin al proceso penal. Como excepción formuló la que denominó "falta de legitimación por pasiva". 2.2. La Nación - Rama Judicial guardó silencio4.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 13 de abril de 20125, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. El extremo activo6 y la Nación - Fiscalía General de la Nación7 reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente. 3.2. La Nación - Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio8. 2 FI. 44 y 45, C. 1. 3 FI. 53 a 62, C. 1. 4 FI. 73, C. 1. 5 FI. 96, C. 1. 6 FI. 97 a 101, C. 1. , FI 102 a 111, e 1. 8 FI. 112, C. 1.6

Radicacto: 68001232170320110077000 (51926)

6 FI. 97 a 101, C. 1. , FI 102 a 111, e 1. 8 FI. 112, C. 1.6

Radicacto: 68001232170320110077000 (51926)

.

Demandante: Fc1bio Armando Vi!larniZfiff Hern:findez y otros

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 16 de mayo de 20149, el Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de la que fue objeto Fabio Armando Villamizar Hernández devino en injusta, toda vez que se prolongó ilegalmente el término para dar inicio a la audiencia de juicio oral, sin que se probaran maniobras dilatorias por parte del procesado.

Al efecto sostuvo que: "[. .. ] De conformidad con las pruebas allegadas al mismo, en especial por la providencia calendario el 2 de julio de 2009, proferida por el Juzgado 5° (sic) de Circuito de Bucaramanga, de la cual se tiene que el señor Fabio Armando Villamizar, fue privado de la libertad el 25 de febrero de 2009, con medida aseguramiento en establecimiento penitenciario y carcelario de Bucaramanga, por habérsele imputados los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado en grado de tentativa, porte ilegal de armas de fuego, utilización ilegal de uniformes e insignias, sin embargo recobró su libertad por habérsele concedido el recurso de hábeas corpus. Bajo este . entendido se tiene que la privación de la libertad del referido actor fue injusta, por haberse producido con desconocimiento

uniformes e insignias, sin embargo recobró su libertad por habérsele concedido el recurso de hábeas corpus. Bajo este . entendido se tiene que la privación de la libertad del referido actor fue injusta, por haberse producido con desconocimiento de las disposiciones constitucionales y legales que permitía la limitación del derecho, prolongándose ilegalmente su detención en el tiempo, al no haberse iniciado el juicio oral, transcurridos los 90 días de Ley[. .. ]". En la parte resolutiva, el a qua condenó solidariamente a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a pagar, por perjuicios morales,· 1 O SMLMV a Fabio Armando Villamizar Hernández y 8 SMLMV a Juan Manuel Villamizar Solano, Fabio Emmanuel Villamizar Dávila, Sara Isabel Dávila Moreno, María del Carmen Hernández, Manuel Villamizar Pinilla, Ricardo, Erika Johanna y Yenny Patricia Villamizar Hernández. De otra parte, negó los perjuicios de daño emergente y lucro cesante, al considerar que no estaban acreditados. 9 FI. 115 a 133, C. P.,.

5. Recursos de apelación

7

Radicado: 68001232170320110077000 (51926) Demandante: Fabio Armando Villamizar Hernández y otros Los días 61º y 1211 de junio de 2014, la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial interpusieron recurso de apelación, respectivamente, los cuales fueron concedidos el 29 de julio de 201412 y admitidos el 23 de septiembre de 201413. 5.1. La Fiscalía General de la Nación 14 argumentó que no ocasionó un daño

concedidos el 29 de julio de 201412 y admitidos el 23 de septiembre de 201413. 5.1. La Fiscalía General de la Nación 14 argumentó que no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. Al efecto sostuvo: '¡. .. ] La Fiscalía General de la Nación no debe ser condenada dentro de la teoría de la falla en el servicio por privación injusta de la liberlad, dado que ella no cometió falla alguna puesto que su actuación, se surlió dentro de la gradualidad propia del proceso penal, contando con fundamentos fácticos [. .. ]". 5.2. La Rama Judicial15 manifestó que el daño antijurídico alegado por los demandantes fue causado por la Fiscalía General de la Nación, porque incumplió su deber de asistir a la audiencia preliminar por vencimiento de términos, circunstancia que motivó al señor Villamizar Hernández a interponer la acción de hábeas corpus. Al efecto sostuvo: '¡. .. ] La supuesta falla del servicio en la que[. . .] incurrió el juez responsable de dirimir la liberlad del procesado por vencimiento de términos [. . .] quedó probado que la referida audiencia en sede de garantías, no se llevó a cabo como consecuencia de la ausencia de la Fiscalía General de la Nación [. . .]".

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 28 de octubre de 201416 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 10 FI. 136 a 138, C.P. 11 FI. 142 a 146, C.P.

El 28 de octubre de 201416 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 10 FI. 136 a 138, C.P. 11 FI. 142 a 146, C.P.

12 FI. 155, C. P. 13 FI. 165, C. P 14 FI. 142 a 146, C.P. 15 FI. 136 a 138, C.P.

16 FI. 167, C. P.8

Radicado: 68001232170320110077000 (51926) Demandante: Fabio Armando Villamizar Hc-rní:lndez y otros 6.1. Los demandantes, la Nación - Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio 17.

111. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 16 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8618 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico

la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la 17 FI. 168, C.P. 18 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública."9

Radicado: 6800 12:l.2 1703201 10077000 (51 926] Demandante: Fabio Armando Villamizar Hernúndez y otros protección del interés general 19, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolid ación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción20, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle 19 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado socia/ de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,

concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, es/a es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia". 'º Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 " ... el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (. . .). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de /as acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. ".10

Radicadó: 68001232 170320110 077000 (51 926) Demandante: Fabio Armando Villa mi zar Hern:\ndez y otros configurada, se consolidan los derechos de los actores ju rídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limi tación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del apar ato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

limi tación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del apar ato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocim iento o protección de la justicia22, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, signi fica la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad23 . 21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar fa seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó fa figura de fa caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes

los sujetos procesales, el legislador instituyó fa figura de fa caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen fa carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por fa ley y de no hacerlo en tiempo, perderán fa posibilidad de accionar ante fa jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de fa caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique fa conducta inactiva del sujeto procesal //amado a interponer determinada acción judicial". 22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 19 98: " ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar fa demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para fa seguridad jurídica • y el interés general. Y es que fa caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, fa actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de fas oportunidades procesales fijadas por fa ley ejerce sus derechos; no se verá expuesto a perderlos por fa ocurrencia del fenómeno indicado". 23 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13 .622;

Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017 , Rad.: 48.13 0;11

Radicado: 68 0012321703201 10077000 [51926) Demandante: Fabio Armando Villarnizar Hernández y otros En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, inclusive antes de que comenzara a contarse el término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el 1° de julio de 201124 los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se declaró fallida el 28 de septiembre de 201125 ; ii) que la demanda se presentó el 29 de septiembre de 201126 y iii) que de conformidad con la jurisprudencia uniforme de esta Corporación el término de caducidad comenzó a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación en contra del procesado, esto es, el 31 de mayo de 202227.

4. Legitimación en la causa

4.1. Fabio Armando Villamizar Hernández (víctima), Sara Isabel Dávila Moreno (esposa), Juan Manuel Villamizar Solano (hijo), Fabio Emmanuel Villamizar Dávila (hijo), María del Carmen Hernández (madre), Manuel Villamizar Pinilla (padre), Ricardo Villamizar Hernández (hermano), Erika Johanna Villamizar Hernández (hermana) y Yenny Patricia Villamizar Hernández (hermana) son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que

(hermana) y Yenny Patricia Villamizar Hernández (hermana) son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 68001-60-00-159-2009-00849-00 28, según da cuenta copia digital de las providencias y audiencias proferidas en dicha causa penal, y los demás conforman su núcleo familiar, tal como lo establecen las copias auténticas de sus registros civiles de matrimonio29 y nacimiento 30, respectivamente. Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentenéia del 23 de noviembr e de 2017, Rad.: 54.716. 24 FL 36, C. 1. 25 FI. 36, C. 1. 26 FI. 39, C. 1. 27 El 31 de mayo de 2022, quedó ejecutoriada la anterior providencia, ya que fue notificada en estrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 27 de la Ley 906 de 2004 (hecho probado 7.1.16 .). . 28 SAMAI, índ ice 49. Archivos: C1 -68001-6000-1 59-2009-00849, C2 -68001-6000-1 59-2009-00849 y C3 -68001 -6000-159-2009-00849. 29 F. 14, C. 1. 3ºF l. 12 , 13 , 15 a 18 , C. 1.12

Radicado: 6 8001232 1703201 10077000 (51926) • Demanda nte: Fahio Armando Villamizar Hernández y otros

3ºF l. 12 , 13 , 15 a 18 , C. 1.12

Radicado: 6 8001232 1703201 10077000 (51926) • Demanda nte: Fahio Armando Villamizar Hernández y otros 4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección31 , puesto que la primera adelantó la investigación penal y solicitó ante el Juez de Control de Garantías decretar la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Fabio Armando Villamizar Hernández y la segunda fue quien impuso la medida de aseguramiento y después ordenó su libertad por vencimiento de términos.

5. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la Rama Judicial cumplió con los términos procesales para dar inicio a la audiencia de juicio oral o si, por el contrario, con su incumplimiento se generó un daño. antijurídico que el Estado debe reparar.

6. Solución del problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y el desarrollo jurisprudencia! frente al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad. 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabi lidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 199132 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. 31 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.:

20420.

antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. 31 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.: 20420. 32 "Articulo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste".13

Radicado: 6800 l232 1'70320l 10077000 (51926) Demandante: Fahio Armando Villarnizar Herncíndez y otros El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho33 , que contraría el orden legal34 o que está desprovista de una causa que la justifique35 , resultando que se produce, sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida36, violando de manera direct