CE - 680012331000201200037011SENTENCIA20230130102149

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., diecinueve (19 ) de enero de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

Demandante: Flor Elba Hernández Franco Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social

Tema: Reconocimiento pensión gracia. Decreto 001 de 1984

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

Conoce l a Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por la entidad demand ada contra la sentencia del 20 de marzo de 201 4, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1

La señora Flor Elba Hernández Franco presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 8 5 del Decreto 001 de 1984 , Código Contencioso Administrativo 2, y formuló en síntesis las siguientes:

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 8 5 del Decreto 001 de 1984 , Código Contencioso Administrativo 2, y formuló en síntesis las siguientes:

1 Folios 14 a 26. 2 En adelante CCANulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

Demandante: Flor Elba Hernández Franco

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2 1.1. Pretensiones

Declarar l a nulidad de la Resolución AMB 52137 del 20 de octubre de 2008 , proferida por la Caja Nacional de Previsión Social EICE – CAJANAL por medio de la cual negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia equivalente al 75% de todo lo devengado en el último año de servicios anterior al cumplimiento del estatus pensional; (ii) pagar el retroactivo a que hubiere lugar; (iii) indexar las sumas reconocidas; (iv) reconocer y pagar intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; (v) pagar intereses moratorios a partir de la ejecuto ria de la sentencia; (vi) cumplir la sentencia y, (vii) pagar costas y agencias en derecho.

de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; (v) pagar intereses moratorios a partir de la ejecuto ria de la sentencia; (vi) cumplir la sentencia y, (vii) pagar costas y agencias en derecho.

1.2. Fundamentos fácticos

La señora Flor Elba Hernández Franco expuso que:

Nació el 9 de marzo de 1946 .

Prestó sus servicios de la siguiente manera :

INICIO TERMINACIÓN CARGO ACTO ADMINISTRATIVO 1 de febrero de 1977 31 de enero de 1978 Docente Institución Educativa Santa Ana. Mariquita – Tolima Decreto 050 del 28 de enero de 1977 20 de enero de 1978 1 de febrero de 1979 Docente Colegio Agrícola (Cooperativo) La Uvita - Boyacá

Decreto 107 del 6 de febrero de 1978

Decreto 9 de mayo de 1979 23 de septiembre de 1988 30 de enero de 1991 Docente Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. La Uvita - Boyacá Decreto 1293 del 11 de agosto de 1988Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

Demandante: Flor Elba Hernández Franco

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3 Decreto 3 del 21 de

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3 Decreto 3 del 21 de enero de 1991 14 de mayo de 1992 21 de julio de 2008 Profesora Escuela Normal Departamental Integrada San AndrésSantander

Departamento de Santander Resolución 1394 del 28 de abril de 1992

El 23 de julio de 2008 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Mediante la Resolución AMB 52137 del 20 de octubre de 2008 , CAJANAL negó la pensión gracia por considerar que no cumplió con el requisito relativo a acreditar 20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital pues no podía tenerse en cuenta el periodo al servicio del Departamento de Santander entre el 14 de mayo de 1992 y el 21 de julio de 2008 , periodo en el que estuvo vinculada como docente del orden nacional .

1.3. Normas violadas y concepto de violación

La accionante invocó como disposiciones vulneradas las siguientes: artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 228 y 336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913 ; 6 de la Ley 116 de 1928 ; 15 de la Ley 91 de 1989 ; Decreto 81 de 1976 y Decreto Ley 2277 de 1979.

116 de 1928 ; 15 de la Ley 91 de 1989 ; Decreto 81 de 1976 y Decreto Ley 2277 de 1979.

Al desarrollar el concepto de violación expresó que el acto administrativo demandado fue expedido con infracción de las normas en que debía fundarse pues la accionante cumple con los requisitos para acceder a la prestación que reclama por haberse desempeñado como docente por más de 20 años.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

Demandante: Flor Elba Hernández Franco

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4 Indicó que la entidad se equivocó e interpretó la norma de manera errónea al calificar la vinculación de la demandante como nacional por el hecho de haber sido nombrada después de 1990 en la Escuela Normal Departamental Integrada ubicada en el munici pio de San Andrés, Santander desde el 14 de mayo de 1992 hasta el 30 de junio de 2008 , vinculación que fue efectuada por el Municipio de San Andrés, entidad del orden departamental .

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP –, se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de sustento fáctico y jurídico .

En su defensa formul ó las siguientes excepciones: (i) cobro de lo

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP –, se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de sustento fáctico y jurídico .

En su defensa formul ó las siguientes excepciones: (i) cobro de lo no debido , por considerar que no aportó oportunamente los documentos que permitan concluir que había com pletado más de 20 años de servicio docente oficial del orden departamental, municipal o distrital, iniciando su vinculación antes del 31 de diciembre de 1980 ; (ii) prescripción ; (iii) buena fe; (iv) falta de legitimación por pasiva , al afirmar que en caso de ordenarse el pago de la pensión gracia reclamada, le compete al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 490 de 1998 y (v) la innominada .

3. TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 25 de enero de 2012 4, ordenando notificar a CAJANAL de acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CCA.

3 Folio s 66 a 69 . 4 Folio 28 y vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

Demandante: Flor Elba Hernández Franco

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5 Mediante auto del 21 de septiembre de 2012 5 el Tribunal

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5 Mediante auto del 21 de septiembre de 2012 5 el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo previsto en el artículo 209 del Código Contencioso Administrativo –CCA – decretó pruebas y reconoció personería para actuar .

Por medio del auto de 3 de abril de 2013 6 corrió traslado a las partes para alegar de conclusión de acuerdo con lo previsto en el artículo 210 del CCA.

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 7

El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 20 de marzo de 2014 declaró la nulidad de la Resolución AMB 52137 del 20 de octubre de 2008 y en consecuencia , a título de restablecimiento del derecho ordenó a la demandada reconocer y pagar a la señora Flor Elba Hernández Franco la pensión gracia a partir del 6 de enero de 2008, equivalente al 75% del promedio de la asignación básica y demás factores salariales devengados durante el año anterior a la causación del derecho, reajustada en forma legal.

Como fundamento de su decisión expuso los siguientes argumentos :

Luego de realizar un recuento de las normas y jurisprudencia que regulan la materia y de acuerdo con el acervo allegado , encontró probado que la accionante fue nombrada mediante acto administrativo del 28 de abril de 1992 firmado por el gobernador del departamento de Santander y el secretario de educación departamental sin contar con la firma de ningún delegado del Ministerio de Educación Nacional y sin que figure que actúa en

administrativo del 28 de abril de 1992 firmado por el gobernador del departamento de Santander y el secretario de educación departamental sin contar con la firma de ningún delegado del Ministerio de Educación Nacional y sin que figure que actúa en nombre o representación de la Nación , de manera que la

5 Folio 81 y 82 6 Folio 89. 7 Folios 131 a 136 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

Demandante: Flor Elba Hernández Franco

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6 vinculación es del orden territorial.

Teniendo en cuenta lo anterior, acreditó un tiempo de servicios superior a 20 años (que los cumplió el 6 de enero de 2008 ) y el llen o de los restantes requisitos referidos a la edad (50 años el 9 de marzo de 1996) y buena conducta.

Negó la solicitud de reconocer intereses moratorios por ser la sentencia la base para e xigir el pago de tal obligación.

Declaró no probada la excepción de prescripción teniendo en cuenta que la Resolución AMB 52137 del 20 de octubre de 2008 fue notificada mediante edicto que quedó ejecutoriado el 30 de marzo de 2009 y la demanda fue present ada el 17 de enero de 2012 8.

No condenó en costas.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 9

marzo de 2009 y la demanda fue present ada el 17 de enero de 2012 8.

No condenó en costas.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 9

La entidad demanda da solicitó revocar la decisión por las siguientes razones:

Expresó que el Tribunal restó valor probatorio a la certificación expedida por el Departamento de Santander e n la que se afirma que mediante la Resolución 1394 del 14 de 1992 fue vinculada como docente del orden Nacional.

Afirm ó que de acuerdo con las competencias del Ministerio de Educación Nacional para el nombramiento de docentes , se adelantó un proceso de descentralización , sin que ello impli cara que hubiese cambiado la financiación y la clase de vinculación estatal , pues si

8 Folio 27 . 9 Folios 139 a 141 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

Demandante: Flor Elba Hernández Franco

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7 bien el acto admini strativo lo firma el gobernador, ello ocurr e por delegación expresa del Ministerio de Educación Nacional.

Agregó que la Gobernación de Santander certificó que el cargo que ostentó la demandante fue del orden nacional, por lo que el financiamiento proviene de recursos del Fondo de Financiación

Agregó que la Gobernación de Santander certificó que el cargo que ostentó la demandante fue del orden nacional, por lo que el financiamiento proviene de recursos del Fondo de Financiación para la Inversión Social –FIS –, es decir, pertenecen a la Nación y en ese orden se torna inexistente el derecho a la pensión gracia.

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 210 del CCA, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión 10.

6.1 La parte demanda nte 11 solicitó confirmar la decisión . Insistió en que se trata de una docente nacionalizada en tanto que las actas de nombramiento y decretos evidencian dicha vinculación y el nombramiento fue realizado por la entidad territorial .

6.2 La entidad demanda da no se pronunció de acuerdo con el informe secretarial obrante a folio 131 .

El Ministerio Público emitió concepto a través del cual solicitó revocar la sentencia apelada . Al respecto, indicó que el acto de nombramiento de la demandante en la Escuela Normal Departamental Integrad a del Municipio de San Andrés fue de carácter nacional por cuanto, para esa época , la encargada de administrar el personal docente nacional y nacionalizado era la Naci ón – Ministerio de Educación Nacional a través de los Fondos Educativos Regionales . En ese orden, la accionante no tendría el tiempo de servicios

10 Folio 128. 11 Folios 139 a 141.Nulidad y restablecimiento del derecho

Naci ón – Ministerio de Educación Nacional a través de los Fondos Educativos Regionales . En ese orden, la accionante no tendría el tiempo de servicios

10 Folio 128. 11 Folios 139 a 141.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

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8 requerido para acceder a la pensión.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia Conforme con lo establecido en el inciso 1 del artículo 129 del CCA, a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad demanda da , le corresponde a la Sala determinar :

➢ ¿si l a docente Flor Elba Hernández Franco tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación, referidos a los tiempos de servicio acreditados y a la calidad de vinculación que ostenta ?

Para resolver el asunto, se desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) la pensión gracia y (ii) el análisis del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2. 3.1 La pensión gracia

metodológico: (i) la pensión gracia y (ii) el análisis del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2. 3.1 La pensión gracia

La pensión gracia fue establecida mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 , en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiranNulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

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9 a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cum plir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria en las entidades

de enero de 1981.

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en v irtud de la Ley 39 de 19 03 12, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria se encontraba a cargo de la Nación.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la p ensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Sin embargo, a l remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pe nsión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Política de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual 13.

12 «[S]obre Instrucción Pública». 13 «ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoroNulidad y restablecimiento del derecho

12 «[S]obre Instrucción Pública». 13 «ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoroNulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

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10 Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , e l beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Posteriormente, a raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 1975 14, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «na cionalizado», así:

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

entre los conceptos de docente «nacional» y «na cionalizado», así:

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional .

Perso nal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entié ndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas». 14 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogot á los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

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11 El numeral 2 del artículo 15 de dich a ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer lo siguiente:

«[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia , se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requ isitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento . Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S -699 del 26 de agosto de 1997 15 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no

docentes nacionales de su reconocimiento . Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S -699 del 26 de agosto de 1997 15 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derech o a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reco nocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de

15Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: W ilberto Therán Mogollón.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

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12 unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 16 previó las sigu ientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas .

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dep endía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (a rtículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales

y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 17, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado f iscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas .

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este

16 Proceso identificado con radicación 25000 -23 -42 -000 -2013 -04683 -01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Trian a contra la UGPP. 17 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

Demandante: Flor Elba Hernández Franco

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13 último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13 ; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos

educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agosto de 2022 18 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconoci miento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con lo s demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón

18 Proceso identificado con radicació n 15001 -23 -33 -000 -2016 -00278 -01 (3018 -2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

Demandante: Flor Elba Hernández Franco

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Rad icación: 68001233100020120003701 (3299 -2014)

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14 por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar que el o la docente laboró 20 años en estable cimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando s e demuestre que se ostentó dic