CE - 680012331000201200644011SENTENCIA20230726165635

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00644-01 (62.494)

Actor: Ramiro Martínez González

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Referencia: Reparación directa

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ASPERSIÓN CON GLIFOSATO – No se acreditó el daño en el caso concreto.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparaci ón de los daños causados por la destrucción de unos cultivos de propiedad de la parte actora debido a la fumigación aérea con herbicida, realizada en el municipio de El Playón, Santander, en el año 2010.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 1 de junio de 2018, mediante la cual decidió la demanda de reparación directa presentada el 28 de junio de 2012 1 por el señor Ramiro Martínez González, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional2, mediante la cual solicitó que se le declarara patrimonialmente responsable por los referidos daños y

presentada el 28 de junio de 2012 1 por el señor Ramiro Martínez González, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional2, mediante la cual solicitó que se le declarara patrimonialmente responsable por los referidos daños y se le condenara a indemnizar a su favor los perjuicios materiales y morales causados3.

2. Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que, entre los meses de junio y agosto de 2009, el señor Ramiro Martínez González tomó mediante contrato de arrendamiento dos predios contiguos en las fincas San Ignacio y El Limoncito, ubicadas en la vereda Vegas de Betania del municipio de El Playón, Santander, en

1 Folios 1-11 c. ppal. 2 Mediante auto del 13 de agosto de 2014 el Tribunal Administrativo de Santander vinculó como “ terceros interesados” a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Consejo Nacional de Estupefacientes. Folios 180-183 c. ppal. 3 Por concepto de perjuicios materiales pidió la suma global de “cuatrocientos veintisiete millones seiscientos cuarenta y seis mil pesos quinientos pesos moneda corriente ($427.646.500,00)” y por perjuicios morales, la suma que se lograre probar en el proceso.Radicación: 68001-23-31-000-2012-00644-01 (62.494)

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los que sembró cultivos de tomate, maracuyá, papaya y ahuyama, cuya producción

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los que sembró cultivos de tomate, maracuyá, papaya y ahuyama, cuya producción servía de sustento para el señor Martínez González y su familia.

3. Indicó que el 14 de noviembre de 2009, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional –en adelante “DIRAN”- realizó una primera fumigación aérea con glifosato en el municipio de El Playón, hecho que afectó varios cultivos del aquí demandante y que, a pesar de que el señor Martínez González presentó queja formal ante dicha autoridad, se resolvió la no pr ocedencia de la compensación económica solicitada.

4. Con posterioridad a ese hecho, en reunión realizada entre los presidentes de las juntas de acción comunal del municipio y un agente de la Policía Nacional, se planteó la preocupación por la realización de dichas aspersiones y las afectaciones que podrían causar a los agricultores de la región; no obstante, el 25 de agosto de 2010 se llevó a cabo otra aspersión aérea con glifosato que afectó 3.300 plantas de maracuyá y 2.500 plantas de papaya de propiedad del señor Martínez González, razón por la cual nuevamente presentó queja ante la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. En dicho trámite se ordenó la práctica de una visita de verificación de quejas -la cual no fue realizaday, mediante auto del 20 de diciembre de 2010, se declaró la no procedencia de la compensación económica, todo lo cual generó graves perjuicios a la parte demandante.

La defensa

verificación de quejas -la cual no fue realizaday, mediante auto del 20 de diciembre de 2010, se declaró la no procedencia de la compensación económica, todo lo cual generó graves perjuicios a la parte demandante.

La defensa

5. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para cuyo efecto alegó que las aspersiones co n glifosato se hicieron a una distancia de 4.949 metros del predio arrendado por el accionante, de manera que, de conformidad con los conceptos técnicos emitidos por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas –CICAD-, resultaba imposible que hubiera resultado afectado. Agregó que la acción caducó respecto de los hechos de aspersión ocurridos en 2009 y que el demandante no acreditó la tenencia de los cultivos lícitos que pretende le sean indemnizados.

6. Finalmente, solicitó que se vinculara al Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Consejo Nacional de Estupefacientes, con el fin de integrar el contradictorio, en tanto eran las entidades encargadas de defi nir la ejecución de la política criminal antidrogas y expedir la certificación para la realización de las aspersiones en los territorios4.

7. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adujo que dentro de sus funciones legales no se encontraba la de supervisar, autorizar o revisar las zonas que son objeto de fumigaciones con glifosato, ni ejecutar dichos procedimientos.

Propuso las siguientes excepciones: (i) “caducidad de la acción frente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ”, pues no fu e citado a la realización de

que son objeto de fumigaciones con glifosato, ni ejecutar dichos procedimientos. Propuso las siguientes excepciones: (i) “caducidad de la acción frente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ”, pues no fu e citado a la realización de audiencia de conciliación de manera que no se interrumpió el término de caducidad; (ii) “ausencia de nexo causal”; (iii) “ausencia de daño y responsabilidad causados a

4 Folios 98-102 c. ppal.Radicación: 68001-23-31-000-2012-00644-01 (62.494)

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los demandantes por parte del Ministerio ”, y (iv) “ falta de legitimación en la causa por pasiva”5.

8. El Ministerio de Justicia y del Derecho propuso las excepciones: (i) falta de legitimación material en la causa por pasiva, e (ii) “ inexistencia de falla del servicio imputable al Ministerio de Justicia y del Derecho – Consejo Nacional de Estupefacientes (ausencia de nexo causal)”6.

9. Surtida la etapa probatoria 7 , en sus alegaciones, la Policía Nacional 8 y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 9 reiteraron los argumentos propuestos en las contestaciones de la demanda. La parte demandante adujo que se acreditó por vía indiciaria que las plantaciones del señor Martínez González se vieron afectadas por las aspersiones con glifosato realizadas por la Policía Nacional y que, además, obraba prueba irrefutable de ese hecho, consistente en una

se acreditó por vía indiciaria que las plantaciones del señor Martínez González se vieron afectadas por las aspersiones con glifosato realizadas por la Policía Nacional y que, además, obraba prueba irrefutable de ese hecho, consistente en una certificación expedida por la UMATA. Para Estos efectos, citó y allegó fallos relacionados del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander10.

5 Folios 194-222 c. ppal. 6 Folios 227-234 c. ppal. 7 Mediante auto del 20 de mayo de 2015 se decretar on las siguientes pruebas: I. Solicitadas por la parte demandante: Se otorgó valor probatorio a los documentos allegados con la demanda y se ordenó oficiar al SENA, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Universidad Nacional –Facultad de Quí mica y Agronomía, a la Alcaldía y a la Personería Municipal de El Playón para que allegaran los documentos solicitados en la demanda. Igualmente se ordenó la recepción de los testimonios de los señores Antonio Caicedo, Bernardo Caicedo y Leonel Barón y la realización de una inspección judicial con intervención de perito agrónomo y un topógrafo designado por el SENA en los predios denominados fincas “San Ignacio” y “El Limoncito” ubicadas en la vereda Vegas de Betania del municipio de El Playón a fin de que se determine “el área de cultivo de producción de maracuyá, papaya y tomate por hectárea, técnicas de cultivo, periodo de vida de las plantas, periodo de producción, cantidad de plantas por hectárea, forma de efectuar los cultivos, promedio de inversión po r hectárea cultivada teniendo en cuenta abonos, insumos, costo de las semillas y

de las plantas, periodo de producción, cantidad de plantas por hectárea, forma de efectuar los cultivos, promedio de inversión po r hectárea cultivada teniendo en cuenta abonos, insumos, costo de las semillas y jornales y establecer la producción por hectárea cultivada para el municipio de El Playón”. II. Solicitadas por la parte demandada: Se otorgó valor probatorio a los documentos allegados con las contestaciones y se decretó el testimonio solicitado por la Policía Nacional, por lo que se ordenó librar “ oficio al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA Seccional Santander, para que designe funcionario Agrónomo, para que emita conce pto sobre el químico aplicado y utilizado por el plan antidrogas del Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Nacional de Estupefacientes” (folios 241-242 c. ppal.). En el proceso se practicaron las siguientes pruebas: (1) Oficio No. S-2012 009149 del 5 de marzo de 2012 de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. (2) Documentación de los procesos seguidos por las quejas No. 12702 y No. 13934 con ocasión de las aspersiones realizadas el 14 de noviembre de 2009 y el 25 de agosto de 2010. (3) Fotografías sin relación ni identificación. (4) Certificación expedida por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de El Playón con fecha del 5 de marzo de 2012. (5) Contratos de arrendamiento de predio rural. (6) Actas del consejo de seguridad llevado a cabo el 2 de agosto de 2010, de reunión con presidentes de juntas de acción comunal llevada a cabo

del 5 de marzo de 2012. (5) Contratos de arrendamiento de predio rural. (6) Actas del consejo de seguridad llevado a cabo el 2 de agosto de 2010, de reunión con presidentes de juntas de acción comunal llevada a cabo el 17 de agosto de 2010 y del consejo de seguridad llevado a cabo el 27 de agosto de 2010 (7) Folleto de procedimiento de atención a quejas por aspersión elaborado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. (8) Resolución No. 008 de 2 de marzo de 2007 proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes. (9) Resolución No. 0001 de 6 de marzo de 2012 pro ferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes. (10) Documento titulado “Producción de Drogas Ilícitas, el Medio Ambiente y la Salud Humana, reporte 2009”. (11) Oficio No. 4060 de diciembre de 2013 suscrito por el Subdirector de Agrología del IGAC. (12 Copia de actas de Consejo de Seguridad, reunión de presidentes de Juntas de Acción Comunal y oficios que reposaban en los archivos de la Personería Municipal de El Playón respecto de las aspersiones aéreas realizadas en ese municipio. (13) Oficio DA 690002010 con fecha del 17 de septiembre de 2010 suscrito por el entonces Alcalde del municipio de El Playón. (14) Concepto preparado por un grupo multidisciplinario designado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia (15) Oficio No. 689122101 del SENA (16) Experticio técnico realizado por ingeniero agrónomo consistente en la valoración económica

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia (15) Oficio No. 689122101 del SENA (16) Experticio técnico realizado por ingeniero agrónomo consistente en la valoración económica comercial de un cultivo comercial de Maracuyá, Papaya y Tomate de propiedad de Ramiro Martínez González, ubicados en las fincas El Limoncito y San Ignacio, vereda Vegas de Betania, municipio de El Playón, Santander. (17) Informe rendido por el topógrafo Luis Alfredo Duarte Rueda en el que se dio cuenta del levantamiento topográfico de las áreas de producción de maracuyá , papaya y tomate. (18) Testimonio de los señores Pablo Antonio Caicedo Flórez, Bernardo Caicedo Flórez y Leonel Barón Guerrero. (19) Video allegado con la demanda en el que se entrevista a varios campesinos del municipio de El Playón y dan cuenta de los d años a sus cultivos por las aspersiones con glifosato. 8Folios 428-430 c. 2. 9 Folios 571-583 c. 2. 10 Folios 431-446 c. 2.Radicación: 68001-23-31-000-2012-00644-01 (62.494)

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10. El Ministerio Público y las demás entidades vinculadas guardaron silencio.

La sentencia de primera instancia

11. Al resolver el conflicto, el Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos (se transcribe de manera literal):

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de FALTA DE

11. Al resolver el conflicto, el Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos (se transcribe de manera literal):

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN propuesta por la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por los perjuicios materiales que padeció el señor RAMIRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, por la destrucción de los cultivos de maracuyá y papaya sembrados en l os terrenos El Limoncito y San Agustín, los cuales tenía en calidad de arrendatario, como consecuencia de las fumigaciones aéreas con glifosato realizadas por la Policía Antinarcóticos, el 25 de agosto de 2010.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, C ONDENAR a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL a cancelar al señor RAMIRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente, la suma de TRESCIENTOS

NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($399.304.776,04), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.

($399.304.776,04), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.

SEXTO: Dar cum plimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. y 115 del C.P.C. Para el efecto, expídanse copias al apoderado de la parte demandante que ha venido actuando, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995.

SÉPTIMO: Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívense las diligencias, previas las anotaciones de rigor en el Sistema Justicia XXI”.

12. Para estos efectos, adujo que se acreditó que el actor perdió sus cultivos de maracuyá y papaya a causa de las labores de aspersión aérea con glifosato adelantadas por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

13. En este sentido, consideró que a pesar de que no obraba un dictamen técnico científico que confirmara que la destrucción de los cultivos había tenido causa en la fumigación realizada a predios cercanos, en el plenario reposaban diversos elementos de prueba concurrentes que configuraban hechos indicadores, pues, entre otras cosas (i) se certificó la realización de aspersiones aéreas en el municipio de El Playón, Santander para el 25 de agosto de 2010; (ii) la Unidad Municipal deRadicación: 68001-23-31-000-2012-00644-01 (62.494)

Actor: Ramiro Martínez González

de El Playón, Santander para el 25 de agosto de 2010; (ii) la Unidad Municipal deRadicación: 68001-23-31-000-2012-00644-01 (62.494)

Actor: Ramiro Martínez González

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

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Asistencia Técnica Agropecuaria –UMATAdio cuenta de la pérdida de los cultivos del actor a causa de las aspersiones aéreas realizadas por la Policía Nacional; (iii) el demandante adelantó proceso administrativo ante la Policía por la aspersión del 25 de agosto de 2010, el cual fue resuelto de manera negativa, y ( iv) el perito avaluador determinó el valor comercial del cultivo que el actor alegó perdido en trescientos cincuenta y tres millones seiscientos treinta y nueve mil pesos m/cte. ($353.639.000).

14. Así, concluyó que la actividad de la administración de errad icación de cultivos de uso ilícito supuso la creación de un riesgo que se concretó en el daño causado al actor, por manera que la Policía Nacional era la llamada a responder patrimonialmente bajo el título de imputación de riesgo excepcional11.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

15. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional adujo, en primer lugar, que la demandante no acreditó el derecho de propiedad del predio presuntamente afectado con las aspersiones, de manera que no s e hallaba legitimado por activa para demandar en este caso. Asimismo, señaló que operó el fenómeno jurídico de

que la demandante no acreditó el derecho de propiedad del predio presuntamente afectado con las aspersiones, de manera que no s e hallaba legitimado por activa para demandar en este caso. Asimismo, señaló que operó el fenómeno jurídico de la caducidad, en tanto los hechos por los que se demandó datan del 14 de noviembre de 2009 y la solicitud de conciliación se presentó el 4 de mayo de 2012.

16. Igualmente, sostuvo que no existió nexo causal entre la realización de las aspersiones aéreas y la pérdida de cultivos alegada, en tanto no se allegó ninguna prueba pericial que determinara el tipo de sustancia que presuntamente causó los perjuicios, situación que fue resuelta er róneamente por el Tribunal a través de prueba indiciaria, la cual no tenía la vocación suficiente para demostrar dicho nexo.

Sumado a ello, adujo que según los estudios técnicos en la materia, era imposible que se generaran afectaciones a una distancia de 4.900 metros entre el radio de aspersión y la localización de los cultivos por los que se demanda.

17. Asimismo, señaló que la parte demandante no acreditó el daño que alega causado, en tanto no demostró la cantidad o volumen de los cultivos ni las pérdidas estimadas de las cosechas, el monto de los ingresos, el tiempo de maduración de las plantaciones y demás aspectos de producción y comercialización del cultivo.

18. Agregó que la aspersión aérea con glifosato es un proceso técnico -operativo que obedece a una p laneación y coordinación en la que participan diversas entidades estatales como parte de una política definida por el gobierno nacional y, en el presente caso, se cumplieron las determinaciones legales y normativas que

que obedece a una p laneación y coordinación en la que participan diversas entidades estatales como parte de una política definida por el gobierno nacional y, en el presente caso, se cumplieron las determinaciones legales y normativas que rigen dicha actividad12.

11 Folios 608-612 c. del Consejo de Estado. 12 Folios 623-634 c. del Consejo de Estado.Radicación: 68001-23-31-000-2012-00644-01 (62.494)

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19. Surtido el término de traslado para alegar de conclusión, la Policía Nacional reiteró lo planteado en el recurso 13. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio14.

III. CONSIDERACIONES

20. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

El objeto del recurso de apelación

21. El ámbito del recurso se circunscribe a verificar si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional debe responder patrimonialmente por los daños reclamados por el demandante con ocasión de la fumigación por vía aérea con herbicida que habría producido la pér dida de los cultivos de su propiedad, en el

municipio de El Playón, Santander.

Oportunidad de la acción

22. En el recurso de apelación, la Policía Nacional argumentó que la acción de reparación directa había caducado, en tanto los hechos por los que se demandó

municipio de El Playón, Santander.

Oportunidad de la acción

22. En el recurso de apelación, la Policía Nacional argumentó que la acción de reparación directa había caducado, en tanto los hechos por los que se demandó ocurrieron el 14 de noviembre de 2009 y la demanda se presentó en el mes de junio de 2012.

23. Sobre el particular, es relevante precisar que el a quo, basado en lo pretendido en la demanda, declaró responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional p or los daños causados al señor Martínez González como consecuencia de las fumigaciones aéreas con glifosato realizadas el 25 de agosto de 2010 y no respecto de la aspersión aérea con glifosato el 14 de noviembre de 2009, todo de conformidad con lo solicitado en las pretensiones de la demanda15.

24. Por tanto, la Sala no tiene cuestionamiento a que la acción de reparación directa se ejerció oportunamente.

Valoración probatoria del daño

25. Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurs o de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado, amén de que fue uno de los puntos propuestos en la apelación. De encontrarlo acreditado, se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a la demandada.

13 Folios 647-651 c. del Consejo de Estado. 14 Folio 658 c. del Consejo de Estado. 15 Así se advierte en la demanda en la que se planteó la siguiente pretensión: “PRIMERA: Declarar al

13 Folios 647-651 c. del Consejo de Estado. 14 Folio 658 c. del Consejo de Estado. 15 Así se advierte en la demanda en la que se planteó la siguiente pretensión: “PRIMERA: Declarar al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS responsables de la totalidad de los daños ocasionados al señor RAMIRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, como consecuencia de las aspersiones realizadas con el herbicida GLIFOSATO el día veinticinco (25) de agosto de 2010, sobre el área de cultivo de aproximadamente (05) cinco hectáreas, perteneciente a las fincas San Ignacio y Limoncito ubicadas en la vereda VEGAS DE BETANIA del municipio de EL PLAYÓN, departamento de SANTANDER”.Radicación: 68001-23-31-000-2012-00644-01 (62.494)

Actor: Ramiro Martínez González

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26. En el caso concreto, el daño alegado por el demandante consistió en la pérdida de los cultivos de maracuyá y papaya que estaba cosechando para su venta, los cuales, según su dicho, se vieron afectados por la aspersión con glifosato que realizó la Policía Nacional sobre el predio que tenía en arrendamiento. Sobre el particular, anticipa la Sala que revocará el fallo recurrido dado que no se acreditó la concreción de un daño cierto en cabeza del señor Ramiro Martínez González, como pasa a verse.

27. En oportunidades anteriores la Corporación ha discurrido sobre la

concreción de un daño cierto en cabeza del señor Ramiro Martínez González, como pasa a verse.

27. En oportunidades anteriores la Corporación ha discurrido sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por la utilización del herbicida Glifosato en los programas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos. En tales casos, ha gobernado el estudio de estos asuntos bajo un régimen de responsabilidad objetiva, en tanto la lesión ambiental no proviene de una infracción funcional, esto es, aquella que comporta un juicio de valor por la acción u omisión de los servidores y funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; por ende, el deber de indemnizar nace porque la actividad de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato es considerada una actividad peligrosa16, aspecto que, en todo caso, no releva la carga de acreditar el daño y el nexo causal ya referenciados, como elementos basilares de un juicio de imputación de responsabilidad al Estado17.

28. El daño antijurídico, para que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado 18 ha establecido que resulta imprescindible acreditar: i) que el daño sea antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo 19.; ii) que lesione un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño sea cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura y que, además, debe ser personal.

29. Asimismo, esta Subsección ha considerado que el daño debe ser determinado o determinable e indemnizable, so pena de configurarse como eventual e

conjetura y que, además, debe ser personal.

29. Asimismo, esta Subsección ha considerado que el daño debe ser determinado o determinable e indemnizable, so pena de configurarse como eventual e hipotético20.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 20 de febrero de dos mil catorce (2014). Expediente 29028, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. 17 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2021. Radicación No. 52001233300020140020901, acción de grupo. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. 18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del exp ediente No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras. 19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente: 14837 y 23 de abril de 2008, expediente: 16271. Reiterada por la Subsección A, en sentencia del 1 de marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en sentencia del 7 de mayo de 2018, expediente 40.610. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 20 Para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal. En efecto, en la materia que se estudia la

20 Para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal. En efecto, en la materia que se estudia la doctrina es uniforme al demandar la certeza del perjuicio. Tal es el caso de los autores Mazeaud y Tunc, quienes sobre el particular afirman: ‘Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha. Pero importa poco que el perjuicio de que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan sólo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es actual, la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio futuro puede presentar muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con frecuencia, las consecuencias de un acto o de una situación son ineluctables; de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio cierto. Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético (...)’Radicación: 68001-23-31-000-2012-00644-01 (62.494)

Actor: Ramiro Martínez González

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30. El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre los elementos probatorios bajo los juicios de imputac ión del daño ambiental consecuencial derivado de una

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30. El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre los elementos probatorios bajo los juicios de imputac ión del daño ambiental consecuencial derivado de una actividad peligrosa, como lo es la erradicación aérea con glifosato de cultivos de uso ilícito, indicando que la prueba del daño no impone la necesaria elaboración de un dictamen científico-técnico, siendo aplicable para el efecto el principio de libertad probatoria, por lo que el convencimiento del juez puede llegar incluso a partir de elementos probatorios idóneos, pertinentes y concurrentes que estructuren pruebas indiciarias en favor de las pretensiones21.

31. Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba ”22, de manera que el juzgador tiene la responsabilidad de evaluar la mayor o menor credibilidad de las pruebas allegadas ate