CE - 680012333000201500724011SENTENCIA20230615143347

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN B

Bogotá, DC, veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 68001-23-33-000-2015-00724-01 (61.512)

Actor: DENOMINACIÓN RELIGIOSA MOVIMIENTO

GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DE

COLOMBIA

Demandado: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN SENTENCIA – DAÑO POR

RESTRICCIÓN SOBRE INMUEBLE

Síntesis: la parte actora solicit a que se declar e patrimonial y extracontractualmente responsable al municipio demandado por los efectos producidos por el Acuerdo 018 de 2002 (POT) de Barrancabermeja (Santander), debido a que el acto administrativo incluyó un bien inmueble de propiedad de la congregación demandante en un área de conservación ambiental. El tribunal de primera instancia accedió a las súplicas de la demanda, consideró que el daño es imputable a la entidad territorial a título de daño especial por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. La entidad demandada apela para que se revoque la sentencia de primera instancia y se denieguen las súplicas de la demanda debido a que la institución demandante no acreditó el daño alegado, ya que la restricción o limitación de edificabilidad no es incompatible con su objeto social, esto es, el culto religioso.

debido a que la institución demandante no acreditó el daño alegado, ya que la restricción o limitación de edificabilidad no es incompatible con su objeto social, esto es, el culto religioso.

Temas: responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado – elementos – medio de control idóneo – reparación directa – actos administrativos legales – daño especial – afectación ambiental sobre inmueble – ausencia de daño.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 14 de febrero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander mediante la cual se resolvió lo siguiente:

“F A L L A

PRIMERO. DECLÁRASE al municipio de Barrancabermeja patrimonial y administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados a la Denominación Religiosa Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, como consecuencia de la restricción a la edificabilidad del inmueble ubicado en la carrera 36A no. 33 -04 de Barrancabermeja,2

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identificado con código catastral 680810140000007700-26000000000, al determinarse que este se encuentra dentro de un área de conservación ambiental mediante el Acuerdo no. 018 de 2002, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. CONDÉNASE en abstracto al municipio de Barrancabermeja en los términos del artículo 193 del CPACA, para que mediante trámite

razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. CONDÉNASE en abstracto al municipio de Barrancabermeja en los términos del artículo 193 del CPACA, para que mediante trámite incidental se calcule el valor efectivo a pagar a la Denominación Religiosa Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia por concepto de compensación derivada de la restricción a la edificabilidad del inmueble ubicado en la carrera 36A no. 33-04 de Barrancabermeja, causada con la expedición del Acuerdo no. 018 de 2002 (Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Barrancabermeja), en los términos señalados en la parte motiva.

TERCERO. Las sumas que sean resultantes de la condena impuesta al municipio de Barrancabermeja deberán ser actualizadas en su valor conforme a la fórmula expuesta en las consideraciones de esta sentencia.

CUARTO. DECLÁRANSE no probadas las excepciones de ausencia o inexistencia del daño, falta de nexo causal entre la conducta estatal y la pretensión de reparación, y ausencia de desequilibrio o ruptura en las cargas públicas, propuestas por la parte demandad a, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva.

QUINTO. CONDÉNASE en costas al municipio de Barrancabermeja y a favor de la Denominación Religiosa Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, las cuales deberán liquidarse dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

SEXTO. Contra la presente providencia procede el recurso de apelación en los términos del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

SEXTO. Contra la presente providencia procede el recurso de apelación en los términos del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO. Ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias previas las anotaciones de rigor en el sistema Justicia Siglo XXI” (fls. 359 a 369 cdno. ppal. – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito del 24 de junio de 2015 (fls. 110 a 122 cdno. 1), la comunidad religiosa Denominación Religiosa Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, también denominado Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, por intermedio de apoderado judicial (fl. 1 cdno. 1) presentó demanda de reparación directa en contra del municipio de Barrancabermeja (Santander) para que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados con3

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la expedición del Acuerdo municipal número 018 de 2002 que impuso una restricción a la edificabilidad del inmueble localizado en la carrera 36A no. 33 – 04 de esa ciudad y, en consecuencia, se acceda a las siguientes pretensiones:

“Primero. Que el municipio de Barrancabermeja es administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales causados a la

de esa ciudad y, en consecuencia, se acceda a las siguientes pretensiones:

“Primero. Que el municipio de Barrancabermeja es administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales causados a la Denominación Religiosa Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia con ocasión del daño especial producido con la expedi ción del Acuerdo 018 de 2002 por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Barrancabermeja, estableciendo una restricción a la edificabilidad del inmueble de propiedad del demandante ubicado en la carrera 36A #33 – 04 de esa municipalidad y distinguido con el número de matrícula inmobiliaria 303 -11560 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja, al imponerle afectación como zona de conservación ambiental.

Segundo. Que como consecuencia de la anterior declaración y en virtud del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas al imponerle la mentada afectación al inmueble de mi mandante, solicito se condene al municipio de Barrancabermeja a pagar a la entidad Denominación Religiosa Movimi ento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia como indemnización de los daños materiales la suma de $805238.000 m/cte.

Tercero. Que el valor de las condenas aquí señaladas sean actualizadas al ejecutoriarse la sentencia con base en la variación porcentu al del IPC para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (artículo 192 del CPACA).

Cuarto. Que a la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda se le dé cumplimiento en los términos del artículo 192 del CPACA.

(artículo 192 del CPACA).

Cuarto. Que a la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda se le dé cumplimiento en los términos del artículo 192 del CPACA.

Quinto. Que se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho” (fls. 110 y 111 cdno. 1 – negrillas del original).

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

1. El 30 de julio de 1986, la Denominación Religiosa Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia adquirió mediante contrato de compraventa, contenido en la escritura pública no. 1687 de la Notaría Segunda del Círculo de Barrancabermeja un lote de terreno con folio de matrícula inmobiliaria no. 303 -11560 y con

nomenclatura urbana carrera 36A no. 33 – 04 de Barrancabermeja (Santander).4

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1. La comunidad religiosa construyó una edificación de un piso con un área de 198 metros cuadrados con la finalidad de establecer un templo o lugar de reunión.

1. El 26 de noviembre de 2005, la asamblea general de la congregación decidió, por unanimidad, proceder a la venta de algunos activos, entre ellos el localizado en el municipio de Barrancabermeja.

1. En consecuencia, se iniciaron los trámites ante el curador urbano de Barrancabermeja para la obtención de una licencia urban ística para el desarrollo

municipio de Barrancabermeja.

1. En consecuencia, se iniciaron los trámites ante el curador urbano de Barrancabermeja para la obtención de una licencia urban ística para el desarrollo inmobiliario del predio con el objetivo de construir viviendas; sin embargo, el curador advirtió que faltaban algunos anexos técnicos y legales a la solicitud.

1. Como consecuencia, l a comunidad demandante radicó una petición ant e la Oficina de Planeación Municipal de Barrancabermeja (Santander) para conocer las posibles opciones de urbanización del inmueble; no obstante, esa dependencia de la alcaldía municipal, mediante concepto de uso de suelo no. 0196 -13 del 14 de mayo de 2013 , conceptuó “(…) el predio se encuentra dentro de un área de CONSERVACIÓN AMBIENTAL (CA) como señala el artículo 183 del Acuerdo 018 de 2002. Estos suelos tienen absolutamente restringida la posibilidad de urbanizarse. Con base en lo anterior, se puede det erminar que la actividad mencionada es PROHIBIDA en el sector donde se localiza el predio” (fl. 113 cdno. 1 – mayúsculas fijas del texto original).

Como fundamentos jurídicos de la demanda la parte actora invocó el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 (CPA CA) y el artículo 1º del Decreto 1337 de 2002 , indicó que el municipio es patrimonialmente responsable de los daños irrogados en virtud del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, pues, un predio adquirido en 1986 sufrió una significativa desvalorización e imposibilidad de urbanización a partir de la expedición del Acuerdo 018 de 2002 que contiene el Plan

del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, pues, un predio adquirido en 1986 sufrió una significativa desvalorización e imposibilidad de urbanización a partir de la expedición del Acuerdo 018 de 2002 que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Barrancabermeja (Santander).5

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2. La admisión y la contestación de la demanda

1. El Tribunal Administrativo del Santander admitió la demanda mediante auto del 8 de septiembre de 2015 (fls. 132 y 133 cdno. 1) y ordenó su notificación.

1. El municipio de Barrancabermeja (Santander) se opuso a las súplicas de la demanda (fls. 144 a 155 cdno. 1) para lo cual propuso las excepciones de (i) ausencia de daño , (ii) ausencia de nexo causal entre la conducta estatal y la pretensión de reparación y, (iii) ausencia de desequilibrio o ruptura en las cargas públicas, adujo que la parte actora en ningún momento ha perdido la propiedad sobre el inmueble por cuanto la limitación sobre el predio es de carácter ambiental, lo cual significa que la congregación no puede urbanizar el inmueble sin que ello implique que tenga restringida su explotación de otras maneras o que no pueda ser enajenado.

3. El trámite de primera instancia y los alegatos de conclusión

lo cual significa que la congregación no puede urbanizar el inmueble sin que ello implique que tenga restringida su explotación de otras maneras o que no pueda ser enajenado.

3. El trámite de primera instancia y los alegatos de conclusión

1. El 5 de mayo de 2016 se adelantó la audiencia inicial (fls. 175 a 178 cdno. 1), en esta ocasión el tribunal de primera instancia advirtió que no se habían propuesto excepciones previas, fijó el litigio, agotó la etapa de saneamiento del proceso, decretó las pruebas solici tadas por las partes y, por último, señaló la fecha y hora para el inicio de la audiencia de pruebas.

1. Finalizada la audiencia de pruebas, mediante auto del 29 de junio de 2016 proferido en estrados se corrió traslado a las partes para presentar alegat os de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fls. 261 a 265 cdno.

1).

1. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el escrito de demanda (fls. 327 a 333 cdno. 1), esto es, que en el caso objeto de análisis se generó un daño especial por cuenta de la expedición del Acuerdo municipal no. 018 de 2002, en tanto que la comunidad religiosa sufrió una depreciación por un valor de $795616.000 debido a que “en la actualidad el inmueble no tiene ningún valor comercial habida cuenta de que el inmueble tiene totalmente restringida cualquier6

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posibilidad de urbanizarse, al punto tal que no es posible expedir siquiera una licencia urbanística de encerramiento para el mismo” (fl. 331 cdno. 1).

1. El municipio demandado, por su parte, insistió en los argumentos de contestación de la demanda (fls. 325 y 326 cdno. 1), agregó que la iglesia demandante ha debido ejercer el medio de control de nulidad y reparación directa contra la Resolución 142 del 25 de marzo de 2015 proferida por el Curador Urbano de Barrancabermeja, acto que declaró desistida la petición inicial de que se expidiera una licencia de urbanismo sobre el inmueble de su propiedad.

1. La Agente del Ministerio Público Delegada ante el Tribunal de primera instancia solicitó acceder a las súplicas de la demanda (fls. 321 a 324 cdno. 1) , pues, en su criterio, en este caso se reúnen los presupuestos para la declara ción de responsabilidad patrimonial del Estado por la configuración de un daño especial, ya que se trató de un a “actuación lícita, como es la expedición del Acuerdo 018 de 2002, que genera un rompimiento de la igualdad entre las cargas públicas por cuanto a la demandada (sic) no se le hizo notificación del plan de ordenamiento según el referido acuerdo que señalab a que el inmueble relacionado se encuentra dentro de una zona de conservación ambiental” (fl. 324 cdno. 1).

4. La sentencia de primera instancia

según el referido acuerdo que señalab a que el inmueble relacionado se encuentra dentro de una zona de conservación ambiental” (fl. 324 cdno. 1).

4. La sentencia de primera instancia

El 14 febrero de 201 8, el Tribunal Administrativo de Santander accedió a las pretensiones de la demanda (fls. 359 a 369 cdno. ppal.) ; los fundamentos de la decisión apelada fueron los siguientes:

1. El medio de control jurisdiccional idóneo es el de reparación directa, porque el Acuerdo 018 de 2002 (POT) de Barrancabermeja (Santander) es un acto administrativo de naturaleza mixta, por lo que debió publicarse de conformidad con las normas que regulan los actos generales pero, a su vez, en el entendido de que reviste efectos particulares y concretos debió notificarse personalmente, de allí que si bien el mencionado acuerdo municipal fue proferido el 24 de agosto de 2002, lo cierto es que la comunidad religiosa demandante solo tuvo conocimiento del daño7

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y de los efectos específicos de la decisión administrativa a partir del 14 de mayo de 2013 y, por lo tanto, la demanda fue presentada oportunamente el 24 de junio de 2015 ya que por cuenta del trámite de conciliación prejudicial el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de abril y el 26 de mayo de 2015.

1. El municipio de Barrancabermeja (Sa ntander) es patrimonialmente responsable

2015 ya que por cuenta del trámite de conciliación prejudicial el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de abril y el 26 de mayo de 2015.

1. El municipio de Barrancabermeja (Sa ntander) es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados a la iglesia demandante como consecuencia de la restricción a la edificabilidad del inmueble de su propiedad al determinarse que este se encuentra dentro de un área de conservación ambiental mediante el Acuerdo 018 de 2002 (POT).

1. En este caso concreto no ha operado algún tipo de compensación económica por la restricción introducida por el acto administrativo , ya que de haberse efectuado esta estaría registrada en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria.

1. No se cuenta con elementos para determinar el valor a reconocer por concepto de perjuicios materiales en favor de la parte demandante, por lo cual se condena en abstracto al municipio demandado según lo establecido en el artículo 193 del CPACA, para lo cual se tendrá como eje de referencia las disposiciones contenidas en el Decreto 151 de 1998, reglamentario del artículo 48 de la Ley 388 de 1998.

Una de las magistradas integrantes de la Sala de Decisión en primera instancia salvó el voto por cuanto, en su criterio, debieron negar se las pretensiones de la demanda toda vez que estas iglesias no tienen ánimo de lucro ni persiguen el reparto de ganancias entre sus miembros sino la promoción de la fe entre sus feligreses, por manera que las restricciones impuestas por el Acuerdo 018 de 2002 “no son incompatibles con la misión religiosa de la iglesia demandante, pero sí con

reparto de ganancias entre sus miembros sino la promoción de la fe entre sus feligreses, por manera que las restricciones impuestas por el Acuerdo 018 de 2002 “no son incompatibles con la misión religiosa de la iglesia demandante, pero sí con su venta para la construcción de viviendas. Así al no reducirse el mínimo de posibilidades del ejercicio de la propiedad del actor, el núcleo esencial de su derecho de propiedad permanece intangible” (fl. 371 cdno. ppal.).8

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5. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación que fue concedido en audiencia mediante auto del 9 de abril de 2018 (fl. 388 cdno. ppal.) y admitido por esta Corporación en providencia del 7 de junio del mismo año (fl. 397 cdno. ppal.).

Los fundamentos del recurso de apelación siguientes (fls. 376 a 380 cdno. ppal.) son, en síntesis, los:

1. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional no es suficiente para que se configure un daño antijurídico la simple limitación a la propiedad privada ya que para ello se requiere, además, que la afectación constituya una carga que el ciudadano no está en el deber jurídico de soportar y que, adicionalmente, se restrinja el núcleo del derecho a la propiedad privada así como el uso y goce del bien.

constituya una carga que el ciudadano no está en el deber jurídico de soportar y que, adicionalmente, se restrinja el núcleo del derecho a la propiedad privada así como el uso y goce del bien.

1. La restricción de edificabilidad contenida en el artículo 183 del Acuerdo municipal número 018 de 2002 de Barrancabermeja (Santander) de manera alguna constituyó una carga que la comunidad religiosa demandante no tuviera la obligación de soportar, dado qu e en ejercicio de la función ecológica que debe cumplir la propiedad privada este derecho en cabeza de la parte actora tiene que armonizarse con las demás garantías existentes y con el interés general.

1. El citado Acuerdo 018 de 2002 solo limitó la urba nización del inmueble pero no restringió el poder de disposición, de goce y de uso sobre el bien, la congregación puede emplearlo, cederlo, arrendarlo y enajenarlo, formas todas de explotación económica.

1. La magistrada que salvó el voto indicó que el p redio se adquirió para la construcción de un tempo con el propósito de adelantar actividades religiosas y que esa actividad no se ve coartada con la afectación introducida por el mencionado Acuerdo 018 de 2002.9

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1. Finalmente, en el hipotético caso de que se mantenga la declara ción de responsabilidad de la entidad demandada es preciso señalar que los perjuicios a

Medio de control de reparación directa

1. Finalmente, en el hipotético caso de que se mantenga la declara ción de responsabilidad de la entidad demandada es preciso señalar que los perjuicios a reconocer no pueden equivaler al valor del inmueble, toda vez que la propiedad se mantiene en cabeza de la institución demandante.

6. El trámite de segunda instancia

Por auto del 16 de agosto de 2018 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión en esta instancia y al Ministerio Público para rendir concepto (fl. 403 cdno. ppal.).

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 408 cdno. ppal.).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado1, la Sala resuelve el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis del caso concreto, 3) conclusión general y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El centro de la controversia consiste en definir si en este caso concreto se encuentran acreditados los presupuestos de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado y, concretamente, el elemento daño en la medida que el fundamento del recurso de apelación de la entidad demandada co nsiste en

1 La demanda fue interpuesta de forma oportuna el 24 de junio de 2015, tal como lo concluyó el Tribunal de primera instancia, dado que la restricción o limitación introducida por el artículo 183 del

1 La demanda fue interpuesta de forma oportuna el 24 de junio de 2015, tal como lo concluyó el Tribunal de primera instancia, dado que la restricción o limitación introducida por el artículo 183 del Acuerdo municipal 018 de 2022, Plan de Ordenamiento Territorial de Barranc abermeja (POT) (Santander), no fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria no. 303-11560 del inmueble localizado en la carrera 36A no. 33 – 04 del municipio, por manera que la comunidad religiosa solo tuvo conocimiento del daño una vez se le informó por parte de la administración acerca de la imposibilidad de expedir licencia urbanística, lo cual ocurrió el 14 de mayo de 2013 ; además, la solicitud de conciliación prejudicial se radicó el 13 de abril de 2015 y la constancia de no acuerdo se expidió el 26 de mayo siguiente por lo cual durante ese periodo estuvo suspendido el cómputo del plazo de dos años para el ejercicio de la acción de reparación directa.10

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cuestionar la existencia de dicho elemento, sobre la base de aducir que la limitación introducida con el referido acto administrativo no es incompatible con el culto religioso de la institución demandante, por lo que no se afectó el núcleo del derecho a la propiedad privada.

La Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, denegará las pretensiones de la demanda, por cuanto en el asunto objeto de análisis, efectivamente, el núcleo del

a la propiedad privada.

La Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, denegará las pretensiones de la demanda, por cuanto en el asunto objeto de análisis, efectivamente, el núcleo del derecho a la propiedad privada de la institución demandante no se afect ó o alteró debido a que , como se reconoció expresa e inequívocamente en la demanda, el bien inmueble localizado en la carrera 36A no. 33 – 04 del municipio de Barrancabermeja (Santander) fue adquirido con la expresa finali dad de establecer un templo o lugar de reunión , por manera que la limitación ambiental impuesta por el Acuerdo 018 de 2002 (POT) no impide a la congregación demandante que ejerza en el mencionado predio su labor social y religiosa , más aún si se tiene en c uenta que la institución demandante no tiene ánimo de lucro.

2. Análisis del caso concreto

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 388 de 1997 los propietarios de inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por esa carga, mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencias de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros.

Al respecto el Decreto 1337 de 2002 determina la forma como opera la compensación, qué tipo de compe nsaciones pueden ofrecer los municipios a los propietarios y, además, dispone que los municipios definirán los mecanismos a través de los cuales se garantizará el pago de las compensaciones, bien sea en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen.

propietarios y, además, dispone que los municipios definirán los mecanismos a través de los cuales se garantizará el pago de las compensaciones, bien sea en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen.

Teniendo en cuenta lo anterior, al existir una norma que otorga el derecho a la compensación, que determina las formas en que esta se realizará y que establece11

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la obligación a cargo de los municipios de adelantar los trámites administrativos para la fijación de la compensación, era obligación de la demandante acudir a dicho procedimiento para obtener el derecho que se reclama vía reparación directa.

1. Ahora bien, en gracia de discusión la Sala analizará de fondo la controversia para definir si en este caso concreto se afectó o limitó injustificadamente el derecho de propiedad de la parte actora, para lo cual se tendrá en cuenta lo afirmado y reconocido expresamente en la demanda, en atención a la función ecológica y social de la propiedad.

En efecto, la parte actora acreditó que el 30 de julio de 1986 adquirió, mediante contrato de compraventa contenido en la escritura pública no. 1687 de la Notaría Segunda del Círculo de Barrancabermeja, un lote de terreno con folio de matr ícula inmobiliaria no. 303-11560 y con nomenclatura urbana carrera 36A no. 33 – 04 de Barrancabermeja (Santander) (fls. 2 a 5 cdno. 1).

inmobiliaria no. 303-11560 y con nomenclatura urbana carrera 36A no. 33 – 04 de Barrancabermeja (Santander) (fls. 2 a 5 cdno. 1).

Esa escritura pública de compraventa se registró en la anotación no. 7 del folio de matrícula inmobiliaria no. 303-11560 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja (fls. 6 a 9 cdno. 1); además, se demostró que para el 4 de febrero de 2015 -fecha de expedición del certificado de tradiciónen el folio no se había inscrito ningún tipo de li mitación o restricción a la propiedad proveniente del Acuerdo no. 018 de 2002.

1. La institución o congregación demandante también aportó al proceso el concepto de uso de suelo no. 0196 -13 del 14 de mayo de 2013 proferido por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía de Barrancabermeja en el cual se

consignó lo siguiente:

“Que conforme con el mapa de áreas de actividad del plan de ordenamiento territorial (mapa no. 22) el predio ubicado en la Carrera 36A no. 33 – 04 del barrio El Cerro, perteneciente a la comuna (4), identificado con el número predial 01 -04-0077-0026-000 de l municipio de Barrancabermeja se encuentra dentro de una zona estipulada como de actividad residencial.12

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Que en el lugar se pretende adelantar la actividad de urbanizar que conforme a lo establecido en el Acuerdo 018 de 2002, artículo 132 expresa que es de actividad residencial y está definido para el uso de áreas específicas de vivienda, llámese familiar, bifamiliar y multifamiliar.

Adicionalmente de acuerdo al mapa de tratamientos urbanísticos no. 35 del mismo acuerdo, el predio se encuentra dentro de un área de conservación ambiental (CA) como señala el artículo 183 del Acuerdo 018 de 2002.

(…) Con base en lo anterior se puede determinar que la actividad mencionada es prohibida en el sector donde se localiza el consultado predio” (fl. 11 cdno. 1).

Por su parte, el artículo 183 del Acuerdo municipal no. 018 de 2002 que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Barrancabermeja prescribe: “Del tratamiento de