CE - 680012333000201600047011SENTENCIA20230809170708

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (03) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 68001-23-33-000-2016-00047-01(2416-2019)

Demandante: Cooperativa JAHSALUD IPS

Demandado: Ministerio del Trabajo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda y su reforma1

1.1. Pretensiones principales

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2, la Cooperativa JAHSALUD IPS OPERADOR HOSPITALARIO 3, demandó la nulidad de la Resolución 000141 de 19 de febrero de 2015 expedida por el coordinador del grupo de prevención, inspección, vigilancia y control de la Dirección territorial de Santander del Ministerio del Trabajo, por medio del cual, se le sancionó con multa de $492.800.000 por suministrar o enviar personal al servicio de un tercero sin la

grupo de prevención, inspección, vigilancia y control de la Dirección territorial de Santander del Ministerio del Trabajo, por medio del cual, se le sancionó con multa de $492.800.000 por suministrar o enviar personal al servicio de un tercero sin la debida autorización para desarrollar el objeto misional permanente, para el caso en concreto, de las Empresas Sociales del Estado Clínica Guane y su Red Integral de Salud –RISy el Instituto de Salud de Bucaramanga - ISABU-, y las Resoluciones

1 Folios del 3 al 17 y del 95 al 96 2 Regulado en el art. 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA. 3 Según constan en el Certificado de existencia y representación legal a folios 18 al 212

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No. 0005244 de 22 de mayo y No. 001421 5 de 9 de diciembre ambas de 2015, por medio de las cuales, se resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, interpuestos contra la primera de las resoluciones mencionadas en el sentido de confirmar la decisión. Adicionalmente, solicitó se ordene excluirlo de los registros y boletines oficiales donde se dispong a la inscripción de los actos demandados.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad demandada por daños materiales a lo siguiente: ( i) al pago de los honorarios de abogados por un valor de $50.000.000 y en caso de prosperar la demanda al pago

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad demandada por daños materiales a lo siguiente: ( i) al pago de los honorarios de abogados por un valor de $50.000.000 y en caso de prosperar la demanda al pago de la prima de éxito de acuerdo al contrato de prestación de servicios con el apoderado y (ii) al pago de costas y agencias en derecho, debidamente indexado y actualizado.

1.2. Pretensión subsidiaria

3. Solicitó que en caso de no prosperar la pretensión principal se ordene la imposición de una sanción acorde con el principio de proporcionalidad de la Ley 1610 de 2013 en un salario mínimo.

1.3. Hechos probados

4. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

5. Con ocasión a una queja ciudadana, el Ministerio del Trabajo inició el procedimiento sancionatorio y concluida las averiguaciones preliminares dentro del expediente identificado con el núm. 143368.42.02 – 00387 en contra de las empresas Cooperativa de trabajo asociado Jahsalud IPS CTA y las E.S.E.s Instituto de salud de Bucaramanga -ISABU-; Clínica Guane y su red de servicios del municipio de Floridablanca; Hospital San Juan de Dios d e Floridablanca, San Antonio de Rionegro. Respecto de la aquí demandante se surtieron las siguientes

etapas procesales:

5.1. El 29 de agosto de 2014 mediante auto se formuló pliego de cargos 6 por presunta intermediación laboral y violación de la Ley 50 de 1990 artículo 95 y 96, Ley 1429 de 2010 artículo 63 y el Decreto 2025 de 2011; auto notificado el 9 de

presunta intermediación laboral y violación de la Ley 50 de 1990 artículo 95 y 96, Ley 1429 de 2010 artículo 63 y el Decreto 2025 de 2011; auto notificado el 9 de septiembre del mismo año7;

4 expedida por el coordinador del grupo de prevención, inspección, vigilancia y control de la Dirección territorial de Santander del Ministerio del Trabajo 5 Expedida por la directora territorial de Santander 6 Folios 895 al 900 antecedentes administrativos obrantes en CD a folio 147 cuaderno principal 7 Folios 895 al 904 antecedentes administrativos obrantes en CD a folio 147 cuaderno principal3

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5.2. El 25 de septiembre de 2014 se opuso a los cargos fo rmulados presentando escrito de contestación de descargos8;

5.3. El 16 de octubre de 2014 se corrió traslado para alegar de conclusión y se envió la respectiva comunicación9;

5.4. El 24 de octubre de 2014 se presentó escrito contentivo de los alegatos de conclusión10;

5.5. El 19 de febrero de 2015 mediante resolución No. 000141 expedida por el coordinador del grupo de prevención, inspección, vigilancia y control de la Dirección territorial de Santander del Ministerio del Trabajo, se le sancionó con mul ta de $492.800.000 por suministrar o enviar personal al servicio de un tercero sin la debida autorización para desarrollar el objeto misional permanente de las Empresas

territorial de Santander del Ministerio del Trabajo, se le sancionó con mul ta de $492.800.000 por suministrar o enviar personal al servicio de un tercero sin la debida autorización para desarrollar el objeto misional permanente de las Empresas Sociales del Estado CLÍNICA GUANE y su RIS e ISABU 11; resolución notificada el 4 de mar zo de 2015 12 y contra la cual se interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación el 12 de marzo de 201513

5.6. El 22 de mayo de 2015 mediante resolución 000524 14 comunicada el 26 de mayo15 y el 9 de diciembre de 2015 mediante resolución 0 0142116 notificada el 22 de diciembre 17, se resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión.

5.7. En la reforma de la demanda se adicionó y aclaró el hecho de que la Resolución 001421 se notificó el 22 de diciembre intencionalmente, fecha en que se encontraban cerrados los despachos judiciales y por lo que se debió esperar hasta el 13 de enero de 2016 para realizar cualquier actuación.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

8 Folios 912 al 918 antecedentes administrativos obrantes en CD a folio 147 cuaderno principal 9 Folios 961 y 962 antecedentes administrativos obrantes en CD a folio 147 cuaderno principal 10 Folios 982 al 987 antecedentes administrativos obrantes en CD a folio 147 cuaderno principal 11 Folios 41 al 62 cuaderno principal 12 Folio 1019 antecedentes administrativos obrantes en CD a folio 147 cuaderno principal

10 Folios 982 al 987 antecedentes administrativos obrantes en CD a folio 147 cuaderno principal 11 Folios 41 al 62 cuaderno principal 12 Folio 1019 antecedentes administrativos obrantes en CD a folio 147 cuaderno principal 13 Folio 1026 al 1047 antecedentes administrativos obrantes en CD a folio 147 cuaderno principal 14 Folios 33 al 40 cuaderno principal 15 Folios 1154 al 1157 antecedentes administrativos obrantes en CD a folio 147 cuaderno 16 Folios 22 al 32 cuaderno principal 17 Folio 1198 antecedentes administrativos obrantes en CD a folio 147 cuaderno principal4

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6. Como tales, se señalaron los artículos 29 de la Constitución Política: 3 y 88 del CPACA; 59 de la Ley 1438 de 2011; 12 y 18 de la Ley 1610 de 2013 y 63 de la Ley 1429 de 2010.

7. El demandante en el concepto de violación, sostuvo que los actos demandados deben declararse nulos al configurarse varias de las causales del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA., como quiera que, se expidieron con infracción de las normas en que debían fundarse, con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa consistente en la violación al debido proceso y mediante falsa motivación, así:

7.1. Con violaci ón en las normas en que debían fundarse, porque la autoridad demandada (i) desconoció la presunción de legalidad de los actos administrativos

consistente en la violación al debido proceso y mediante falsa motivación, así:

7.1. Con violaci ón en las normas en que debían fundarse, porque la autoridad demandada (i) desconoció la presunción de legalidad de los actos administrativos previos expedidos por las Empresas Sociales del Estado en los procesos de convocatoria para la adjudicación de los contratos de prestación de servicios de salud que se suscribieron entre estas y JAHSALUD IPS; además, de que omitió analizar los estudios previos realizados en el proceso de contratación en los que se señala la necesidad y motivos para contratar la prestación de servicios de salud con terceros (ii) desconoció los lineamientos de la sentencia C-171 de 2012 y el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 que la habilitan para prestar el servicio de tercerización y por tanto las actuaciones adelantadas por JAHSALUD y (iii) desconoció que JAHSALUD IPS actuó de buena fe y dentro del principio de confianza legítima, como quiera que, como institución prestadora de varios servicios de salud está habilitada para participar en las licitaciones y convocatorias que hagan los Hospitales o E.S.E. como en efecto lo hizo y con ocasión de lo cual se le adjudicaron los contratos de prestación de servicios que dieron lugar a los actos que ahora se demandan.

7.2. Mencionó que los actos administrativos impugnados se encuentran viciados por falsa motivación porque al momento de determinar si la tercerización se convirtió en intermediación laboral no se tuvo en cuenta que: (i) existen contratos de comodato de los que se evidencian que las E.S.E. cedieron sus derechos de propiedad y

falsa motivación porque al momento de determinar si la tercerización se convirtió en intermediación laboral no se tuvo en cuenta que: (i) existen contratos de comodato de los que se evidencian que las E.S.E. cedieron sus derechos de propiedad y posesión de manera transitoria a la IPS; (ii) tanto las órdenes e instrucciones como la vinculación y desvinculación, las sanciones y llamados de atención las realizó la IPS a sus trabajadores; (iii) la IPS tiene independencia económica pues fue quien pagó los salarios a sus trabajadores y no obra prueba que evidencie que las E.P.S. hayan cancelado sueldo o prestaciones sociales a estos y (iv) está plenamente demostrado que no existió la supuesta subordinación del personal de la IPS a las E.S.E.s, los cuales, además, se diferenciaban de los trabajadores del Hospital con uniformes del logotipo de JAHSALUD5

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7.3. Indicó que los actos administrativos acusados están viciados por desviación de poder, dado que, si la autoridad demandada, consideraba que con dicha modalidad de contratación se afectaban los derechos de los trabajadores debió acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, contrario a ello, a través de resoluciones sancionó con base en una presunta intermediación laboral por la suscripción de cont ratos de prestación de servicios de salud que a la luz del ordenamiento jurídico, tanto estos, como los actos previos que forman parte del contrato son válidos y lícitos; por lo tanto, no había lugar a imponer una sanción con

suscripción de cont ratos de prestación de servicios de salud que a la luz del ordenamiento jurídico, tanto estos, como los actos previos que forman parte del contrato son válidos y lícitos; por lo tanto, no había lugar a imponer una sanción con base en una actuación de contratación lícita y amparada por la Constitución y la ley.

7.4. Refirió que, se vulneró el derecho al debido proceso con fundamento en que en los actos acusados (i) Se omitió dar aplicación al artículo 12 de la Ley 1610 de 2013 violando el principio de propo rcionalidad, puesto que, se hacen apreciaciones generales y subjetivas para aplicar la sanción y no se realizó un razonamiento respecto de las manifestaciones del accionante y el deber de graduar la sanción; (ii) en la resolución que resolvió el recurso de reposición se indicó que la imposición de la sanción se hacía con base en el artículo 9 del Decreto 2025 de 2011 el cual fue derogado al ser contrario a la Ley 1610 de 2013; (ii) se hizo referencia al desconocimiento de disposiciones que no son claras y s in señalar los argumentos de la vulneración respecto de estos, con relación a la Resolución 2025 de 2011 no se indicó que autoridad la expidió y respecto de los Decretos 4369 de 2006 y 722 de 2013 no se señalaron los artículos desconocidos, lo que impidió el ejercicio de su derecho de defensa (iii) la sanción se basó en un concepto 179551 del 21 de julio de 2011 al manifestar que solo las empresas temporales podrían realizar la intermediación laboral, desconociendo e ignorando el concepto número 00448 del

su derecho de defensa (iii) la sanción se basó en un concepto 179551 del 21 de julio de 2011 al manifestar que solo las empresas temporales podrían realizar la intermediación laboral, desconociendo e ignorando el concepto número 00448 del 22 de marso del 2012 y que en todo caso se debe aplicar la interpretación condicionada de la sentencia C-171 de 2012.

7.5. Finalmente, manifestó la falta de competencia de la autoridad demandada al imputar la presunta intermediación laboral entre JAHSALUD IPS y las E.S.E.s cuando lo que hubo fue una prestación de servicios de salud amparada por la ley y es el juez el único que puede declarar la ilicitud de una norma.

2. Contestación de la demanda18

8. El Ministerio del Trabajo contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones del líbelo, con base en los siguientes argumentos:

8.1. La contratación permitida en el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 a las E.S.E.s para operar mediante terceros solo puede llevarse a cabo siempre y cuando no se

18 Folios 109 al 197 del cuaderno principal6

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traten de funciones permanentes y propias de la entidad, lo que no se cumplió en el presente caso, puesto que, los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes sancionadas están relacionados con el objeto social de las E.S.E.s, servicios ligados a su actividad misional permanente.

8.2. En este sentido, las únicas legalmente facultadas para desarrollar actividades

las partes sancionadas están relacionados con el objeto social de las E.S.E.s, servicios ligados a su actividad misional permanente.

8.2. En este sentido, las únicas legalmente facultadas para desarrollar actividades de intermediación laboral, suministro y administración de personal al servicio de un tercero, para los casos expresamente permitidos por la ley, son las Empresas de Servicios Temporales –ESTy como quiera que JAHSALUD IPS no demostró su condición de EST tanto las empresas contratantes como JAHSALUD vulneraron el artículo 1 del Decreto 2025 de 2011 en concordancia con el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, toda vez que, las actividades prestadas por la IPS se enmarcan dentro de la prohibición de ejecutar funciones permanentes o propias de las E.S.E.s que pueden llevarse a cabo por parte de su propia planta de personal, de conformidad con la sentencia C-171 de 2012

8.3. Mencionó que de la valoración de los contratos suscritos entre JAHSALUD IPS y las E.S.E. CLÍNICA GUANE y su RIS e ISABU se observó que en ellos no se establecieron términos de vigencia para la prestación del servicio; se e stipularon como clausulas la obligación de las E.S.E.s de dar o suministrar al contratista los insumos, equipo y dotación necesaria y la de supervisión expresa de los mismos; se dispuso la supervisión de las obligaciones laborales del personal de la IPS de lo que evidencia la falta de total libertad y autonomía técnica como si lo tendría un contratista independiente.

8.4. Además, expuso que el monto de la sanción impuesta está justificada en tanto por tratarse de terceros contratantes esta fue proporcional al número de

contratista independiente.

8.4. Además, expuso que el monto de la sanción impuesta está justificada en tanto por tratarse de terceros contratantes esta fue proporcional al número de trabajadores y correspondió únicamente al 16% del total autorizado para sancionar.

3. La sentencia apelada19

9. El Tribunal Administrativo de Santander20, mediante sentencia proferida el 28 de febrero de 2019, declaró la nulidad parcial de las resoluciones acusadas por medio de las cuales se impuso una sanción de multa a la IPS JAHSALUD. Para tal efecto,

se pronunció, esencialmente, en estos términos:

9.1. Como quiera que el fundamento normativo para sancionar con multa a JAHSALUD IPS fueron las disposiciones del Decreto 2025 de 2011 declaradas nulas por el Consejo de Estado en la sentencia del 19 de febrero de 2018 Rad.

19 Folios del 306 al 311 del cuaderno principal 20 M.P. Solange Blanco Villamizar7

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11001-03-25-000-2011-00390-00(1482-2011) C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, al exceder el Gobierno Nacional s u poder reglamentario, la multa impuesta es ilegal, ya que, no existe un título legal que habilite a la Administración su cobro.

9.2. Lo anterior, en atención a que de acuerdo con la Ley 1429 de 2011 la infracción administrativa de intermediación laboral descrita en el artículo 63 determinó para las instituciones públicas y/o empresas privadas que destinen personal de cooperativas

9.2. Lo anterior, en atención a que de acuerdo con la Ley 1429 de 2011 la infracción administrativa de intermediación laboral descrita en el artículo 63 determinó para las instituciones públicas y/o empresas privadas que destinen personal de cooperativas a realizar sus actividades misionales o permanentes sanción de multa y para las pre cooperativas y cooperativas que permitan q ue su personal desarrolle actividades misionales permanentes de otros su disolución y liquidación.

9.3. En este sentido indicó que, como lo dispuso el Consejo de Estado las disposiciones del Decreto 2025 de 2011 –reglamentario de la Ley 1429 de 2011al hacer extensiva la sanción de multa del artículo 63 de la Ley 1429 de 2011 para las pre cooperativas y cooperativas de trabajo asociado quienes no eran destinatarias devinieron nulas por exceso de la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional, por lo que consideró que JAHSALUD no es de aquellas personas que la Ley 1429 de 2010 considere sancionable con multa, con base en lo cual declaró la nulidad parcial de los actos acusados en lo que se refiere a la multa impuesta al demandante. Sin embargo, no ordenó el restablecimiento por falta de prueba del pago de la multa.

9.4. Manifestó que pese a que el Consejo de Estado reconoció que el Ministerio de trabajo tiene competencia para sancionar con multa equivalente a 100 SMMLV a las cooperativas que actúen como intermediarios o como empresas de servicios temporales, de acuerdo al artículo 17 del Decreto 4588 de 2006, no es posible readecuar la consecuencia jurídica del aquí demandante pues supondría

cooperativas que actúen como intermediarios o como empresas de servicios temporales, de acuerdo al artículo 17 del Decreto 4588 de 2006, no es posible readecuar la consecuencia jurídica del aquí demandante pues supondría desconocer su derecho al debido proceso, abordar temas no fijado s en el litigio y por cuanto corresponde a una función administrativa que no le corresponde al juez contencioso.

9.5. La sentencia de primera instancia puntualmente señaló que como no se probó el pago de la multa no ordenaba la devolución de suma alguna a favor del demandante.

4. El recurso de apelación21

10. El Ministerio del Trabajo interpuso recurso de apelación en el que además de citar normativa que alude a la función de policía administrativa y la facultad de

21 Folios 316 al 397 del cuaderno principal8

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aplicar sanciones a través de los funci onarios del Ministerio del Trabajo, la intermediación laboral y las cooperativas de trabajo asociado, señaló que:

10.1 El a quo no tuvo en cuenta que la mencionada sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de los artículos 2, 4 (Incisos primero y tercero), 5, 9 y 10 del Decreto 2025 de 8 de junio de 2011 «por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010», fue proferida en el 2018 para lo cual indicó la importancia de tener en cuenta la cronología de la expedición de los actos administrativos acusados:

1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010», fue proferida en el 2018 para lo cual indicó la importancia de tener en cuenta la cronología de la expedición de los actos administrativos acusados:

→ Resolución No. 000141 de 19 de febrero de 2015

→ Resolución No. 000524 de 22 de mayo de 2015

→ Resolución No. 001421 de 9 de diciembre de 2015

10.2. Y concluyó que la mencionada sentencia no sea aplicable como quiera que no tiene efectos retroactivos sino a futuro. Igualmente, manifestó que esta sentencia no le resta facultad al Ministerio del Trabajo para imponer sanciones a las Cooperativas de Trabajo Asociado ni a ningún otro ente que realice intermediación ilegal.

10.3. Frente a la contratación de las E.S.E.s con JAHSALUD IPS de las laborales de médicos especialistas, enfermeras y otros, reiteró la prohibición por parte de las precooperrativas, las cooperativas de t rabajo asociado y cualquier otra persona jurídica para realizar servicios de intermediación laboral o contratar él envió de trabajadores a efectuar laborales misionales permanentes, señalando que las única autorizadas para estos eventos son las empresas de servicios temporales en los casos señalados en la Ley 50 de 1990.

10.4. Así mismo, indicó que si bien está probado que las actividades realizadas por la IPS JAHSALUD correspondían a las misionales de las E.S.E.s contratantes, si la IPS no hubiese contratado trabajadores para dar cumplimiento al objeto del contrato era predicable la afectación de los derechos del contratista, no obstante, este contrató trabajadores para dar cumplimiento a los contratos de prestación de

IPS no hubiese contratado trabajadores para dar cumplimiento al objeto del contrato era predicable la afectación de los derechos del contratista, no obstante, este contrató trabajadores para dar cumplimiento a los contratos de prestación de servicios con las E.S.E.s lo que lo convierte en intermediario o al menos se predicaría la tercerización laboral si estuviese demostrado que actuó con independencia y autonomía técnica, administrativa y financiera lo que tampoco se demostró.

5. Alegatos de conclusión9

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11. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal

12. El Ministerio del Trabajo en esta oportunidad procesal reitero lo expuesto en el recurso de apelación22

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. ¿La sanción de multa por intermediación laboral impuesta a JAHSALUD IPS a través de los actos administrativos demandados es ajustada a derecho, o, si por el contrario al ser aplicable la sentencia del 19 de febrero de 2018 del Consejo de Estado mediante la cual se anuló parcialmente el Decreto 2025 de 2011 que le sirvió de fundamento no es dable su imposición?

2.2. Marco normativo

Cooperativas de Trabajo Asociado y su prohibición para actuar como intermediario laboral

14. La Ley 79 de 1988, «Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa», reguló entre otros aspectos lo relacionado con las cooperativas, en este sentido:

intermediario laboral

14. La Ley 79 de 1988, «Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa», reguló entre otros aspectos lo relacionado con las cooperativas, en este sentido:

«Artículo 4. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajado res o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Artículo 70. Las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios.»

15. En las cooperativas de trabajo asociado, en que los aportantes de capital son al mismo tiempo los trabajadores y gestores de la empresa, su objeto social está encaminado a generar y mantener el trabajo de manera autogestionaria, lo que implica, que exista participación de los trabajadores -socios de manera activa en todos los asuntos atenientes a estas y como consecuencia de la autogestión y participación de los trabajadores -socios las cooperativas tienen autonomía e

22 Folios 392 al 406 del cuaderno principal10

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independencia del tercero que contrata sus servicios, característica fundamental de la tercerización.

16. Ahora bien, el Decreto 4588 de 2006, «por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado» ,

la tercerización.

16. Ahora bien, el Decreto 4588 de 2006, «por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado» , también se refirió a su naturaleza y objeto social:

«Artículo 3. Naturalez a de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. Son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperati va y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Artículo 5. Objeto social de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. El objeto social de estas organizaciones solidarias es el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos se deberá precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los términos que determinan los organismos nacionales e internacionales, sobre la materia.»

17. En lo que se refiere a la contratación con terceros, que es la posibilidad que tienen las empresas para acudir a un a tercera persona para que de manera autónoma e independiente contraten la ejecución de obras, la prestación de servicios o la producción de un bien, el mencionado decreto estipuló las condiciones

para contratar con terceros, aludiendo a que:

autónoma e independiente contraten la ejecución de obras, la prestación de servicios o la producción de un bien, el mencionado decreto estipuló las condiciones para contratar con terceros, aludiendo a que:

«Artículo 6 . Condiciones para contratar con terceros. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, podrán contratar con terceros la producción de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios, siempre que respondan a la ejecución de un proceso total en favor de otras cooperativas o de terceros en general, cuyo propósito final sea un resultado específico. Los procesos también podrán contratarse en forma parcial o por subprocesos, correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados al resultado final.»

18. No obstante, en el Decreto se dejó expresa la prohibición de que dichas organizaciones actuaran como intermediarios o empresas de servicios temporales,

así:

«Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los11

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asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.(…)»

atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.(…)»

19. En el mismo sentido, en su artículo 63, la Ley 1429 de 2010 dispone:

«CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra mo