CE - 680012333000201600843011SENTENCIAFALLO20230928143023

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 68001-23-33-000-2016-00843-01 (0343-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandada: Rosa Irma Benítez Rodríguez

Tema: Lesividad. Compatibilidad entre pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en audiencia inicial de l veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SO CIAL (UGPP) , instauró demanda en contra de la señora ROSA IRMA BENÍTEZ RODRÍGUEZ en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado

instauró demanda en contra de la señora ROSA IRMA BENÍTEZ RODRÍGUEZ en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, bajo la modalidad de lesividad , con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) 14732 del 28 de diciembre de 1994 a través de la cual la entonces Cajanal EICE reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor de la demandada; y (ii) 18797 del 22 de septiembre de 2003 con la que se reliquidó dicha prestación; así como las (iii) 593 del 6 de abril de 1995 y (iv) 1264 del 27 de junio del mismo año , mediante las cuales el Instituto

1 Folio 155, C12

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Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA) le reconoció y reajustó a la accionada una pensión ordinaria de jubilación.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la pensionada a restituir a la entidad actora de manera indexada , la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas en exceso y que adicionalmente se imponga a su cargo el pago de las costas.

HECHOS2

a la entidad actora de manera indexada , la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas en exceso y que adicionalmente se imponga a su cargo el pago de las costas.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la señora Rosa Irma Benítez Rodríguez nació el 6 de diciembre de 1942 y se desempeñó al servicio del Estado en los siguientes tiempos : con el departamento de Santander como docente oficial nacionalizada, (i) del 1° de enero de 1965 al 24 de marzo de 1976; (ii) del 25 de junio de 1976 al 27 de agosto de 1987; (iii) del 27 de septiembre de 1987 al 30 de julio de 1988; (iv) del 4 de octubre de 1988 al 1 de agosto de 2002. Con el INDERENA en el cargo de dibujante grado 4095-36 desde el 27 de enero de 1977 hasta el 30 de enero de 1995.

Que mediante la Resoluci ón 14732 del 28 de diciembre de 1994 , la entonces Cajanal EICE le reconoció a la accionada una pensión gracia en cuantía de $164.033,40, efectiva a partir del 6 de diciembre de 1992. Posteriormente con la Resolución 18797 del 22 de septiembre de 2003 se reliquidó la prestación, elevando el monto final a la suma $ 1.166.567, con efectividad a partir del 1° de agosto de 2002.

Que, en atención a una nueva solicitud de reajuste pensional con la inclusión de nuevos factores salariales, la mencionada entidad a través de la Resolución 48247

2002.

Que, en atención a una nueva solicitud de reajuste pensional con la inclusión de nuevos factores salariales, la mencionada entidad a través de la Resolución 48247 del 19 de septiembre de 2006 negó dicha petición al considerar que ya se había modificado el valor de la prerrogativa conforme al anterior acto administrativo.

Que el I NDERENA expidió la Resolución 593 del 6 de abril de 1995, mediante la cual reconoció la pensión mensual vitalicia de jubilación a la señora Rosa Irma Benítez, ello según el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, en cuantía de $191.476 efectiva a partir del 2 de mayo de 1995, la cual fue reliquidada a través de la Resolución 1264 del 27 de junio de 1995, aumentándola a $205.778.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

2 Folios 156 a 157, C13

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La demanda fue admitida mediante auto del 1° de septiembre de 20163, la cual contenía una solicitud de medida cautelar que se denegó según auto del 6 de abril de 2017.4 Se procedió a la respectiva notificación a la señora Rosa Irma Benítez Rodríguez5, quien presentó memorial de contestación6 en el cual manifestó que de

contenía una solicitud de medida cautelar que se denegó según auto del 6 de abril de 2017.4 Se procedió a la respectiva notificación a la señora Rosa Irma Benítez Rodríguez5, quien presentó memorial de contestación6 en el cual manifestó que de conformidad con los artículos 15, numeral 2 de la Ley 91 de 1989 y 279 de la Ley 100 de 1993, la compatibilidad de la pensión jubilación y gracia es una situación admisible, tal como lo ha dispuesto el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia sobre casos análogos. Adicionalmente señaló que en caso de acceder a los pedimentos de la parte activa, se le causaría un perjuicio irremediable.

En la audiencia inicial7 se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se declaró fallida la etapa conciliatoria, se ordenó incorporar las pruebas allegadas por las partes y se prescindió de la audiencia de pruebas, por lo que según el numeral 1° del artículo 182 del CPACA se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión en orden de dictar el fallo en la misma diligencia.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo del Santander profirió sentencia oral en la audiencia inicial celebrada el 23 de octubre de 2017, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 18797 del 22 de septiembre de 2003 que reliquidó la pensión gracia con el promedio salarial de la accionada durante el año anterior a su retiro definitivo, por lo que

18797 del 22 de septiembre de 2003 que reliquidó la pensión gracia con el promedio salarial de la accionada durante el año anterior a su retiro definitivo, por lo que ordenó el ajuste de la mesada como se había reconocido inicialmente, es decir, con los factores devengados por esta en el año anterior a la adquisición del estatus pensional. Adicionalmente negó los demás pedimentos de la parte activa.

Sobre el particular señaló que la extinta Cajanal EICE le reconoció a la señora Benítez Rodríguez la pensión gracia en acatamiento a los requisitos legales, por lo que no pro cedía la nulidad solicitada frente a la Resolución 014732 del 28 de diciembre de 1994 con la que se había consolidado aquel derecho a su favor. No obstante, la Resolución 18797 del 22 de septiembre de 2013 sí debe ser anulada, toda vez que reliquidó dicha prerrogativa con base en los salarios percibidos por la demandada durante el año anterior a la terminación de su vínculo laboral, cuando lo correcto era calcularla con base en los haberes causados a lo largo del año previo a la consolidación del derecho como tal por acreditación de requisitos.

3 Folios 176 a 177, C1 4 Folios 44 a 45, C2. 5 Folio 195, C1 6 Folios 197 a 204, C1 7 Folios 234 a 240, C1 8 Folios 237 a 240, C14

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Que frente a la devolución de las mesadas pagadas en exceso no es procedente dictar esa orden, habida cuenta de que la autoridad actora no demostró que la docente hubiese actuado a través de medios ilegales o fraudu lentos, por lo que se debe presumir su buena fe y en consecuencia dar aplicación al precepto del artículo 164, numeral 1º, literal c) del CPACA.

Que en el presente caso no ha y lugar a declarar la nulidad de las resoluciones dictadas por el INDERENA mediante las cuales se reconoció una pensión ordinaria de jubilación a la accionada con base en las cotizaciones de los tiempos de servicio prestados a la Secretaría de Educación de Santander y a la primera entidad en comento, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que existe compatibilidad entre la pensión gracia y la prestación por vejez conforme lo previsto en el artículo 15, numeral 2º de la Ley 91 de 1989 , puntualmente para los casos como el de la demandada en los que se advierte que detentó una vinculación como docente oficial antes del 31 de diciembre de 1980.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demand ante solicitó que se revoque parcialmente la sentencia en el sentido de declarar la nulidad de la totalidad de los actos administrativos demandados, toda vez que estos contrarían las disposiciones superiores y legales

La parte demand ante solicitó que se revoque parcialmente la sentencia en el sentido de declarar la nulidad de la totalidad de los actos administrativos demandados, toda vez que estos contrarían las disposiciones superiores y legales bajo una errónea interpretación.

Como sustento de lo anterior manifestó que de los certificados emitidos por el nominador de la señora Rosa Irma Benítez Rodríguez, se extrae que laboró durante más de 20 años para el departamento de Santander, ello con una vinculación nacionalizada del 1° de enero de 1965 hasta el 1° de agosto de 2002, por lo que al momento de cumplir los 50 años de edad, según la L ey 114 de 1913 le fue reconocida la pensión gracia a través de la Resolución 14732 del 28 de diciembre de 1994 , la cual fue reliquidada a través de la Resolución 18797 del 22 de septiembre de 2003.

Que además, el INDERENA le reconoció pensión jubilación a la docente mediante la Resolución 593 del 6 de abril de 1995, esto en virtud de la Ley 100 de 1993, por lo que se estiman incompatibles las mencionadas prestaciones, porque la situación de la demandada no puede enmarcarse en la regla excepciona l prevista por el legislador en el ordinal 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1985, más aún cuando para un caso análogo, en sentencia del 21 de mayo de 2009 proferida por el Consejo de Estado en el proceso con número interno 0876-2008, se indicó lo siguiente : « la pensión gracia es compatible con la pensión ordinaria de jubilación siempre y cuando esta última se otorgue por servicios prestados en planteles departamentales o municipales, si se

Estado en el proceso con número interno 0876-2008, se indicó lo siguiente : « la pensión gracia es compatible con la pensión ordinaria de jubilación siempre y cuando esta última se otorgue por servicios prestados en planteles departamentales o municipales, si se computan tiempos nacionales emerge la incompatibilidad».

9 Folios 241 a 251, C1.5

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Que al momento en que la referida entidad le concedió la pensión ordinaria de jubilación a la accionada, no tuvo en cuenta que esta ya devengaba la pensión gracia, más aún cuando para adquirir el primer derecho prestación en mención, se tuvo en cuenta una parte del tiempo de servicio prestado a la Secretaría de Educación Departamental de Santander.

Que en tal sentido, existe una violación flagrante del artículo 128 constitucional que consagra la prohibición expresa de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, toda vez que la pensión reconocida por el INDERENA no se enmarca en la excepción legal de la Ley 91 de 1989 en la medida en que esta no fue consolidada por la labor oficial en planteles departamentales o municipales, sino por una relación legal y reglamentaria adquirida con la Nación directamente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demanda nte presentó alegatos de concl usión10 con los que ratificó los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demanda nte presentó alegatos de concl usión10 con los que ratificó los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación.

La parte demandada y el Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en esta oportunidad.11

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección, es el de determinar si la pensión gracia reconocida a la demandada por su labor como docente oficial nacionalizada, es compatible con la pensión ordinaria de jubilación concedida a su favor por parte del INDERENA en razón a la prestación de servicios a dicha entidad y en parte a la Secretaría de Educación de Santander.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, se estima necesario poner de presente la regulación en materia del régimen de incompatibilidades para efectos pensionales, ello para identificar si existe alguna disposición que se ajuste al caso de la accionada en su calidad de beneficiaria de la pensión gracia y a la vez jubilada por su labor desarrollada en una entidad del orden nacional no relacionada con el sector educativo.

Sobre el punto se advierte que la Constitución Política de 1886 estableció la prohibición de percibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de empresas o instituciones en que tuviera parte el Estado, con excepción de los casos especialmente establecidos por el legislador. Así lo dispuso en el artículo 64 ibidem.

10 Folios 281 a 184, C1. 11 Según constancia secretarial visible a folio 291 del cuaderno 1.6

10 Folios 281 a 184, C1. 11 Según constancia secretarial visible a folio 291 del cuaderno 1.6

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«Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes. Entiéndase por tesoro público el de la nación, los departamentos y los municipios.»

Posteriormente, con la expedición de la Constitución Política de 1991 se reiteró la prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público en los siguientes términos.

«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.»

De acuerdo con lo anterior, es claro que el mencionado postulado prohibitivo impide la coexistencia de dos o más emolumentos que tengan como fuente u origen los recursos públicos. En este sentido, la norma comprende los siguientes presupuestos privativos, i) desempeñar dos empleos oficiales de forma

la coexistencia de dos o más emolumentos que tengan como fuente u origen los recursos públicos. En este sentido, la norma comprende los siguientes presupuestos privativos, i) desempeñar dos empleos oficiales de forma simultánea y ii) recibir más de una asignación del erario.

Ahora, respecto de la naturaleza de la pensión gracia debe señalarse que esta ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacion al que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado , tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Pues bien, sobre el punto en discusión debe resaltarse que debido a esta naturaleza especial de la pensión gracia, fue la misma Ley 91 de 1989 12 la que permitió la compatibilidad de dicha prestación con la pensión ordinaria de jubilación , tal como se consagró en el artículo 15, numeral 2º que prevé lo siguiente.

«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión

hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]». (Negrilla y subrayado fuera del texto).

12 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio»7

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De hecho, es del caso precisar que el Consejo de Estado en sentencia del 27 de agosto de 199713 indicó cuál es el alcance de esta norma frente a los postulados de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1993, pues sobre la materia adujo que,

«[…] 3. El artículo 15 No. 2, literal A, de la Ley 91 de 1989 establece:

[…] “4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los

mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “... otra pensión o recompensa de carácter nacional. […]». (Líneas de la Subsección).

Como se desprende de lo expuesto hasta este punto, es claro que el legislador permitió la compatibilidad de la pensión gracia con la pensión ordinaria de jubilación, «aun en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación» , siempre y cuando los docentes que obtuvieron el reconocimiento de la primera prerrogativa en comento cumplieran con la totalidad de los requisitos para ello. Es decir, ambas prestaciones no se excluyen entre sí puesto que su naturaleza jurídica es diferente, más aún cuando la primera es un derecho que se consolida como un beneficio gratuito para el administrado y a cargo del Estado, en tanto que la segunda se concreta en virtud de la realización de cotizaciones tanto del trabajador como del empleador con fundamento en la prestación de un servicio, cuyo abono tiene como destinación específica generar una fuente de financiación parafiscal para pagar la mesada de manera vitalicia.

Adicionalmente, resulta necesario precisar que la compatibilidad en comento se

empleador con fundamento en la prestación de un servicio, cuyo abono tiene como destinación específica generar una fuente de financiación parafiscal para pagar la mesada de manera vitalicia.

Adicionalmente, resulta necesario precisar que la compatibilidad en comento se predica entre la pensión gracia y cualquier tipo de pensión ordinaria de jubilación que esté a cargo de la Nación, no solo ni de manera exclusiva con la que reconoce el FOMAG por los servicios prestados y cotizados como docente oficial, toda vez que es claro que la esencia o finalidad del artículo 15 , numeral 2o de la Ley 91 de 1989, es que los educadores que hayan adquirido el derecho consagrado en la Ley 114 de 191314, también puedan devengar al mismo tiempo una p restación vitalicia por vejez (incluso de carácter nacional como el propio precepto lo afirma) , aun así esta última no se haya otorgado exclusivamente por la labor como maestro oficial, porque de hecho, en ese evento donde el docente hubiese sido nacional, ni siquiera habría tenido derecho a la pensión gracia como reiteradamente se ha expuesto, especialmente en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 proferida por

13 Exp. S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón. C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda. 14 Solo en calidad de educadores territoriales o nacionalizados como en efecto lo fue el demandado en este caso, por cuanto ello no está en discusión y la misma UGPP lo convalida al asegurar que esta pensión es legal.8

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esta Corporación.

En tal sentido, el hecho de que la norma en comento haya precisado expresamente que la pensión gracia sería compatible con otra «[…] a cargo total o parcial de la Nación […]», sin precisar que esta última solo sería la reconocida por el FOMAG , implica que no tendría ningún sentido tal postulado si se sostiene la tesis de que solo pueden coexistir la primera prerrogativa aludida con la pensión ordinaria de jubilación por la labor docente.

Es decir, si el Legislador a través del artículo 15, numeral 2 o de la Ley 91 de 1989 no restringió directa y explícitamente que la compatibilidad bajo estudio solo sería con la pensión ordinaria de jubilación que otorga el FOMAG, cu ando precisamente la propia norma es la que está creando este fondo, no sería dable para el Juez hacerlo con una interpretación no permitida, pues se superaría el marco que la misma ley prevé taxativamente y sin vacíos.

Por lo tanto, si el precepto bajo a nálisis consagra que la pensión gracia será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación, la interpretación teleológica más plausible sería que la primera puede devengarse simultáneamente con la prestación que reconoce el FOMAG por ser una cuenta adscrita al Ministerio de Educación Nacional (es decir

cargo total o parcial de la Nación, la interpretación teleológica más plausible sería que la primera puede devengarse simultáneamente con la prestación que reconoce el FOMAG por ser una cuenta adscrita al Ministerio de Educación Nacional (es decir del mismo orden), pero también con la que concedía Cajanal EICE (hoy UGPP) por servicios prestados por otro tipo de servidores públicos nacionales, o bien las otorgadas directamente por las mismas autoridades del mismo nivel como el INDERENA, esto por cuanto la naturaleza de ambas prerrogativas sería diferente y porque no se financian con los mismos recursos.

Adicionalmente, como respaldo a lo anterior, se estima adecuado recordar que aun ante la prohibición constitucional de percibir doble erogación del erario contenida en el artículo 128 superior, la excepcionalidad en materia de personal docente persistió ante la regulación desarrollada en el artículo 19 de la Ley 4ª de 199215, a través del cual se estableció que,

«[…] Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empres as o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:

[…] g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados». (Subrayado de la Sala).

15 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan

la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.»9

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En consecuencia, conforme al marco normativo y jurisprudencial expuesto, es evidente que la pensión gracia sí es compatible con la ordinaria de jubilación, pues tal posibilidad excepcional fue contemplada en una norma legal especial que habilita lo propio, incluso si la segunda prestación en comento está total o parcialmente a cargo de la Nación, ello en la medida en que la diferencia en cuanto a la naturaleza jurídica de ambas prerrogativas just ifica un tratamiento divergente frente al postulado prohibitivo de percibir doble asignación del tesoro público.

Resolución del caso concreto

Sobre la situación particular de la señora Benítez Rodríguez, en primer lugar la Sala destaca que, efectivamente a través de la Resolución 014732 del 28 de diciembre de 1994,16 la extinta Cajanal EICE reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor de la reclamante, ello por haber acreditado los requisitos para el efecto previstos en la Ley 114 de 1913, esencialmente por el hecho de acreditar que laboró

a favor de la reclamante, ello por haber acreditado los requisitos para el efecto previstos en la Ley 114 de 1913, esencialmente por el hecho de acreditar que laboró como docente nacionalizada al servicio del departamento de Santander entre el 1º de enero de 1965 y el 9 de noviembre de 1993 , aspecto que la misma autoridad demandante convalida y no discute en el presente proceso.

Incluso, se observa que esta prestación fue reliquidada con base en la Resolución 18797 del 22 de septiembre de 2003,17 aumentando el valor de la mesada luego de calcularla con el promedio salarial percibido por la accionada durante el último año anterior al retiro definitivo del servicio, lo cual por no ajustarse a la norma en materia de efectividad del derecho, fue demandado por la UGPP al punto de que se declaró la nulidad de dicha decisión en primera instancia, sin que tal aspecto sea objeto de reparo en esta oportunidad, pues la entidad apelante solo ratifica este mismo argumento y la parte pasiva no interpuso recurso de alzada.

Ahora bien, de otro lado se encu entra probado que, en efecto, el entonces INDERENA profirió la Resolución 0593 del 6 de abril de 1995,18 con la que reconoció a favor de la demandada una pensión ordinaria de jubilación en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 , esto es, con fundamento en los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta como tiempo de servicio cotizado, el prestado al departamento de Santander entre el 1º de enero de 1965 y el 14 de febrero de 1977, así como el desempeñado en la primera e ntidad

servicio cotizado, el prestado al departamento de Santander entre el 1º de enero de 1965 y el 14 de febrero de 1977, así como el desempeñado en la primera e ntidad en comento desde el 27 de enero de 1977 y el 30 de enero de 1995.

Con fundamento en este mismo acto, la mencionada autoridad retiró del servicio a la accionada a partir del 7 de abril de 1995 y ordenó el pago de la prestación en cuantía de $191.476 , efectiva a partir del día siguiente al de la ejecutoria del respectivo acto. No obstante, dicho monto fue reajustado mediante la Resolución

16 Folios 100 a 101, C1. 17 Folios 117 a 118, C1. 18 Folios 87 a 88, C1.10

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1264 del 27 de junio de 1995, 19 en el sentido de incrementar el valor de la prerrogativa a la suma de $205.778 por inclusión de nuevos factores salariales.

Determinado lo anterior, la Sala destaca que el eje de discusión en la presente instancia es el de determinar si, como lo estima l a parte actora, las referidas prestaciones son incompatibles y por lo tanto no pueden ser devengadas de manera simultánea por violación directa del artículo 128 constitucional al constituir una doble erogación del Estado, en especial si se tiene en cuenta que la pensión de jubilación

prestaciones son incompatibles y por lo tanto no pueden ser devengadas de manera simultánea por violación directa del artículo 128 constitucional al constituir una doble erogación del Estado, en especial si se tiene en cuenta que la pensión de jubilación está financ