CE - 680012333000201601291011SENTENCIA20231031141611

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-01291-01 (67.833)

Actor: PATRICIA REYES SÁNCHEZ

Demandado: INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE

BARRANCABERMEJA

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: INMOVILIZACIÓN DE AUTOMOTORES POR AUTORIDADES DE TRÁNSITO – Parqueaderos “autorizados” – “Derechos de parqueo” – Responsabilidad del propietario, según el artículo 125 de la Ley 769 de 2002 / Falta de legitimación material en la causa por pasiva / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ABANDONO Y ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS – Artículo 1 de la Ley 1730 de 2014 – Solicitud de propietario para que se adelante tal trámite – Falta de respuesta de la entidad – No constituye una omisión, sino un evento de silencio administrativo negativo / NO RENOVACIÓN DE “AUTORIZACIÓN” PARA PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO – Retiro de automotores / Obligación a cargo de la autoridad de tránsito.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte dem andante contra la sentencia del 10 de septiembre de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte dem andante contra la sentencia del 10 de septiembre de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.

I. S Í N T E S I S D E L C A S O

La señora Patricia Reyes Sánchez –propietaria del establecimiento de comercio “Yariguies”- presentó demanda de reparación directa, por cuanto , a través de acto administrativo, la accionada le habría “impuesto” la prestación del servicio de parqueadero para vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito, durante el lapso comprendido entre el 14 de marzo de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, sin pagar el servicio respectivo, ni hacerse cargo de tales vehículos.

Además, a pesar de las solicitudes formuladas para tal fin, la entidad no inició el trámite de declaración de abandono administrativo de 2.479 vehículos no reclamados por los interesados, para así lograr el pago del servicio.Radicado: 68001-23-33-000-2016-01291-01 (67.833) Actor: Patricia Reyes Sánchez Demandado: Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja Referencia: Medio de control de reparación directa 2

II. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

El 2 de noviembre de 2016 1, la señora Patricia Reyes Sánchez, por medio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa, interpuso demanda contra la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja 2, -en

apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa, interpuso demanda contra la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja 2, -en adelante ITTB-, para que se le declarara responsable : i) “por falla en el servicio y haberse enriquecido injustamente (…)”, con ocasión de la falta de pago del servicio de parqueadero prestado a 2.479 vehículos inmovilizados, “servicio que a la fecha no ha cesado”, y ii) por no haber adelantado el trámite de abandono administrativo de tales automotores, mecanismo que permitía hacer efectivo el pago.

Por perjuicios materiales se solicitaron $12.047’667.595, más intereses.

2. Hechos

En la demanda, en síntesis, se narraron como hechos relevantes los siguientes:

En virtud de la “autorización” dada por la ITTB, mediante la Resolución No. 450 de 2008, prorrogada por medio de la Resolución 1078 del 30 de diciembre de 2011, la señora Patricia Reyes Sánchez , el 14 de marzo de 2008, empezó a prestar el servicio de parqueadero de vehículos inmovilizados en el establecimiento de comercio “Yariguies”.

En dicho establecimiento de comercio , los vehículos permanecían hasta que el interesado comparecía con la orden de entrega, incluido el soporte de pago a favor de la accionada, la cual descontaba el 20% y transfería el 80% al prestador, según las tarifas oficiales.

Como algunos vehículos, finalmente, no fueron retirados, la parte actora , el 9 de septiembre de 2014 y el 24 de noviembre siguiente, con fundamento en el artículo

las tarifas oficiales.

Como algunos vehículos, finalmente, no fueron retirados, la parte actora , el 9 de septiembre de 2014 y el 24 de noviembre siguiente, con fundamento en el artículo 1° de la Ley 1730 de la misma anualidad, le solicitó a la entidad que declarara su abandono administrativo y ordenara el posterior remate, para así lograr el pago del parqueadero de los propietarios renuentes ; sin embargo, la demandada guardó silencio.

1 Folios 73 a 84 del cuaderno principal. 2 La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja es un establecimiento público de orden municipal, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, creado mediante el Acuerdo número 032 del 18 de septiembre de 1985 y el Decreto No. 088 del 13 de julio de 1995.Radicado: 68001-23-33-000-2016-01291-01 (67.833) Actor: Patricia Reyes Sánchez Demandado: Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja Referencia: Medio de control de reparación directa 3

De otro lado, como el 31 de diciembre de 2015 vencía la autorización ot orgada, mediante memorial del 28 de diciembre anterior, la señora Patricia Reyes Sánchez solicitó su prórroga, petición que fue negada y, a pesar de lo cual, la demandada no se hizo cargo de los respectivos vehículos.

En criterio de la demandante, la entidad incurrió en un enriquecimiento sin justa causa, porque, mediante las Resoluciones 450 de 2008 y 1078 del 30 de diciembre de 2011, en virtud de su supremacía o imperium, le impuso la prestación del servicio

causa, porque, mediante las Resoluciones 450 de 2008 y 1078 del 30 de diciembre de 2011, en virtud de su supremacía o imperium, le impuso la prestación del servicio de parqueadero de vehículos inmovilizados, situación que se mantenía para la fecha de la demanda ; además, habría incurrido en falla en el servicio por no cumplir lo dispuesto en la Ley 1730 de 2014 y no adelantar las acciones de cobro pertinentes.

3. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja no contestó la demanda, a pesar de haber sido debidamente notificada3.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 10 de septiembre de 2021 4 , negó las pretensiones de la demanda, porque: i) no se configuró enriquecimiento alguno, dado que el servicio fue prestado en virtud de los actos administrativos de autorización, contexto en el cual los propietarios debían pagar el servicio; y ii) en el marco del trámite de abandono iniciado por la demandada, en virtud de la Ley 1730 de 2014, la demandante tenía la posibilidad de obtener el pago pretendido en el sub lite, de ahí que se configure un daño hipotético.

La parte actora fue condenada en costas, sin que se fijaran agencias en derecho.

5. Recurso de apelación

La parte actora apeló la sentencia de primera instancia 5, por considerar que se acreditó que: i) la demandada, en virtud de su autoridad, le impuso la prestación del servicio de parqueadero, de ahí que le correspondiera pagar los saldos insolutos; ii)

acreditó que: i) la demandada, en virtud de su autoridad, le impuso la prestación del servicio de parqueadero, de ahí que le correspondiera pagar los saldos insolutos; ii) si bien, luego de la demanda, la entidad inició el trámite para declarar el abandono y posterior remate de los automotores objeto de la litis, lo cierto es que, a la fecha del recurso de apelación, no se había logrado tal cometido.

3 Entidad que fue notificada en debida forma, según constancias obrantes de folios 94 a 99 del cuaderno principal. 4 Folios 263 a 271 del cuaderno principal. 5 Folios 277 a 282 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicado: 68001-23-33-000-2016-01291-01 (67.833) Actor: Patricia Reyes Sánchez Demandado: Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja Referencia: Medio de control de reparación directa 4

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, la Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia.

Adicionalmente, la Sala evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales: competencia, demanda en tiempo y legitimación en la causa.

1. Alcance de la segunda instancia

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 10 de septiembre de 2021 , negó las pretensiones, por considerar que no se configuró un enriquecimiento sin causa y el daño no era cierto; conclusiones cuestionadas bajo

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 10 de septiembre de 2021 , negó las pretensiones, por considerar que no se configuró un enriquecimiento sin causa y el daño no era cierto; conclusiones cuestionadas bajo los siguientes cargos: i) la entidad, en virtud de su autoridad, le impuso a la parte actora la prestación del servicio de parqueadero; y ii) el inicio del trámite de abandono de los automotores no enerva el daño, porque la deuda continúa insoluta.

2. Decisión de los cargos de apelación

2.1. La entidad, en virtud de su autoridad, le impuso a la parte actora la prestación del servicio de parqueadero

A juicio del Tribunal Administrativo de Santander , no se configuró un enriquecimiento sin causa, en cuanto: i) entre la parte actora y la entidad se configuró un vínculo derivado de la autorización , y ii) el pago del servicio de parqueadero le correspondía a los propietarios, quienes no efectuaron la consignación pertinente, de ahí que no pueda sostenerse que la entidad recaudó recursos por ese concepto y omitió transferirlos a la parte actora.

La parte demandante apeló las anteriores conclusiones, por considerar que no eran los propietarios, sino la entidad la que deb e pagar el servicio de parqueadero , porque, en virtud de su autoridad, le impuso la prestación de dicho servicio, determinación que no solo se mantuvo hasta la vigencia de la respectiva habilitación -31 de diciembre de 2015-, sino por un período superior.

Lo expuesto, porque, a pesar de su decisión de no prorrogar la autorización y la

determinación que no solo se mantuvo hasta la vigencia de la respectiva habilitación -31 de diciembre de 2015-, sino por un período superior.

Lo expuesto, porque, a pesar de su decisión de no prorrogar la autorización y la consecuente ausencia de vínculo, fue renuente en retirar los automotores que para esa fecha estaban en el parqueadero objeto de la litis, lo que solo ocurrió hasta el 30 de marzo de 2018, en virtud de una orden dada en el marco de una acción deRadicado: 68001-23-33-000-2016-01291-01 (67.833) Actor: Patricia Reyes Sánchez Demandado: Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja Referencia: Medio de control de reparación directa 5

cumplimiento, período dentro del cual, al igual que en el anterior, la custodia de los automotores implicó múltiples gastos que asumió la señora Reyes Sánchez.

En criterio de la apelante, el precio del parqueadero lo debe asumir la demandada y no los usuarios, pues fue tal autoridad la que, sin que mediara voluntad del dueño, la conminó a recibir los automotores llevados por los agentes de tránsito hasta sus instalaciones, sin que se asumiera el costo que ello implicaba, de ahí que se configure un caso de enriquecimiento sin causa.

Para resolver este cargo, la Sala advierte que la situación invocada por la parte actora se dio en dos períodos distintos: a) el primero, durante el lapso en el que la demandante, en virtud de la autorización previa, estuvo habilitada para prestar el servicio de parqueadero: 14 de marzo de 2008 a 31 de diciembre de 2015 ; y, b) el

demandante, en virtud de la autorización previa, estuvo habilitada para prestar el servicio de parqueadero: 14 de marzo de 2008 a 31 de diciembre de 2015 ; y, b) el segundo, desde cuando venció tal habilitación -1° de enero de 2016 -, se negó su prórroga y hasta la fecha de retiro final de los automotores por parte de la accionada.

.2.1.1. Primer período: vigencia de la autorización otorgada por la demandada

A través de la Resolución 450 del 27 de mayo de 2008 6, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja “[a]utoriz[ó] al parqueadero Ya riguies, representado por la señora Patricia Reyes Sánchez”7, a partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2011, para la guarda y custodia legal de l os vehículos inmovilizados por sus agentes de tránsito.

Para la expedición del citado acto administrativo se invocaron como fundamento los parágrafos 6 y 7 del artículo 125 de la Ley 769 de 2002, según los cuales: i) el pago del servicio era obligación del propietario del vehículo , y ii) la autorización de los parqueaderos pertinentes era competencia del organismo de tránsito mediante resolución.

Además, se indicó que las tarifas serían las fijadas por la autoridad de tránsito, por medio de la cual se haría el recaudo, para que después se transfiriera el 80% de lo pagado al propietario del parqueadero y el 20% restante para la entidad.

6 Folios 3 y 4 del cuaderno 1.

medio de la cual se haría el recaudo, para que después se transfiriera el 80% de lo pagado al propietario del parqueadero y el 20% restante para la entidad.

6 Folios 3 y 4 del cuaderno 1. 7 Al respecto, con la demanda se aportó el certificado de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja expedido el 11 de agosto de 2016, según el cual la señora Patricia Reyes Sánchez, con matrícula de persona natural comerciante vigente desde el 22 de mayo de 2008, tenía inscrito a su nombre el establecimiento de comercio denominado parqueadero “ Yariguies”, ubicado en Barrancabermeja (folio 2 del cuaderno 1).Radicado: 68001-23-33-000-2016-01291-01 (67.833) Actor: Patricia Reyes Sánchez Demandado: Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja Referencia: Medio de control de reparación directa 6

Luego, mediante Resolución 1078 del 30 de diciembre de 2011 8, la ITBB prorrogó la autorización inicial, en los mismos términos, hasta el 31 de diciembre de 2015.

En el expediente no obra constancia de notificación de tales resoluciones a la señora Reyes Sánchez; sin embargo, la parte actora durante el trámite del presente proceso ha puesto de presente su conocimiento , pues es, precisamente, en tales actos administrativos que sustenta la prestación del servicio cuyo pago ahora reclama y en algunas comunicaciones previas a la dema nda se hizo alusión a la decisión allí adoptada9.

De otro lado, en la demanda se indicó que a partir del 1° de enero de 2016 la

reclama y en algunas comunicaciones previas a la dema nda se hizo alusión a la decisión allí adoptada9.

De otro lado, en la demanda se indicó que a partir del 1° de enero de 2016 la demandante prestó el servicio de parqueadero a pesar del vencimiento de la autorización previamente concedida, frente a lo cual, mediante informe del 1° de febrero de 2018, allegado al sub lite por la demandada en la etapa probatoria de primera instancia , se sostuvo que la habilitación pertinente estuvo vigente hasta 2017, en virtud de las Resoluciones 005 del 6 de enero de 2016 y 370 del 22 de febrero de 2017, actos administrativos10 a través de los cuales se expidieron nuevas autorizaciones a favor de la demandante, pero solo en lo relacionado con los automotores que quedaron en sus instalaciones al 31 de diciembre de 2015 ; sin embargo, no resultan suficientes para concluir que la autorización se extendió con posterioridad al 1º de enero de 2016 , inclusive, por no haber sido notificados a la parte actora, de ahí que no le resulten oponibles.

En efecto, a través de la Resolución 005 del 6 de enero de 2016, suscrita por el director de la entidad -Alberto Rafael Cotes Acosta -, se autoriza a la demandante para prestar el servicio de parqueadero por 1 año, en relación con los automotores recibidos en su establecimiento de comercio hasta el 31 de diciembre de 2015.

Por medio de la Resolución 0370 del 22 de febrero de 2017 11, la demandada autoriza a la parte actora, por el término de 6 meses más, y en los mismos términos

Por medio de la Resolución 0370 del 22 de febrero de 2017 11, la demandada autoriza a la parte actora, por el término de 6 meses más, y en los mismos términos que la anterior resolución -para los vehículos que recibió hasta el 31 de diciembre de 2015-.

8 Folios 5 y 6 del cuaderno 1. 9 Además, en el expediente obra oficio del 28 de diciembre de 2015, la demandante le solicitó a la demandada que le prorrogara la autorización para prestar el servicio de parqueadero de vehículos inmovilizados, tal como lo había hecho “por más de ocho (8) años” (folios 53 y 54 del cuaderno 1). 10 Los cuales no fueron aportados en la primera instancia, sino que fueron allegados ante esta Corporación, en virtud del auto de decreto de pruebas de oficio proferido por la Subsección el 14 de julio de 2023. 11 Suscrita por el entonces director encargado de la entidad: Joaquín Herazo Meza.Radicado: 68001-23-33-000-2016-01291-01 (67.833) Actor: Patricia Reyes Sánchez Demandado: Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja Referencia: Medio de control de reparación directa 7

En el expediente no obran las constancias de notificación de tales resoluciones, y la demandada no las aportó, a pesar de que, por auto de pruebas de oficio del 14 de julio de 2023, esta Sala le ordenó que allegara dichos documentos.

Incluso, ante la evid encia de que la entidad no cumplió con lo ordenado, por auto del 24 de agosto de 2023, se le instó, sin éxito, para que lo hiciera, frente a lo cual,

Incluso, ante la evid encia de que la entidad no cumplió con lo ordenado, por auto del 24 de agosto de 2023, se le instó, sin éxito, para que lo hiciera, frente a lo cual, mediante escrito del 28 de septiembre siguiente, su apoderado indicó que, agotada la búsqueda respectiva, “no se soporta en el expediente constancia de comunicación de las respectivas resoluciones”.

El artículo 66 de la Ley 1437 de 201112 establece el deber notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto para garantizar su conocimi ento y oponibilidad13, así como materializar los principios de publicidad y contradicción 14; y la omisión en ese sentido implica que “[ no] producirá efectos legales la decisión”, según el artículo 72 ejusdem, en concordancia con la jurisprudencia15. En este caso, como se indicó, no obra la constancia de notificación personal de las resoluciones de autorización de 2016 y 2017, ni prueba alguna que acredite que se hizo por conducta concluyente, incluso, las demás pruebas aportadas lo que permiten inferir es que la entidad en varias comunicaciones le precisó a la parte actora la inexistencia de resoluciones de autorización posteriores al 31 de diciembre de 2015.

En efecto, mediante oficio del 12 de enero de 2016, con constancia de recibido de esa misma fecha y aportado como anexo de la demanda 16, la accionada, por intermedio del funcionario que suscribió la Resolución 005 del 6 de enero anterior, -Alberto Rafael Cotes Acosta -, y al contestar una petición del 28 de diciembre de 201517 , le indicó a la señora Reyes Sánchez que no era posible prorrogar la

-Alberto Rafael Cotes Acosta -, y al contestar una petición del 28 de diciembre de 201517 , le indicó a la señora Reyes Sánchez que no era posible prorrogar la

12 A cuyo tenor: “Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes” (se destaca). 13 BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique. Manual del acto administrativo, Ediciones Librería del Profesional Ltda., sexta edición, páginas 274 y 275. 14 Sobre la notificación de los act os administrativos como elemento esencial del debido proceso, puede consultarse la sentencia dictada el 26 de junio de 2014, por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, M.P: Jorge Iván Palacio Palacio, exp: T-4228203. 15 Al respecto, se reite ra que esta Corporación se ha pronunciado en ese sentido frente a las consecuencias de la falta de notificación de los actos administrativos particulares: i) Sección Primera, auto del 11 de abril de 2023, C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021 -00520; ii) Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de junio de 2022, C.P: William Hernández Gómez, exp: 202100419 ; iii) Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2023, C.P; José Roberto Sáchica Méndez, exp: 54.379, y iv) Sección Cuarta, sentencia del 25 de mayo de 2023, C.P: Milton Chaves García, exp: 2020-00015. 16 Folio 55 del cuaderno 1.

Sáchica Méndez, exp: 54.379, y iv) Sección Cuarta, sentencia del 25 de mayo de 2023, C.P: Milton Chaves García, exp: 2020-00015. 16 Folio 55 del cuaderno 1. 17 Mediante memorial radicado en tal fecha, la demandante le solicitó a la entidad “la prórroga de la autorización”, para continuar con la prestación del servicio, en las condiciones que lo había hechoRadicado: 68001-23-33-000-2016-01291-01 (67.833) Actor: Patricia Reyes Sánchez Demandado: Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja Referencia: Medio de control de reparación directa 8

habilitación para el servicio de parqueadero, y agregó que “me permito agradecer el servicio prestado a la entidad (…), de manera respetuosa la invito a que revisemos la prestación del servicio de parqueo prestado”.

Luego, a través de oficio del 22 de febrero de 2016, el mismo funcionario -Alberto Rafael Cotes Acosta-, en respuesta a otra solicitud de la demandante, a la cual se le dio trámite en virtud de una acción de tutela 18 , reitera que el parqueadero Yariguies “no cuenta con autorización del Organismo de Tránsito, tal como lo establece el artículo 125 del Código Nacional de Tránsito” y le informa que el 29 de febrero siguiente, previo inventario, deberá entregar los automotores que tiene en su poder, fecha a partir de la cual quedarán “ bajo la guarda de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja” 19.

En los oficios citados, el director de la entidad en modo alguno hizo alusión a la

su poder, fecha a partir de la cual quedarán “ bajo la guarda de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja” 19.

En los oficios citados, el director de la entidad en modo alguno hizo alusión a la resolución de autorización del 6 de e nero de 2016, incluso, distinto a lo allí consagrado, le señaló a la parte actora que deb ía entregar todos los automotores, pues, por falta de habilitación, quedarían bajo custodia de la autoridad de tránsito.

Así las cosas, la Sala concluye que, a partir del 31 de diciembre de 2015, en el presente caso no tuvo efecto autorización alguna, pues los actos administrativos expedidos para tal fin no son oponibles a la demandante Patricia Reyes Sánchez, máxime cuando con posterioridad a la expedición de la Resolución 005 del 6 de enero de 2016 -con plazo hasta el 6 de enero de 2017-, el director de la entidad se manifestó en dos oportunidades, entre enero y febrero de la misma anualidad, en el sentido de precisar que la demandante ya no contaba con habilitación.

En lo relacionado con la Resolución 0370 del 22 de febrero de 2017, con plazo de vigencia de 6 meses, la Sala observa que, aunada a su ausencia de notificación, su

hasta la fecha, según lo previsto en el artículo 125 de la Ley 769 de 2002 (Folios 53 y 54 del cuaderno 1). 18 Sobre este punto obra un escrito de respuesta a una demanda de tutela radicada ante el Juzgado 1° Civil Municipal de Floridablanca, en el que la entidad manifiesta que le dio trámite a la solicitud de

1). 18 Sobre este punto obra un escrito de respuesta a una demanda de tutela radicada ante el Juzgado 1° Civil Municipal de Floridablanca, en el que la entidad manifiesta que le dio trámite a la solicitud de la parte actora mediante oficio del 22 de febrero de 2016, del cual allega copia. Tal contestación tiene sello de radicado del 25 de febrero de 2016. A este asunto fue allegada la respuesta emitida en tal oportunidad, que corresponde a la que la Sala toma como referencia para señalar que la entidad puso de presente la inexistencia de acto administrativo alguno de autorización para enero de 2016 (folios 56 a 59 del cuaderno 1). 19 Al respecto, se sostuvo (se transcribe literal, incluso con posibles errores): “El inventario se iniciará el día lunes 29 de febrero de la presente anualidad a las 7:00 a.m. en las instalaciones del Parqueadero Yariguies (Carrera 15 No. 47-53 Barrio Buenos Aires de esta ciudad). Una vez se vaya realizando el inventario físico de cada uno de los vehículos bajo su custodia, debe proceder a la entrega de los mismos a los funcionarios antes mencionados, a partir de cuyo momento quedan bajo la guarda de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja ” (folio 61 del cuaderno 1).Radicado: 68001-23-33-000-2016-01291-01 (67.833) Actor: Patricia Reyes Sánchez Demandado: Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja Referencia: Medio de control de reparación directa 9

expedición se hizo de oficio 20, sin que la decisión estuviese precedida de una solicitud de la parte actora.

Barrancabermeja Referencia: Medio de control de reparación directa

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expedición se hizo de oficio 20, sin que la decisión estuviese precedida de una solicitud de la parte actora.

En efecto, en la parte considerativa de tal acto administrativo no se invocó como fundamento alguna solicitud de la demandante en el sentido de que se le autorizara la prestación del servicio para 2017, pues a lo que hizo referenci a la entidad fue a las autorizaciones precedentes, siendo la última la que habría estado vigente hasta el 6 de enero de 2017, es decir, la contenida en la Resolución 005 del 6 de enero de 2016, que por las razones que se explicaron no resultaba oponible a la parte demandante.

De este modo, la Sala advierte que, a diferencia de la Resolución 005 del 6 de enero de 2016, frente a la Resolución 0370 del 22 de febrero de 2017 la entidad no expidió comunicación alguna en la que sostuviera la inexistencia de habilitación para ese año, lo que no es óbice para concluir que dicho acto administrativo, al igual que el primero, tampoco resulta oponible, en cuanto se profirió sin que la demandante lo hubiese solicitado y, por ende, sin que estuviese al tanto del trámite, al punto de que no le fue notificado.

Establecido que la parte actora estuvo habilitada entre el 27 de mayo de 2008 y el 31 de diciembre de 2015 para prestar el servicio de parqueadero para los vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito por parte de la autoridad , la Subsección establecerá si la entidad debe pagar el servicio causado durante tal lapso.

31 de diciembre de 2015 para prestar el servicio de parqueadero para los vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito por parte de la autoridad , la Subsección establecerá si la entidad debe pagar el servicio causado durante tal lapso.

2.1.2. Sujeto a cargo del pago del servicio de parqueadero durante el período de autorización

Como se explicó, a través de las Resoluciones 450 de 2008 y 1078 de 2011, la ITBB autorizó a la señora Patricia Reyes Sánchez para prestar el servicio de parqueadero de los vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito, para lo cual se establecieron condiciones como: i) el pago lo asumiría el respectivo propietario, y ii)

20 Al respecto, en tal acto administrativo se sostuvo (se transcribe literal, incluso con posibles errores): “Que el parqueadero Yariguies ha func ionado como parqueadero autorizado de este organismo de tránsito por varias vigencias y la última autorización expiró el 6 de enero de 2017 , no obstante, en la actualidad mantiene la custodia de vehículos recibidos hasta el 31 de diciembre de 2015, los cuales por diversas razones no han sido retirados por sus propietarios. (…) Que, dado que la presente no es una nueva autorización, sino una extensión de la facultad de retención y custodia sobre los vehículos que hasta el 31 de diciembre de 2015 fueron recibidos por el parqueadero Yariguies, la Inspección de Tránsito y Transp orte de Barrancabermeja mantiene las condiciones plasmadas en las resoluciones anteriores” (se destaca).Radicado: 68001-23-33-000-2016-01291-01 (67.833)

Actor: Patricia Reyes Sánchez

condiciones plasmadas en las resoluciones anteriores” (se destaca).Radicado: 68001-23-33-000-2016-01291-01 (67.833) Actor: Patricia Reyes Sánchez Demandado: Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja Referencia: Medio de control de reparación directa 10

las tarifas serían las fijadas por la autoridad de tránsito, por intermedio de la cual se haría el recaudo.

Además, se precisó que tales actos administrativos se expedían con fundamento en el artículo 125 de la Ley 769 de 2002, a cuyo tenor:

“Artículo 125. Inmovilización. La inmovilización en los casos a que se refiere este código, consiste en suspender temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público. Para tal efecto, el vehículo será conducido a parqueaderos autorizados que determine la autoridad competente, hasta que se subsane o cese la causa que le dio origen, a menos que sea subsanable en el sitio que se detectó la infracción.

Parágrafo 4o. En el caso de inmovilización de vehículos de servicio público, la empresa transportadora responderá como deudor solidario de las obligaciones que se contraigan, entre ellas las derivadas de la prestación del servicio de grúa y parqueaderos.

Parágrafo 5o. Cuando el vehículo no sea llevado a parqueaderos autorizados la inmovilización se hará bajo la responsabilidad del propietario del vehículo o del infractor, para lo cual, el agente de tránsito notificará al propietario o administrador del parqueadero autorizado.

autorizados