CE - 680012333000201800601011AUTOQUERECHAZ20230209095023

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - 680012333000201800601011AUTOQUERECHAZ20230209095023
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00601-01 (0194-2023)

Demandante: Myriam Orozco Sierra

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., siente (7) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 68001-23-33-000-2018-00601-01 (0194-2023)

Demandante: UGPP

Demandada: MYRIAM OROZCO SIERRA

Tema: Improcedencia de apelación contra el auto que negó una medida cautelar

AUTO SEGUNDA INSTANCIA

Ley 1437 de 2011 Interlocutorio O-2023

ASUNTO

El Consejo de Estado decide sobre el recurso de apelación interpuesto por la UGPP, contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 10 de agosto de 2020, a tr avés del cual se negó el decreto de una medida cautelar.

ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social presentó demanda en ejercicio del m edio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra la señora Myriam Orozco Sierra. Dentro del trámite la parte demandante solicitó como medida cautelar la suspensión de los efectos de las siguientes resoluciones:

  • PAP 043598 del 11 de marzo de 2011, mediante la cual se reconoció

Sierra. Dentro del trámite la parte demandante solicitó como medida cautelar la suspensión de los efectos de las siguientes resoluciones:

  • PAP 043598 del 11 de marzo de 2011, mediante la cual se reconoció una pensión de vejez. - RDP 04361 del 20 de septiembre de 2013 , por medio de la cual se reliquidó la pensión. - RDP 05572 del 28 de diciembre de 2015 , por la cual se reconoció una pensión de sobrevivientes a favor de la demandada.

El Tribunal Administrativo de S antander, a través de provid encia del 10 de agosto de 2020 , negó la solicitud de susp ensión, decisión que fue recurrida en reposición y en subsidio apelación p or la UGPP con fundamento en los artículos 242 del CPACA y 321 del CGP.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00601-01 (0194-2023)

Demandante: Myriam Orozco Sierra

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Posteriormente el a quo mediante auto del 2 7 de septiembre de 2022 no repuso la negativa de la medida cautelar y concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación.

CONSIDERACIONES

La providencia impugnada no es susceptible de apelación, lo que impide al Consejo de Estado abordar el estudio de fondo del recurso interpuesto, esto de conformidad con los argumentos que se exponen a continuación.

Transición normativa

Para el estudio del pre sente asunto resulta de gran importancia citar el contenido del artículo 624 del CGP , que modificó el 40 de la Ley 153 de

1887. Veamos el contenido de esta disposición:

Transición normativa

Para el estudio del pre sente asunto resulta de gran importancia citar el contenido del artículo 624 del CGP , que modificó el 40 de la Ley 153 de

1887. Veamos el contenido de esta disposición:

Artículo 624 . Modifíquese el artículo 4 0 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias c onvocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando s e interpusiero n los recursos, se decretaron las pruebas, se i niciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

Como se l ee, la prev alencia normativa es un tema relevante para llevar a cabo todas las actuaciones pr ocesales de ntro d e un asunto ju dicial. Claramente, se tra za una pauta que es aplicable en todas las etapas del proceso, la cual determina, como regla general , que las leyes re lacionadas con la sustanciación de los juicios prevalece n sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

proceso, la cual determina, como regla general , que las leyes re lacionadas con la sustanciación de los juicios prevalece n sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Para el debate que ahora nos ocup a, debe precisarse qu e la regla anterior tiene excepciones , casos en los cuales debe dar se aplicación a l as leyes vigentes al presentarse esos es cenarios procesales y que se relacionan de manera expresa en el aparte normativo citado, a saber:

✓ Los recursos interpuestos ✓ La práctica de pruebas decretadasRadicación: 68001-23-33-000-2018-00601-01 (0194-2023)

Demandante: Myriam Orozco Sierra

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✓ Las audiencias convocadas ✓ Las diligencias iniciadas ✓ Los términos que hubieren comenzado a correr ✓ Los incidentes en curso ✓ Las notificaciones que se estén surtiendo

Así las cosas, el legislador previó que los asuntos atrás enlistados, se regirán por la norma vigente cuando se interpusieron los recursos, se de cretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, em pezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

En otras palabras, cuando en un proceso judicial se surten esas actuaciones, la norma vigente al momento de promoverlas o iniciarlas, será la que rija todo ese acto procedi mental. Ahora, esta misma línea de prev alencia no rmativa fue consagrada en la Ley 2080 de 20211, que modificó varios de los artículos de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo

ese acto procedi mental. Ahora, esta misma línea de prev alencia no rmativa fue consagrada en la Ley 2080 de 20211, que modificó varios de los artículos de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normat iva. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales sol o se aplica rán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley p ara los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas proc esales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos inte rpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificacio nes que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando s e

decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificacio nes que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando s e interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Subraya fuera de texto.

De esta manera, se estima que en aquellos casos en los cuales se presenten los escenarios procesales enlistados, será la norma anterior, Ley 1437 de 2011, sin sus modificaciones, la que rija esa actuación de principio a fin, dado

1 Ley que entró en vigencia el 25 de enero de 2021.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00601-01 (0194-2023)

Demandante: Myriam Orozco Sierra

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que así lo dispusieron el artículo 624 del C ódigo General del Proceso y el artículo 86 de la Ley 2080.

Según los antecedentes del asunto bajo examen, el auto que negó la medida cautelar de suspensión provisional se profirió el 10 de a gosto de 2020 y la interposición de los recurso s de reposición y en s ubsidio apelación fueron presentados el 18 del mismo mes y año.

Si bien el a quo concedió el recurso de alzada interpuesto, debe considerarse que el mismo resu lta improcedente bajo el pre supuesto de que las normas que rigen la apelación presentada en el caso concreto , son aquellas relacionadas con la Ley 1437 de 2011 , sin la s modificaciones introduci das

que el mismo resu lta improcedente bajo el pre supuesto de que las normas que rigen la apelación presentada en el caso concreto , son aquellas relacionadas con la Ley 1437 de 2011 , sin la s modificaciones introduci das por la Ley 2080 de 2021, lo cua l tra e como consecuencia que no pueda aplicarse el nuevo ordinal 5.° del artículo 243 del CPACA.

Bajo este entendido, el recurso propuesto debe estudiarse, se reitera, bajo la preceptiva del artículo 243 de la L ey 1437, sin la modificación del artículo 6 2 de la Ley 2080 de 2021, lo qu e permite evidencia r su i mprocedencia, como se estudia seguidamente.

Del recurso de apelación

La regulación sobre el recurso de a pelación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se dispuso mediante el artículo 243 del CPACA de la siguiente manera:

Artículo 243. Ap elación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que decret e un a med ida cau telar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.

6. El que decreta las nulidades procesales.

podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.

6. El que decreta las nulidades procesales.

7. El que niega la intervención de terceros.

8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.

9. El que deniegue el decreto o prác tica de alg una prueba pedida oportunamente.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00601-01 (0194-2023)

Demandante: Myriam Orozco Sierra

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Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacion ados anteriormente, serán ape lables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia.

El recurso de apelación se conce derá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artícu lo, que se concederán en el efecto devolutivo.

Parágrafo. La apelación solo procederá de con formidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil. (Subraya fuera de texto)

Este recurso, como todos los medios de impugnación, tiene como finalidad otorgar al recurrente una opo rtunidad de defensa que le permita controvertir los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión debatida.

Ahora, es importante precisar que el legislador den tro del margen de configuración con el que cuenta para prescribir los recursos y medios de defensa disponibles, así como su procedencia, oportunidad y t rámite,

Ahora, es importante precisar que el legislador den tro del margen de configuración con el que cuenta para prescribir los recursos y medios de defensa disponibles, así como su procedencia, oportunidad y t rámite, consideró que los autos a que se refieren los numerales 1 .°, 2.°, 3.° y 4.° del artículo transcrito, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia.

En efecto, pa ra el c aso de los autos que se pr ofieren por los tribunales en primera instancia, la norma en cita prevé una regla precisa de procedencia del recurso de apelación, específicamente, refiere que el medio de impugnación puede ser interp uesto frente a aquel los autos que: i) rechacen la demand a, i i) decreten medi das cautelares y resuelven incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trá mite, iii) los que pongan fin al proceso y iv) los que aprueben conciliaciones extrajudiciales o judiciales, cuando el recurso sea presentado por el Ministerio Público.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en auto de importancia jurídica2, abordó el tema sobre la interpretación del artículo 243 del CPACA, en los siguientes términos:

De lo anterior, se tiene que la nueva disposición incorporó dos reglas de procedencia del recurso de apelación de autos: i) el primero, que se refiere a la naturaleza de la decisión y, para ello, se estableció un listado de providencias pasibles de impugn ación, y ii) el segundo, de caráct er subjetivo, en atención al juez que profiere el auto, toda vez que todos los autos a que se refiere la norma proferidos por los Jueces

de providencias pasibles de impugn ación, y ii) el segundo, de caráct er subjetivo, en atención al juez que profiere el auto, toda vez que todos los autos a que se refiere la norma proferidos por los Jueces Administrativos serán apelables, mientras que, de conformidad con el inciso tercero d el artículo 243, tratándose de dec isiones adoptadas por los Tribunales Administrativos sólo lo serán las contenidas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del mismo precepto, esto es, aquellos que pongan

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 25/06/2014, Rad.: 25000-23-36-000-2012-00395-01 (IJ), interno 49299.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00601-01 (0194-2023)

Demandante: Myriam Orozco Sierra

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fin al proceso, los que rechacen la demanda, el que decrete una medida cautelar, y el que apruebe una conciliación prejudicial o judicial.

De acuerdo con los presupuestos fácticos y jurídicos del caso concreto, como el recurso de apelación interpuesto por la UGPP lo hizo contra una decisión que negó el decreto de una medida cautelar, resulta claro que este medio de impugnación resulta improcedente, teniendo en cuenta que no se cuestiona un auto de los enlistados en los numerales 1.° a l 4.° del artículo 243 del CPACA, frente a los cuales sí podía de interponerse el recurso de apelación cuando la decisión es adoptada por los tribunales en el trámite de la primera instancia.

CPACA, frente a los cuales sí podía de interponerse el recurso de apelación cuando la decisión es adoptada por los tribunales en el trámite de la primera instancia.

Bajo los anteriores argumentos, tampoco resulta de recibo el planteamiento que se hizo al momento de interponer el recurso, s obre su procedencia con fundamento en el artículo 321 del CGP, porque para el c aso puntual no resulta necesario acudir a la remisión normativa, ten iendo en cuenta que en nuestra codificación está regulado el tema, tal como se abordó líneas atrás.

En conclusión : como el legis lador no previó la procedencia d e la alzada frente al auto que niega el decreto de un a medi da cautelar , cuando es proferido por los tribunales en vigencia de la Ley 1437 de 2011, que como se señaló es la disposición que rige esta actuación sin la mod ificación de l artículo 62 de la Ley 20 80 de 2021, es evidente que esta decisión no puede ser controvertida a través de este medio de impugnación.

En consecuencia, debe rechazarse por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 10 de agosto de 2020.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

Primero: Rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 10 de agosto de 2020, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa.

Segundo: Realizar las anotaciones correspondien tes y ejecutoriada es ta providencia, devolver el expediente digital al tribunal de origen.

de agosto de 2020, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa.

Segundo: Realizar las anotaciones correspondien tes y ejecutoriada es ta providencia, devolver el expediente digital al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Firmado electrónicamenteRadicación: 68001-23-33-000-2018-00601-01 (0194-2023)

Demandante: Myriam Orozco Sierra

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