CE - 680012333000201900300011SENTENCIASENTENCIA20231027125314
Detalles
- Título
- CE - 680012333000201900300011SENTENCIASENTENCIA20231027125314
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00300-01 (27382)
Demandante: Inversiones Reina del Fonce S.A.S.
FALLO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO Radicación: 68001-23-33-000-2019-00300-01 (27382)
Demandante: INVERSIONES REINA DEL FONCE S.A.S.
Demandado:
DIAN Temas : Impuesto sobre la renta año 2014. Beneficio de progresividad Ley 1429 de 2010. Sanción por inexactitud. Sanción al represe ntante legal y al revisor fiscal.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia del 2 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
sentencia del 2 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
La parte resolutiva de la sentencia apelada dispuso lo siguiente 1:
“PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial de Revisión No. 042412017000075 24 de noviembre de 2017 del impuesto de renta por el año gravable 2014 y de la Resolución No. 011989 del 26 de noviembre de 2018, por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración confirmando la respectiva Liquidación.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del dere cho DECLARAR que no hay lugar a imponer la sanción por inexactitud, así como sanción a los señores Iván Darío Reina Mutis y Gustavo Barreto Martínez en su calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de la sociedad INVERSIONES REINA DEL FONCE S.A.S., respectivamente; las cuales fueron determinadas por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES en la liquidación oficial No. 042412017000075 del 24 de noviembre de 2017 y confirmadas en la Resolución No. 011989 del 26 de noviembre de 2018, por medio de l a cual se resuelve el recurso de reconsideración, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones.
TERCERO. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme la parte motiva.
CUARTO: NO SE CONDENA en costas de acuerdo con lo señalado en las consideraciones de esta sentencia.
TERCERO. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme la parte motiva.
CUARTO: NO SE CONDENA en costas de acuerdo con lo señalado en las consideraciones de esta sentencia.
1 Índice 2 del SAMAI.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00300-01 (27382)
Demandante: Inversiones Reina del Fonce S.A.S.
FALLO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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QUINTO: Una vez en firme esta providencia sin que las partes promuevan recurso alguno, por secretaría de la Corporación y previas las constancias de rigor en el Sistema Justicia Siglo XXI, archívese el expediente.”
ANTECEDENTES
Inversiones Reina del Fonce S.A.S. presentó declaración del impuesto sobre la renta del año 2014, el 25 de abril de 2015 con saldo a pagar de $02.
Mediante el Requerimiento Especial 042382017000009 de 16 de marzo de 2017, la Dirección de Impuestos y A duanas Nacionales – en adelante DIAN – propuso desconocer el beneficio de progresividad de que trata la Ley 1429 de 2010 , rechazar costos y deducciones e imponer sanci ón por inexactitud, sanción al representante
desconocer el beneficio de progresividad de que trata la Ley 1429 de 2010 , rechazar costos y deducciones e imponer sanci ón por inexactitud, sanción al representante legal y sanción al revisor fiscal, para un total saldo a pagar de $767.156.0003.
El 20 de junio de 2017, la actora , su representante legal y su revisor fiscal respondieron el requerimiento especial y se opusieron a la totalidad de las glosas allí contenidas4.
La administración tributaria profirió Liquidación Oficial de Revisión 042412017000075 del 24 de noviembre de 2017, en los términos del acto preparatorio 5.
Contra el acto anterior, la contribuyente su representante legal y su revisor fiscal interpusieron recurso de reconsideración el 26 de ene ro de 2018 desatado mediante Resolución 011989 del 26 de noviembre de 2018, que confirmó en su totalidad el acto recurrido6.
DEMANDA
La actora en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formuló las siguientes pretensiones 7:
“Con fundamento en los hechos expuestos y previos los trámites del proceso ordinario contencioso-administrativo, solicito las siguientes o similares:
1. DECLARAR configurado el silencio administrativo positivo frente al Recurso de Reconsideración formulado por la compañía INVERSIONES REINA DEL FONCE SAS y su Representante Legal IVAN DARÍO REINA MUTIS contra la Liquidación Oficial de Revisión No . 042412017000075 del 24 de noviembre de 2017 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Direcció n Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.
Liquidación Oficial de Revisión No . 042412017000075 del 24 de noviembre de 2017 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Direcció n Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.
2. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 011989 de fecha 26 de noviembre de 2018, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, por medio de la cual
2 Índice 2 del SAMAI. Antecedentes administrativos 002 página 15. 3 Índice 2 del SAMAI. Antecedentes administrativos 004 páginas 4 a 22. 4 Índice 2 del SAMAI. Antecedentes administrativos 005 páginas 28 a 50 , Antecedentes administrativos 006 páginas 1 a 11 y 19 a 48. 5 Índice 2 del SAMAI. Antecedentes administrativos 007 páginas 21 a 47. 6 Índice 2 del SAMAI. Antecedentes administrativos 008 páginas 11 a 47, Antecedentes administrativos 009 páginas 38 a 50 y. Antecedentes administrativos 010 páginas 1 a 20. 7 Índice 2 del SAMAI.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00300-01 (27382)
Demandante: Inversiones Reina del Fonce S.A.S.
FALLO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo p uede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador 3 se resuelve negativamente el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisión del impuesto de Renta del periodo gravable 2014 No. 042412017000075 del 24 de noviembre de 2017, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, donde la DIAN determina un mayor saldo a pagar de impuesto por un valor de $383.578.000, sanción de inexactitud por valor de $383.578.000 sobre la declaración privada del impuest o sobre la renta correspondiente al año 2014. Adicionalmente, se impone una sanción al representante legal por valor de $76.716.000 y una sanción al revisor fiscal por valor de $76.716.000.
3. DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión del Imp uesto de Renta del periodo gravable año 2014 No. 042412017000075 del 24 de noviembre de 2017, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, donde la DIAN determina un mayor saldo a paga r de impuesto por un valor de $383.578.000, sanción de inexactitud por valor de $383.578.000 sobre la declaración privada del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2014.
Adicionalmente, se impone una sanción al representante legal por valor de
$383.578.000, sanción de inexactitud por valor de $383.578.000 sobre la declaración privada del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2014. Adicionalmente, se impone una sanción al representante legal por valor de $76.716.000 y una sanción al revisor fiscal por valor de $76.716.000.
4. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucar amanga de la DIAN, archivar el proceso de determinación del tributo y dejar en firme la declaración privada del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2014.
5. Que se condene en costas.
6. Que se profiera sentencia dentro de los parámetros establecido s en el Capítulo VI de la Ley 1437 de 2011.”
La demandante invocó como normas violadas, las siguientes:
Artículos 29, 83, 84 y 363 de la Constitución Política. Artículos 683, 730, 732 y 734 del Estatuto Tributario. Artículo 2 de la Ley 1429 de 2010. Artículo 1 del Decreto Reglamentario 4910 de 2011.
El concepto de la violación se sintetiza así:
Violación al debido proceso y falta de notificación de la resolución demandada
Manifestó que la DIAN violó el debido proceso de la demandante y su representante legal ya que no les notificó personalmente, ni por ningún otro medio , la Resolución 011989 de 26 de noviembre de 2018. La notificación al revisor fiscal no implica que la
Manifestó que la DIAN violó el debido proceso de la demandante y su representante legal ya que no les notificó personalmente, ni por ningún otro medio , la Resolución 011989 de 26 de noviembre de 2018. La notificación al revisor fiscal no implica que la sociedad y su representante legal se entiendan notificados , lo que conllevó a que acaeciera el silencio administrativo positivo.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00300-01 (27382)
Demandante: Inversiones Reina del Fonce S.A.S.
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo p uede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador 4 Beneficio de progresividad en el impuesto sobre la renta
Alegó que cumplió con los requisitos para acceder al beneficio de progresividad del impuesto sobre la renta. Expuso que del literal b) numeral 3 del ar tículo 6 del Decreto 4910 de 2011 no se infiere la obligación de contratar trabajadores.
Dijo que la Ley 1429 de 2010 indicó un número máximo de 50 trabajadores, pero no un número mínimo. En ese sentido, al exigir un requisito que no prevé la norma para acceder al beneficio de progresividad, la DIAN vulneró los principios de legalidad y lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política.
Estimó que la norma es clara y que por tanto, debe entenderse en su sentido literal.
acceder al beneficio de progresividad, la DIAN vulneró los principios de legalidad y lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política.
Estimó que la norma es clara y que por tanto, debe entenderse en su sentido literal. Alegó que aun cuando se es tudie el espíritu de la norma, se observa que la generación y formalización de empleo no es el único objetivo del legislador, pues también existen incentivos para la formalización empresarial como es el beneficio de progresividad.
Falta de valoración probatoria. Improcedencia del rechazo de costos
Explicó que suscribió un contrato de cuentas en participación en el que se generó un costo por concepto de las utilidades del socio oculto.
Apreció que está demostrado que los contratos existieron y son válidos. Además, en ellos se observa claramente, a pesar de los errores de transcripción, qui énes suscribieron el contrato y en qué calidad actuaron . Por tanto, constituyen prueba de las operaciones económicas que realizaron las partes y no fueron valorados por e l fisco.
Sustentó que para el socio gestor son deducibles las utilidades pagadas a los partícipes ocultos y así lo declaró la demandante.
Falta de valoración probatoria. Improcedencia del rechazo de deducciones
Sostuvo que la compañía se comprometió a la venta y transporte de carbón a otra sociedad, pero incumplió por razones atribuibles a la actora. En esa medida, el tercero a título de sanción le exigió pagar el valor del transporte del material en que tuvo que incurrir por su incumplimiento . Advirtió que la deducción está soportada en una factura emitida por su cliente.
tercero a título de sanción le exigió pagar el valor del transporte del material en que tuvo que incurrir por su incumplimiento . Advirtió que la deducción está soportada en una factura emitida por su cliente.
Improcedencia de la sanción por inexactitud
Alegó que la sanción por inexactitud no procede, pues el artículo 647 del Estatuto Tributario no consagra como hecho sancionable la aplicac ión de beneficios tributarios que prevén una tarifa menor. Adicionalmente, la accionante cuenta con todos los soportes que demuestran y acreditan la realidad de las operaciones que realizó en el periodo gravable, y que no fueron valorados por el fisco.
Dijo que las cifras declaradas son completas y verdaderas, pues corresponden a la realidad de sus operaciones. Aseguró que , en este caso, el debate se centra en la interpretación de la norma.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00300-01 (27382)
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo p uede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador 5 Sanciones al representante legal y al revisor fiscal
Apreció que las sanciones al representante legal y al revisor fiscal no son aplicables porque no se incurrió en alguno de los hechos sancionables descritos en el artículo
5 Sanciones al representante legal y al revisor fiscal
Apreció que las sanciones al representante legal y al revisor fiscal no son aplicables porque no se incurrió en alguno de los hechos sancionables descritos en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario, sino que se trató de una falta de valoración probatoria por parte de la administración.
Sanción por violación a la profesión contable
Indicó que los actos demandados se ref irieron a la sanción por violación a la profesión contable, la cual no fue aplicada por la DIAN por ser competencia de la Junta Central de Contador es. Aseguró que no se cometió ninguna falta disciplinaria, ya que se cumplieron con las obligaciones, principios y procedimientos propios del papel del revisor fiscal en la compañía.
Suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certific ar pruebas con destino a la administración tributaria
Aclaró que la sanción establecida en el artículo 660 del Estatuto Tributario sólo procede cuando el fisco haya determinado una inexactitud en los datos contables consignados en la declaración privada , lo que en este caso no ocurrió porque las cifras declaradas son completas y verdaderas.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN, se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos 8:
De la v iolación al debido proceso y falta de notificación de la resolución demandada
Puntualizó que para notificar la resolución que resolvió el recurso de reconsideración al representante legal, remitió el oficio citatorio de notificación personal a la dirección procesal que él informó en el recurso de reconsid eración, el cual fue recibido. Así,
al representante legal, remitió el oficio citatorio de notificación personal a la dirección procesal que él informó en el recurso de reconsid eración, el cual fue recibido. Así, una vez transcurrieron 10 días sin que compareciera a notificarse personalmente, la entidad procedió a notificarlo por edicto, con lo cual cumplió estrictamente lo previsto por la norma para el efecto , por lo que concluyó que se notificó en debida forma a la contribuyente y su representante legal.
En esa medida, estimó que no acaeció el silencio administrativo positivo.
Del beneficio de progresividad en el impuesto sobre la renta
Manifestó que en el año siguiente al d e su creación, la demandante obtuvo ingresos por cuantía de $1.534.312.000, y pese a ser una suma considerable, no vinculó personal para su obtención. Aseguró que a la actora no se le exigió que al momento de su constitución contara con personal, sino que se cuestionó que aunque dijo haber desarrollado una actividad económica, no demostró quién la ejecutó.
Expuso que el propósito de la Ley 1429 de 2010 era la generación de empleo. Señaló que en el expediente se evidencia que los ingresos de la demandante s e
8 Índice 2 del SAMAI.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00300-01 (27382)
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo p uede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador 6 generaron de un contrato de cuentas en participación en el que actuó como socio oculto y en el que recibió como contraprestación las utilidades generadas . Afirmó que esos ingresos no pueden ampararse en la exención prevista en la Ley 1429 de 2010 .
Sostuvo que la demandante no cumplió con el requisito de generar nuevos empleos lo que hace improcedente el beneficio de progresividad en el impuesto sobre la renta y corresponde imponer las sanciones que prevé dicha norma para el efecto.
De la falta de valoración probatoria. Improcedencia del rechazo de costos
Sustentó que los yerros en los contratos van mucho más allá de ser meramente tipográficos, porque son incongruencias respecto de las partes que suscriben los contratos y en el objeto al que se compromet en, de modo que no pueden ser tenidos como prueba.
Advirtió que el tratamiento contable dado por la demandante es incongruente con las disposiciones contables sobre los contratos de cuentas en participación , porque los registros no se llevaron en cuentas de orden.
De la falta de valoración probatoria. Improcedencia del rechazo de deducciones
Explicó que para la procedencia de costos y deducciones y establecer la efectiva
registros no se llevaron en cuentas de orden.
De la falta de valoración probatoria. Improcedencia del rechazo de deducciones
Explicó que para la procedencia de costos y deducciones y establecer la efectiva realización de una operación, es necesario allegar pruebas idóneas que demuestren las circunstancias de tiempo, modo y lugar de dichas transacciones y que acrediten el cumplimiento de los requisitos de los artículos 107 y 771-2 del Estatuto Tributario.
Comentó que el fisco tomó como un hecho confesado , que la actora pagó una sanción por incumplimiento de un contrato, bajo ese supuesto, estimó que esta erogación incumple los requisitos del artículo 107 ibidem, debido a que cualquier tipo de sanción por incumplimiento que un contribuyente deba pagar, no puede predicarse necesaria.
De la improcedencia de la sanción por inexactitud
Estimó que la imposición de la sanción por inexactitud se ajustó a derecho, pues se incurrió en conductas que sancionable s como son el uso de una exención a la que la sociedad no tenía derecho por no cumplir con l os requisitos para acogerse al ella, y la inclusión de costos y deducciones que no estaban debidamente soportadas .
Respecto a la exoneración de la sanción, destacó que según la jurisprudencia no hay diferencia de criterios cuando se presenta un desconocim iento del derecho aplicable, como ocurre en este caso , que se omitió el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para acceder al beneficio de progresividad.
De las sanciones al representante legal y al revisor fiscal
Aclaró que según lo dis puesto en el artículo 658 -1 del Estatuto Tributario, en el
por la ley para acceder al beneficio de progresividad.
De las sanciones al representante legal y al revisor fiscal
Aclaró que según lo dis puesto en el artículo 658 -1 del Estatuto Tributario, en el presente caso se estableció como irregularidad sancionable la inclusión de costos y deducciones inexistentes.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00300-01 (27382)
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo p uede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador 7 Por lo tanto , no hay lugar a hacer un juicio de valor respecto de las conductas de estas personas, para establece r si procede o no la sanción, pues lo cierto es que ellos firmaron la declaración privada sin salvedad y ésta fue modificada por la administración para rechazar costos y gastos.
Se abstuvo de referirse a las sanciones por violac ión a la profesión contable y a la sanción de suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destino a la autoridad tributaria, toda vez que éstas no hicieron parte de los actos administrativos demandados.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Las razones de la decisión se resumen así 9:
los actos administrativos demandados.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Las razones de la decisión se resumen así 9:
De la violación al debido proceso y falta de notificación de la resolución demandada
Especificó que la DIAN envió el aviso de citación de notificación personal al representante legal a la dirección procesal que él señaló en el recurso de reconsideración. Dado que no compareció a notificarse personalmente dentro del término legal , se cum plió con lo ordenado por la norma aplicable y que no operó el silencio administrativo positivo. Negó el cargo.
Rechazo de costos
Aseguró que las irregularidades que halló el fisco en los contratos No. 001-14 y No. RB-001-14 impiden que estos se valoren c omo prueba de los costos derivados de la operación económica efectuada por la actora , pues aunque no se cuestiona la legalidad o validez de los contratos , su contenido no permite acreditar la realidad del negocio.
Sustentó que la administración verificó l a contabilidad de la accionante y concluyó que no cumplió con los requisitos frente al registro de las operaciones desarrolladas en un contrato de cuentas en participación. En esa medida, el rechazo de los costos observó el principio de legalidad y el espí ritu de justicia. Despachó desfavorablemente el cargo.
Rechazo de deducciones
Planteó que el pago efectuado como consecuencia de una sanción impuesta por el incumplimiento de un contrato no puede considerarse como una deducción en el
el cargo.
Rechazo de deducciones
Planteó que el pago efectuado como consecuencia de una sanción impuesta por el incumplimiento de un contrato no puede considerarse como una deducción en el impuesto sobre la re nta, debido a que no tiene relación de causalidad ni es necesario o proporcional para la compañía demandante. No prosperó el cargo.
Aplicación del beneficio de progresividad
Explicó que la Ley 1429 de 2010 de formalización y generación de empleo establec ió ciertos incentivos para la formalización y creación de pequeñas empresas dentro de
9 Índice 2 SAMAI.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00300-01 (27382)
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo p uede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador 8 los cuales está el pago progresivo del impuesto sobre la renta entre el primero y quinto año de inicio de la actividad económica empresarial.
Resaltó que para el efecto la norma exigió el cumplimiento de estos requisitos: i) que se tratara de pequeñas empresas , es decir aquellas cuyo personal no es superior a 50 trabajadores y que sus activos totales no superen 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y ii) que i niciaran su actividad económica desde el 29 de
se tratara de pequeñas empresas , es decir aquellas cuyo personal no es superior a 50 trabajadores y que sus activos totales no superen 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y ii) que i niciaran su actividad económica desde el 29 de diciembre de 2010 , la que debe entenderse como la fecha de inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, independientemente de que la empresa previamente haya operado como empresa informal y i ii) que el contribuyente no se encuentre en un régimen especial.
Apreció que según la jurisprudencia para acceder al beneficio de progresividad contemplado en la Ley 1429 de 2010 no se requier e tener personal vinculado mediante contrato de trabajo, pues e l inicio de la actividad económica es la fecha de inscripción de la pequeña empresa en la Cámara de Comercio independientemente de que viniera funcionando como informal. Además, la norma exige un máximo de 50 trabajadores para ser considerado pequeña empre sa, pero no un mínimo para acceder al beneficio.
Concluyó que , si bien la finalidad de la Ley 1429 de 2010 es la formalización y generación de empleo, lo cierto es que ni esa norma ni el Decreto 4910 de 2011 que la reglamentó, fijaron como requisito para acceder al beneficio, que la empresa tenga al menos un trabajador vinculado a su nómina en el año de constitución o en los posteriores, sino que la empresa esté en condiciones óptimas para generar empleo.
Por tanto, estimó que la compañía demandante tiene derecho al beneficio de progresividad contemplado en la Ley 1429 de 2010, que establece una tarifa general de 0%. Así mismo, al no existir un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo
Por tanto, estimó que la compañía demandante tiene derecho al beneficio de progresividad contemplado en la Ley 1429 de 2010, que establece una tarifa general de 0%. Así mismo, al no existir un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente, la sanción por inexactitud no es p rocedente y en esa medida, consideró que tampoco hay lugar a imponer sanción al representante legal y al revisor fiscal.
Se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la s anción por violación a la profesión contable y la suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destino a la administración, puesto que como lo indicó la DIAN en la contestación de la demanda, los actos enjuiciados no contemplaron dichas sanciones.
No condenó en costas teniendo en c uenta que la demanda prosperó parcialmente.
RECURSO DE APELACIÓN
La DIAN apeló con fundamento en los siguientes argumentos 10:
Del beneficio de progresividad
Señaló que la sociedad demandante se constituyó en mayo de 2013 y los actos enjuiciados corresponden al año gravable 2014, es decir, habían pasado más de 575
10 Índice 2 del SAMAI.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00300-01 (27382)
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FALLO
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo p uede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador 9 días desde su creación hasta el cierre del periodo investigado y aunque percibió ingresos por $1.534.312.000 no vinculó un solo empleado.
Aseguró que el propósito del beneficio fiscal es el d e aminorar la carga tributaria para quienes formalizaran o incentivaran el empleo, pero al tratarse de una empresa nueva, la finalidad era la creación de empleo.
Solicitó que se reconsidere lo decidido en sentencia de esta Sección de 12 de febrero de 2020 (Exp. 24422), en la que se indicó que para acceder al beneficio de progresividad no se exigía contar con un número mínimo de empleados, pues a su juicio, no se acompasa con la carga que asume el Estado para incentivar la generación de empleos.
A su juici o, debe acogerse lo expuesto en el salvamento de voto de dicha providencia, según el cual, es aceptable que la compañía no cuente con empleados previo o al inicio de su creación, pero cuando lleve cierto tiempo desarrollando la actividad productora de rent a, se requiere que tenga contratado al menos un empleado para obtener sus ingresos.
Manifestó que el espíritu de la Ley 1429 de 2010 era justamente la generación de
actividad productora de rent a, se requiere que tenga contratado al menos un empleado para obtener sus ingre
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