CE - 680012333000202000008011SENTENCIASENTENCIA20230726173443

Radicado: 68001-23-33-000-2020-00008-01 (27434)

Demandante: Veolia Aseo Bucaramanga S.A. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 68001-23-33-000-2020-00008-01 (27434)

Demandante VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Temas Aportes al Sistema de Seguridad Social . Notificación electrónica. Caducidad del medio de control. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que decidió lo siguiente1: “Primero: Declarar probada la caducidad propuesta por la UGPP.

Segundo: Condenar en costas a la parte demandante. Liquídense por la Secretaría de la

Corporación.

Tercero: Archivar el expediente, una vez ejecutoriada esta decisión y previas las constancias en la plataforma SAMAI.”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Corporación.

Tercero: Archivar el expediente, una vez ejecutoriada esta decisión y previas las constancias en la plataforma SAMAI.” ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Previo Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RDC 2018-00074 del 26 de enero de 2018, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) profirió a la demandante liquidación oficial mediante Resolución Nro. RDO 2018-03595 del 1 de octubre de 2018, por las conductas de omisión en la afiliación y/o vinculación , mora e inexactitud en el pago de los aportes al Sistema de la Protección Social por los períodos de enero a diciembre de 2013 en cuantía de $138.391.932, e impuso sanciones por omisión e inexactitud de $6.643.600 y $34.281.198, respectivamente.

En el mes de junio de 2019, l a sociedad interpuso recurso de reconsideración, el cual fue inadmitido por ser presentado de manera e xtemporánea mediante Auto Nro. ADC 101 del 26 de julio de 2019, decisión que fue objeto de reposición, siendo confirmada en la Resolución Nro. RDC 361 del 23 de agosto de 2019. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

1 Samai del Tribunal/ índice 25Radicado: 68001-23-33-000-2020-00008-01 (27434)

Demandante: Veolia Aseo Bucaramanga S.A. E.S.P.

1 Samai del Tribunal/ índice 25Radicado: 68001-23-33-000-2020-00008-01 (27434)

Demandante: Veolia Aseo Bucaramanga S.A. E.S.P.

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Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones2:

“A. PRINCIPALES:

1. Que se declare la nulidad de Resolución Nº RDO-2018-03595 del 1 de Octubre de 2018 “Por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación, mora en el pago de los aportes e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, y se sanciona por no declarar por conducta de omisión e inexactitud”

2. Que se declare la nulidad del Requerimiento para Declarar y/o Corregir No. RCD2018-00074 del 26 de Enero de 2018.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. RDC 361 del 23 de Agosto de 2019 “Por medio de la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto contra el Auto No. ADC-101 del 26 de Julio de 2019 “Por medio de la cual se inadmite el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial No. RDO – 2018-03595 del 01 de Octubre de 2018”

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento

del derecho se:

reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial No. RDO – 2018-03595 del 01 de Octubre de 2018”

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho se: 4.1. Ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), restituir la suma pagada por VEOLIA ASEO BUCARAMANGA SA ESP como consecuencia del cumplimiento de las resoluciones demandadas; junto con sus intereses moratorios e indexación a la fecha que se produzca la restitución conforme a lo establecido en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. 4.2. Ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), eliminar de su base de datos el antecedente o registro que pueda generarse por las expediciones de las resoluciones demandadas.

5. Que se condene en costas a la parte demandada.

B. SUBSIDIARIAS:

1. Que se declare la caducidad del proceso sancionatorio adelantado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) , que derivó los actos administrativos Resolución Nº RDO -2018-03595 del 1 de Octubre de 2018, Requerimiento para Declarar y/o Corregir No. RCD -2018-00074 del 26 de Enero de 2018 y Resolución No, RDC 361 del 23 de Agosto de 2019.

Requerimiento para Declarar y/o Corregir No. RCD -2018-00074 del 26 de Enero de 2018 y Resolución No, RDC 361 del 23 de Agosto de 2019.

2. Que se declare la nulidad de (sic) Resolución Nº RDO-2018-03595 del 1 de Octubre de 2018 “Por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial (…)”

3. Que se declare la nulidad del Requerimiento para Declarar y/o Corregir No. RCD 201800074 del 26 de Enero de 2018.

4. Que se declare la nulidad de la Resolución No, RDC 361 del 23 de Agosto de 2019 “Por medio de la cual se resuelve el Recurso de Reposición (…)”

5. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho se: 5.1. Ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), como consecuencia de la declaratoria de caducidad y falta de competencia por parte de la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) (sic) , proceda al cierre del proceso sancionatorio, declarándose cumplidas las obligaciones por

2 Samai del Tribunal/ Índice 15/Expediente Digital/2_EXPEDIENTEDIGITAL_20200000800LINKE(.pdf) NroActua

15/LINK EXPEDIENTE DIGITAL 680012333000-2020-00008-00/01.EXPEDIENTE DIGITAL 2020-00008-00.pdfRadicado: 68001-23-33-000-2020-00008-01 (27434)

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parte de VEOLIA ASEO BUCARAMANGA SA ESP, respecto de la liquidación de aportes vigencia 2013. 5.2. Ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), restituir la suma pagada por VEOLIA ASEO BUCARAMANGA SA ESP como consecuencia del cumplimiento de las resoluciones demandadas; junto con sus intereses moratorios e indexación a la fecha que se produzca la restitución conforme a lo establecido en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. 5.3. Ordene a la UNIDAD ADMI NISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), eliminar de su base de datos el antecedente o registro que pueda generarse por las expediciones de las resoluciones demandadas.

5. Que se condene en costas a la parte demandada” A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 29, 48, 53 y 338 de la Constitución Política; 17 de la Ley 344 de 1996; 17 de la Ley 21 de

A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 29, 48, 53 y 338 de la Constitución Política; 17 de la Ley 344 de 1996; 17 de la Ley 21 de 1982; 156 de la Ley 1151 de 2007 y 127 y 128 del Decreto Ley 26 63 de 1950. Los cargos de nulidad se resumen de la siguiente manera:

1. Falta de competencia temporal de la UGPP Afirmó que son criterios de competencia para expedir actos administrativos , el de atribución funcional, territorial y temporal, de manera que ante la ausencia de uno de estos no p odía considerarse debidamente estructurada la decisión administrativa3.

En este caso, la liquidación oficial que fiscalizó la vigencia 2013 estaba viciada de nulidad por falta de competencia temporal de la UGPP, debido a que la entidad tenía plazo para notificarla hasta el 31 de diciembre de 2018, sin embargo, ello ocurrió solo el 22 de mayo de 20194, cuando la sociedad se notificó del requerimiento para declarar y/o corregir y del acto de determinación , es decir, pasado el término de 5 años establecido en los artículos 178 de la Ley 1607 de 2012 y 256 de la Ley 1819 de 2016. En ese orden, al no proferirse y notificarse el acto de liquidación dentro del término legal, debía entenderse su pérdida de ejecutoria en los términos del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior por cuanto la firmeza de los actos administrativos comprendía no solo su expedición sino también su notificación a la parte interesada para producir efectos jurídicos . Además, tratándose de liquidación de impuestos y

la Ley 1437 de 2011. Lo anterior por cuanto la firmeza de los actos administrativos comprendía no solo su expedición sino también su notificación a la parte interesada para producir efectos jurídicos . Además, tratándose de liquidación de impuestos y resolución de recursos la sola notificación extemporánea de los mismos daba lugar a su nulidad , por disposición expresa del numeral 3 del ar tículo 730 del Estatuto Tributario.

2. Infracción de las normas en que debieron fundarse los actos5 - Pagos laborales identificados en la contabilidad: La UGPP consideró salarios algunos conceptos porque no encontró documentos sobre su naturaleza salarial ni pactos entre las partes. Sin embargo, ello tuvo como origen que la actor a no pudo ejercer su derecho de defensa en la sede

3 Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado del 19 de junio de 2008, exp.0316-05 4 Fecha en la cual la UGPP suministró todos los actos como consecuencia a un derecho de petición presentado el 6 de mayo de 2019. 5 La Sala expone conjuntamente los cargos identificados en la demanda como segundo y tercero, al estar relacionado.Radicado: 68001-23-33-000-2020-00008-01 (27434)

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administrativa, por lo que aporta con la demanda las pruebas correspon dientes, como política de bonos, comprobantes de pago, contrato de trabajo, entre otros. - Determinación del IBC con novedades de vacaciones, incapacidades,

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administrativa, por lo que aporta con la demanda las pruebas correspon dientes, como política de bonos, comprobantes de pago, contrato de trabajo, entre otros. - Determinación del IBC con novedades de vacaciones, incapacidades, licencia y/o permiso remunerado: Precisó que, si bien dichas novedades debían integrar el IBC de los aportes, era errado que la UGPP las sumará al sueldo con el fin de aumentar la base de cotización. D e manera que, lo correcto era totalizar el salario por los días efectivamente trabajados más la remuneración por la respectiva novedad. Refirió el caso de la trabajadora Ismaris Ortiz González, quien por el mes de junio de 2013 tenía asignado un sueldo por los 30 días de trabajo de $4.666.000 y solicitó un permiso remunerado por 4 días, es decir, que fin almente su remuneración fue la misma y no de $5.347.334 como equivocadamente lo tomó la entidad. - Omisión de aportes: Explicó que tal como reposaba en el certificado de existencia y representación legal la demandante se vio inmersa en un proceso de fusión empresarial, por lo que mientras adelantaba los trámites de notificación a las respectivas entidades, durante los meses de enero y febrero de 2013 no pudo cargar el pago de los aportes al sistema respecto de algunos trabajadores de la sociedad abso rbente (Proactiva Chicamocha S.A E.S.P.), razón por la cual se continuaron pagando a nombre de la empresa absorbida (Aseo Chicamocha S.A E.S.P.) . En ese contexto, no se configuró la conducta de omisión de pago de los aportes.

• Inclusión en el IBC de pagos no salariales:

empresa absorbida (Aseo Chicamocha S.A E.S.P.) . En ese contexto, no se configuró la conducta de omisión de pago de los aportes. - Inclusión en el IBC de pagos no salariales: Sostuvo que los pagos encuadrados por la UGPP bajo los conceptos “otros pagos no detallados en nómina” y “22. Reintegro gastos de vivienda o transporte y bonificaciones”, fueron pactados y desalarizados desde el inicio de la relación laboral por no retribuir el servicio prestado, por ende, no podían ser parte del IBC de los aportes por expresa disposición del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo6. Expuso que no era de recibo que la unidad argumentara la habitualidad en el pago para otorgarle carácter salarial a los pagos por auxilio extralegal de arrendamiento, rodamiento, bonificaciones y alimentación , comoquiera que la regularidad no determinaba su naturaleza, sino que ello únicamente estaba sujeto a la retribución del servicio, circunstancia que aquí no se cumplía7. Indicó que la UGPP liquidó en una sola mensualidad los pagos reportados, cuando se efectuaron mes a mes. Así, estos pagos no constituían base para calcular los aportes en virtud de los pactos de desalarización suscritos con los empleados, todo ello también a la luz de los artículos 17 de la Ley 21 de 1982, 30 numeral 4 de la Ley 119 de 1994, y 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo (subrogados por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990)8.

6 Sobre este asunto mencionó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, del 20 de octubre

Ley 50 de 1990)8.

6 Sobre este asunto mencionó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, del 20 de octubre de 2009, exp.35154. 7 Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 1 de noviembre de 2012, exp.17786, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y del 17 de marzo de 2016, exp.21519, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. 8 Refirió la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 3 de julio de 2002, exp.12744, C.P. Ligia López Díaz.Radicado: 68001-23-33-000-2020-00008-01 (27434)

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3. Expedición irregular Afirmó que el requerimiento para declarar y/o corregir y la liquidación oficial nunca fueron notificados a la empresa, razón por la cual esta no pudo ejercer su derecho de defensa frente a las glosas propuestas, sanciones y los intereses moratorios liquidados, situación que fue agravada por parte de la UGPP al iniciar el cobro de un acto administrativo que no estaba en firme porque se omitió po nerlo en conocimiento de la parte interesada para la interposición del recurso de reconsideración.

Todo ello implicaba la vulneración al debido proceso de la empresa, por cuanto se trataba de actos de carácter particular y concreto que para su validación requerían de la efectiva notificación al administrado9, situación que en este caso solo se dio

reconsideración. Todo ello implicaba la vulneración al debido proceso de la empresa, por cuanto se trataba de actos de carácter particular y concreto que para su validación requerían de la efectiva notificación al administrado9, situación que en este caso solo se dio hasta el 22 de mayo de 2019, fecha en la cual la demandada remitió a la actora copia del expediente de fiscalización como consecuencia de una petición elevada ante la entidad. Explicó que la UGPP envió las notificaciones del requerimiento para declarar y/o corregir y la liquidación oficial a la dirección de correo electrónico “ACHACONP@PROACTIVA.COM.CO”, las cuales no fueron recibidas y menos conocidas por la empresa debido a que nunca pudo abrirse el mensaje10 porque se trataba de un correo sin uso , por terminación de la relación laboral con la empleada que utilizaba dicha cuenta, prueba de ello era que correos enviados los devolvía11, así consta en la certificación del profesional encargado del área de tecnología de la empresa, la comunicación de la terminación del contrato y un “check list de retiro” Destacó que según la jurisprudencia12 para que la notificación electrónica se considere válida debe cumplir al menos con los siguientes requisitos: i) que el administrado haya aceptado en forma expresa ese medio de notificación, de forma tal que no exista duda de su aquiescencia; ii) que durante el desarrollo de la actuación administrativa no solicite otra forma de notificación; y iii) que la Administración certifique el acuse de recibo del mensaje electrónico para efectos de establecer la fecha y hora en la cual el interesado tuvo acceso al acto administrativo. Que en este caso no se cumplió con el último requisito descrito, toda vez que en la casilla de “ABIERTO” del acuse de recibido de los actos no aparecía detallada la fecha

Que en este caso no se cumplió con el último requisito descrito, toda vez que en la casilla de “ABIERTO” del acuse de recibido de los actos no aparecía detallada la fecha y hora en que se accedió al mensaje de datos. De manera que, la obligación de la UGPP no se limitaba al envío de las decisiones, pues era imperativo que la empresa hubiera accedido a estas. Afirmó que la dirección a la cual la UGPP decidió realizar las notificaciones de los actos acusados no correspondía a la autorizada por la empresa, prueba de ello era que desde el año 2015 la demandada tenía conocimiento que las oficinas estaban ubicadas en la “Calle 60 No. 16 -03 Autopista Girón”, a la que incluso fue remitido otro requerimiento. Adicionalmente, en la “sede electrónica” cuando se realizó la inscripción del usuario de

9 Mencionó la sentencia del Corte Constitucional T-404 de 2014 10 Aportó imágenes de acuse de recibido de Certimail. 11 Aportó imagen del envió de un correo y su devolución. 12 Mencionó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, de marzo de 2014, exp.2013-00296-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.Radicado: 68001-23-33-000-2020-00008-01 (27434)

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la empresa, se estableció como lugar de notificaciones la “Calle 60 No. 16 C – 03 Barrio

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la empresa, se estableció como lugar de notificaciones la “Calle 60 No. 16 C – 03 Barrio La Esmeralda del Municipio de Girón, Correo Electrónico: proactiva.chicamocha@veolia.com”, registro que en todo caso había ocurrido con anterioridad a la expedición de la liquidación y que se hizo cuando la empresa dio res puesta al requerimiento de información el día 22 de enero de 201813, lo cual era suficiente para demostrar que la dirección electrónica autorizada por la sociedad era diferente a la ubicación elegida por la demandada. Puso de presente que a la dirección física reportada en el registro mercantil de la empresa también se remitió el Pliego de Cargos Nro. RPC -2018-00770, el día 23 de julio de 2018. Por lo anterior , insistió en la vulneración de los derechos al debido proceso y defensa de la sociedad y, por ende, la nulidad del proceso administrativo adelantado en su contra14. Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente15: En primer lugar, propuso las siguientes excepciones previas : Caducidad de la demanda, explicando que la demandante mediante radicado Nro. 20147361346072 del 22 de mayo de 2014 allegó formato diligenciado para notificación electrónica suscrito por el representante legal, por lo que la entidad quedó autorizada para enviar sus decisiones al correo achaconp@proactiva.com.co16. Así las cosas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 312 de la Ley 1819 de 2019, mediante el Oficio Nro. 201815008961601 del 4 de octubre de 2018, se

Así las cosas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 312 de la Ley 1819 de 2019, mediante el Oficio Nro. 201815008961601 del 4 de octubre de 2018, se notificó la liquidación oficial demandada al correo informado por la aportante, siendo entregada al destinario el 5 de octubre de 2019 tal como se evidenciaba en el certificado de Certimail, con lo cual se entiende que dicho trámite se surtió en debida forma, independiente que la actora hubiera o no abierto el correo para verificar su contenido. Precisó que de conformidad con los artículos 566 -1 del Estatuto Tributario; 56, 60, 61, 62 y 67 de la Ley 1437 de 2011; los Decretos 2693 de 2012 y 019 de 2012; y la Directiva Presidencial 04 de 2012, la UGPP estaba facultada para notificar por correo sus actuaciones, comoquiera que contaba con sede electrónica que garantizaba la calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información, y tenía certificadas las pruebas de recepción y envío de mensajes de datos a través de la empresa Certicamara, quien expedía la certificación Certimail. Sumado a esto, en materia de notificaciones electrónicas basta con que se probara

13 Transcribió imagen de dicha respuesta. 14 Sobre el debido proceso citó la sentencia de la Corte Constitucional C-248 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo. 15 Samai del Tribunal/ Índice 15/Expediente Digital/2_EXPEDIENTEDIGITAL_20200000800LINKE(.pdf)

Cuervo. 15 Samai del Tribunal/ Índice 15/Expediente Digital/2_EXPEDIENTEDIGITAL_20200000800LINKE(.pdf) NroActua 15/LINK EXPEDIENTE DIGITAL 680012333000 -2020-00008-00/06. Memorial del 28.04.2021 Contestación.pdf 16 Aportó imagen del formato diligenciado por el representante legal donde indicó c omo dirección de correo electrónico la siguiente: achaconp@proactiva.com.coRadicado: 68001-23-33-000-2020-00008-01 (27434)

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la fecha y hora de entrega del correo al destinatario, más no la fecha en la que el usuario abrió su bandeja de entrada 17. De manera que, la UGPP comunicó en debida forma los actos demandados, otorgándole a la interesada la oportunidad de hacer uso de este tipo de mecanismos tecnológicos. Decantado lo anterior, explicó que como la liquidación oficial fue notificada el 5 de octubre de 2018, el término de caducidad transcurrió desde el 19 de octubre 18 de ese mismo año hasta el 19 de febrero de 2019, no obstante , la demanda fue presentada el 19 de diciembre de 2019, es decir, por fuera de los 4 meses dispuestos por el legislador, razón por la cual debía darse por terminado el proceso19. También propuso la excepción de inepta demanda , para lo cual a dujo que la sociedad no interpuso el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial

dispuestos por el legislador, razón por la cual debía darse por terminado el proceso19. También propuso la excepción de inepta demanda , para lo cual a dujo que la sociedad no interpuso el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial dentro del término legal otorgado para ello (2 meses desde su notificación), por lo cual no cumplió con el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, en ese sentido, era improcedente el estudio de la demanda20. Agregó que, en este caso, no era viable aplicar la figura per saltum del artículo 720 del Estatuto Tributario, toda vez que la interesada no contestó el requerimiento para declarar y/o corregir, ni interpuso la demanda dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial. Seguidamente, frente al primer cargo de nulidad relacionado con la falta de competencia temporal de la entidad , expuso que la liquidación oficial no se trataba de un acto sancionatorio sino de una decisión que delimitaba las conductas en que incurrieran los aportantes y la determinación de los aportes dejados de pagar, siendo este el valor imputado en la parte resolutiva y no una penalidad por el pago en sumas inferiores. Así mismo, la sanción debía entenderse como el producto del incumplimiento de la obligación principal frente al sistema. Explicó que, de conformidad con el artíc ulo 178 de la Ley 1607 de 2012 , la UGPP contaba con el término de 5 años para adelantar el proceso de fiscalización en contra de la actora, por tanto, como el período cuestionado era el de 2013, el plazo fenecía en el año 2018, sin embargo, como la notific ación del requerimiento de

contaba con el término de 5 años para adelantar el proceso de fiscalización en contra de la actora, por tanto, como el período cuestionado era el de 2013, el plazo fenecía en el año 2018, sin embargo, como la notific ación del requerimiento de información ocurrió el 8 de mayo de 2014, dicho término fue interrumpido. Sumado a esto, el proceso culminó con la expedición de la liquidación oficial en el año 2018, es decir, dentro del plazo contemplado por la ley. Aclaró que no era posible acudir al artículo 764 (sic) del Estatuto Tributario, debido a la existencia de una norma especial. De igual manera, como el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 hacía referencia a la ejecución del título ejecutivo, su aplicación debía discutirse en el proceso de cobro coactivo y no en el de la referencia. Respecto al segundo cargo relacionado con la infracción de las normas en que debieron fundarse los actos demandados, sostuvo que la UGPP le otorgó a la demandante la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, para el efecto le

17 Citó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2020, exp.11001020300020200102500. 18 Octavo días desde el envío del correo electrónico. 19 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 1 de agosto de 2016, exp. 56525, C.P. Hernán Andrade Rincón. 20 Como sustentó citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 1 de agosto de 2019, exp.24650, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; de l 31 de enero de 2013, exp.18878, C.P. Carmen Teresa

20 Como sustentó citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 1 de agosto de 2019, exp.24650, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; de l 31 de enero de 2013, exp.18878, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y del 6 de julio de 2001, exp.11905, C.P. Germán Ayala Mantilla.Radicado: 68001-23-33-000-2020-00008-01 (27434)

Demandante: Veolia Aseo Bucaramanga S.A. E.S.P.

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notificó el requerimiento de información, sin embargo, fue ésta quien decidió no presentar todos los datos solicitados, razón por la que incluso se hizo acreedora a una sanción por no enviar de forma completa la información. Así mismo, pasó por alto dar respuesta el requerimiento para declarar y/o corregir y la interposición del recurso de reconsideración. Sobre la determinación del IBC con la inclusión de novedad de vacaciones adujo que en aplicación de las normas que regulan la materia, los descansos disfrutados hacen parte del IBC para calcular los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, mientras que cuando son remunerados en dinero hacen parte de la base de cotización y pago de aportes al Sena, ICBF y CCF. En ese contexto y, en aplicación de los artículos 70 y 71 del Decreto 806 de 1998, debía tomarse el IBC reportado en el mes anterior a la novedad para salud y pensión, razón por la cual debían persistir los ajustes propuestos en la liquid ación oficial.

debía tomarse el IBC reportado en el mes anterior a la novedad para salud y pensión, razón por la cual debían persistir los ajustes propuestos en la liquid ación oficial. También indicó que para determinar el ingreso base de cotización tuvo en cuenta la información reportada en la nómina de la empresa y los libros auxiliares allegados, a partir de lo cual pudo establecer el cálculo correcto de las novedades de permisos remunerados, suspensiones y vacaciones , sin embargo, el ajuste resultante se generó al comparar el aporte liquidado a la tarifa del subsistema , con los pagos realizados en la PILA que para este caso fueron inferiores, teniendo entonces como resultado el ajuste por inexactitud. En cuanto a la omisión de aportes sostuvo que le solicitó al Ministerio de Salud que validara los pagos realizados por la demandante en la base de PILA , a fin de establecer que sus trabajadores estuviesen afiliados y que se hayan efectuado los correspondientes pagos de los aportes. Así las cosas, y de acuerdo con la información por el Ministerio y las pruebas aportadas por la actora, no encontró evidencia del pago de las cotizaciones respecto de los empleados por los que inicialmente se determinó la conducta de omisión, por lo que los a justes eran procedentes. Frente a la inclusión en el IBC de pagos no salariales, manifestó que la UGPP contaba con competencia para pronunciarse sobre la naturaleza de los pagos que las empresas pactaran como no salariales con sus trabajadores y su consecuente inclusión en la base de cotización de ser el caso21. Expresó que, si bien las partes tenían libertad de acordar pagos no salariales, en

las empresas pactaran como no salariales con sus trabajadores y su consecuente inclusión en la base de cotización de ser el caso21. Expresó que, si bien las partes tenían libertad de acordar pagos no salariales, en caso de que éstos superaran el 40% del total de la remuneración dicho excedente debía integrar el IBC de los aportes por mandato del artículo 30 de la ley 1393 de

201022. Así, la Administración tomó el valor de los pagos salariales más el excedente de los no salariales y calculó el aporte aplicando la tarifa co