CE - 680012333000202000698011ASALAPARASEN20220302075045

Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022) Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA Radicación: 68001-23-33-000-2020-00698-01 Solicitante: CARLOS AUGUSTO GONZÁLEZ DUARTE Diputada acusada: CLAUDIA LUCÍA RAMÍREZ CARREÑO Tesis: No hay lugar a declarar la pérdida de investidura por violación al régimen de inhabilidades a un diputado cuando se le endilga que celebró un contrato de prestación de servicios con una entidad pública en interés propio, pero no se demostró que ello hubiera ocurrido dentro del año anterior a la elección.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante en contra de la sentencia proferida el 27 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual denegó la desinvestidura de la señora Claudia Lucía Ramírez Carreño como diputada de la asamblea departamental de Santander, período constitucional 20202023.Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

I.- SÍNTESIS DEL CASO 1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada El señor Carlos Augusto González Duarte presentó demanda de pérdida de investidura en contra de la señora Claudia Lucía Ramírez Carreño, elegida diputada del departamento de Santander, para el período constitucional 2020-2023, y para ello invocó la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, así como el numeral 6 del artículo 48 ibídem, y el parágrafo 3 del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011. 1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada1 El actor informó que el 27 de julio de 2019 la señora Claudia Lucía Ramírez Carreño se inscribió en la lista del Partido Conservador Colombiano como candidata a la asamblea departamental de Santander, período 2020 – 2023; que el 27 de octubre 2019 resultó elegida y tomó posesión del cargo el 1 de enero de 2020. Explicó que la mencionada señora estaba inhabilitada para ser elegida como diputada de la asamblea del citado departamento, porque el día 30 de agosto de 2018 suscribió el contrato de prestación de servicios nro. 11913-2 con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, el cual tuvo como objeto brindar apoyo a la gestión que contribuya a desarrollar los procesos de convocatoria y 1 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por One Drive.Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte

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logísticos asociados a la formulación del Plan Decenal de Educación Ambiental del departamento de Santander 2018-2028, cuyas actas de entrega fueron firmadas, la de inicio el 30 de agosto de 2018; la segunda de pago parcial el 30 de octubre de 2018; la tercera de pago parcial el 31 de octubre de 2018; la cuarta de pago parcial el 26 de diciembre de 2018, y en la misma fecha del 26 de diciembre de 2018 se firmó el acta número cinco de recibo definitivo, así como el acta número seis de liquidación. Consideró que la acusada violó el régimen de inhabilidades a que se refiere el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, “ya que suscribió el contrato de prestación de servicios No. 11913—02 (…) el día 30 de agosto de 2018; y fijando el día 29 de noviembre de 2018, como fecha para el cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta que el plazo estipulado fue de 3 meses”. 2.- Contestación de la diputada acusada La señora Claudia Lucía Ramírez Carreño, actuando por conducto de apoderado, contestó la solicitud y se opuso a las pretensiones2. Manifestó que no estaban reunidos los requisitos fácticos y jurídicos para la prosperidad del medio de control, ni el actor acreditó el factor subjetivo exigido por el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, ya que no hizo mención alguna acerca de si la conducta fue realizada a título de dolo o de culpa grave. 2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por One Drive.Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte

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Adujo que sí suscribió el contrato nro. 1193-02, pero ello no le impedía aspirar a la curul de diputada del departamento de Santander. Aseguró también que la inhabilidad invocada por la parte solicitante no fue prevista como causal de pérdida de investidura, pues ésta solo procede por la violación del régimen de incompatibilidades, con lo cual el actor pretende hacer una interpretación extensiva de disposiciones que son taxativas y excluyentes. Argumentó que no es cierto que con la suscripción del referido contrato haya infringido el régimen de inhabilidades, puesto que el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 1871 de 2017 excluyó de forma exclusiva para los diputados la incompatibilidad cuando los contratos se suscriben con entidades de otros órdenes diferentes al departamento; por lo tanto, no se configura la inhabilidad cuando, como en este caso, el contrato se suscribe con una entidad del orden nacional, como son las corporaciones autónomas regionales. Propuso como excepciones las de “indebida acción” aduciendo que, “de la argumentación fáctica y jurídica esgrimida por el demandante, se concluye que las pretensiones son de carácter electoral porque solicita la anulación de la credencial que le confiere la calidad de diputada (…)”; “uso arbitrario de normas de interpretación restringida”, que fundamentó en que la parte actora pretende interpretar extensivamente las normas referentes a la pérdida de investidura a su conveniencia, lo cual no es válido jurídicamente, y la de “extemporaneidad de la causal invocada”, puesto que el respectivo contrato fue celebrado el 30 de agosto de 2018 y las elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019,Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 por lo tanto, la inhabilidad no se produjo dentro del año anterior a la elección.

3.- La sentencia de primera instancia La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 27 de octubre de 2020, denegó la desinvestidura de la diputada acusada3. Señaló que analizaría si para que se configurara la causal de inhabilidad por la intervención en la celebración de contratos que diera lugar a la pérdida de investidura debía “atenderse la fecha de la inscripción del candidato y la de ejecución del contrato, o si por el contrario, resulta determinante para efectos de incurrir en dicha causal, la fecha de suscripción del mismo”. Explicó que, con base en lo previsto por el artículo 48 de la Ley 617 y la jurisprudencia de esta Corporación4, “se advierte con suficiente claridad que la trasgresión del régimen de inhabilidades confluye con una causal de pérdida de investidura a voces de lo establecido en el numeral 4º el (sic) artículo 33 de la Ley 617 de 2000 en consonancia con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 48 de la misma ley”. Refiriéndose a la causal de inhabilidad invocada en el caso concreto, concluyó que está demostrado que la señora Ramírez Carreño fue 3 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por One Drive. 4 Para ello citó, entre otras, la sentencia del 28 de julio de 2002 en el expediente con nro. de radicación 7177. C.P. Gabriel

Eduardo Mendoza Martelo y la proferida el 24 de agosto de 2006. Expediente radicación nro. 2005-1477. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte

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elegida el 27 de octubre de 2019 como diputada del departamento de Santander y que suscribió el 30 de agosto de 2018 el contrato de prestación de servicios nro. 11913-02 con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. No obstante, “(…) acorde con las pruebas relacionadas, esta Corporación concluye que en el presente caso no está probado el supuesto de hecho que exige el (sic) 33 numeral 4 de la Ley 617 de 2000, para que se estructure la inhabilidad alegada en la demandada, cual es, la suscripción del contrato por parte de la elegida diputada dentro del año anterior a la elección, como quiera que los elementos de juicio ofrecen claridad suficiente en que el Contrato No. 11913-02 en que se funda la petición de pérdida de investidura, fue suscrito por la demandada el 30 de agosto de 2018, fecha que se encuentra fuera del período inhabilitante de esta causal, que como se dijo, corresponde al comprendido entre el 27 de octubre de 2018 al 27 de octubre de 2019”. (destacado original). 4.- El recurso de apelación interpuesto por el solicitante Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el solicitante interpuso recurso de apelación, pidiendo que fuera revocada, con fundamento en lo siguiente5: Alegó que el a quo “solo revisa la fecha en que la Diputada realiza el contrato 30 de agosto de 2018 y no mira las Sentencias Unificadas de la 5 Visto en el índice 3 de la Sede

Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por One Drive.Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Sección Quinta del Consejo de Estado sobre el factor temporal y se niega a profundizar el calendario electoral, donde no se toma el tiempo de inscripción del candidato”. Solicitó que se tengan en cuenta las actas de inicio, las actas de pagos parciales, así como las fechas y los períodos en la forma que se ejecutó el contrato nro. 11913-02, puesto que se firmó el 30 de agosto de 2018, con acta de inicio en la misma fecha, pero las actas de pagos parciales son del 30 de octubre de 2018 (acta nro. 2), 31 de octubre de 2018 (acta nro. 3) y 26 de diciembre de 2018 (acta nro. 4), y comoquiera que las elecciones se llevaron a cabo el 27 de octubre de 2019, “tenía que haber renunciado al contrato de prestación de servicios un año antes de la elección”. Citó la sentencia de unificación del 7 de junio de 2016 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado6, afirmando que allí se hizo una revisión sobre la interpretación que las distintas autoridades han hecho frente al alcance del condicionamiento efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-625 de 2015, e indicó “si analizamos lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia SU-625 de 2015 eliminó cualquier asomo de duda, pues además de reconocer que la incompatibilidad contemplada en el numeral 7º del artículo 32 y 33 de la Ley 617 de 2000 se contabiliza ya no desde 24 meses sino desde 12 (…), también explicó con contundencia y claridad que esos 12 meses se computan hasta el día de la inscripción y no de la elección”.

6 Expediente radicación nro. 2015-00051. C.P. Alberto Yepes.Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

El recurrente también se apoyó en las sentencias proferidas por esta Corporación el 26 de marzo de 20157; el 15 de febrero de 20118; 16 de noviembre de 20119; 20 de febrero de 201210; 10 de julio de 201211 y 21 de agosto de 201212, para indicar que la inhabilidad se cuenta a partir de la inscripción de la candidatura y no de la elección. Expuso que, habida cuenta que el 27 de julio de 2019 la señora Claudia Lucía Ramírez Carreño se inscribió en la lista del partido conservador como candidata a la asamblea del departamento de Santander para las elecciones del 27 de octubre de 2019, y que el contrato se ejecutó con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga hasta el 29 de noviembre de 2018, se configuró la inhabilidad invocada. Agregó que el Tribunal Administrativo de Santander no tuvo en cuenta el calendario electoral y las diferentes etapas preclusivas y actividades que se deben desarrollar para las elecciones, y que la señora Ramírez Carreño realizó el contrato y lo ejecutó dentro de dicho calendario, con lo cual obtuvo ventajas sobre los demás aspirantes, puesto que lo ejecutó durante toda la campaña electoral “donde influenció desde ese contrato para aprovecharse y conseguir votos en toda la influencia de la CDMB”. Cuestionó también el argumento esbozado en la contestación por el apoderado de la acusada, en el sentido que la entidad contratante es del orden nacional, y para ello solicitó se tenga en cuenta que la 7 Expediente nro. 11001 0328 000 2014 00034 00. 8 Expediente nro. 11001 0315 000 2010 01055 00 (PI). 9 Expediente nro. 11001 0315 000 2011 00 515 00 (PI). 10 Expediente nro. 11001 0328

00034 00. 8 Expediente nro. 11001 0315 000 2010 01055 00 (PI). 9 Expediente nro. 11001 0315 000 2011 00 515 00 (PI). 10 Expediente nro. 11001 0328 000 2010 00063 00. 11 Expediente nro. 11001 0328 000 2010 00098 00. 12 Expediente nro. 001 0315 000 2011 00254 00.Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga está integrada por municipios que se encuentran dentro de la jurisdicción del departamento de Santander y en el resultado de los escrutinios de las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019, expedido por el Consejo Nacional Electoral, se puede probar el número de votos que obtuvo la señora Ramírez Carreño en el departamento. Puntualizó “sigo considerando que la señora Claudia Lucía Ramírez Carreño se aprovechó de dicha ventaja sobre los demás aspirantes a ser diputados, puesto que el calendario electoral así lo refleja. Por esta razón enuncio las dos tesis: la del Tribunal Administrativo de Santander y la de la Sección Quinta del Consejo de Estado donde demuestro que mi demanda está acorde con lo enunciado en las unificaciones de esta Sala” e insistió en que el período de la inhabilidad comienza desde la fecha de la inscripción como candidato hasta el día de las elecciones, solicitando en concreto, que se revoque la sentencia proferida por el Tribunal de instancia. El recurso de apelación fue concedido por auto del 24 de noviembre de 202013. 5.- Trámite de segunda 5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 16 de diciembre de 202014 y, por auto del 2 de marzo de 2021, se admitió el recurso de apelación15. 13 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por One Drive.

14 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01.Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

5.2. Por auto del 3 de mayo de 2021 se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, así como al señor agente del Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto16. 5.2.1. El apoderado de la diputada acusada descorrió el traslado en oportunidad y manifestó lo siguiente17: Que el actor insiste en que la señora Ramírez Carreño violó el régimen de inhabilidades por haber celebrado un contrato con la CDMB y de manera errónea afirma que este acto se suscribió dentro del año anterior a la elección. Que al efecto debe tenerse en cuenta que el artículo 6 de la Ley 1871 de 2017 consagra para todos los efectos legales que se entenderá que la inhabilidad se configura solo si el contrato es celebrado en el respectivo departamento como ente administrativo y sus entidades descentralizadas, y, debido a que la CDMB es una entidad del orden nacional, no se configura la inhabilidad advertida. Así mismo, aseveró que tampoco se configura el factor temporal, puesto que, entre la suscripción del contrato y la fecha de las elecciones, transcurrieron más de 14 meses. Adicionalmente manifestó que, aunque el a quo no hizo un análisis de la tesis de la defensa en el sentido que también hay ausencia del factor territorial, pues consideró suficiente la ausencia del factor temporal para 15 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. 16 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. 17 Visto en el índice 18de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado

el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. 17 Visto en el índice 18de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01.Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte

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desestimar las pretensiones, no puede pasarse por alto que la CDMB es del orden nacional y para que se configure cualquiera de las inhabilidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 617 de 2000 los negocios jurídicos o conductas cometidas por el diputado deben haberse realizado con una entidad descentralizada del respectivo departamento, motivos por los que solicitó se confirme el fallo de primera instancia. 5.2.2. El solicitante de la pérdida de investidura insistió en los argumentos expuestos en el recurso de apelación18, considerando que la sentencia recurrida solo revisó las fechas en que la diputada celebró el respectivo contrato y que debió revisar la sentencia de unificación de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 7 de junio de 2016, en la que se precisó que, por el factor temporal, la inhabilidad comienza a correr desde el día de la inscripción del candidato, no desde la elección. Afirmó también que el apoderado de la acusada manifiesta que la CDMB es del orden nacional lo que es totalmente equivocado, ya que dicha Corporación fue creada por el Acuerdo nro. 038 del 31 de agosto de 1965 por el concejo municipal de Bucaramanga, con domicilio en la misma ciudad, y cuyo patrimonio está compuesto por los bienes, rentas y auxilios de la Nación, el departamento de Santander, el municipio de Bucaramanga y sus entidades que la conforman. Adujo “es preciso manifestar que la demandada realizó un contrato con la CDMB (ente público territorial de Santander) el día 30 de agosto de 2018 y lo ejecutó hasta el mes de noviembre y lo liquidó el mes de 18 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por One Drive.Radicación:

mes de noviembre y lo liquidó el mes de 18 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por One Drive.Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 diciembre de 2018, cuando ya estaba en campaña política, logrando conseguir los votos necesarios para su elección dentro del período de inhabilidad, 12 meses anteriores a la inscripción como lo establece la unificación de sentencias en la Sección Quinta del Consejo de Estado, respecto al FACTOR TEMPORAL. Es evidente que la señora Claudia Lucía Ramírez Carreño, se aprovecha de su ventaja con los demás candidatos y sigue ejecutando su contrato de prestación de servicios con entidad del Estado (…)”. 5.2.3. El señor agente del Ministerio Público rindió concepto en oportunidad19, en el cual, luego de referirse a la demanda, a la contestación de la diputada, a la sentencia de primera instancia, a los argumentos de la apelación, a las disposiciones invocadas como infringidas y a lo que ha dicho la jurisprudencia sobre su alcance, consideró que no es de recibo la posición del actor, según la cual, para la configuración de la inhabilidad establecida en el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617, debe tenerse en cuenta la fecha de actos posteriores a la suscripción del contrato, pues, de acuerdo con la norma invocada y la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, deben considerarse las diligencias tendientes a conseguir el negocio jurídico o la suscripción del contrato y no actividades posteriores a tal evento20, y que en este caso la inhabilidad se circunscribe a la participación en la celebración del respectivo contrato. 19 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por One Drive.

20 Consejo de Estado, sentencia del 18 de octubre de 2012, Rad.: 85001-23-31-0002011-00207-01. Consejo de Estado, sentencia del 19 de febrero de 2019, Rad.: Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02417-00(PI) (11001-03-15-000-20182445-00 y 11001-03-15-000-2018-2482-00) (acumulados).Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13

Concluyó: “como en el sub judice el contrato 11913-02, suscrito con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, se celebró el 30 de agosto de 2018 y, ateniéndonos a los precisos términos normativos, la fecha de la elección de la demandada como diputada del Departamento de Santander ocurrió el 27 de octubre de 2019, no se configura la causal de pérdida de investidura alegada, pues como reiteradamente lo ha sostenido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el alcance de la inhabilidad debe ser interpretado en forma estricta y restringida a los supuestos expresamente tipificados, teniendo en cuenta que nos encontramos ante la limitación al ejercicio de un derecho político”. (negrillas originales). Por las razones señaladas, solicitó en defensa del interés general, el orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y los derechos fundamentales, se confirme la sentencia de primera instancia. El expediente ingresó a despacho para fallo el 15 de junio de 202121. II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 1.- Competencia de la Sección Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el 21 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

de apelación interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el 21 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por One Drive.Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200022, y con base en lo establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201923, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones24.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura Para acreditar que la señora Claudia Lucía Ramírez Carreño fue elegida diputada del departamento de Santander, para el período constitucional 20202023, el actor aportó copia del formulario E-6 AS25, donde consta que se declararon electos como diputados de dicho departamento, para el citado período, entre otros, a la señora Ramírez Carreño. Igualmente, allegó copia del acta nro. 001 del 1 de enero de 2020 de la asamblea departamental de Santander en la que consta que en la fecha tomaron posesión del cargo los diputados electos, entre ellos, la acusada26. 22 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos. 23 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.

24 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”. 25 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por One Drive. 26Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por One Drive.Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15

Por lo tanto, la diputada acusada es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de investidura. 3.- Hechos probados Con las pruebas obrantes en el proceso se acredita lo siguiente27: 3.1. El solicitante anexó copia del formulario E6 AS diligenciado el 27 de julio de 2019, en donde consta la solicitud para la inscripción de listas y constancia de aceptación de candidatos de partidos o movimientos políticos con personería jurídica del Consejo Nacional Electoral, asamblea por el departamento de Santander, para las elecciones del 27 de octubre de 2019, en donde figuran, entre otros, la señora Claudia Lucía Ramírez Carreño por el Partido Conservador Colombiano. 3.2. De igual manera aportó copia del contrato de prestación de servicios profesionales nro. 11913-02 del 30 de agosto de 2018 celebrado entre el representante legal de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga como entidad contratante y la contratista Claudia Lucía Ramírez Carreño. 3.3. El acta de inicio del contrato se suscribió por parte de la Jefe Oficina Gestión Social y Ambiental, en calidad de supervisora del contrato y la contratista Claudia Lucía Ramírez Carreño, allí se indicó: “[…] PRIMERO: Fijar el día 30 de agosto de 2018 como fecha de iniciación del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 11913-02 suscrito entre Claudia Lucía Ramírez Carreño y la CDMB. 27 Ibidem. Pruebas aportadas por la parte solicitante en el escrito inicial.Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte

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SEGUNDO: Fijar el día 29 de Noviembre del 2018, como fecha para el cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta que el plazo estipulado es de 3 Meses. […]”. (mayúsculas y negrillas originales) 3.4. El acta de liquidación definitiva del contrato de prestación de servicios profesionales nro. 11913-02 se firmó el 26 de diciembre de 2018 por parte de la Jefe Oficina Gestión Social y Ambiental, supervisora del contrato, y la contratista Claudia Lucía Ramírez Carreño; allí se indicó: “[…] ACUERDAN La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. 119132, suscrito para Contratar La Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión Que Contribuya A Desarrollar Los Procesos De Convocatoria Y Logísticos Asociados a la Formulación del Plan Decenal de Educación Ambiental del Departamento de Santander 20182028 (Fases I, II, II (sic), IV), Jurisdicción Cdmb, Posibilitando El Fortalecimiento de los Diferentes Componentes De la Educación Ambiental Propuestos En el Proyecto 14 del PAC 20162019. […]”. (mayúsculas y negrillas originales) 4. Análisis de la Sala Se le endilga a la diputada acusada estar incursa en la causal de inhabilidad prevista por el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, que dispone: “Artículo 33.- De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01 Solicitante: Carlos Augusto González Duarte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 (…) 4. Quien dentro del año anterior a la