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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal Núm. único de radicación: 680012333000202300008-01

Solicitante: Jully Carolina Chacón Chacón

Concejal: Efrén Franco Farfán

Asunto: Resuelve sobre una solicitud de aclaración presentada en el proceso de pérdida de investidura

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala procede a resolver la solicitud de aclaración de la sentencia de 1.º de junio de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, presentada por la Solicitante Jully Carolina Chacón Chacón.

La present e providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

1. La señora Jully Carolina Chacón Chacón -en adelante la Solicitante-, pidió, en ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura del Concejal de Barbosa -Departamento de Santander-, señor Efrén Franco Farfán, porque, a su juicio, incurrió en la causal prevista en el numeral 3.° del artículo 55 de

del Concejal de Barbosa -Departamento de Santander-, señor Efrén Franco Farfán, porque, a su juicio, incurrió en la causal prevista en el numeral 3.° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19941 y el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002, por indebida destinación de dineros públicos.

1 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. 2 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.2

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2. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante la sentencia de 15 de febrero de 2023 , en primera instancia 3, resolvió “[…] NEGAR las pretensiones de la demanda […]”. La Solicitante interpuso recurso de apelación contra la sentencia4.

3. La Sección Primera del Consejo de Estado, una vez adelantado el trámite correspondiente, mediante sentencia de 1.º de junio de 2023 dispuso “[…] CONFIRMAR la sentencia de 15 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

correspondiente, mediante sentencia de 1.º de junio de 2023 dispuso “[…] CONFIRMAR la sentencia de 15 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”5. La sentencia se notificó a las partes e interviniente mediante correo electrónico enviado el 13 de junio de 20236.

4. La Solicitante, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, el 15 de junio de 20237, solicitó la aclaración de la sentencia de 1.º de junio de 2023.

La solicitud de aclaración presentada por la señora Jully Carolina Chacón Chacón

5. La Solicitante, en el acápite de “ACLARACIÓN”, pidió que se aclare la sentencia de 1.º de junio de 2023, en los siguientes términos:

“[…] ACLARACIÓN

Con lo anterior y teniendo en cuenta que las sentencias del Consejo de Estado sirven de respaldo jurídico para casos similares que pueden suceder después de la expedición de la presente sentencia, se hace necesario que se aclare por parte de la corporación debido a que la causal fue instituida a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado, y la presente decisión se encuentra en una posición totalmente contraria a sentencias pasadas, como todas las relacionadas en las referencias, incluso del mismo magistrado, la aclaración va encaminada a:

1. A partir de la presente sentencia, hay cambio de Jurisprudencia y queda abolida la

causal de:

Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados.

1. A partir de la presente sentencia, hay cambio de Jurisprudencia y queda abolida la

causal de:

Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados.

Por qué no es claro con la presente sentencia en qué momento se configura la desviación a propósitos autorizados pero diferentes a su asignación.

2. Con este cambio de Jurisprudencia ¿Los presidentes de los concejos municipales en Colombia, a partir de la presente sentencia estarían autorizados para cambiar la asignación de los honorarios destinados al pago de las 70 sesiones ordinarias y las 20 extraordinarias para otros rubros que se encuentren dentro del presupuesto del

3 Cfr. Documento denominado “44SentenciaPrimeraInstancia.pdf”, del expediente electrónico. 4 Cfr. Documento denominado “48.RecursodeApelaciónDemandante.pdf” del expediente electrónico. 5 Cfr. Índice 12 de SAMAI. 6 Cfr. Índice 14 de SAMAI. 7 Cfr. Índice 16 de SAMAI.3

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concejo municipal, bien sea gastos generales, aseo, papelería etc.? ¿Por el solo hecho que es para el mismo funcionamiento del concejo?

Es decir que lo expresado en la ley 1368 de 20 09 y en el artículo 55 del reglamento interno del concejo municipal de Barbosa Santander, respecto a las sesiones obligatorias, ya dejan de ser imperativas y pasan hacer potestativas del presidente

Es decir que lo expresado en la ley 1368 de 20 09 y en el artículo 55 del reglamento interno del concejo municipal de Barbosa Santander, respecto a las sesiones obligatorias, ya dejan de ser imperativas y pasan hacer potestativas del presidente del concejo municipal.[…]”8 (Destacado incluido en el texto).

6. Para efectos de fundamentar lo anterior, la Solicitante expuso:

6.1. Manifestó que la causal que citó como pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos fue “[…] cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados […]”.

6.2. Afirmó que se desconoció el criterio jurisprudencial establecido en la sentencia de 15 de marzo de 2018 9 en el cual se consideró que la causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el concejal destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos.

6.3. Indicó que “[…] en ningún momento se manifestó que el presupuesto del concejo no puede ser modificado, lo que se afirmó es que según el artículo 55 del reglamento interno se tiene que cumplir con la ejecución de las 70 sesiones ordinarias, porque para ello se le asignaron los recursos en el presupuesto para la vigencia 2020, pero esto no se cumplió por los contracréditos hechos por el señor Efrén Franco en su calidad de Presidente del Concejo Municipal, lo que se demostró con las resoluciones de las modificaciones presupuestales, plenamente probado en el proceso, por consiguiente si se incurrió en la causal invocada […]”. Asimismo,

Efrén Franco en su calidad de Presidente del Concejo Municipal, lo que se demostró con las resoluciones de las modificaciones presupuestales, plenamente probado en el proceso, por consiguiente si se incurrió en la causal invocada […]”. Asimismo, que ”[…] el demandado contestó de manera extemporánea la demanda con una justificación médica que ni siquiera fue corroborada por […] el Tribunal de Santander […]”.

6.4. Señaló que en la sentencia no se tuvo en cuenta que el artículo 55 del Acuerdo núm. 5 de 30 de noviembre de 201910 “[…] exigía el cumplimiento de las 70 sesiones ordinarias y es la que precisamente vulnera el señor Efrén Franco y concluía en la

8 Transcripción literal de la solicitud. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. sentencia de 15 de marzo de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, proceso identificado con el número único de radicación 13001233300020160110701. 10 “Por el cual se modifica y se expide el Reglamento Interno para el funcionamiento del Concejo Municipal de Barbosa y se deroga el Acuerdo Municipal núm. 11 de 2013”.4

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configuración de la causal de pérdida de investidura […] violando la Ley 1638 de 2009, el reglamento del concejo y […] la ley 136 de 1994, conforme al escrito de demanda […]”. En ese sentido, afirmó “[…] se observa con claridad que son de

2009, el reglamento del concejo y […] la ley 136 de 1994, conforme al escrito de demanda […]”. En ese sentido, afirmó “[…] se observa con claridad que son de obligatorio cumplimiento realizar las 70 sesiones ordinarias durante el período anual, por lo tanto los dineros asignados en el presupuesto del Concejo para la vigencia 2020 tienen una destinación específica […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7. La Sala procederá, en primer orden, al estudio del marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la aclaración de sentencias; y, en segundo orden, al análisis del caso concreto.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la aclaración de sentencias

8. Visto el artículo 285 de la Ley 156411 de 12 de julio de 201212 sobre aclaración,

que establece lo siguiente:

“[…] Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases qu e ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración […]”.

9. Esta Corporación, en relación con la aclaración de sentencias, en auto proferido

su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración […]”.

9. Esta Corporación, en relación con la aclaración de sentencias, en auto proferido el 13 de diciembre de 2016 13, señaló que se encuentra regulado en el artículo 285 de la Ley 1564 y que se erige “[…] en un instrumento dado por el ordenamiento jurídico a las partes del proceso, e inclusive al propio juez, para lograr una mayor comprensión intersubjetiva de la decisión judicial en los eventos en que la misma se plasmen “conceptos o frases que ofrez can verdadero motivo de duda”, ello, amparado bajo el condicionamiento dispuesto en la misma norma y que consiste en que tales pasajes que se acusen de oscuros por los intervinientes en el proceso,

11 Aplicable al presente asunto en virtud de los artículos 21 y 22 de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018, “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones”. 12 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 13 de diciembre de 2016, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente número: 110010326000201600063-00.5

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deben constituirse en relevantes o esenciales para la dete rminación y alcance de los mandatos dispuestos en la parte resolutiva de la providencia; pues la regla jurídica en cita permite el uso de la aclaración de las providencias judiciales cuando tales frases o conceptos “estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella” […]”.

10. En ese orden de ideas, se puede concluir que la aclaración de sentencias se caracteriza porque: i) procede de oficio o a solicitud de parte; ii) dentro del término de ejecutoria de la providencia; iii) para ac larar conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda que estén contenidos en la parte resolutiva de la providencia o que influyan en ella; y iv) la providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración, de conformidad con el artículo 243A de la Ley 143714.

Análisis del caso concreto

Oportunidad de la solicitud de aclaración en el caso concreto y el trámite de la solicitud

11. De conformidad con los artículos 285 y 302 de la Ley 1564 y atendiendo a que la sentencia proferida el 1.º de junio de 2023 se notificó en debida forma15, la Sala considera que la solicitud de aclaración de 15 de junio de 202316 se presentó dentro

la sentencia proferida el 1.º de junio de 2023 se notificó en debida forma15, la Sala considera que la solicitud de aclaración de 15 de junio de 202316 se presentó dentro de la op ortunidad legal correspondiente: la Sala consider a que es procedente resolver la solicitud de aclaración presentada por la Solicitante.

La solicitud de aclaración de la sentencia de 1.º de junio de 2023 , en el caso concreto

12. La Solicitante pidió que se “aclare” la sentencia de 1.º de junio de 2023 con fundamento en los argumentos expuestos anteriormente.

13. La Sala observa que en la sentencia de 1.º de junio de 2023 se explicó que el objeto del medio de control de pérdida de investidura es el estudio de la conducta de los miembros de corporaciones públicas de elección popular con el objeto de determinar si estos incurrieron o no en conductas que la Constitución Política y la ley sancionan con la pérdida de investidura y que, por tratarse de un proceso

14 Artículo adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080. 15 Mediante correo enviado el 13 de junio de 2023. 16 Cfr. Índice 16 de SAMAI.6

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sancionatorio, en él se debe dar plena aplicación de las garantías constitucionales, teniendo en cuenta además que las causales son taxativas y de aplicación restrictiva.

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sancionatorio, en él se debe dar plena aplicación de las garantías constitucionales, teniendo en cuenta además que las causales son taxativas y de aplicación restrictiva.

14. Asimismo, se consideró que “[…] el juicio de responsabilidad que se realiza en el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con la jurisprudencia de las altas cortes17, una vez verificada la configuración del elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo18 […]”.

15. El problema jurídico que se debía resolver, según quedó consignado en la sentencia de 1.º de junio de 2023, consistía en: “[…] determinar con fundamento en el recurso de apelación, si el Concejal en su condición de Presidente y ordenador del gasto del Concejo Municipal de Barbosa incurrió o no en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3.° del artículo 55 de la Ley 136 y el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617 , consistente en indebida destinación de dineros públicos, al realizar movimientos presupuestales con recursos de honorarios de los concejales para pagar materiales y suministros, servicios varios, apoyo para la gestión y honorarios por servicios profesionales del Concejo Municipal. […]. En ese sentido, se analizará si se cumplen los supuestos del elemento objetivo y, en caso de encontrarlo configurado, se estudiará el elemento subjetivo, con el objeto de establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida en primera instancia. […] ”.

16. En efecto y según se observa en los numerales 24 a 28 de la sentencia de 1.º

establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida en primera instancia. […] ”.

16. En efecto y según se observa en los numerales 24 a 28 de la sentencia de 1.º de junio de 2023, en el recurso de apelación se argumentó por la Solicitante que se debía revocar la sentencia proferida por el Tribunal, porque: i) se configuró la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, consistente en destinarlos a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se enc uentran asignados; ii) el rubro de honorarios de los concejos municipales era de destinación específica, por cuanto a diferencia del presupuesto de las entidades territoriales, tenía un rubro exclusivo para los gastos de funcionamiento y no tenían rubros o secciones para inversión o servicio de la deuda; y iii) el artículo 66 de la Ley 136, modificado por el artículo 1.º de la Ley 1368, en concordancia con el artículo 55 del Acuerdo núm. 5 de 30 de noviembre de

17 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016. 18 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]”7

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201919, dispuso que se debía pagar anualmente todas las sesiones ordinarias a los concejales que corres pondían según la categoría del municipio, lo cual no era facultativo.

17. La Sala considera que la decisión adoptada en la sentencia de 1.º de junio de 2023 no evidencia conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda en la parte resolutiva de la sen tencia o que influyan en ella ni que se haya omitido la resolución sobre algún extremo de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento. En ese sentido, es preciso indicar que el Tribunal, mediante auto de 7 de febrero de 2023, tuvo por contestada la demanda, decisión que se encuentra ejecutoriada20.

18. Sobre el particular, se destaca que la decisión adoptada es clara por cuanto realizó el estudio del marco normativo y de los desarrollos jurisprudenciales aplicables para la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de

dineros públicos, porque consideró:

18.1. Que la indebida destinación de dineros públicos es una norma abierta porque la normativa Constitucional y legal no establece el alcance de la causal ni detalla un catálogo de conductas específicas que la configuran, lo cual atiende a la finalidad de la causal, cual es: censurar cualquier uso de los dineros públicos para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución Política, las

catálogo de conductas específicas que la configuran, lo cual atiende a la finalidad de la causal, cual es: censurar cualquier uso de los dineros públicos para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución Política, las leyes o el reglamento, porque con ello traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la normativa que regula el gasto21.

18.2. La configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura del caso sub examine necesita la prueba de tres supuestos, a saber: i) que se ostente la condición de miembro de corporación pública de elección popular; ii) que

19 “Por el cual se modifica y se expide el Reglamento Interno para el funcionamiento del Concejo Municipal de Barbosa y se deroga el Acuerdo Municipal núm. 11 de 2013”. 20 Sobre el particular, consideró: “[…] el 31 de enero de esta anualidad el demandado presentó contestación a la demanda , alegando que entre el 23 y el 30 de enero padeció una enfermedad incapacitante consistente en un cuadro agudo de afección respiratoria, que le imposibilitó la locomoción y salir de su vivienda; y como constancia de ello anexó su historia clínica. Además, solicitó como prueba que se ordene oficiar al Municipio de Barbosa para que certifique cuál es el origen de los recursos objeto de la transferencia efectuada por el municipio en la vigencia 2020 para soportar el presupuesto de gastos del Concejo Municipal de Barbosa; y, así mismo, se envíe copia del Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal. […] El Despacho tendrá como oportuna la contestación de la demanda, en vista del tip o de acción que se tramita, a fin de asegurar la defensa del

mismo, se envíe copia del Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal. […] El Despacho tendrá como oportuna la contestación de la demanda, en vista del tip o de acción que se tramita, a fin de asegurar la defensa del demandado […]”. 21 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdid a de Investidura; sentencia de 3 de diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771 -00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 1100 1-03-15-000-2013-00865-00. Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).8

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se esté frente a dineros públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente destinados.

18.3. La indebida destinación de dineros públicos se configura , entre otros, “[…] cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados […]”.

18.4. En ese sentido, en el desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura por indebid a destinación de dineros públicos, señaló que la causal de

dineros se encuentran asignados […]”.

18.4. En ese sentido, en el desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura por indebid a destinación de dineros públicos, señaló que la causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el concejal destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos , en los siguientes términos:

“[…] La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 22, mediante sentencia de 6 de mayo de 2014, en relación con la causal de pérdida de investidura de congresistas por indebida destinación de dineros públicos, aplicable al caso de los concejales, consideró lo siguiente:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida de investidura, tampoco describen la conducta. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure . En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza cuando un congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a activid ades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que estando autorizados no correspondan a la finalidad asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 2012 23, señaló que aunque la causal no está definida en el ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los dineros públicos no corresponde a los fines estatales

aunque la causal no está definida en el ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los dineros públicos no corresponde a los fines estatales preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento: “La causal de indebida destinación de dineros públicos no está definida en la Constitución ni en las normas legales que rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que esta Corporación le ha definido. La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el concejal destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos . […]”. (Destacado incluido en el texto).

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero ponente: Enrique Gil Botero, Bogotá D.C., seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), Radicación número: 11001 -03-15-000-2013-0086500(PI), Actor: Carlos Mario Isaza Serrano, Demandado: Roy Leonardo Barreras Montealegre. 24 Rad. 201000352, C.P. María Claudia Rojas Lasso. 23 Rad. 2010-00352, C.P. María Claudia Rojas Lasso.9

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“[…] Asimismo, esta Sección24, siguiendo los planteamientos de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha expresado, frente a la

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“[…] Asimismo, esta Sección24, siguiendo los planteamientos de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha expresado, frente a la configuración de esta causal de pérdida de investidura, lo siguiente:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC -9877, Consejero ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar), se pronunció sobre los alcances del co ncepto de indebida destinación de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura “está en el hecho de que el Congresista, en su condición de servidor público, con su conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otr os sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o d e terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas”.

cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o d e terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas”.

Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 25 y también por la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003 - 00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre de 2006 (Expediente núm. 2005 -01133, Consejer o ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 200900012 (Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente doctor Rafa el E. Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente núm. 2011 -00009, Consejera ponente María Elizabeth García González) y 1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012 -00151, Consejera ponente María Elizabeth García González) […]” (Destacado fuera en el texto).

18.5. Al respecto, reiteró el criterio jurisprudencial de la sentencia de 15 de marzo de 201826 proferida por la Sección Primera de esta Corporación, según el cual, el Presidente del Concejo Municipal debe atender las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del presupuesto con los ingresos corrientes de libre

de 201826 proferida por la Sección Primera de esta Corporación, según el cual, el Presidente del Concejo Municipal debe atender las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del presupuesto con los ingresos corrientes de libre destinación, sin que pueda afectar los recursos de destinación específica.

18.6. De igual forma, reiteró el criterio jurisprudencial de la sentencia de 10 de diciembre de 2021 27 proferida por la Sección Primera de esta Corporación, que

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala, Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014), Radicación número: 63001-2333-000-2013-00148-01(PI). 25 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001 (Expediente núm. AC11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01). 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,