CE - 680012333000202300301011SENTENCIA20230907153116

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 68001 23 33 000 2023 00301 01

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

Demandado: Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros

Temas: Tutela por la presunta violación de los derechos de petición, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Mora judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia del 12 de julio de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó la solicitud de amparo en cuanto a la afectación de los derechos fundamentales que le atribuye al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y las entidades bancarias y la declaró improcedente respecto a l cargo que se dirige a que se ordene el pago de la reliquidación de la pensión de jubilación.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Luis Hernando Rodríguez Muñoz promueve acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, la Administradora Colombiana de

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Luis Hernando Rodríguez Muñoz promueve acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, la Administradora Colombiana de Pensiones ( COLPENSIONES), Banco Agrario de Colombia, Bancolombia, el BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, Citibank, GNB Sudameris, Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria y Pichincha.

1.2. Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:

PRIMERO: Se me TUTELE el derecho fundamental de petición, debido proceso, y tutela judicial efectiva, respecto de las actuaciones y/u omisiones en que pudiesen2

Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

hacer incurrido el [ Juzgado Quinto […] Administrativo del Circuito de Bucaramanga, Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones E.I.C.E, Banco Agrario de Colombia, Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, Citibank, GNB Sudameris, Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria, y Pichincha], en relación con la solicitud de remisión de oficios de medidas cautelares y/o emisión de respuesta de los oficios remitidos por parte de la autoridad judicial.

SEGUNDO: Que en consecuencia se ordene al [Juzgado Quinto (5) Administrativo del Circuito de Bucaramanga] que, en el término de cuarenta y ocho (4 8) horas siguientes a la decisión, realizar la actuación pertinente conforme lo ordenado por

del Circuito de Bucaramanga] que, en el término de cuarenta y ocho (4 8) horas siguientes a la decisión, realizar la actuación pertinente conforme lo ordenado por el H. Tribunal Administrativo de Santander para efectos de dar efectividad a la orden de embargo y retención de dineros de la entidad demandada en proceso ejecutivo tramitado bajo partida 680012333000-2016-01150-00, dando aplicación a la excepción de inembargabilidad.

TERCERO: Que en consecuencia se ordene al [Banco Agrario de Colombia, Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, Citibank, GNB Sudameris, Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria, y Pichincha] que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la petición formulada ante estos por conducto del oficio remitido por la autoridad judicial accionada, que en mi conocimiento a la fecha se encuentra carente de respuesta.

CUARTO: Que en consecuencia se ordene a la [Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones E.I.C.E] que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la decisión, en su condición de entidad ob ligada en el fallo objeto de ejecución en le (sic) proceso tramitado bajo partida 680012333000 -2016-0115000, a surtir el reconocimiento y pago de la asignación pensional conforme los parámetros prefijados en aquel proceso a futuro, sin perjuicio de lo que se resuelva al interior de aquel trámite, en caso de incrementarse la cuantía a la que se tenga derecho.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el accionante señaló los siguientes:

al interior de aquel trámite, en caso de incrementarse la cuantía a la que se tenga derecho.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el accionante señaló los siguientes:

1. El 18 de septiembre de 2019, por conducto de apoderada que constituyó al interior de la acción ejecutiva con radicación 68001 23 33 000 2016 01150 00, solicitó la emisión de orden de embargo de recursos pertenecientes a la Administradora Colombiana de Pensiones ( COLPENSIONES E .I.C.E) en aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del principio de inembargabilidad por tratarse de un proceso soportado en derechos pensionales.

1. A través de auto del 18 de diciembre de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga resolvió dicho pedimento, accediendo a la medida, pero denegando lo referente a la petición de inaplicación, advirtiendo expresamente que lo decidido no recaía sobre recurso s de naturaleza inembargable bajo los postulados generales.3

Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

1. El 15 de enero de 2020, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra esa decisión, insistiendo en la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del principio de inembargabilidad por tratarse de una ejecución en la que se reclaman garantías pensionales. Por auto del 8 de septiembre de 2020, no se repuso la providencia.

1. El 17 de febrero de 20 22, se desató la alzada por el Tribunal Administrativo de

garantías pensionales. Por auto del 8 de septiembre de 2020, no se repuso la providencia.

1. El 17 de febrero de 20 22, se desató la alzada por el Tribunal Administrativo de Santander en el sentido de decretar embargo por la suma de $ 154.753.196 sobre las cuentas, el secuestro y retención de los dineros, títulos valores, depósitos o cualquier otro instrumento financiero existentes en el Banco Agrario de Colombia, Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, Citibank, GNB Sudameris, Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria y Pichincha, en cabeza de la Administradora Colombiana de Pensiones. Con base en esa decisión, mediante proveído del 25 de marzo de 2022 el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga dispuso obedecer y cumplir lo dispuesto por el superior, librando los respectivos oficios a las entidades bancarias

1. Debido a la ausencia de respuesta de las mencionadas entidades bancarias, el 13 de enero de 2023, pidió a la autoridad judicial accionada 1) ajustar el valor de la medida cautelar teniendo en cuenta la actualización de la liquidación del crédito surtida dentro del proceso; y 2) volver a expedir los oficios haciendo claridad en la inaplicación del principio de inembargabilidad, según lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander en la providencia aludida.

1. La anterior solicitud se reiteró el 17 de febrero de 2023 y el 16 de mayo de 2023, sin que a la fecha de interposición de la acción de tutela se pro nunciara la autoridad demandada, pese a que transcurrieron siete meses desde la petición inicial.

sin que a la fecha de interposición de la acción de tutela se pro nunciara la autoridad demandada, pese a que transcurrieron siete meses desde la petición inicial.

1. De forma independiente a lo anterior, con fundamento en las actuaciones de medidas cautelares surtidas por el juzgado accionado, el Banco BBVA el 12 de julio de 2022 pidió la aclaración del oficio de medidas cautelares para efectos de proceder a su cumplimiento , siendo una petición carente igualmente de decisión por parte del despacho.4

Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

1. Teniendo en cuenta la comunicación de la mencionada e ntidad bancaria el 16 de mayo de 2023, en actuación independiente, se requirió al juzgado la aclaración del oficio, sin que a la fecha se haya expedido respuesta.

1. Así mismo, e n respeto por e l presupuesto de subsidiariedad de la solicitud de amparo, el 14 de junio de 2023 impetró mecanismo de vigilancia judicial administrativa en relación con la eventual mora, la que hasta el momento no ha tenido un resultado satisfactorio.

1. El proceso ejecutivo se encuentra actualmente ante el Tribunal Administrativ o de Santander surtiendo el recurso de apelación formulado contra el auto que aprobó la liquidación del crédito, concedido por medio de auto del 15 de mayo de 2023 en el efecto diferido, lo que implica que la autoridad accionada conserva la competencia en materia de medidas cautelares y entrega de títulos hasta el importe aprobado en primera instancia, conforme al numeral 3 del artículo 446 del Código General del

Proceso.

efecto diferido, lo que implica que la autoridad accionada conserva la competencia en materia de medidas cautelares y entrega de títulos hasta el importe aprobado en primera instancia, conforme al numeral 3 del artículo 446 del Código General del Proceso.

1. En el trámite de la alzada a que se hace alusión en el numeral anterior, obra como apelante único ; por tanto, en lo que se refiere a las sumas ya aprobadas de la liquidación opera la ejecutoria, siendo dable el reconocimiento y pago de ese rubro una vez se ejecute la medida cautelar ordenada en el proceso, pero se reitera, sobre ello nada se ha resuelto.

1. Es un sujeto de especial protección constitucional, dado que tiene setenta y ocho años y ha sido diagnosticado con una discapacidad auditiva severa, además, el litigio para reclamar su asignación pensional lleva más de diez años, teniendo en cuenta su iniciación en la sede administrativa en la que se dictó el acto demandado y que dio origen a la ejecución.

1. Atendiendo a sus condiciones subjetivas y el proceso ejecutivo en trámite, el cual no constituye el mecanismo idóneo y eficaz para obtener la reliquidación de la asignación pensional y en aplicación del precedente fijado en las sentencias T-048 de 2019 y T-628 de 2014, así como la posición establecida por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso con radicado 68081 33 33 002 2018 00141 01, la ausencia5

Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

de ejecución de l fallo que ordena la revisión de pensi ón configura una v iolación a múltiples prerrogativas fundamentales e impone adoptar una solución definitiva con el fin de garantizar la t utela judicial efectiva de una persona cobijada por especial protección constitucional.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega la vulneración de su derecho fundamental de petición, así como el deber y la obligación de cumplir oportunamente los fallos judiciales ejecutoriados como garantía del debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admit ió por el magistrado Iván Fernando Prada Macías del Tribunal Administrativo de Santander , mediante auto de l 4 de julio de 2023, que se ordenó notificar al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), Banco Agrario de Colombia, Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, Citibank, GNB Sudameris, Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria y Pichincha, como demandados, para que dentro del término máximo e improrrogable de cuarenta y ocho horas y, en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe. Igualmente, se dispuso la notificación a la Procuraduría Judicial 159 II Delegada en Asuntos Administrativos, para que si a bien lo tenía se pronunciara sobre la solicitud de amparo.

1.6. Intervenciones

la notificación a la Procuraduría Judicial 159 II Delegada en Asuntos Administrativos, para que si a bien lo tenía se pronunciara sobre la solicitud de amparo.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga. La juez Digna María Guerra Picón solicita se deniegue la tutela por las siguientes razones:

1. En el presente caso se han realizado las actuaciones correspondientes, atendiendo al volumen de expedientes a cargo del despacho y el turno que se asigna para su trámite, de manera que se han surtido las etapas procesales, entre ellas, el 7 de julio de 2023 se ajustó la medida cautelar conforme a lo solicitado por el accionante y con fundamento en la normativa vigente.6

Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

1. Sumado a lo anterior, no se ha recibido petición por parte del apoderado del accionante, en el que requiera impulso procesal o celeridad en el trámite del proceso, por el contrario, acudió directamente a la tutela, pese a que no se ha negado ninguna solicitud en el desarrollo del juicio, específicamente, desde que se le reconoció personería en la audiencia inicial del 5 de octubre de 2022.

1. El asunto fue entregado a ese despacho en diciembre de 2019, por tanto, no se le puede atribuir responsabilidad en el trámite que se le imprimió . Además, porque durante 2020, debido a la pandemia por el COVID-19 se suspendieron los términos y se ordenó operar en la virtualidad, lo que comprometió los tiempos de respuesta, sin que

puede atribuir responsabilidad en el trámite que se le imprimió . Además, porque durante 2020, debido a la pandemia por el COVID-19 se suspendieron los términos y se ordenó operar en la virtualidad, lo que comprometió los tiempos de respuesta, sin que ello implicara el cese de la actividad judicial.

1. Ahora, los hechos y demás planteamientos efectuados en el escrito de tutela se dirigen a que se dé efectividad a las medidas cautelar es decretadas, al respecto se tiene que se ha cumplido con la carga procesal, resolviéndolas y librando los respectivos oficios, encontrándose actualmente vigentes.

1. Así mismo, en acatamiento de la orden del Tribunal el año anterior se profirió auto de obedecer y cumplir y se libraron los oficios a las entidades bancarias a cargo de las cuales está el obedecimiento del mandato del superior.

1.6.2. De la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES). La señora Nazly Yorleny Castillo Burgos directora de Acciones Constitucionales solicita se niegue la tutela, por cuanto las pretensiones son abiertamente improcedentes, comoquiera que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos de pr ocedibilidad del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991, así como tampoco se acreditó que haya vulnerado los derechos reclamados por el accionante.

1.6.3. Del Banco Caja Social. El señor José Ascanio Peñaloza, apoderado general, pide la desvinculación de e sa entidad del presente trámite, porque no existen circunstancias que permitan deducir que las súplicas del accionante y su eventual cumplimiento le sean atribuibles, ya que la controversia planteada no lo involucra, por

pide la desvinculación de e sa entidad del presente trámite, porque no existen circunstancias que permitan deducir que las súplicas del accionante y su eventual cumplimiento le sean atribuibles, ya que la controversia planteada no lo involucra, por no ser parte del proceso.7

Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

1.6.4. Del Citibank Colombia S. A. La señora Ana Carolina Cabra Copete, representante legal, aduce que, no obstante, informó al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga sobre la imposibilidad de acceder al expediente digital y, que para ello elevó solicitud el 5 de julio de 2023, sin obtener respuesta, no es posible pronunciarse de fondo respecto a los hechos y pretensiones expuest os por el accionante ni ejercer adecuadamente el derecho de defensa y contradicción. A sí mismo, en virtud de la celebra ción de cesión de activos, pasivos y contratos del negocio de consumo y de pequeñas y medianas empresas con Scotiabank Colpatria

S. A., a partir del 1 .º de julio de 2018, la gestión de productos o servicios financieros para personas naturales es de exclusiva responsabilidad de esa entidad.

1.6.5. Del Banco GNB Sudameris S. A. La apoderada general, señora Johanna Andrea Zorro Rodríguez , se opone a la prosperidad de la acción de tutela debido a que no ha dado lugar a la vulneración de garantía fundamental alguna, por lo cual debe declararse improcedente.

1.6.6. Del Banco Davivienda S. A. La señora Adriana Sofía Molina Leyva

que no ha dado lugar a la vulneración de garantía fundamental alguna, por lo cual debe declararse improcedente.

1.6.6. Del Banco Davivienda S. A. La señora Adriana Sofía Molina Leyva representante legal, alega que no ha violado derecho alguno a la parte actora que pueda ser objeto de amparo constitucional; en consecuencia, solicita su desvinculación del asunto.

1.6.7. De Scotianbank Colpatria. El señor Francisco Javier Rizo Fierro en su calidad de representante legal, pide se declare la improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia de infracción a los derechos iusfundamentales del accionante; por consiguiente, se exima a la entidad de cualquier efecto adverso que se pueda desprender del fallo que se dicte en este proceso.

1.6.8. Del Banco Agrario de Colombia. La señora Mónica María Patiño Gómez gerente regional Santanderes, solicita denegar el amparo; en consecuencia, se declare la improcedencia del mecanismo constitucional, ya que no concurre una vinculación legal ni contractual que dé lugar a que sea sujeto pasivo ; por tanto, no puede manifestar nada en relación con lo pretendido por el accionante, dado que todo se8

Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

contrae a hechos y circunstancias que solo podrán confirmar y decidir los despachos que ordenaron la medida cautelar.

1.7. La sentencia que se impugna

El Tribunal Administrativo de Santander mediante fallo del 12 de julio de 2023, dispuso lo siguiente:

que ordenaron la medida cautelar.

1.7. La sentencia que se impugna

El Tribunal Administrativo de Santander mediante fallo del 12 de julio de 2023, dispuso lo siguiente:

PRIMERO. NEGAR la acción de tutela instaurada por el señor Luis Hernando Rodríguez, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia en cuanto a la afectación de derechos fundamentales que atribuye al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y entidades bancarias.

SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDEN TE la pretensión cuarta de la tutela de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

[…]

Con fundamento en los siguientes razonamientos:

1. Luego de la revisión del material probatorio aportado, se determina que la petición elevada por el accionante dentro del trámite del proceso ejecutivo, el 13 de enero de 2023 y reiterada el 17 de febrero y el 16 de mayo de 2023, fue objeto de pronunciamiento por parte del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga mediante providencia del 7 de julio de 2023, notificada por estado de la mencionada fecha según registro en el Doc. 90ConstanciaEnvioMensajedeDatos PDF.

1. Comoquiera que están corriendo los términos de ejecutoria del referido auto no existe afectación de los derechos fundamentales de la parte actora, máxime porque se trata de una solicitud correspondiente a la actividad jurisdiccional —ajuste de la medida cautelar y oficios de e mbargo— lo que escapa a lo contemplado en la Ley 1577 de 2015 y debe atender a la norma propia del juicio.

trata de una solicitud correspondiente a la actividad jurisdiccional —ajuste de la medida cautelar y oficios de e mbargo— lo que escapa a lo contemplado en la Ley 1577 de 2015 y debe atender a la norma propia del juicio.

1. El 18 de diciembre de 2019, el despacho accionado avocó el conocimiento y decretó medida cautelar. Contra esa providencia se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. Por medio de auto del 8 de septiembre de 2020, no se repuso la decisión y se concedió la alzada. El 5 de octubre de 2021, se ordenó seguir adelante con la ejecución. El 19 y 26 de octubre de 2021, el accionante remitió la liquidación de9

Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

la que se corrió traslado mediante proveído del 11 de febrero de 2022. El 28 de febrero de 2022, se envió al contador previo trámite a las objeciones. El 25 de marzo de 2022 se obedece y cumple lo resuelto por el superior frente a la medida cautelar y se libran los oficios respectivos.

1. Con auto del 8 de julio de 2022, se dio traslado de la liquidación, respecto de la cual se formuló aclaración el 16 de septiembre de 2022. A través de providencia del 5 de diciembre de 202 2 se corrió traslado de la liquidación que fue aprobada el 10 de febrero de 2023 y, debido a que fue recurrida se encuentra en segunda instancia para decidir la apelación.

de diciembre de 202 2 se corrió traslado de la liquidación que fue aprobada el 10 de febrero de 2023 y, debido a que fue recurrida se encuentra en segunda instancia para decidir la apelación.

1. Así las cosas, la mora judicial materia de controversia no es injustificada, por que el retardo en la actuación no involucra negligencia, requisito necesario para que prospere el amparo constitucional en eventos en los que se discute el incumplimiento de los términos procesales por parte de las autoridades jurisdiccionales.

1. Bajo ta l escenario , se repite, no se violaron las garantías iusfundamentales al accionante, p ues el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga dio trámite a las solicitudes de ajuste al límite de la medidas cautelares, decisión en la que están surtiéndose términos de ejecutoria; y posteriormente deberán librarse los oficios según lo previsto en el parágrafo del artículo 594 del Código General del Proceso, momento a partir del cual nace rá para las entidades bancarias demandadas la obligación de dar cumplimiento a las órdenes de embargo, sin que sea plausible, proferir algún tipo de mandato a su cargo, toda vez que no han sido notificadas.

1. Ahora, en relación con la pretensión cuarta de la demanda dirigida a que se ordene el pago de la reliquidación de la pensión de jubilación como se dispuso en la sentencia del 1.º de julio de 2014 dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, con inclusión de los factores salariales de asignación básica, primas vacacional, de navidad, de antigüedad y de servicios , pues alega que si bien , la

derecho, esto es, con inclusión de los factores salariales de asignación básica, primas vacacional, de navidad, de antigüedad y de servicios , pues alega que si bien , la Administradora Colombiana de Pensiones ( COLPENSIONES) expidió la Resolución GNR 98384 del 7 de abril de 2016, reconociendo la suma de $ 116.892.346, se trata de un desembolso parcial por concepto del reajuste de la mesada pensional, el mecanismo10

Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

constitucional resulta improcedente.

1. Lo anterior, porque no aparecen acreditadas las razones por las cuales el medio ordinario de defensa judicial, esto es, el proceso ejecutivo que ya se adelanta es ineficaz para lograr la protección integral de los derechos presuntamente afectados , por tanto, no se satisfacen las condiciones de procedencia excepcional de la solicitud de amparo para la obtención del reajuste pensional.

1.8. Impugnación

El accionante impugna la providencia anterior y como motivos de inconformidad alega lo siguiente:

1. La primera instancia no valoró el contenido de las providencias del 17 de febrero de 2022 y del 7 de julio de 2023, dictadas por el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, respectivamente, medios de prueba que permiten demostrar 1) la existencia de una decisión en el proceso ejecutivo consistente en dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad respecto al decreto de medidas cautelares; y 2) la ocurrencia de

respectivamente, medios de prueba que permiten demostrar 1) la existencia de una decisión en el proceso ejecutivo consistente en dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad respecto al decreto de medidas cautelares; y 2) la ocurrencia de una renuncia y/o rebeldía por parte del demandado a acatar lo ordenado por el superior funcional, al persistir en fijar como condición para la práctica de las medidas decretadas acreditar la condición de que son recursos de naturaleza embargable.

1. Así las cosas, está demostrada la vulneración al debido proceso , pero no con ocasión de la mora judicial como lo evaluó el a quo, sino producto de dos causales específicas de procedibilidad respecto a la tutela contra providencia judicial, consistentes en: 1) el defecto procedimental p or desatender lo ordenado por el superior, afectando la cosa juzgada y el principio de preclusividad procesal; y 2) el defecto sustantivo en la modalidad de interpretación errónea, pues le da un alcance diferenciado e injustificado a lo resuelto por el Tribunal en providencia del 17 de febrero de 2022, al estimar que persiste la restricción en relación con los recursos inembargables.11

Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

1. Entonces, debido a la configuración de un hecho sobreviniente por la expedición del auto del 7 de julio de 2023, se solicita ejercer control constitucional sobre ese proveído con base en la doctrina de tutela contra providencia judicial, teniendo en cuenta que están demostrados dos defectos específicos y se cumplen a cabalidad las causales generales de procedibilidad en la materia.

proveído con base en la doctrina de tutela contra providencia judicial, teniendo en cuenta que están demostrados dos defectos específicos y se cumplen a cabalidad las causales generales de procedibilidad en la materia.

1. La satisfacción del requisito de inmediatez se materializa en que no ha transcurrido tan siquiera un día sin que se active la jurisdicción constitucional , el presupuesto de relevancia constitucional porque la discusión versa sobre el derecho a la asignación pensional de una persona mayor de 80 años y en condición de discapacidad y no se trata de un fallo de tutela.

1. Ahora, frente a la exigencia de subsidiariedad se aprecia que el auto que resuelve las solicitudes de modificación y/o ajuste de medidas cautelares no admite recursos , pues es una decisión asociada a la medida inicialmente decretada y con ello se impone la inexistencia de un mecanismo ordinario o extraordinario para impugnar la situación de rebeldía y/o desobediencia de lo resuelto por el Tribunal, ante la ausencia de un mecanismo «ejecutivo» para obligar al a quo a acatar lo resuelto por su superior funcional, lo que da lugar a la procedencia de la tutela.

1. Por otra p arte, respecto a la tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES E.I.C.E.), está debidamente probado el derecho al ajuste de la asignación pensional, en conjunto con el valor objeto de reclamación, pues ya fue fijado en una decisión judicial que no fue impugnada por la entidad obligada ; por consiguiente, se trata de u n crédito reconoc ido con efectos de cosa juzgada, sin perjuicio de lo que se resuelva en la apelación.

fijado en una decisión judicial que no fue impugnada por la entidad obligada ; por consiguiente, se trata de u n crédito reconoc ido con efectos de cosa juzgada, sin perjuicio de lo que se resuelva en la apelación.

1. En concordancia con lo anterior, se presenta una situación de rebeldía y/o desavenencia en el actuar del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, aunado a la postura de las entidades bancarias accionadas, que condicionan la efectividad de la medida a que el juez señale la excepción de inembargabilidad, so pena de entenderse desistida.12

Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01

Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

1. En este orden de ideas, está demostrada la ineficacia del mecanismo ordinario, pues, aunque en principio se tiene como un remedio eficaz para lograr el reconocimiento y pago del derecho reclamado , la falta de diligencia en el decreto y practica de medidas cautelares acarrea la ineficacia en concreto del proceso ejecutivo para efectos de acceder a la efectividad del derecho reclamado, en ese sentido debe considerarse que el presupuesto de subsidiariedad que señala e l juez de primera instancia se cumpla.

1. Lo dicho se reafirma en el hecho de que tiene «ochenta años», por tanto, según la jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional califica como una persona de la tercera edad, al superar el rango de promedio de vida en Colombia certificad o por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y por lo ineficaz del medio

jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional califica como una persona de la tercera edad, al superar el rango de promedio de vida en Colombia certificad o por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y por lo ineficaz del medio de control se hace improbable que logre acceder al goce efectivo del derecho, lo que constituye una violación a la tutela judicial efectiva.

1. Igualmente resulta procedente que se ordene a la A dministradora Colombiana de Pensiones ( COLPENSIONES E .I.C.E) que, en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a la decisión, en su condición de entidad obligada en el fallo objeto de ejecución, le reconozca y pague la asignación pensional conforme a «los parámetros prefijados en aquel proceso a futuro », sin perjuicio de lo que se resuelva en el juicio que se adelanta, con el fin de superar la afectación de sus garantías.

2. Consideraciones de la