CE - 680012333000202300386011SENTENCIAREVOCAPAR20231012150305

Demandante: Cenidia Castro Rodríguez Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01

Demandante: CENIDIA CASTRO RODRÍGUEZ

Demandado: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - AUARIV

Tema: Revoca parcialmente para rechazar demanda frente a unas disposiciones por no agotar renuencia en debida forma y confirma negativa de pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia de l 8 de septiembre de 2023. En la providencia mencionada, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Cenidia

cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Cenidia Castro Rodríguez, en nombre propio, y en representación de sus hijos Evelyn, Laura y Juan Diego Mosquera Castro, demandó a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) con el fin de que se le ordenara el acatamiento de los artículos 25 y 28 de la Ley 1448 de 2011 1; 9.º y 11 de la Resolución 1049 de 20192 y el acto administrativo 04102019-622031 del 11 de mayo de 20203. En la demanda se plantearon las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se ORDENE a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cumplimiento inmediato y sin condicionamientos, de la ley 1448 de 2011, artículo 25.

SEGUNDA: Que se ORDENE a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cumplimiento inmediato y sin condicionamientos, de la ley 1448 de 2011, artículo 28, numeral 1 y 10.

1 «Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones». 2 «Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico d e priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones». 3 «Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnizaci ón

administrativa, se crea el método técnico d e priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones». 3 «Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnizaci ón administrativa a la que hacen referencia los artículos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1. y siguientes del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015»Demandante: Cenidia Castro Rodríguez Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01

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TERCERA: Que se ORDENE a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cumplimiento inmediato y sin condicionamientos, de la resolución 1049 de 2019, artículo 9, literal B y artículo 11, inciso segundo.

CUARTA: Que se ORDENE a la Unidad para la Atención y Reparación Inte gral a las Víctimas, el cumplimiento inmediato y sin condicionamientos, del Acto Administrativo 04102019-622031 del 11 de mayo de 2020 “Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnización administrativa a la que hacen referencia los artículos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1.y siguientes del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015”, en su parte resolutiva, articulo 14.

2. Hechos

siguientes del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015”, en su parte resolutiva, articulo 14.

2. Hechos

Del expediente digital contenido en el aplicativo SAMAI 5, la Sala resume los supuestos fácticos de la demanda de la siguiente manera:

La accionante informó que por acto administrativo 04102019 -622031 del 11 de mayo de 2020, la UARIV le reconoció indemnización administrativa por el hecho victimizante de «desplazamiento forzado» por un monto de 17 SMLMV a ella y a su núcleo familiar.

Seguidamente, manifestó que en el mismo acto administrativo se resolvió en el numeral segundo aplicar el método técnico de priorización, con el fin de determinar el orden de asignación de turno para el desembolso de la indemnización administrativa.

La actora señaló que el 6 de mayo de 2021, envío al correo «notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, petición que fue radicada con el número 202171110316972, en la que le solicitó que (i) se la informara el turno asignado para el desembolso de la indemnización administrativa; (ii) hasta que número y fecha se han efectuado pagos; (iii) si en esa anualidad se le haría el desembolso; y , (iv) se le indicara cuándo se le pagaría la indemnización reconocida.

La demandante sostuvo que la UARIV le respondió el 8 de mayo de 2021, que en efecto se le reconoció la medida de indemnización administrativa y se

indemnización reconocida.

La demandante sostuvo que la UARIV le respondió el 8 de mayo de 2021, que en efecto se le reconoció la medida de indemnización administrativa y se decidió aplicar el «Método Técnico de Priorización» con el fin de disponer de la entrega de la indemnización, sin embargo como no acreditó una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, (tener más de 74 años de edad; tener alguna enfermedad huérfana de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo; tener discapacidad certificada), se resolvió que el mencionado método de priorización en su caso particular, se aplicaría el 30 de julio de 2021, de la cual se le informaría su resultado, y se le precisó:

4 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores. 5 Índice 2.Demandante: Cenidia Castro Rodríguez Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Si dicho resultado le permite acceder a la entrega de la indemnización administrativa en el año 2021, será citado(a) para efectos de materializar la entrega de los recursos económicos por concepto de la indemnización. Ahora bien, sí conforme a los resultados de la aplicación del Método no resulta viable el acceso a la medida de indemn ización en 2021, la Unidad le informará las razones por las cuales no fue priorizado y la necesidad de aplicar nuevamente el Método para el año siguiente.

bien, sí conforme a los resultados de la aplicación del Método no resulta viable el acceso a la medida de indemn ización en 2021, la Unidad le informará las razones por las cuales no fue priorizado y la necesidad de aplicar nuevamente el Método para el año siguiente.

La demandante afirmó que la respuesta no fue de fondo ni congruente, por lo que el 23 de julio de 2021 interpuso acción de tutela contra la UARIV, para que se le amparara el derecho de petición , mecanismo que fue conocido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga , con radicado 202100199-00, autoridad judicial que en providencia d el 6 de agosto de 2021, le ordenó al director de la entidad que contestara de manera clara y de fondo la solicitud de la señora Castro Rodríguez «resolviendo la totalidad de las inquietudes planteadas [...] e informándole, también el resultado de la práctica del Método Técnico de Priorización».

La actora indicó que en cumplimiento de la orden de tutela la UARIV el 25 de agosto de 2021, le contestó que no podría brindarle una fecha exacta o probable para el pago de la indemnización «nos encontramos agotando el debido proceso, respecto a la aplicación del método técnico de priorización, en el cual nos encontramos actualmente realizando la consolidación de los puntajes para poder informarle su resultado y si será indemnizada o no en la presente vigencia fiscal» , frente a lo que la ac cionante consideró que «la entidad no se pronunció de forma eficaz, de fondo y congruente como es debido», se limit ó a explicar el procedimiento para la cancelación de la indemnización por vía administrativa determinado en la Resolución 1049 de

entidad no se pronunció de forma eficaz, de fondo y congruente como es debido», se limit ó a explicar el procedimiento para la cancelación de la indemnización por vía administrativa determinado en la Resolución 1049 de 2019 y las acciones de articulación que desarrolla la entidad para las víctimas.

La señora Castro Rodríguez, con fundamento en lo anterior, formuló el 10 de septiembre de 2021 incidente de desacato y como consecuencia, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga el 22 del mismo mes y año le ordenó a la UARIV que cumpliera sin demora lo dispuesto en el fallo de tutela del 6 de agosto de 20216.

La accionante manifestó que el 24 de abril de 2023, dirigió escrito a la entidad demandada, con referencia «[S]olicitud de pago de la indemnización administrativa ordenada por la Resolución UARIV No. 04102019 -622031 del 11 de mayo de 2020. / RENUENCIA / LEY 393 DE 1997. Art. 8», que fue radicada con el número 2023 -0233684-2, para pedirle que en cumplimiento del artícu lo 25 de la Ley 1448 de 2011, se le pagara la indemnización administrativa a la que tiene derecho en su condición de víctima, que le fue reconocida el 11 de mayo de 2020. Petición que según la demandante no fue atendida.

6 La actora en la demanda no precisó si la UARIV atendió la orden del 22 de septiembre de 2021 proferida por Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro el incidente de desacato, ni de los documentos acompañados puede establecerse si la entidad cumplió lo

2021 proferida por Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro el incidente de desacato, ni de los documentos acompañados puede establecerse si la entidad cumplió lo ordenado.Demandante: Cenidia Castro Rodríguez Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01

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3. Admisión de la demanda y decreto de pruebas

En providencia de 25 de julio de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga admitió la demanda y ordenó notificar a la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al Ministerio Púbico e informó a la Defensoría del Pueblo.

A través de proveído del 8 de agosto de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, declaró la falta de competencia para conocer del asunto y dispuso la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Santander, por ser el competente, al advertir que la demandada es una entidad desc entralizada del orden nacional y aplicó el control de legalidad previsto en el artículo 207 del CPACA y 132 del CGP.

4. Informe

El representante judicial de la UARIV solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, al considerarlas infundadas desde el punto de vista fáctico y jurídico.

4. Informe

El representante judicial de la UARIV solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, al considerarlas infundadas desde el punto de vista fáctico y jurídico.

Precisó que la entidad fue creada por la Ley 1448 de 2011 como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, descentralizada del orden nacional.

Afirmó que a la demandante se le reconoció la medida de indemnización administrativa, mediante Resolución 04102019 -622031 del 11 de mayo de 2020, acto en el que se estableció que los montos y orden de entrega de la medida «depende de las condiciones particulares de cada víctima, del análisis del caso en concreto y la disponibilidad presupuestal anual con la que cuente la Unidad, de igual forma, la entrega de la indemnización administrativa depende de que se cuente con un estado de inclusión en el Registro Único de Víctimas».

Sostuvo que una vez verificada la información en los registros administrativos de la entidad, se encontró que a través de «Formato Único de declaración» la señora Castro Rodríguez como jefe de hogar, presentó declaración ante la Personería de Medellín el 1.º de marzo de 2011 por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y en virtud de la valoración realizada por la Dirección de Registro y Gestión de la información, fue incluida junto con sus tres hijos.

Resaltó que a la actora se le han entregado ayuda s humanitarias en cuantía de $17.873.000, así:

No. Fecha Monto 1 Abril 04 de 2011 $ 1’155.000

Resaltó que a la actora se le han entregado ayuda s humanitarias en cuantía de $17.873.000, así:

No. Fecha Monto 1 Abril 04 de 2011 $ 1’155.000 2 Diciembre 27 de 2011 $975.000 3 Agosto 06 de 2012 $780.000Demandante: Cenidia Castro Rodríguez Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 4 Marzo 21 de 2013 $735.000 5 Septiembre 02 de 2013 $975.000 6 Enero 24 de 2014 $645.000 7 Junio 10 de 2014 $330.000 8 Julio 30 de 2014 $645.000 9 Febrero 18 de 2015 $645.000 10 Abril 17 de 2015 $330.000 11 Octubre 21 de 2015 $645.000 12 Octubre 29 de 2015 $330.000 13 Julio 26 de 2016 $387.000 14 Marzo 01 de 2017 $387.000 15 Diciembre 27 de 2017 $380.000 16 Mayo 09 de 2018 $420.000 17 Febrero 06 de 2019 $420.000 18 Mayo 29 de 2019 $2’037.000 19 Septiembre 04 de 2019 $1’656.000 20 Diciembre 30 de 2019 $1’656.000

17 Febrero 06 de 2019 $420.000 18 Mayo 29 de 2019 $2’037.000 19 Septiembre 04 de 2019 $1’656.000 20 Diciembre 30 de 2019 $1’656.000 21 Octubre 01 de 2021 $780.000 22 Febrero 15 de 2022 $780.000 23 Julio 28 de 2022 $780.000

Destacó que el 26 de agosto de 2021, se le informó a la demandante en relación con la priorización de la entrega de la medida indemnizatoria por aplicación del método técnico de priorización, que luego de haber efectuado el proceso técnico, se concluyó que, en atención a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Unidad y al orden definido por la ponderación de cada una de las variables, «NO es procedente materializar la entrega de la medida indemnizatoria respecto de (de los) integrante(s) relacionado(s) en la solicitud con radicado 1120124 -5129878, por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO», en razón a que el resultado fue de 25.3844 y el puntaje mínimo para acceder a la medida fue de 48.8001, manifestándole lo siguiente:

[A]l no ser posible realizar el desembolso de la medida de indemnización en la presente vigencia en razón al resultado del método técnico y la disponibilidad presupuestal, la Unidad procederá a aplicar cada año este proceso técnico hasta que el resultado permita el desembolso de su indemnización administrativa, puesto que, en ningún caso, el resultado obtenido es acumulado para el siguiente año.

Cabe resaltar que, si se llegase a contar con uno de los tres criterios de urgencia

que el resultado permita el desembolso de su indemnización administrativa, puesto que, en ningún caso, el resultado obtenido es acumulado para el siguiente año.

Cabe resaltar que, si se llegase a contar con uno de los tres criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad contenidos en los artículos 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 26 de abril de 2021, podrá adjuntar en cualquier tiempo, la certificación y/o documentos necesarios con los requisitos establecidos, para priorizar la entrega de la medida7.

Indicó que la entidad ha atendido y tramitado de manera oportuna las solicitudes de la actora y le ha explicado que , dada la cantidad de víctimas existentes en el país y la escasez de los recursos, la entrega de estos se hace de conformidad con el procedimiento reglado en la Resolución 1049 de 2019.

7 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.Demandante: Cenidia Castro Rodríguez Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Adujo que en respuesta a la solicitud con radicado 2023-0233684-2 del 24 de abril de 2023, la entidad le comunicó a la actora mediante Oficio con radicado 2023-062476-1 del 2 de mayo de 2023 , que el «Método Técnico de Priorización» es un proceso técnico aplicable al universo total de las víctimas

2023-062476-1 del 2 de mayo de 2023 , que el «Método Técnico de Priorización» es un proceso técnico aplicable al universo total de las víctimas con decisión de reconocimiento de la indemnización administrativa a su favor, que determina los criterios y lineamientos para priorizar el desembolso de la medida de indemnización administrativa y así, generar la orden para el pago de manera proporcional a los recursos ap ropiados en la respectiva vigencia fiscal, conforme al Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector.

Precisó que, asimismo se le informó que la entrega de los recursos de la indemnización estar ía definida por el resultado de un análisis objetivo de variables: (i) demográficas, (ii) socioeconómicas, (iii) de caracterización del daño, (iv) de avance en el proceso de reparación integral de las víctimas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal anual asignada a la Unidad para las Víctimas , bajo ese contexto aplica el método cada año y a quienes obtengan un resultado favorable se les entreg ará la indemnización en la correspondiente vigencia, circunstancia que es informada de manera gradual en el transcurso del año, razón por la que se le indicó que en el segu ndo semestre de 2023 se aplicaría el método y se le informaría el resultado.

Agregó que este medio de control resulta improcedente frente a normas que establecen gasto, conforme con las previsiones del artículo 9 de la Ley 393 de 1997.

5. Sentencia de primera instancia8

Por medio de fallo del 8 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda , al encontrar que del

de 1997.

5. Sentencia de primera instancia8

Por medio de fallo del 8 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda , al encontrar que del contenido del artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 no se observa un mandato imperativo, claro y directo a la autoridad demandada.

Advirtió que la norma en términos generales señala que las víctimas tienen derecho a ser reparadas en todas sus dimensiones dependiendo del hecho victimizante, y refiere los criterios que permiten establecer la en trega de las medidas, pero no prevé obligaciones para la priorización, ni determinan plazo cierto para el desembolso de la indemnización administrativa reconocida.

Agregó que solo cuando la aplicación del método técnico de priorización asigne el turno para realizar el desembolso de la medida indemnizatoria, surge la obligación para la entidad de comunicar a la víctima solicitante acerca del periodo de que dispone para hacer efectivo el pago, mientras tanto no hay lugar a su pago.

8 El Tribunal Administrativo de Santander, precisó en la sentencia que el expediente fue remitido por competencia por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga por el factor funcional, y como lo actuado conserva su validez, «salvo la sentencia, la que en este caso aún no se había proferido, a ello se remitirá la Sala».Demandante: Cenidia Castro Rodríguez Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01

Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01

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6. Impugnación

La accionante impugnó la decisión del 8 de septiembre de 2023, para que se revocara y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda.

Adujo que lo solicitado es el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y no el ejercicio de derechos particulares, por lo que señaló que cuenta con la Resolución 0410209-622031 del 11 de mayo de 2020 que le reconoció a ella y a su núcleo familiar la indemnización administr ativa por un monto de 17 SMLMV.

Sostuvo que respecto a la asignación de turnos para reclamar la indemnización la Corte Constitucional en sentencia T-347 de 2018, previó que la UARIV debe determinar el correspondiente turno a las personas que sean incluidas dentro del Registro Único de Víctimas.

Resaltó que cumplió con el artículo 61 de la Ley 1448 de 2011, por tanto , la UARIV debe fijarle un «turno GAC » para que se le haga la entrega de la indemnización administrativa reconocida.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia del 8 de septiembre de 2023 del Tribunal Administrativo de Santander, de

indemnización administrativa reconocida.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia del 8 de septiembre de 2023 del Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer de «l as apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problema jurídico a revolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 8 de septiembre de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes problemas jurídicos a resolver:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en renuencia a la UARIV, respecto de los artículos 25 y 28 de la Ley 1448 de 2011; 9.º y 11 de la Resoluci ón 1049 de 2019 y el Acto Administrativo 04102019-622031 del 11 de mayo de 2020 de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?Demandante: Cenidia Castro Rodríguez Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?Demandante: Cenidia Castro Rodríguez Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01

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¿Se debe ordenar a la UARIV que determine una fecha real y precisa del desembolso del reconocimiento económico y priorice el pago de la indemnización administrativa reconocida a la parte actora por el hecho victimizante de desplazamiento forzado?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito de procedibilidad de la renuencia; y (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo9 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que

ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte Constitucional señaló.

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se

9 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-201600371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000 -23-41-0002016-00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Be rmúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000 -23-41-000-202200203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.Demandante: Cenidia Castro Rodríguez Demandado: Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV Radicación: 68001-23-33-000-2023-00386-01

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo10.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]11.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos, la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad

del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la

10 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C -157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara. 11 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandan