CE - 680013333002201500426011AUTOQUENOCON20230810013233

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

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ACCIÓN DE GRUPO – AUTO

Actores: JOSÉ NICOLÁS MENESES ROJAS Y OTROS

Asunto: Decide sobre insistencia en trámite de revisión eventual

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE NO SELECCIONAR

PARA REVISIÓN LA SENTENCIA DE 29 DE OCTUBRE DE 2021.

AUTO INTERLOCUTORIO DE SALA

La Sala procede a resolver la insistencia sobre la solicitud de revisión eventual de la sentencia de 29 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander 1, que fue presentada por el actor y denegada mediante providencia de 20 de abril de 2023.

1 En adelante el Tribunal.2

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I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda y sus pretensiones

Los señores JOSÉ NICOLÁS MENESES ROJAS, MIGUEL ÁNGEL

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I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda y sus pretensiones

Los señores JOSÉ NICOLÁS MENESES ROJAS, MIGUEL ÁNGEL

CÁRDENAS, MÓNICA LILIANA ROJAS CHACÓN , BLANCA

EUGENIA ACEVEDO , ISABEL GARCÍA DE CAMARGO , TERESA

DE GÓMEZ , HELIDA HORMIGA URIBE , MALUK LIZARAZO

LAGUADO, BETTY DÍAZ HERNÁNDEZ , LAUREN ELIZABETH

HERRERA SANDOVAL , LUIS HERNANDO NÚÑEZ , LAURA

MARCELA MENESES ACEVEDO , GLADYS JULIETA CASTRO ,

MARTHA EUGENIA SUÁREZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ALFONSO DÍAZ,

BENJAMÍN RABON MALDONADO, GUSTAVO ADOLFO MORALES

SUÁREZ, ADRIANA SAMPAYO CONTRERAS , GABRIEL GONZÁLEZ ANGULO , EDITH CENIT NOCHE GUERRERO y STELLA JARAMILLO D E MARTÍNEZ presentaron demanda, en ejercicio de la acción de grupo prevista en el artículo 89 de la Constitución Política, reglamentada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19982, contra la empresa GAS NATURAL DE ORIENTE S.A. E.S.P., en la que solicitaron las siguientes pretensiones:

2 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.3

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relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.3

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“[…] PRIMERO. DECLARAR que GAS NATURAL DE ORIENTE S.A.

E.S.P. ha prestado y presta el servicio público esencial de gas domiciliario a sus usuarios, residenciados en los municipios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Lebrija, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cantagallo, San Pablo, Barrancabermeja y Yondó.

SEGUNDO. DECLARAR que GAS NATURAL DE ORIENTE S.A. E.S.P. incumplió la obligación de aplicar correctamente el factor de corrección volumétrico indic ado en la resolución 067 de 1995 proferida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, con ocasión de la prestación del servicio esencial domiciliario de gas natural combustible al grupo de sus usuarios residenciados en las anteriores municipalidades, durante el periodo comprendido entre 2009 a 2013, inclusive o aquel que resulte probado dentro del proceso.

TERCERA. CONDENAR a la demandada a cancelar al grupo demandante la indemnización colectiva causada por la indebida o incorrecta aplicación de fact or de corrección volumétrico para corregir los volúmenes facturados, durante el periodo comprendido entre 2009 a 2013 o aquel que resulte probado dentro del proceso,

demandante la indemnización colectiva causada por la indebida o incorrecta aplicación de fact or de corrección volumétrico para corregir los volúmenes facturados, durante el periodo comprendido entre 2009 a 2013 o aquel que resulte probado dentro del proceso, con ocasión de la prestación del servicio público esencial de gas domiciliario a sus usuarios – grupo.

CUARTA. Señalar los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que no han estado presentes en esta acción, a fin de que puedan reclamar la indemnización correspondiente.

QUINTA. Condenar a la demandada al pago de costas, para ello se tendrá en cuenta lo dispuesto en los numerales 5 y 6 del artículo 65 de la ley 472 de 1998 […]”.

Para el efecto, argumentaron que el servicio de distribución de gas natural que prestó la accionada a los usuarios de los municipios de Bucaramanga, Girón, Pi edecuesta, Floridablanca, Lebrija, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cantagallo, San Pablo y Barrancabermeja durante los años 2009 a 2013, no se ajustó a los parámetros contenidos en la Resolución CREG núm. 067 de 1995, en cuanto a la determinación del consumo, volúmenes entregados y facturación del4

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servicio de gas natural consumible, específicamente en lo atinente a la aplicación del factor de corrección volumétrica.

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servicio de gas natural consumible, específicamente en lo atinente a la aplicación del factor de corrección volumétrica.

I.2.- La providencia de primera instancia

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga3, mediante sentencia de 27 de junio de 2018, declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

Señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 472, la acción de grupo debe promoverse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulneradora.

Advirtió que los perjuicios reclamados provenían de la aplicación incorrecta por parte de la empresa GAS NATURAL DE ORIENTE S.A. E.S.P. de la Resolución CREG núm. 067 de 1995, sobre los factores de corrección para una medición adecuada de los volúmenes de gas suministrado a los usuarios en los municipios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Lebrija, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cantagallo, San Pablo y

3 En adelante el Juzgado.5

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Barrancabermeja, razón por la que estimó que los daños no se produjeron en una sola actuación sino que provinieron de actuaciones periódicas ejecutadas por la accionada al expedir a cada

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Barrancabermeja, razón por la que estimó que los daños no se produjeron en una sola actuación sino que provinieron de actuaciones periódicas ejecutadas por la accionada al expedir a cada consumidor la respectiva factura en el período comprendido desde enero de 2009 hasta diciembre de 2013.

Teniendo en cuenta lo anterior, sobre el caso concreto, precisó:

“[…] 26. En este sentido, vale la pena advertir que aunque la mayoría de los miembros del grupo actor, la tarea de recopilar los actos para acreditar y poner en evidencia la materialización del perjuicio que se reclama para el grupo, uno de los actores, el señor José Nicolás Meneses Rojas, acudió a la vía empresarial para solicitar claridad sobre las fórmulas aplicables a la determinación del consumo y que, posteriormente acudió a la Superintendencia de Servicios Públicos a reclamar en vía de recurso de ape lación, cuestión que fue resuelta con la determinación adoptada.

27. Ahora bien, frente a este caso, donde se discute la ocurrencia de posibles daños generados por no aplicación de la regulación en materia de determinación del consumo, el cual, aparecerá reflejado en un acto, que como ya se vio, es de autoridad - la facturación, - en la lógica que inspira la seguridad jurídica de los sujetos procesales y del conglomerado social en general que desaconseja - como ya se vio en la jurisprudencia del H, Consejo de Estado-, que dicho término sea Indefinido o a disposición de las partes, ha de tenerse entonces, que el término de caducidad, ha de contarse desde el día en que le fue notificado al miembro

que dicho término sea Indefinido o a disposición de las partes, ha de tenerse entonces, que el término de caducidad, ha de contarse desde el día en que le fue notificado al miembro del grupo que intentó agotar la actuación administrativa ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 9 de julio de 2013 […]” (Resaltado de la Sala).

Para el Juzgado, el término para presentar la acción de grupo empezó a correr desde el 9 de julio de 2013, fecha en la que la

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS6

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DOMICILIARIOS4 informó a uno de los miembros del grupo integrante de la parte actora sobre los compromisos adquiridos con la empresa prestadora del servicio y los resultados obtenidos.

Precisó que el cómputo de la caducidad no podía contarse desde la entrada en vigencia de la nueva regulación, esto es, el 15 de diciembre de 2013, sino que debía hacerse desde la entrega de la factura a cada usuario mes a mes, o por lo menos desde cuando se conoció la fórmula establecida en la respuesta a la petición, esto fue, 9 de julio de 2013.

Afirmó que la tesis propuesta por los actores no resultaba ajustada, pues pretendían que el término de caducidad de la acción de grupo

9 de julio de 2013.

Afirmó que la tesis propuesta por los actores no resultaba ajustada, pues pretendían que el término de caducidad de la acción de grupo se sujetara a la vigencia de la Resolución núm. 067 de 1995, de tal manera que hasta que dicho acto no variara o se modificara, la acción no estaba caducada, lo que resultaba inadmisible y atentatorio contra principios como la seguridad jurídica.

I.3. La apelación

El apoderado de la parte actora argumentó que la sentencia de primera instancia adolecía de “error de derecho por violación directa

4 En adelante la Superintendencia7

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del artículo 47 de la Ley 472 de 1998”, por cuanto, a su juicio, el término de caducidad de la acción debía contarse a partir de la cesación de la acción que causó el daño.

Arguyó que la interpretación efectuada en la providencia recurrida violó el artículo 47 de la Ley 472 y los principios pro homine, de interpretación conforme y de interpretación razonable, pues desconoció la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulneradora, además de obviar que los derechos de los usuarios de servicios públicos eran objeto de protección constitucional.

Puso de presente que el hecho que dio origen a la presente acción fue el incumplimiento de la obligación de la empresa GAS NATURAL

vulneradora, además de obviar que los derechos de los usuarios de servicios públicos eran objeto de protección constitucional.

Puso de presente que el hecho que dio origen a la presente acción fue el incumplimiento de la obligación de la empresa GAS NATURAL ORIENTE S.A. de aplicar correctamente el factor de corrección volumétrico de la Resolución CREG núm. 067 de 1995, para la prestación del servicio de gas natural en varios municipios de los departamentos de Santander y Bolívar.

Explicó que el incumplimiento de la accionada consistió en que no tomó valores oficiales de temperatura y altitud, de acuerdo con lo dispuesto en el punto V.5.7, numeral 5.31, de la Resolución CREG núm. 067 de 1995, lo cual debió observarse durante el período que éste estuvo vigente, es decir, de forma continua, permanente e8

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ininterrumpida, por lo que la providencia incurrió en un yerro al contabilizar el término de la caducidad desde que se tuvo conocimiento de la ocurrencia del hecho y no a partir del momento en que cesó la acción vulneradora y se consolidó el daño, lo cual ocurrió cuando dejó de surtir efectos la Resolución en comento.

Aseveró que la sentencia del Juzgado también incurrió en “error de derecho por indebida aplicación de los presupuestos de la responsabilidad contractual al momento de determinar el daño”, al

ocurrió cuando dejó de surtir efectos la Resolución en comento.

Aseveró que la sentencia del Juzgado también incurrió en “error de derecho por indebida aplicación de los presupuestos de la responsabilidad contractual al momento de determinar el daño”, al estimar que el presente caso se regía por los principios de la responsabilidad extracontractual cuando lo procedente era aplicar los principios de la responsabilidad contractual, en atención a que el incumplimiento de la mencionada obligación era el comportamiento antijurídico productor del daño contractual, el cual se perpetuó de manera reiterada y continua durante la vigencia de la Resolución CREG núm. 067 de 1995, lo que generó los perjuicios reclamados. En consecuencia, señaló que el término de caducidad debía contarse a partir del 5 de diciembre de 2013, fecha en la que quedó sin efectos el aludido acto administrativo.

Aseguró que también se incurrió en “error de derecho en la apreciación del daño contractual”, para lo cual refirió que el daño consistía en el incumplimiento imputable a una de las partes del9

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contrato y derivaba de un acto o negocio jurídico que constituía la fuente de la obligación, de manera que el “ilícito” consistía en el no cumplimiento de las prestaciones exigibles.

Alegó un “error de hecho y de derecho en la apreciación del

fuente de la obligación, de manera que el “ilícito” consistía en el no cumplimiento de las prestaciones exigibles.

Alegó un “error de hecho y de derecho en la apreciación del incumplimiento contractual”, ya que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado la prestación del servicio público es una función pública, lo que dejó atrás la idea de que los actos de facturación de los servicios públicos domiciliarios eran actos administrativos y se precisó que las facturas de cobro era el instrumento por medio del cual las empresas prestadoras de servicios públicos establecían el precio del servicio brindado; que, por lo tanto, las facturas que cobró indebidamente la empresa GAS NATURAL DE ORIENTE S.A. E.S.P. correspondían a la prueba del incumplimiento y de los perjuicios.

Arguyó que la actuación administrativa efectuada por el señor JOSÉ NICOLÁS MENESES debía ser entendida como un requerimiento en mora a la empresa, efectuado por la SUPERINTENDENCIA, por el incumpliendo de la obligación prevista en la resolución del año 1995, más no que desde ese momento debía contabilizarse el término de caducidad de la acción de grupo.10

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Afirmó que cuando se estaba en presencia de daños que no se causaron en un solo momento, el cómputo del término de caducidad debía hacerse a partir del momento de su consolidación, es decir,

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Afirmó que cuando se estaba en presencia de daños que no se causaron en un solo momento, el cómputo del término de caducidad debía hacerse a partir del momento de su consolidación, es decir, desde cuando cesó la acción causante del mismo.

Aseguró que existió “error de derecho por violación de la ley”, con fundamento en que el término de caducidad iniciaba a partir del momento en que el señor JOSÉ NICOLÁS MENESES tuvo conocimiento del incumplimiento por parte de la empresa accionada al no tomar los valores oficiales de temperatura y altitud, de acuerdo con la Resolución 067 de 1995 de la CREG, la cual perdió vigencia desde el momento en que fue expedida la Resolución CREG 127 de 20 de septiembre de 2013, publicada en el diario oficial el 5 de diciembre de ese año, fecha a partir de la cual debió contarse la caducidad.

I.4. La providencia de segunda instancia

El Tribunal Administrativo de Santander5 mediante providencia de 29 de octubre de 2021 6 confirmó la sentencia de 27 de junio de 2018,

5 En adelante el Tribunal. 6 Sentencia aclarada por el Tribunal por medio de auto de 24 de enero de 2023, en el que dispuso aclarar el numeral segundo de la providencia, en el sentido de ordenar devolver el expediente al Juzgado de origen.11

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proferida por el Juzgado que declaró la caducidad de la acción de grupo.

Aseguró que para el momento de presentación de la demanda, esto es, el 27 de noviembre de 2015, ya había operado la caducidad de la acción de grupo en atención a que lo pretendido por los actores era la indemnización del grupo porque la empresa demandada, entre los años 2009 a 2013, aplicó incorrectamente el factor de corrección volumétrico, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG núm. 067 de 1995, lo cual impactó el valor del servicio prestado, como lo confirmó la SUPERINTENDENCIA en el oficio núm. 20132300412651 de 9 de julio de 2013.

Consideró que como en el mencionado Oficio la SUPERINTENDENCIA aseguró que la irregularidad se subsanó, con ello se demostró que existió un defecto, un daño o error por parte de la empresa GAS NATURAL DE ORIENTE S.A. E.S.P. en las mediciones del servicio prestado en los años 2012 y 2013 al grupo demandante, error que se reflejó de tiempo atrás en las facturas individuales de cobro y en lo dicho por la misma entidad al afirmar que la empresa tomó las medidas correctivas para regularizar la correcta aplicación del cálculo del factor de corrección.12

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correcta aplicación del cálculo del factor de corrección.12

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Precisó que, sin lugar a dudas, la certeza de la existencia o conocimiento del hecho dañoso por parte de los usuarios ocurrió el 9 de julio de 2013, cuando la SUPERINTENDENCIA admitió que los usuarios tenían razón al estimar que existió una errónea aplicación del factor de corrección volumétrico en los procesos de medición y tasación de los consumos reflejado en la factura de cobro del servicio, error que se consolidó como hecho dañoso cuando la entidad lo aceptó y afirmó que la empresa procedió a tomar las medidas correctivas para subsanarlo, cuya cesación operó justamente con los correctivos aplicados.

Concluyó que, en consecuencia, el término de caducidad para presentar la acción debía contarse desde que la SUPERINTENDENCIA comunicó a uno de los miembros del grupo el Oficio núm. 20132300412651 de 9 de julio de 2013; y que como la demanda fue instaurada con posterioridad a los dos años que concede la Ley 472, el Juzgado acertó en su decisión. I.5. La solicitud de revisión eventual

El 6 de febrero de 2023 7 el apoderado de la parte actora solicitó la revisión de la sentencia de 29 de octubre de 2021, proferida por el

I.5. La solicitud de revisión eventual

El 6 de febrero de 2023 7 el apoderado de la parte actora solicitó la revisión de la sentencia de 29 de octubre de 2021, proferida por el

7 Solicitud adicionada por medio de escrito de 8 de febrero de 2023.13

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Tribunal, en atención a que, a su juicio, la decisión se opuso a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado en lo concerniente a la contabilización del término de caducidad de las acciones de grupo en tratándose de daños continuados que, para el efecto, puede ser consultada en la providencia de 18 de octubre de 2007.

Indicó que la decisión presentaba contradicciones o divergencias interpretativas frente al alcance de la ley aplicada por los tribunales, pues:

i.- El Juzgado contó la caducidad desde el 9 de julio de 2013, por estimar que uno de los miembros del grupo tuvo conocimiento del hecho, de acuerdo con lo dispuesto en el literal i) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA, sin advertir que el daño aún estaba causándose y que la caducidad de la acción se aplicaba al grupo y no a solo uno de sus miembros.

Manifestó que tampoco se tuvo en cuenta que el conocimiento del

Administrativo -CPACA, sin advertir que el daño aún estaba causándose y que la caducidad de la acción se aplicaba al grupo y no a solo uno de sus miembros.

Manifestó que tampoco se tuvo en cuenta que el conocimiento del hecho dañoso ocurrió cuando la SUPERINTENDENCIA hizo entrega del oficio de 25 de junio de 2015 a uno de los miembros del grupo, que contenía la información referente a los valores de temperatura y14

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altitud que la empresa accionada tomó como referencia durante la vigencia de la Resolución CREG núm. 067 de 1995.

ii.- El Tribunal consideró que la caducidad se debía contar desde el 9 de julio de 2013, fecha en la que la SUPERINTENDENCIA emitió el oficio núm. 20132300412651, pues a partir de ese momento un miembro del grupo tuvo conocimiento del hecho, se consolidó el hecho dañoso y cesó la producción del daño; así las cosas, estimó que el juzgador incurrió en un error de hecho por suposición, en atención a que del material probatorio se evidenciaba que para esa fecha GAS NATURAL DE ORIENTE S.A. E.S.P. seguía infringiendo la Resolución del año 1995.

Arguyó que se aplicó incorrectamente el concepto de daño consolidado; y que en relación con la cesación de la producción del daño se incurrió en un “error de hecho por suposición”, pues las

la Resolución del año 1995.

Arguyó que se aplicó incorrectamente el concepto de daño consolidado; y que en relación con la cesación de la producción del daño se incurrió en un “error de hecho por suposición”, pues las pruebas aportadas evidenciaban que el daño todavía estaba causándose, como se advertía de un CD y de la prueba titulada “Soporte técnico – Económico” realizado por Famegas INC S.A.S.

Sostuvo que el razonamiento y las motivaciones de los sentenciadores de instancia carecieron de lógica, ya que sin fundamento legal rompieron la causación de perjuicios que se15

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generaron después de la fecha que se tomó como referente para el conteo de la caducidad, por lo que, a su juicio, es procedente la revisión de las decisiones para efectos de unificar la jurisprudencia.

Fundamentó la petición en el desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado que se ocupó de la manera cómo debía determinarse y contabilizarse la caducidad en acciones de grupo, según el tipo de daño.

Puso de presente que el daño continuo causado por la empresa GAS NATURAL DE ORIENTE S.A. E.S.P. consistió en la lesión a los derechos de los usuarios y/o consumidores y en la “afectación al interés jurídicamente prevalente de los usuarios”, al no tomar los

NATURAL DE ORIENTE S.A. E.S.P. consistió en la lesión a los derechos de los usuarios y/o consumidores y en la “afectación al interés jurídicamente prevalente de los usuarios”, al no tomar los valores oficiales señalados en la Resolución CREG núm. 067 de 1995 al momento de aplicar los factores de corrección volumétrica al consumo de gas durante los años 2009 a 2013, obligación que debió observarse de forma continua e ininterrumpida durante toda la vigencia del acto administrativo, cuya omisión daba cuenta del incumplimiento por parte de la empresa demandada.

Precisó que la acción vulneradora cesó el día en que dejó de regir la Resolución CREG núm. 067 de 1995 y entró en vigor la Resolución CREG núm. 127 de 2013, que la derogó, fecha a partir de la cual16

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debió iniciar el conteo del término de caducidad (5 de diciembre de 2013).

Aseguró que las decisiones objeto de la solicitud se opusieron a las sentencias de: -. Sentencia de 30 de abril de 19978; -. Sentencia de 11 de mayo de 20009; -. Sentencia de 17 de febrero de 200510, en la que se dispuso que las facturas de servicios públicos no son actos administrativos. -. Sentencia de 2 de marzo de 200611;

-. Sentencia de 11 de mayo de 20009; -. Sentencia de 17 de febrero de 200510, en la que se dispuso que las facturas de servicios públicos no son actos administrativos. -. Sentencia de 2 de marzo de 200611; -. Sentencia de 26 de marzo de 200712, en la que se desarrolló el concepto de grupo que, a su juicio, resulta aplicable al asunto sub examine, pues los jueces de instancia no tuvieron en cuenta a los 243.729 usuarios del servicio de gas que integraban el grupo y que no tuvieron conocimiento del hecho, amén de que la certeza sólo la

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Magistrado ponente Jesús María Carrillo, sentencia de 30 de abril de 1997. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Magistrada ponente María Elena Giraldo, sentencia de 11 de mayo de 2000, expediente núm. 12.200 (radicado interno) 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Magistrado ponente Alier Hernández, sentencia de 17 de febrero de 2005. La parte actora no indicó el radicado. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera ponente María Elena Giraldo , sentencia de 9 de septiembre de 2015, expediente núm. 15.783 (radicado interno) 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera ponente Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 18 de octubre de 2007,

expediente núm. 15.783 (radicado interno) 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera ponente Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 18 de octubre de 2007, expediente núm. 25000-23-25-000-2005-01799-01.17

Número único de radicación: 68001-33-33-002-2015-00426-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

obtuvo un miembro del grupo una vez la SUPERINTENDENCIA entregó el CD contentivo de la información sobre los valores que aplicaba la empresa accionada; -. Sentencia de 18 de octubre de 2007 13, que se refiere al daño continuado o de tracto sucesivo; -. Sentencia de 7 de marzo de 201114, que resolvió sobre la excepción de caducidad propuesta en una acción de grupo por la indebida liquidación del impuesto de alumbrado público; -. Sentencia de 27 de abril de 201115. -. Sentencia de 9 de septiembre de 201516 -. Sentencia de 12 de octubre de 201717, que estudió la notoriedad del hecho dañoso.

Señaló que la decisión se opuso a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, en atención a que: i) se alejó del concepto de

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminis trativo, Sección Tercera,

Señaló que la decisión se opuso a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, en atención a que: i) se alejó del concepto de

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminis trativo, Sección Tercera, Consejera ponente Enrique Gil Botero, sentencia de 18 de octubre de 2007, expediente núm. 25000-23-27-000-2001-00029-01. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Magistrado ponente Enrique Gil B otero, sentencia de 7 de marzo de 2011, expediente núm. 23001-23-31-000-2003-00650-02 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Magistrado ponente Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 27 de abril de 2011, expediente núm. 15518 (radicado interno). 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Magistrado ponente Hernán Andrade Rincón, sentencia de 9 de septiembre de 2015, expediente núm. 35.574 (radicado interno) 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Magistrada ponente Martha Nubia Velásquez Rico, providencia de 12 de octubre de

2017. El recurrente no mencionó el número del expediente.18

Número único de radicación: 68001-33-33-002-2015-00426-01

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grupo, pues no tuvo en cuenta que los supuestos correctivos no fueron aplicados a la totalidad del grupo, lo que evidenció que frente a ellos no cesó la acción vulneradora; ii) no se observó la posición