CE - 700012331000201000280011SENTENCIA20230808151511

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 70-001-2331-000-2010-00280-01 (58177)

Actor: ROSA ISABEL HOYOS MÁRQUEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Referencia: REPARACIÓN DIRECTA APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. RECORTES DE PRENSAValor probatorio. FOTOGRAFÍAS-Valor probatorio. DECLARACIONES EXTRAJUDICIALES-Exigencia de ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. PRUEBA TRASLADADA-Valor probatorio. FALLA DEL SERVICIO O CULPA DE LA ADMINISTRACIÓNTítulo de imputación por excelencia. DAÑOS CAUSADOS POR LA FUERZA PÚBLICA-Monopolio del uso de la fuerza debe ser proporcional y razonable. LEGÍTIMA DEFENSA-A los agentes del orden, en el marco de la proporcionalidad, es lícito defenderse. EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Culpa exclusiva de la víctima. COMPENSACIÓN DE CULPAS-Su graduación compete al juez. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-Eximente de responsabilidad civil extracontractual del Estado. CULPA-Concepto. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad.

DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO SOSPECHOSOcivil extracontractual del Estado. CULPA-Concepto. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO SOSPECHOSOValoración probatoria. TESTIGO DE OÍDAS-Valoración probatoria. PERITACIÓN-Elementos de este medio de prueba. DICTAMEN PERICIAL-Eficacia probatoria. CONCURRENCIA DE CULPAS-No procede la reducción de la indemnización, art. 2357 CC. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-La conducta de la parte demandante fue la causa adecuada del daño. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala, de conformidad con el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 11 de marzo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió parcialmente a las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

El 5 de octubre de 2008, en la calle octava del municipio de Guaranda, Sucre, Jorge Eliécer Prins Hoyos solicitó apoyó policial y seguridad privada, porque unas personas armadas lo seguían. Durante el operativo policial, Jorge Eliécer salió de su casa con un revólver en la mano, apuntó a unas personas y un policía le disparó. Alegan falla del servicio por exceso de la fuerza pública y empleo de arma de dotación oficial.2 Expediente n. 58.177

Demandante: Rosa Isabel Hoyos Márquez

disparó. Alegan falla del servicio por exceso de la fuerza pública y empleo de arma de dotación oficial.2 Expediente n. 58.177

Demandante: Rosa Isabel Hoyos Márquez Niega pretensiones ANTECEDENTES El 13 de octubre de 2010, Rosa Isabel Hoyos Márquez y otros, a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra la NaciónMinisterio de Defensa, Policía Nacional. Solicitaron 200 SMLMV para cada demandante, por perjuicios morales; $4.000.000, por daño emergente, y $667.348.000 para su madre, compañera permanente e hijos, por lucro cesante.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el 25 de octubre de 2008, en el municipio de Guaranda, Sucre, Jorge Eliécer Prins solicitó un servicio de seguridad. Durante el operativo, salió con un revólver en la mano y un policía le disparó. Adujo falla del servicio por exceso de la fuerza pública. El 9 de noviembre de 2011 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, alegó la culpa exclusiva de la víctima, porque el demandante disparó su arma durante un procedimiento de policía. Señaló que el municipio de Guaranda tenía problemas de orden público y la reacción de la policía fue proporcional. El 9 de diciembre de 2015 se corrió - traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante agregó que la falta de contestación de

la reacción de la policía fue proporcional. El 9 de diciembre de 2015 se corrió - traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante agregó que la falta de contestación de la demanda constituía un indicio grave. La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, alegó que el agente disparó porque la víctima le apuntó con su arma de manera insistente. El Ministerio Público guardó silencio. El 11 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia accedió a las pretensiones, al considerar que un error en el empleo de arma de dotación oficial causó la muerte de Jorge Eliécer Prins Hoyos. El agente disparó su arma sin percatarse de que Prins Hoyos era quien había solicitado protección. Sin embargo, el comportamiento de la víctima también fue determinante en la producción del daño, porque disparó contra los agentes del operativo. La parte demandada interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 4 de octubre de 2016 y admitido el 3 de noviembre de 2016. Esgrimió que estaba probada la culpa exclusiva de la víctima, porque Jorge Eliécer Prins Hoyos intervino en un operativo de la policía, con un arma de fuego. El 13 de febrero de 2017 se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia. La parte3 Expediente n. 58.177

Demandante: Rosa Isabel Hoyos Márquez Niega pretensiones demandada reiteró lo expuesto. La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

Demandante: Rosa Isabel Hoyos Márquez Niega pretensiones demandada reiteró lo expuesto. La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129

CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 3% de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 20.2 CPC, el valor de la suma de las pretensiones supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $257.500.000. Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?, en este caso por hechos que se imputan a la fuerza pública (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad

hechos que se imputan a la fuerza pública (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CC). Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad con el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2010, $515.000, por 500. 2 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303

[fundamentos juridicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 746 y 747, disponible en https://bit.ly/3gjjiduK.4 Expediente n”. 58.177

Demandante: Rosa Isabel Hoyos Márquez Niega pretensiones siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble de propiedad ajena por trabajo público o por cualquier otra causa. Está acreditado que Jorge Eliécer Prins Hoyos murió el 25 de octubre de 2008 [hecho probado 10.2]. Como la demanda se presentó el 13 de octubre de 2010, se interpuso en tiempo.

Legitimación en la causa

4. Rosa Isabel Hoyos Márquez, Gloria Patricia Macía López, Keiner David e Isabel

se presentó el 13 de octubre de 2010, se interpuso en tiempo. Legitimación en la causa

4. Rosa Isabel Hoyos Márquez, Gloria Patricia Macía López, Keiner David e Isabel Sofía Prins Macía; Ana Mercedes y Rodolfo Antonio Cardeño Hoyos; Luis Carlos, Janellis y llianis Milena Prins Hoyos; Dahana Alvarino Prins, Samir José y Ángel David Meza Prins y Laura Vanessa Moreno Prins son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que conforman el núcleo familiar de Jorge Eliécer Prins Hoyos [hecho probado 11.5]. La NaciónMinisterio de Defensa, Policía Nacional, está legitimada en la causa por pasiva, pues es la entidad a la que corresponde asegurar la convivencia pacífica (artículos 218, 303 y 315.2 CN y 1 de la Ley 62 de 1993) y —según la demandael autor de la muerte fue un agente de policía durante un operativo.

Il. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la muerte de una persona, en un procedimiento de policía, es imputable al Estado por falla del servicio.

II. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandada, la Sala estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?.

de conformidad con el artículo 357 CPC. Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?. 9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.5

Expediente n. 58.177

Demandante: Rosa Isabel Hoyos Márquez Niega pretensiones

7. En el expediente obran recortes de prensa (f. 40-41 c. 1). Las informaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre los hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia y en esas condiciones serán valoradas en este proceso”.

8. Las fotografías aportadas al proceso (f. 57 c. 1) no serán valoradas, porque según criterio uniforme de esta Sala, conforme al artículo 252 CPC, hoy 244 CGP, no se tiene certeza de la persona que las realizó y tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas?,

9. La demanda aportó una declaración extrajuicio (f. 25 y 59 c. 1). Este tipo de

no se tiene certeza de la persona que las realizó y tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas?,

9. La demanda aportó una declaración extrajuicio (f. 25 y 59 c. 1). Este tipo de declaraciones, al ser sumarias, requieren de ratificación judicial de conformidad con el artículo 229 CPC. Como no fue ratificada, no será valorada.

10. La demandante aportó como prueba trasladada algunas actuaciones de la investigación penal n. 080/08, adelantada por el Juzgado 16 de Instrucción Penal Militar (f. 43-58 c. 2). Conforme al artículo 185 CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Como las pruebas fueron practicadas con la audiencia de la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, serán valoradas.

11. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 11.1. El 25 de octubre de 2008 a la 1:30 a.m., Jorge Eliécer Prins Hoyos ingresó sin signos vitales al Centro de Salud de Guaranda, Sucre por heridas por arma de fuego en brazo y región torácica. Prins Hoyos tenía un orificio de entrada a nivel del tercio 3 y 4 de la línea intercostal y el proyectil salió en línea axial anterior derecha, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 49 c. 1). 11.2. El 25 de octubre de 2008, Jorge Eliécer Prins Hoyos murió por shock

derecha, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 49 c. 1). 11.2. El 25 de octubre de 2008, Jorge Eliécer Prins Hoyos murió por shock hipovolémico y anemia aguda por heridas por arma de fuego, según da cuenta 4 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad. 2011-01378 [fundamento jurídico 4] y sentencia del 1 de marzo de 2006, Rad. 16.587 [fundamento jurídico 3.2]. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 377-378, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjiduK. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 28.832 [fundamento jurídico 9.1].6 Expediente n”. 58.177

Demandante: Rosa Isabel Hoyos Márquez Niega pretensiones copia auténtica de la historia clínica (f. 49 c. 1) y del acta de registro de defunción

(f. 57 c. 2). 11.3. El Departamento de Policía de Sucre adelantó investigación disciplinaria en contra del patrullero Miguel Duarte Murcia, por la muerte de Jorge Eliécer Prins Hoyos el 25 de octubre de 2008, según da cuenta certificado original expedido por el Comandante del Departamento de Policía de Sucre (f. 58 c. 1).

contra del patrullero Miguel Duarte Murcia, por la muerte de Jorge Eliécer Prins Hoyos el 25 de octubre de 2008, según da cuenta certificado original expedido por el Comandante del Departamento de Policía de Sucre (f. 58 c. 1). 11.4. El 10 de febrero de 2009, el almacenista de armamento del Departamento de Policía de Sucre entregó al Juzgado 166 de Instrucción Penal Militar dos armas de fuego solicitadas por competencia. Según el acta de entrega de armas, entregó un fusil galil n”. 8-1951991 calibre 7,62 mm, con un proveedor y 18 cartuchos, asignada al Departamento de Policía de Sucre. Entregó, además, un arma tipo pistola marca colt n. N43273T, CALIBRE 45 mm, con 3 proveedora y 7 cartuchos. Conforme al documento, el arma tipo pistola era de Jorge Eliécer Prins Hoyos. Las armas fueron entregadas el 27 de enero de 2009 por la Brigada de Infantería de Marina n”. 1 de la Armada Nacional, según da cuenta copia simple del oficio de envío de documentos (f. 104 c. 1) y acta de entrega (f. 105 c. 1). 11.5. Jorge Eliécer Prins Hoyos era hijo de Rosa Isabel Hoyos Márquez, padre de Keiner David e Isabel Sofía Prins Macía. Hermano de Ana Mercedes y Rodolfo Antonio Cardeño Hoyos; Luis Carlos, Janellis e llianis Milena Prins Hoyos. Tío de Dahana Alvarino Prins, Samir José y Ángel David Meza Prins y Laura Vanessa Moreno Prins, según da cuenta copias auténticas de registros civiles de nacimiento (f. 24-37 c. 1).

Dahana Alvarino Prins, Samir José y Ángel David Meza Prins y Laura Vanessa Moreno Prins, según da cuenta copias auténticas de registros civiles de nacimiento (f. 24-37 c. 1). Responsabilidad del Estado por daños causados por la fuerza pública

12. La Sala reitera" que la falla del servicio [culpa de la administración] es, ha sido, y seguirá siendo la fuente principal y común de la responsabilidad civil del Estado, que se presenta por un incumplimiento en el funcionamiento normal del servicio”, $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de junio de 2021, Rad. 38.186 [fundamento jurídico 6]. 7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 21 de agosto de 1939 [fundamento jurídico párrafo 4], en Gaceta n”. XLVII! p. 63, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de septiembre de 1960, Rad. [fundamento jurídico 2], en Gaceta n”. LXIIl de 1961 pp. 392-395, y sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482 [fundamento jurídico p. 743], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 32 y 33, disponible en https://bit.ly/3ajiduK.7

Expediente n. 58.177

Demandante: Rosa Isabel Hoyos Márquez Niega pretensiones el desconocimiento de una obligación a cargo del Estadoé o, en términos generales, la violación de la ley?. Siempre que esté demostrado el incumplimiento de obligaciones por parte del Estado, se deberá estudiar su responsabilidad bajo

Niega pretensiones el desconocimiento de una obligación a cargo del Estadoé o, en términos generales, la violación de la ley?. Siempre que esté demostrado el incumplimiento de obligaciones por parte del Estado, se deberá estudiar su responsabilidad bajo el régimen subjetivo, esto es, la falla del servicio. Bajo este régimen de responsabilidad subjetiva, al demandante le corresponde demostrar (i) un daño, (ii) una conducta activa u omisiva de la Administración y (iii) la relación de causalidad entre esta y aquel. La conducta constitutiva de falla del servicio [culpa de la Administración] debe ser tardía, irregular, ineficiente o ausente?”.

13. El artículo 1 de la Ley 62 de 1993, en consonancia con los artículos 2 y 218

CN, dispone que la Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Para el cumplimiento de estos deberes, la fuerza pública —Fuerzas Militares y Policía Nacional- (art. 216 CN) tiene el monopolio de la coacción, a través de las armas, y está autorizada para el ejercicio legítimo de la fuerza. El uso de esta facultad encuentra su límite en el respeto a los derechos inalienables de las personas (art. 5 CN), en la dignidad humana (art. 1 CN) y en la supremacía de los derechos fundamentales (art. 85 CN). Por ello, debe ser proporcional y razonable??. La ley faculta a la Policía Nacional, a través de sus agentes, para el empleo de la

humana (art. 1 CN) y en la supremacía de los derechos fundamentales (art. 85 CN). Por ello, debe ser proporcional y razonable??. La ley faculta a la Policía Nacional, a través de sus agentes, para el empleo de la fuerza y de otros medios coercitivos solo cuando sea estrictamente necesario para impedir perturbaciones, restablecer la tranquilidad y seguridad de la comunidad (arts. 29 y 30 del Código de Policía Nacional, Decreto 1355 de 1970, vigente para la época de los hechos, retomados por los arts. 149.12 y 155 de la Ley 1801 de 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 32 y 33, disponible en https://bit.ly/3gjiduK. 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 1975, Rad. 1389 [fundamento jurídico 8], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 13, disponible en https://bit.Iy/3gjiduK. 19 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482 [fundamento jurídico 2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo

19 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482 [fundamento jurídico 2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 32 y 33, disponible en https://bit.ly/3gijduK. 11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 1967 Rad. 138 [fundamento jurídico 1] en Graves Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derechos Intemacional Humanitario Jurisprudencia Básica del Consejo de Estado, Bogotá, Imprenta Nacional, 2016, pp. 186, disponible en bit. ly/2EaveT7.8 Expediente n”. 58.177

Demandante: Rosa Isabel Hoyos Márquez Niega pretensiones 2016). Por su parte, los artículos 34 y 37 de la Ley 1015 de 2006 —Régimen Disciplinario para la Policía Nacional vigente para la época de los hechosestablecen como falta de sus agentes el trato violento a los ciudadanos, la extralimitación de sus funciones por uso de armas sin justificación y la ejecución de actos que atenten contra las garantías de los ciudadanos.

Con esa perspectiva, el derecho inviolable a la vida (art. 11 CN) reviste una protección especial, como postulado rector del ejercicio legítimo de la fuerza por parte de las autoridades y presupuesto de existencia y ejercicio de los demás derechos. Así, desde el viejo mandato contenido en el artículo 29 de la Constitución de 1886, que corresponde al artículo 3 del Acto Legislativo n. 3 de

parte de las autoridades y presupuesto de existencia y ejercicio de los demás derechos. Así, desde el viejo mandato contenido en el artículo 29 de la Constitución de 1886, que corresponde al artículo 3 del Acto Legislativo n. 3 de 1910, el legislador no puede imponer la pena capital. Esta prohibición, que continúa vigente (art. 11 CN), tiene un carácter absoluto, cobija a todas las ramas del poder público y vincula a todas las autoridades como un genuino principio, punto de partida, de todo el ordenamiento constitucional!??. El ejercicio legítimo de la fuerza para el mantenimiento del orden público y la guarda de la seguridad implica, entonces, obrar con prudencia, mesura y hacer uso de los medios necesarios y proporcionados en relación con la causa o motivo de perturbación. Así, aunque el Estado debe estar preparado en todo momento para contener amenazas al orden público, la fuerza pública solo debe emplear los instrumentos suficientes y adecuados para su restablecimiento. De modo que el obrar de los agentes estatales debe ser proporcional al peligro que enfrentan, pues en un Estado de derecho, la Administración responde por las omisiones o extralimitaciones de agentes, en el ejercicio de sus funciones. Ello no quiere decir que, frente a una perturbación o agresión grave, los agentes enviados a restablecer el orden tengan que tolerar situaciones contra su integridad. A todo ser humano le es lícito protegerse, en el marco de la proporcionalidad, conforme al postulado de la legítima defensa??. Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad

humano le es lícito protegerse, en el marco de la proporcionalidad, conforme al postulado de la legítima defensa??. Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad 12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, Rad. 17.318 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 418-419, disponible en https://bit ly/3ajiduK. 13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 1967, Rad. CE-SEC3-1967-04-28 [fundamento jurídico 5], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 431-432, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.9 Expediente n”. 58.177

Demandante: Rosa Isabel Hoyos Márquez Niega pretensiones extracontractual civil del Estado

14. La Sala reitera que el Estado puede exonerarse si se acredita que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima. Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada y para que se configuren deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado!.

Frente a la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, la

demandada y para que se configuren deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado!. Frente a la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, la Sección Tercera ha sostenido que debe estar demostrado que este participó y que fue causa eficiente en la producción del resultado o daño. El orden jurídico impone a las personas —tanto las naturales, como las jurídicas, estas a través de sus agentes— que en todos sus actos procedan con la prudencia y diligencia necesaria, a fin de no causar daño a nadie. La culpa es un error de conducta, en que incurre quien asume un comportamiento —por acción o por omisión— contrario al esperado, por negligencia, imprevisión o impericia. La culpa civil en el ámbito de la responsabilidad civil -tanto de los particulares como del Estadoes la conducta contraria a la que debiera haberse observado (art. 63 CC). Una conducta desviada, bien por imprudencia, por ignorancia, por torpeza o por otro motivo semejante?.

15. Según la demanda, el 25 de octubre de 2008, durante un procedimiento de policía, un policía le disparó a Jorge Luis Prins Hoyos sin motivo, amenaza ni estado de riesgo. Aducen que hubo un error en el operativo de policía y en el empleo de arma de dotación. Aunque la víctima cargaba un arma de fuego, el agente no constató que era la persona que había solicitado el servicio policial y le disparó. 14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de marzo de 1997, Rad. 10.385 [fundamento

agente no constató que era la persona que había solicitado el servicio policial y le disparó. 14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de marzo de 1997, Rad. 10.385 [fundamento jurídico 13] y sentencia del 24 de agosto de 1989, Rad. 5.693 [fundamentos jurídicos 11-13], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 242 y 602-603, disponible en https://bit.ly/3gjiduK. 15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2000, Rad.11.981 [fundamento jurídico 2.8] y sentencia del 25 de julio de 2002, Rad. 13.744 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 245, disponible en https://bit.Iy/3gijduK. 16 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de julio de 1912, en Gaceta Judicial, Tomo XXI, n. 1040 a 1041, p. 262, [fundamento jurídico párr. 20] y sentencia del 11 de marzo de 1952, en Gaceta Judicial, Tomo LXXI, n. 2110 a 2111, p. 390, [fundamento jurídico !].10 Expediente n”. 58.177

Demandante: Rosa Isabel Hoyos Márquez Niega pretensiones

1952, en Gaceta Judicial, Tomo LXXI, n. 2110 a 2111, p. 390, [fundamento jurídico !].10 Expediente n”. 58.177

Demandante: Rosa Isabel Hoyos Márquez Niega pretensiones El daño está demostrado porque el 25 de octubre de 2008, Jorge Eliécer Prins Hoyos murió por shock hipovolémico y anemia aguda por heridas por arma de fuego [hecho probado 11.2].

Está acreditado que el 25 de octubre de 2008 Jorge Eliécer Prins Hoyos ingresó al Centro de Salud de Guaranda, Sucre, por heridas por arma de fuego [hecho probado 11.1] y luego murió [hecho probado 11.2]. El Departamento de Policía de Sucre adelantó procesos penal y disciplinario en contra de patrullero Miguel Duarte Murcia, por muerte de Prins Hoyos [hecho probado 11.3], pero, según las pruebas, no se acreditó el resultado de esas investigaciones.

16. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad, de conformidad con el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 187 CPC. 16.1. Obra en el expediente informe de novedad del libro de población de la

pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 187 CPC. 16.1. Obra en el expediente informe de novedad del libro de población de la estación de policía de Guaranda, Sucre. Conforme al documento, el 25 de octubre de 2008, en la noche, una persona solicitó apoyó policial. El patrullero Miguel Duarte Murcia recibió el requerimiento e informó al Comandante de Guardia en turno. Según el informe, en la vía que conduce al colegio Instegua, a la izquierda de la calle, estaba Edwin Hernández —persona que pidió apoyo de policía— y le dijo al patrullero que personas armadas y encapuchadas lo habían atacado y había escuchado disparos. Luego, iniciaron un «desplazamiento por la zona». Cuando llegaron al establecimiento de comercio «Rumba y ron», una persona salió de ahí, de forma sorpresiva y en la os