CE - 700012333000201300001011SENTENCIA20230904083055

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00001-01 (56849)

Actor: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Demandado: NARCES LOZANO HERNÁNDEZ Y OTRO

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN

Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos de procedencia / RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS – no se desvirtuó la conducta gravemente culposa con que se actuó en la imposición de una sanción disciplinaria que fue anulada por la jurisdicción contenciosa administrativa.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 29 de octubre de 2015, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Procuraduría General de la Nación demanda en repetición a los señores Narces Lozano Hernández y Gustavo Pumarejo Vega, quienes profirieron en primera y en segunda instancia sanción disciplinaria contra el señor Vicente de Paúl Periñan Petro, actos que fueron declarados nulos posteriormente por el Consejo de Estado, por adolecer de vicios en su motivación, alusivos a la ausencia de determinación del aspecto volitivo de la infracción.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

por adolecer de vicios en su motivación, alusivos a la ausencia de determinación del aspecto volitivo de la infracción.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 11 de enero de 2013 (fl. 1 c. ppal.) 1, la Procuraduría General de la Nación, por conducto de apoderado judicial (fl. 13 c. ppal.), presentó demanda de repetición

1 Este escrito fue corregido únicamente en la formulación de los hechos el 22 de febrero de 2013 (fl. 143 c. ppal.), luego del requerimiento efectuado mediante auto inadmisorio del 13 de febrero de 2013 (fl. 140 c. ppal.).Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00001-01 (56849)

Actor: Procuraduría General de la Nación

Demandado: Narces Lozano Hernández y otro

Referencia: Medio de Control de Repetición

2 contra los señores Narces Lozano Hernández y Gustavo Pumarejo Vega, a fin de que se le condenara a reembolsar una suma de dinero que tuvo que pagar esa entidad, en cumplimiento de la condena impuesta el 19 de agosto de 2010, por el Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-23-31-000-2000-00132-01, así (fl. 1 c. ppal.):

PRIMERA. Declarar, a los ciudadanos NARCES LOZANO HERNANDEZ, en calidad de Procurador Tercero Delegado Para la Vigilancia Administrativa y GUSTAVO PUMAREJO VEGA, en calidad de Procurador Departamental de

PRIMERA. Declarar, a los ciudadanos NARCES LOZANO HERNANDEZ, en calidad de Procurador Tercero Delegado Para la Vigilancia Administrativa y GUSTAVO PUMAREJO VEGA, en calidad de Procurador Departamental de Sucre, adscritos a la Procuraduría General de la Nación, responsabl es, y en consecuencia, a reembolsar el pago de la indemnización a que dieron lugar con sus actuaciones a la Nación - Procuraduría General de la Nación - por haber causado un daño concretado en la condena proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso administrativo - Sección Segunda - Subsección A, M.P. doctor ALFONSO VARGAS RINCÓN, en fallo del 19 de agosto de 2010, expediente No. 4394 -03, radicación No. 70001233100020000013201, que revocó la decisión del 21 de mayo de 2003 del Tribunal Administrativo de Sucre, declaró la nulidad de las resoluciones sancionatorias de primera y segunda instancia proferidas en su orden por los ex servidores públicos demandados.

En consecuencia de lo anterior, ordenar a los demandados al pago que tuvo que hacer la Nación colombiana -Procuraduría General de la Nación, por la suma de mil doscientos un millones novecientos diez y seis mil quinientos veintisiete pesos ($1.201.916.527.00) como reparación del daño ocasionado al doctor VICENTE DE PAUL PERIÑAN PETRO, es decir, todos los emolumentos dejados de percibir en el cargo de docente de la Universidad de Sucre, desde el momento de su separación del cargo hasta que se hizo efectivo el reintegro al mismo cargo.

doctor VICENTE DE PAUL PERIÑAN PETRO, es decir, todos los emolumentos dejados de percibir en el cargo de docente de la Universidad de Sucre, desde el momento de su separación del cargo hasta que se hizo efectivo el reintegro al mismo cargo.

SEGUNDA. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en los artículos 192 a 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

TERCERA. La Procuraduría General de la Nación dio cumplimiento al pago de la condena a través de la orden de pago No. 360632112, y de la resolución No. 304 del 30 de mayo de 2012, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del anterior C.C.A (decreto 01 de 1984).

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, en síntesis, se adujo lo siguiente:

La Procuraduría Departamental de Sucre abrió el proceso disciplinario con radicado 093-7992/1998 contra los señores Helmer de la Ossa Suárez, Facundo Blanco Berrío, Luis Barrios Vergara y Vicente de Paúl Periñan Petro, todos funcionarios de la Universidad de Sucre, por haber aceptado y recibido la prima técnica del año 1995, sin reunir los requisitos legales exigidos para el efecto.

Este proceso culminó con la expedición de la resolución No. 011 del 17 de marzo

la Universidad de Sucre, por haber aceptado y recibido la prima técnica del año 1995, sin reunir los requisitos legales exigidos para el efecto.

Este proceso culminó con la expedición de la resolución No. 011 del 17 de marzo de 1999 -proferida por la Procuraduría Departamental de Sucre y suscrita por elRadicación número: 70001-23-33-000-2013-00001-01 (56849)

Actor: Procuraduría General de la Nación

Demandado: Narces Lozano Hernández y otro

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3 señor Gustavo Pumarejo Vega-, la cual fue confirmada mediante la resolución No. 167 del 24 de agosto de 1999 -dictada por la Procuraduría Tercera Delegada para la Vigilancia Administrativa, acto suscrito por el señ or Narces Lozano Hernández-. Mediante estos actos se impuso al señor Vicente de Paul Peña la sanción de destitución e inhabilidad especial por el período de tres años.

A raíz de esa situación, uno de los sancionados, el señor Vicente de Paúl Periñan Petro promovió proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-23-31-000-2000-00132-01, el cual culminó con la sentencia del 19 de agosto de 2010 , median te la cual el Consejo de Estado anuló los actos sancionatorios expedidos por la Procuraduría y ordenó el reintegro del funcionario sancionado al cargo que venía desempeñando, con reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

En relaci ón con estos hechos, la Procuraduría consideró que los funcionarios

cargo que venía desempeñando, con reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

En relaci ón con estos hechos, la Procuraduría consideró que los funcionarios demandados actuaron con dolo en la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se sancionó disciplinariamente al señor Vicente de Paúl Periñan Petro, al no apreciarse adecu adamente el material probatorio correspondiente y adoptar una decisión sin hacer consideraciones sobre el aspecto volitivo de la sanción.

Específicamente, la Procuraduría invocó la aplicación de las presunciones previstas en el artículo 5° numerales 1 y 2 de la Ley 678 de 2001 2 -en su redacción previa a la Ley 2195 de 2022-, al considerar:

Desviación de poder por cuanto las decisiones en comento tuvieron fines incorrectos al no tener en cuenta que el ciudadano VICENTE DE PAUL PERIÑAN PETRO, no actuó con Dolo si se tiene en cuenta que para expedir el acto administrativo número 945 del 4 de di ciembre de 1996, emanada de la Rectoría de la Universidad de Sucre, se elevaron consultas al Departamento de la función pública y al ICFES entidades que conceptuaron qué funcionarios tenían derecho a la prima técnica, tal como aparece demostrado en las pruebas documentales anexadas a esta demanda.

De otro lado, el artículo 14°, de la ley 200 exigía que: Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa. Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-155 de 2002. Y revisado de

disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa. Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-155 de 2002. Y revisado de

2 “Artículo 5. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento ”.Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00001-01 (56849)

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4 manera minuciosa tanto el operador disciplinario de primera como de segunda instancia omitieron motivar las respectivas decisiones acerca del elemento subjetivo, fundamental para emitir fallo sancionatorio, tal como ocurrió, lo que implica que actuaron por vía de hecho y no de derecho.

Respecto a este punto (sic) "Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del sup uesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento".

Basta decir, que el supuesto de hecho no podía ser el consagrado en Artículo 25°, de la ley 200 que establecía: - Faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas: 1. Derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio

25°, de la ley 200 que establecía: - Faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas: 1. Derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones.

El supuesto de hecho no correspondía a la aceptación de una prima técnica que tenía su respaldo legal como era el acto administrativo número 945 del 4 de diciembre de 1996, emanada de la Rectoría de la Universidad de Sucre, y por consiguiente, constituía una fuente legítima, lo que implica que el supuesto de hecho de la norma invocada como violada no correspondía a la conducta investigada.

Subsidiariamente, la entidad accionante solicitó que, “ si no se reconoce el dolo como el modo en que actuaron los citados funcionarios públicos, se debe aceptar que lo hicieron a título de Culpa Grave, toda vez, que violaron el deber objetivo de cuidado por negligencia o impericia al no adecuar la conducta de manera racional y proporcional al tipo correspondiente, al igual que no valoraron el actuar del disciplinado en el ámbito del elemento subjetivo, tal como lo exigía el precitado artículo 14 de la ley 2000” (fl. 8 c. ppal.).

2. Trámite de primera instancia

2.1. Mediante auto del 19 de marzo de 2013 (fl. 151 c. ppal.), se admitió la demanda, actuación que fue debidamente notificada a la parte demandada y al Ministerio Público (fl. 152 vto. a 158 c. ppal.).

2.2. La curadora ad litem designada para ambos dema ndados formuló escrito de contestación de la demanda en el que manifestó que se atenía a lo probado en el

Público (fl. 152 vto. a 158 c. ppal.).

2.2. La curadora ad litem designada para ambos dema ndados formuló escrito de contestación de la demanda en el que manifestó que se atenía a lo probado en el proceso en relación con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda3.

3 Específicamente, se señaló (fl. 188 c. ppal.): “Primero: En cuanto a los hechos. - Ni niego ni afirmo ninguno de los cuatro (4) hechos aducidos como fundamento de la demanda, que se pruebe.

Segundo: En cuanto a las pretensiones de la demanda y los derechos invocados. - Me atengo a lo que resulte probado dentro del proceso.

Tercero: Pruebas. - Las documentales aportadas y demás solicitadas por el demandante, me atengo al valor probatorio que se merezcan de acuerdo al (sic) concienzudo estudio que de ellas haga su señoría, de conformidad con los postulados de la sana crítica.

Cuarto. Notificaciones: La parte demandante y su apoderado, en la dirección indicada por ellos en la demanda”.Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00001-01 (56849)

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5 2.3. La audiencia inicial se llevó a cabo el 28 de julio de 20154, diligencia en que se fijó el litigio 5, se incorporó la prueba documental aportada y se ordenó oficiar a algunas entidades para la remisión de otros documentos. El 25 de agosto de 2015 se celebró audiencia de pruebas en la que se incorporaron los documentos

fijó el litigio 5, se incorporó la prueba documental aportada y se ordenó oficiar a algunas entidades para la remisión de otros documentos. El 25 de agosto de 2015 se celebró audiencia de pruebas en la que se incorporaron los documentos recaudados y se corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 233 c. ppal.).

2.4. La parte demandante reiteró los argumentos expresados en su escrito inicial (fl. 894 c ppal.), mientras que el Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se conden ara a los accionados por cuanto actuaron con culpa grave en la expedición de los actos posteriormente anulados (fl. 237 c. ppal.). Los demandados guardaron silencio en esta etapa.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo de Sucre accedió a las pretensiones de la demanda, así (fl. 914 c. ppal.):

PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a los señores Gustavo Pumarejo Vega y Narces Lozano Hernánde z, por la condena impuesta a la Procuraduría General de la Nación en la sentencia del 19 de agosto de 2010, proferida por el H. Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anter ior, CONDENAR a los señores Gustavo Pumarejo Vega y Narces Lozano Hernández, a pagar solidariamente la suma de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO

MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Gustavo Pumarejo Vega y Narces Lozano Hernández, a pagar solidariamente la suma de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.336.098.513,98), a favor de la Procuraduría General de la Nación, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: COMPULSAR copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Sucre y a la Sala Administrativa de la misma entidad, para efectos del artículo 50 del CGP, respecto a la actuación surtida en el presente proceso por la Curadora ad litem Dra. Carmenza Álvarez Medina.

CUARTO: CONDENAR en costas a los demandados, las cuales serán tasadas por Secretaría conforme las previsiones del artículo 365 y 366 del CGP.

4 Luego de ser instalada el 8 de abril de 2015 (fl. 205 c. ppal.), pero aplazada ante la posible ocurrencia de una nulidad procesal, la cual se dio por saneada mediante providencia del 1° de junio de 2015 (fl. 216 c. ppal.). 5 Así: “En ese orden, el LITIGIO SE FIJA en miras a determinar, ¿Si los señores Gustavo Pumarejo Vega, en su calidad de Procurador Departamental de Sucre y el señor Narces Lozano Hernández, en su calidad de Procurador Tercero Delegado para la Vigilancia Administrativa, incurrieron en una conducta dolosa o gravemente culposa, al proferir fallo disciplinario de primera y segunda instancia, respectivamente, sin tener en cuenta la forma de culpab ilidad subjetivay no hacer un análisis de

conducta dolosa o gravemente culposa, al proferir fallo disciplinario de primera y segunda instancia, respectivamente, sin tener en cuenta la forma de culpab ilidad subjetivay no hacer un análisis de fondo sobre el material probatorio arrimado dentro del proceso disciplinario No. 093-07992/1998, que decidió sancionar al señor VICENTE PAUL PERIÑÁN PETRO, con destitución e inhabilidad especial por el término de 3 años y a consecuencia de ello reconocer o reintegrar el dinero pagado con ocasión a la condena proferida por el Consejo de Estado?” (fl. 226 c. ppal.).Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00001-01 (56849)

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QUINTO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE al demandante el excedente, si lo hubiere, de las sumas consignadas para gastos del proceso y ARCHÍVESE el expediente, previa anotación en el Sistema Informático de Administración

Judicial Siglo XXI.

Para adoptar esta decisión, el a quo consideró que las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia adoptadas por los aquí demandados no efectuaron el necesario análisis de culpabilidad de la conducta desplegada por el señor Vicente de Paúl Periñan Petro -art. 14 Ley 200 de 1995-, y erraron al no tener en cuenta que el sancionado se desempeñaba como vicerrector académico al momento en que se causó la prima técnica, lo cual hacía que sí tuviera derecho a esa prestación -art. 1°

el sancionado se desempeñaba como vicerrector académico al momento en que se causó la prima técnica, lo cual hacía que sí tuviera derecho a esa prestación -art. 1° Decreto 1624 de 1991y, por esa vía, desvirtuaba la concurrencia de los elementos de tipicidad y culpabilidad de la sanción.

En ese contexto, se estableció por parte del fallador de primer grado, que los señores Narces Lozano Hernández y Gustavo Pumarejo Vega deben responder patrimonialmente a título de culpa grave, así (fl. 911 vto. c. ppal.):

En este sentido, emerge diáfanamente que el operador disciplinario, incurrió en una omisión, que no puede catalogarse como dolosa, pues los elementos probatorios no permiten colegir, una intención deliberada en el entonces Procurador Departamental de Sucre, de excluir el estudio de la cul pa para imponer la sanción correccional al señor Periñan Petro; sin embargo, sí es dable concluir que su desatención es equiparable a culpa grave, la cual como ya se analizó en los términos del artículo 63 del C. Civil consiste en: "no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios."; puesto que, nunca debió pasar inadvertido el estudio de un componente fundante en el estudio del cargo disciplinario del acusado como l o es la culpabilidad y su graduación, el cual derivó en una sanción de destitución e inhabilidad del cargo de un servidor público, cuya situación encuadraba en una causal de justificación de su conducta, dado que este no consideró que su conducta al recibir el pago de la prima técnica a la que tenía derecho por ostentar el cargo de vicerrector

público, cuya situación encuadraba en una causal de justificación de su conducta, dado que este no consideró que su conducta al recibir el pago de la prima técnica a la que tenía derecho por ostentar el cargo de vicerrector académico, implicaba una falta disciplinaria, según el análisis del operador, que valga aclarar no constituye una infracción, ya que como lo señalaron los conceptos j urídicos del Departamento de la Función Pública y el ICFES desechados por la misma autoridad, la prestación social percibida sí era procedente, en razón a la calidad del cargo ostentado y no por el cumplimiento de ciertos requisitos, conforme lo señala el Decreto 1624 de 1991, que adicionó el Decreto 1016 de 1991 (…).

Llegado a este punto, resulta diáfano que el operador disciplinario de segunda instancia, incurrió en los mismos yerros cometidos por el de primera instancia, en la medida en que nunca fue tenida en cuenta la presunción de inocencia del investigado, siendo declarado disciplinariamente responsable por el sólo hecho de recibir la prima técnica, sin atender a las razones y fundamentos que lo condujeron a recibirla y que como ya se indicó, eran ar gumentos válidos en tanto si tenía derecho a percibir la prima técnica no con base a los estatutos de la Universidad de Sucre, sino de acuerdo con lo expresamente reconocido en el Decreto 1016 de 1991, el cual ni siquiera fue examinado en la providencia y que adicionaba el Decreto 1624 de 1991 (…).Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00001-01 (56849)

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Demandado: Narces Lozano Hernández y otro

que adicionaba el Decreto 1624 de 1991 (…).Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00001-01 (56849)

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4. El recurso de apelación y su trámite

4.1. Inconformes con la anterior decisión, los demandados, actuando en causa propia, formularon recurso de apelación en escritos que, aunque se presentaron por separado, tienen idéntico contenido.

Señalaron que al presente asunto no resulta aplicable lo p revisto en la Ley 678 de 2001, debido a que los hechos en virtud de los cuales son llamados a responder ocurrieron en 1999. Además, solicitaron que se revoque la sentencia de primera instancia, por cuanto no se demostró la culpa grave con que actuaron en l a expedición de los actos administrativos cuya anulación dio lugar al presente proceso.

Al respecto, adujeron que, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C -778 de 2003, no basta con la expedición de una sentencia que anula actos administrativos para que se entienda configurada la culpa grave o el dolo del demandado en repetición, sino que la entidad demandante tiene la carga de demostrar la vinculación subjetiva del accionado con la conducta que se aduce causante del daño reparado por la administración.

En tal sentido, se precisó que en la decisión disciplinaria de primera instancia se sancionó con base en el tipo previsto en el artículo 25.4 de la Ley 200 de 1995 6,

aduce causante del daño reparado por la administración.

En tal sentido, se precisó que en la decisión disciplinaria de primera instancia se sancionó con base en el tipo previsto en el artículo 25.4 de la Ley 200 de 1995 6, mientras que en la decisión de segunda instancia la ade cuación típica se hizo con base en lo prescrito en el artículo 25.1 de esa misma ley7. De acuerdo con esto, en esas decisiones no era necesario establecer explícitamente si la conducta desplegada por el sancionado -señor Vicente de Paúl Periñan Petroera dolosa, por cuanto este aspecto se encontraba implícito en las descripciones típicas de la sanción disciplinaria, razón por la cual, se reitera, consideraron que era innecesario aplicar el método tradicional establecido para la imposición de la sanción, relativo al razonamiento por separado sobre la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Esto se adujo en los siguientes términos (fl. 930 y 943 c. ppal.):

Estos verbos en los cuales se subsumió la conducta del servidor público VICENTE PERIÑAN PETRO, comprenden una acción, que indefectiblemente edifica un juicio de valor sobre el elemento subjetivo de la falta, es decir, que

6 “ARTÍCULO 25. FALTAS GRAVÍSIMAS. Se consideran faltas gravísimas: (…)

4. El servidor público o el p articular que ejerza funciones públicas, que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial”. 7 “ARTÍCULO 25. FALTAS GRAVÍSIMAS. Se consideran faltas gravísimas:

interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial”. 7 “ARTÍCULO 25. FALTAS GRAVÍSIMAS. Se consideran faltas gravísimas:

1. Derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones ”.Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00001-01 (56849)

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8 tiene la intención de derivar un i ndebido provecho patrimonial, aspecto cognoscitivo, porque en esta descripción típica la conducta contiene ingredientes normativos de carácter subjetivo, con los cuales se completa la acción del verbo rector, y si es indebido, "es irregular", esto es, cont rario al derecho como se consignó en la Sentencia proferida por la Procuraduría Tercera Delegada para la Vigilancia Administrativa, y la norma en la cual se subsumió la conducta del disciplinado, es suficiente, para concluir que en el tipo disciplinario atribuido se describe en el fondo una conducta dolosa, porque la voluntad del actor, aspecto volitivo, se dirigió hacia una acción, cual es el indebido provecho, y esta conducta "irregular", estructura también el otro elemento de la falta disciplinaria cual es el de la antijuridicidad, además de la tipicidad (…).

Obsérvese que la descripción típica de la conducta del numeral 1 del artículo 25, persigue un resultado, que la misma norma describe, el que desarrolla el aspecto volitivo del dolo, esto es, que qui ero un resultado, lo represento y lo realizo. Esto es un caso de incorporación del dolo en el mismo tipo que describe

25, persigue un resultado, que la misma norma describe, el que desarrolla el aspecto volitivo del dolo, esto es, que qui ero un resultado, lo represento y lo realizo. Esto es un caso de incorporación del dolo en el mismo tipo que describe la conducta, por lo cual en la sentencia disciplinaria, en su oportunidad no se efectuó este análisis, propio de la metodología dogmática, en la cual se separan el estudio de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, y que además, como intérprete del tipo disciplinario se consideró innecesario aplicar este método, porque la norma típica, numeral 1 del artículo 25 del anterior CDU, comprende el elemento subjetivo, que se echa de menos, porque la conducta es dolosa y está implícito en el mismo tipo disciplinario.

En este orden de ideas, forzoso es concluir que sobre el elemento de la culpabilidad, no se verificó en el texto de los actos sancionatorios ninguna culpa grave ni descuido leve ni levísimo, como lo describe el inciso 4 del artículo 63 del Código Civil, y cuando se prueba con evidencia, como ocurre en este caso concreto, que la culpa no es grave, ni leve, ni levísima", se reitera, "NO SE

GENERA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE ESTATAL".

4.2. Este recurso fue concedido mediante auto del 1° de marzo de 2015 (fl. 971 c. ppal.) y admitido por esta Corporación en providencia del 18 de mayo de 2016 (fl. 980 c. ppal.). Luego, a través de proveído del 30 de octubre de 2017, se corrió a las partes traslado para alegar de conclusión (fl. 1027 c. ppal.).

980 c. ppal.). Luego, a través de proveído del 30 de octubre de 2017, se corrió a las partes traslado para alegar de conclusión (fl. 1027 c. ppal.).

4.2.1. En su escrito de alegatos, el señor Narces Lozano Hernández insistió en las consideraciones expresadas en el recurso de apelaci ón, según las cuales, el elemento subjetivo dolo se encontraba implícito en el análisis de la imputación, razón por la cual no era necesario razonar explícitamente ese aspecto volitivo al momento de proferir el fallo disciplinario. Además, estimó que el se ñor Vicente de Paúl Periñan Petro sí tenía conocimiento del indebido provecho que estaba obteniendo al percibir la prima técnica, puesto que fue él mismo el que solicitó su reconocimiento a la Universidad de Sucre (fl. 1028 c. ppal.).

4.2.2. El Ministeri o Público solicitó que se confirmara el fallo impugnado, por considerar que los señores Narces Lozano Hernández y Gustavo Pumarejo Vega obraron con culpa grave, al imponer sanción disciplinaria sin motivarRadicación número: 70001-23-33-000-2013-00001-01 (56849)

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Demandado: Narces Lozano Hernández y otro

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9 adecuadamente la decisión. Específicamente, se adu jo que los demandados no explicaron adecuadamente cómo es que podía considerarse que la conducta del señor Vicente de Paúl Periñan Petro -sancionadoera dolosa, a pesar de que en

explicaron adecuadamente cómo es que podía considerarse que la conducta del señor Vicente de Paúl Periñan Petro -sancionadoera dolosa, a pesar de que en diversas actuaciones se había sostenido -con respaldo probatorio - que para l a autorización del pago de la prima técnica la Universidad de Sucre contaba con un concepto jurídico favorable expedido por el ICFES (fl. 1044 c. ppal.).

La entidad accionante y el señor Gustavo Pumarejo Vega guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera expresa la competencia funcional para el conocimiento del medio de control de repetición, (ii) derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y (iii) reiteró el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandadoen relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado - e introdujo el factor objetivo debido a la cuantía para los asuntos de doble instancia.

De tal manera que, en este caso, el análisis de la competencia de la Sala para conocer en segunda instancia de este proceso se efectuará con base en la Ley 1437 de 2011, pues se inició en vigencia de ese cuerpo normativo.

El artículo 150 ibidem, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, “de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administ rativos y de las apelaciones de autos suscep