CE - 700012333000201400015011SENTENCIAFALLO20230906115723

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 70001-23-33-000-2014-00015-01 (4560-2014)

Demandante: Wilson Moreno Álvarez Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio en plazas del orden territorial y nacional. Períodos de labor mediante la modalidad de hora cátedra computable solo si se da mediante vinculación territor ial o nacionalizada . Aplicación de sentencias de unificación del 22 de enero de 2015, 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. Condena en costas.

Rechaza recurso de reposición contra auto que no avoca conocimiento para unificar. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el dos (2) de septiembre de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

la sentencia proferida el dos (2) de septiembre de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor WILSON MORENO ÁLVAREZ instauró demanda contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administ rativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

1 Folios 1 a 2.2

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Que se declare la nulidad de la Resolución PAP 010041 del 23 de agosto de 2010, por medio de la cual la extinta Cajanal EICE negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor del demandante.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y pagar al accionante la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual devengado en el último año de prestación de servicios , con los correspondientes ajustes de ley y efectiva desde la fecha en que adquirió el estatus de pensionado. Además solicitó que se efectúe la indexación sobre el valor de las

salarial mensual devengado en el último año de prestación de servicios , con los correspondientes ajustes de ley y efectiva desde la fecha en que adquirió el estatus de pensionado. Además solicitó que se efectúe la indexación sobre el valor de las sumas adeudadas por este concepto y que se cancelen los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Que la autoridad demandada dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA y que esta sea condenada en costas.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que el señor Wilson Moreno Álvarez nació el 16 de abril de 1959 . Que en su vida laboral estuvo vinculado al magisterio como docente oficial durante los siguientes períodos, del 5 de mayo de 1980 al 10 de septiembre de 1981 en el municipio de Toluviejo, del 1° de febrero al 30 de noviembre de 1991, del 3 de abril al 30 de noviembre de 1992, del 8 de febrero al 30 de septiembre de 1993, del 1° de octubre de 1993 al 14 de marzo de 2010 en el municipio de Betulia, y finalmente desde el 15 de marzo de 2010 hasta la fecha de presentación de la demanda (23 de enero de 2014) en el municipio de Corozal.

Que el 25 de febrero de 2010 la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, petición ante la cual dicha entidad expidió la Resolución PAP 010041 del 23 de agosto del mismo año con la que negó la prestación al aducir

y pago de la pensión gracia, petición ante la cual dicha entidad expidió la Resolución PAP 010041 del 23 de agosto del mismo año con la que negó la prestación al aducir que el reclamante acreditó un tiempo de vinculación del orden nacional que le impide acceder al derecho reclamado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 20 de marzo de 20143 y notificada a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación 5 en el que manifestó que al estudiar el expediente del docente, se evidenció que este tiene tiempos de servicio

2 Folios 2 a 3. 3 Folios 73 a 74. 4 Folios 46 y 54. 5 Folios 97 a 102.3

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acumulados bajo una vinculación del orden nacional, lo cual se puede constatar a partir del certificado laboral que expidió la Secretaría de Educación del departamento de Sucre el 3 de mayo de 2013, situación que merma toda posibilidad legal de reconocer una pensión gracia, pues dicho período no podría ser computable para el efecto por expresa disposición legal. Propuso como excepción la que denominó, falta de requisitos legales para el reconocimiento del derecho pretendido.

En la audiencia inicial 6 se indicó que no se formularon excepciones previas pendientes de resolver . Adicionalmente en esta diligencia se fijó el litigio

denominó, falta de requisitos legales para el reconocimiento del derecho pretendido.

En la audiencia inicial 6 se indicó que no se formularon excepciones previas pendientes de resolver . Adicionalmente en esta diligencia se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión , se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

Igualmente, en esta oportunidad se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó sentencia oral en virtud de la posibilidad contemplada en el artículo 179, numeral 3°, inciso 2°.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo de Sucre mediante sentencia del 2 de septiembre de 2014 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte activa , argumentando que el tipo de vínculo que cobija al señor Wilson Moreno Álvarez es el de docente nacional, específicamente en el per íodo causado entre el 1º de octubre de 1993 y el 25 de febrero de 2010, fecha en la que presentó la reclamación administrativa tendiente al reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Que a pesar de que su nombramiento fue efectuado por el municipio de Betul ia al expedir el Decreto 013 de 1993, convirtiendo las horas cátedra que venía ejecutando en una plaza docente de dicha entidad territorial, el certificado de tiempo de servicio expedido por la Secretaría de Educación Departamental indica que la vinculación del demandante es de carácter nacional.

ejecutando en una plaza docente de dicha entidad territorial, el certificado de tiempo de servicio expedido por la Secretaría de Educación Departamental indica que la vinculación del demandante es de carácter nacional.

Que en relación con la validez del servicio docente prestado por hora cátedra, debía tenerse en cuenta la postura asumida por el Consejo de Estado en la que se concluye la improcedencia de este lapso al no constituir una verdadera relación legal y reglamentaria propia de un empleo público, sino una relación contractual administrativa, razón por la cual el tiempo laborado bajo tal modalidad entre el 1º de febrero de 1991 y el 30 de septiembre de 1993 no podía ser computado.

Que, en razón de lo anterior, el tiempo de labor oficial trabajado por el accionante como nacional y a través de autorización laboral (hora cátedra), no puede ser tenido

6 Folios 124 a 128. 7 Folios 131 a 140.4

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en cuenta para verificar el cumplimiento del requisito de tiempo de servicio , de manera que no satisface los 20 años exigidos de labor docente en una plaza del orden territorial o nacionalizado.

Que en razón del artículo 188 del CPACA, es preciso disponer sobre la condena en costas salvo en los procesos en los que se ventile un i nterés público, por lo que la parte activa debe ser condenada a esta carga conforme a las previsiones de los

Que en razón del artículo 188 del CPACA, es preciso disponer sobre la condena en costas salvo en los procesos en los que se ventile un i nterés público, por lo que la parte activa debe ser condenada a esta carga conforme a las previsiones de los artículos 365 y 366 del CGP.

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demanda nte en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, esto al asegurar que las horas cátedra laboradas por el señor Moreno Álvarez mediante autorizaciones de prestación de servicios constituyen una verdadera vinculación laboral con la administración y, adicionalmente, el tiempo trabajado entre el 1º de febrero de 1991 y el 25 de febrero de 2010 corresponde a una vinculación nacionalizada computable para efectos del reconocimiento pensional.

Que en su caso se observa que no solo los nombramientos se efectuaron directamente por la Secretaría de Educación del departamento de Sucre, sino que de conformidad con el artículo 11 del Decreto 259 de 1981, el actor cumplió con un mínimo de 12 horas cátedra semanales que según esta norma equivale a un año lectivo de servicio.

Que carece de respaldo lo sustentado por el juez de conocimiento respecto del carácter nacional de su vinculación docente , toda vez que las certificaciones distintas a los actos de nombramiento que son los que acreditan el nombramiento y posesión, no pueden determinar por sí mismas que el ente nominador sea el Ministerio de Educación Nacional.

Que con la condena en costas impuestas en su contra se vulneran los principios de acceso a la administración de justicia y el debido proceso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN9

Ministerio de Educación Nacional.

Que con la condena en costas impuestas en su contra se vulneran los principios de acceso a la administración de justicia y el debido proceso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN9

Las partes demandante y demandada presentaron alegaciones finales con las que ratificaron los argumentos expuestos en la demanda, la contestación y el recurso de apelación.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO10

8 Folios 151 a 163. 9 Folios 197 y 198 a 201. 10 Folios 203 a 210.5

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El agente del Ministerio Público rindió concepto en el presente caso, para lo cual solicitó que se confirme el fallo apelado al asegurar que el recurrente no cumple con los requisitos para acceder a la prestación solicitada, específicamente los 20 años de servicio en la docencia oficial con nombramiento territorial, teniendo en cuenta que en el período comprendido entre el 3 de marzo de 1980 y el 9 de septiembre de 1981, su vinculación fue como docente nacionalizado, y el periodo restante, es decir, desde e l 1 de octubre de 1993 hasta el 25 de febrero de 2010 lo laboró con nombramiento como docente nacional, tiempo que no es acumulable para acceder a la prestación solicitada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante

nombramiento como docente nacional, tiempo que no es acumulable para acceder a la prestación solicitada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal ca lidad anterior al 31 de diciembre de 1980 , ello contabilizando incluso los tiempos servidos bajo la modalidad de hora cátedra. Igualmente se tendrá que verificar la procedencia de la condena en costas en primera instancia.

Cuestión previa - Sobre el recurso de reposición contra el auto que no avocó conocimiento para unificación de jurisprudencia

Antes de abordar el caso concreto, la Sala observa que mediante memorial que obra en la plataforma SAMAI,11 la UGPP interpuso recurso de reposición contra el auto de 26 de octubre de 2022,12 por medio del cual la Sección Segunda en pleno decidió no avocar el conocimiento de la solicitud de unificación de jurisprudencia elevada por dicha entidad, tendiente a que se defina qué es lo que debe entenderse como plaza docente.

Al respecto, resalta la Subsección que el artículo 271 del CPACA 13 prevé en su inciso sexto que el auto que decide si avoca o no conocimiento, no es susceptible de recursos, razón por la cual en el presente asunto resulta improcedente la reposición formulada por la parte accionada, al punto de tener que ser rechazada por esa misma razón sin más consideraciones sobre el particular.

En consecuencia, se abordará seguidamente la apelación de la sentencia objeto de

reposición formulada por la parte accionada, al punto de tener que ser rechazada por esa misma razón sin más consideraciones sobre el particular.

En consecuencia, se abordará seguidamente la apelación de la sentencia objeto de análisis en esta instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

11 Índice 53 de la plataforma SAMAI. 12 Índice 47 de la plataforma SAMAI. 13 Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021.6

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En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»14. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de

14 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.7

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establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos inicialmente previstos para el efecto.

Adicionalmente, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los

adiciones a los requisitos inicialmente previstos para el efecto.

Adicionalmente, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de

las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su8

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reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 16 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto a l interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de

entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaba n los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 16 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

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1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los act os administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la

administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educ adores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurr e en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran a los educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 17 la Sección Segunda también fijó como regla

17 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.10

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Radicado: 70001-23-33-000-2014-00015-01 (4560-2014)

jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que, «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de

literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que, «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial , tal como sucede con el asunto bajo examen en esta oportunidad.

En tal sentido , conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos.

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea