CE - 700012333000201700037011SENTENCIA20230704225144

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 70001233300020170003701 (63046)

Demandante: ' FREDY JOSÉ CASTILLA ANAYA Y OTROS Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Tema: Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional. Supresión de empleos por reestructuración de la planta de personal.

Derecho a ser incorporado a empleos equivalentes o a recibir indemnización. No acreditó equivalencia de funciones. No se incurrió en un error jurisdiccional. - SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO Mediante Resolución 2774 del 2 de diciembre de 2002, el Gobernador de Sucre le comunicó a Fredy José Castilla Anaya que el cargo que venía desempeñado no había sido incorporado en la nueva planta de personal del ente territorial. Por lo anterior, el señor Castilla Anaya presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho pretendiendo la nulidad de la resolución referida, la incorporación a un cargo de igual o superior jerarquía al que venía desempeñando y el pago de lossalarios y demás emolumentos dejados de percibir.

del derecho pretendiendo la nulidad de la resolución referida, la incorporación a un cargo de igual o superior jerarquía al que venía desempeñando y el pago de lossalarios y demás emolumentos dejados de percibir. Por sentencia del 22 de noviembre de 2010, el Juzgado 8” Administrativo de Sincelejo, a quien correspondió el proceso por reparto, accedió a las pretensiones de la demanda. No obstante, mediante providencia del 28 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Sucre revocó el fallo del 22 de noviembre de 2010, yenRadicado: 70001233300020170003701 (63046) Demandante: Fredy José Castilla Anaya y otros su lugar negó las pretensiones del libelista. Los demandantes consideran que el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en un error jurisdiccional, toda vez que desconoció las pruebas obrantes en el proceso que daban cuenta que el señor Castilla Anaya cumplía los requisitos para ser incorporado en la nueva planta de personal del ente territorial. ll. ANTECEDENTES

1. Demanda El 22 de febrero de 2017, Diana Sofía Paba Mejía, en nombre propio y en representación de Juan Camilo Castilla Paba; Fredy José Castilla Anaya y Fredy Jesús y Sebastián Castilla Paba mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Rama' Judicial por los perjuicios ocasionados por el error jurisdiccional en el que incurrió el Tribunal Administrativo de Sucre en la sentencia del 28 de noviembre de 2014.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad

Judicial por los perjuicios ocasionados por el error jurisdiccional en el que incurrió el Tribunal Administrativo de Sucre en la sentencia del 28 de noviembre de 2014. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, la suma de 100 SMLMV a cada demandante; por lucro cesante, la suma de $753.210.523 a Fredy José Castilla Anaya y; por “pérdida de fa oportunidad”, la suma de 100 SMLMV a Fredy José Castilla Anaya. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 7 de mayo de 1992, Fredy José Castilla Anaya fue vinculado al Departamento de Sucre en el cargo de Coordinador Código 501, Grado 18. Aduce que el 14 de octubre de 1993, el Departamento Administrativo de la Función Pública inscribió el mencionado cargo en el escalafón de carrera administrativa. 1 FI. 19, CP.Radicado: 70001233300020170003701 (63046) Demandante: Fredy josé Castilla Anaya y otros Señala que mediante Resolución 2774 del 2 de diciembre de 2002, el Gobernador de Sucre le comunicó al señor Castilla Anaya que el cargo que venía desempeñado no había sido incorporado en la nueva planta de personal del ente territorial. Manifiesta que el 10 de abril de 2003, Fredy José Castilla Anaya presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho pretendiendo la nulidad de la resolución referida, la incorporación a un cargo de igual o superior jerarquía y el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir. Indica que dicho proceso correspondió por reparto al el Juzgado 8” Administrativo

referida, la incorporación a un cargo de igual o superior jerarquía y el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir. Indica que dicho proceso correspondió por reparto al el Juzgado 8” Administrativo de Sincelejo y se tramitó con el número de radicado 2003-00538-01. Aduce que mediante sentencia del 22 de noviembre de 2010, el mencionado Juzgado ordenó: el reintegro del señor Castilla Anaya a un cargo de igual o superior jerarquía y el pago de los emolumentos dejados de percibir, al evidenciar que en el marco del proceso de restructuración, el señor Castilla Anaya pudo ser incorporado en un cargo vacante de mayor jerarquía. Afirma que dicha decisión fue revocada mediante providencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, al evidenciar que el demandante no acreditó la similitud de funciones entre el cargo desempeñado y los cargos vacantes de la nueva planta de personal de la entidad. Los demandantes consideran que la providencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, incurrió en un error jurisdiccional por cuanto: ¡) valoró indebidamente la Resolución 2774 del 2 de diciembre de 2002, que dejó cargos vacantes de Coordinador Código. 501, en los que pudo ser incorporado, ii) se apartó del precedente judicial fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia del 22 de marzo de 2012?, en relación con el derecho de incorporación preferencial para los empleados de carrera administrativa ? Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Rad.

Consejo de Estado en la providencia del 22 de marzo de 2012?, en relación con el derecho de incorporación preferencial para los empleados de carrera administrativa ? Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Rad. 0110-11.Radicado: 70001233300020170003701 (63046) Demandante: Fredy José Castilla Anaya y otros y; ¿ii) no valoró en debida forma el estudio técnico de restructuración de la entidad territorial, pues omitió exponer las razones de la supresión de su empleo. Textualmente señala en la demanda: “La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre desconoció el precedente jurisprudencial y tiene un defecto fáctico referido a la valoración del acervo probatorio obrante en el expediente, que en todo caso era claro en demostrar que mi poderdante tenía un derecho preferencial por encontrarse inscrito en carrera administrativa; también su cargo no fue realmente suprimido; así mismo, dentro de la planta de personal del Departamento de Sucre quedaron cargos vacantes de Coordinador Código 501 y en el momento de efectuarse la incorporación en la nueva planta de personal, la accionada retiró del servicio a empleados de carrera para vincular a provisionales, lo que se demostró con los nombramientos que se hicieron que se (sic) encuentran en el expediente, donde se puede ver que son en provisionalidad [...] La jurisprudencia del honorable Consejo de Estado, ha sido muy clara sobre la existencia de un derecho de preferencia de los empleados en carrera administrativa, la cual se cita en la sentencia, pero se desconoce e interpreta parcialmente [...]. Los estudios técnicos debían ser específicos y debían demostrar las razones de la supresión del empleo, lo cual se dijo por el apoderado de la parte demandante y por

la cual se cita en la sentencia, pero se desconoce e interpreta parcialmente [...]. Los estudios técnicos debían ser específicos y debían demostrar las razones de la supresión del empleo, lo cual se dijo por el apoderado de la parte demandante y por el juez de primera instancia, lo cual esa entidad nunca probó, pues si bien aporta unos estudios al proceso, estos no son específicos en cuanto a las razones de supresión parcial del cargo de mi poderdante, además deben demostrar la necesidad de supresión del empleo en particular [...]”.

2. Contestación El 8 de mayo de 2017? el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Rama Judicial guardó silencio?, 3 Fl. 683 y 684, C.P. 4 FI, 694, CP.Radicado: 70001233300920170003701 (63046)

Demandante: Fredy José Castilla Anaya y otros

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 22 de enero de 2018% se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte demandante? reiteró lo expuesto en la demanda. 3.2. La Nación - Rama Judicial” argumentó que la decisión adoptada en la sentencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, estuvo soportada en la jurisprudencia vigente y aplicable al caso en concreto. 3.3. El Ministerio Público? conceptuó que la decisión objeto de reproche no incurrió en un error judicial, por cuanto estableció una interpretación razonable de las

estuvo soportada en la jurisprudencia vigente y aplicable al caso en concreto. 3.3. El Ministerio Público? conceptuó que la decisión objeto de reproche no incurrió en un error judicial, por cuanto estableció una interpretación razonable de las normas que gobiernan la supresión del cargo, para arribar a la conclusión que no era procedente la incorporación a un cargo de la nueva planta de personal del Departamento de Sucre por no probarse la similitud de funciones entre los cargos.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 2 de agosto de 2018? el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la providencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, se dictó con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso, que daban cuenta que el cargo desempeñado por el señor Castilla Anaya no cumplía los requisitos de similitud de funciones que se exigía para poder ser nombrado en la nueva planta de personal de la entidad.

Al efecto, manifestó que “La Sala considera que el acto judicial transcrito, en modo alguno incurrió en un defecto fáctico, pues no hubo una omisión de decreto y 5 Fl, 698 a 700, C.P. 6 Fl 709a717,C.P. 7FL 718, CP. 2 FI. 7192724, C.P. FI.70a77, C.P.Radicado: 70001233300020170003701 (63046) Demandante: Fredy José Castilla Anaya y otros práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto, tampoco el desconocimiento del acervo probatorio para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes, ni una valoración irracional o arbitraria de las pruebas

práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto, tampoco el desconocimiento del acervo probatorio para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes, ni una valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas y mucho menos, que la decisión se haya proferido con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso; todo lo contrario, se apeló a la falta de elementos de convicción que pudieran avalar que el señor Fredy José Castilla Anaya, cumplía los requisitos para ocupar el cargo de Coordinador Código 501, en los grados que continuaron en la nueva planta de personal [...]”. En la parte resolutiva el a quo condenó en costas a la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo?%, pues negó las pretensiones de la demanda.

5. Recurso de apelación El 24 de agosto de 2018! la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 2 de noviembre de 20181? y admitido el 21 de febrero de 201913. 5.1. El recurrente argumentó que el a quo no valoró las pruebas obrantes en el expediente que daban cuenta de la similitud de funciones entre el cargo que desempeñó el señor Castilla Anaya en la antigua planta de personal y los que fueron creados. Además, adujo que el Tribunal Administrativo de Sucre desconoció el' derecho de incorporación a la nueva planta de personal que le asistía a los

empleados de carrera administrativa. De otro lado, reiteró que la providencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, se apartó

derecho de incorporación a la nueva planta de personal que le asistía a los empleados de carrera administrativa. De otro lado, reiteró que la providencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, se apartó 10 “Arfículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó fa demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. 311 Fl 737, C.P. 12 Fl, 746, C.P. 18 Fl, 753, C.P. 14 Fl, 7374744 C.P..Radicado: 70001233300020170003701 (63046) Demandante: Fredy josé Castilla Anaya y otros del “precedente” fijado por el Consejo de Estado, dado que el estudio técnico de restructuración debía indicar los motivos de supresión del empleo desempeñado.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 9 de mayo de 20191 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante?? reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 6.2. La Nación - Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio?”.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 2 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 2 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el 15 Fl. 757, C.P. 16 Fl. 759 a 766, C.P. 17 Fl. 767, C.P.Radicado: 70001233300020170003701 (63046) Demandante: Fredy José Castilla Anaya y otros artículo 140% del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo. En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general!” estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud

oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, ta racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, 18 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 12 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y fa posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.Radicado: 70001233300020170003701 (63046) Demandante: Fredy José Castilla Anaya y otros controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción”, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna

certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso ¡ure?! que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia??, cuya consecuencia, por demandar más 20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 "...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y sí bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción hecesaría para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”. 2? Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad. como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad. como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán. la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial. 22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,10

Radicado: 70001233300020170003701 (63046) Demandante: Fredy josé Castilla Anaya y otros allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de - la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro?. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que la providencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, frente a la cual se acusa el error jurisdiccional, quedó ejecutoriada el 21 de abril 2015, según da cuenta la certificación expedida por el Secretario del Juzgado 8” Administrativo de Sincelejo?; ¡¡) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 12 de diciembre de 2016, la cual se declaró fallida el 22 de febrero de 2017; y iii) que la demanda se presentó este último día?”. pues és un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

este último día?”. pues és un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9 de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205. 24 Fl. 39, C.P. Obra certificación original del Secretario del Juzgado 8” Administrativo de Sincelejo, que da cuenta que la providencia el 28 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre quedó ejecutoriada el 21 de abril del 2015. 25 Fl 669, C.5. 26 Fl. 669, C.5. 27 F1 19, CP.11

Radicado: 70001233300020170003701 (63046]

Demandante: Fredy José Castilla Anaya y otros

4. Legitimación en la causa 4.1. Fredy José Castilla Anaya está legitimado en la causa por activa, pues mediante sentencia del 28 de noviembre de 2014, la cual se acusa de contener un error jurisdiccional, el Tribunal Administrativo de Sucre negó su reintegro a un cargo de igual o superior jerarquía en la nueva planta de personal del Departamento de Sucre y.el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, según da cuenta original del proceso con el número de radicado 2003-00538-01%. 4.2. Fredy Jesús Castilla Paba, Sebastián Castilla Paba, Juan Camilo Castilla Paba y Diana Sofía Paba Mejía no se encuentran legitimados en la causa por activa, toda

original del proceso con el número de radicado 2003-00538-01%. 4.2. Fredy Jesús Castilla Paba, Sebastián Castilla Paba, Juan Camilo Castilla Paba y Diana Sofía Paba Mejía no se encuentran legitimados en la causa por activa, toda vez no fueron parte del proceso con el número de radicado 2003-00538-01, dentro del cual se profirió la sentencia del 28 de noviembre de 2014, objeto de reproche, ni acreditaron tener la calidad de terceros perjudicados por las resultas del mismo. 4.3. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por la Rama Judicial, dado que el Tribunal Administrativo de Sucre -profirió la sentencia del 28 de noviembre de 2014, la cual es objeto de reproche. 5, Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la providencia acusada incurrió en un error jurisdiccional por desconocimiento de las pruebas obrantes en el proceso y jurisprudencia vigente para el momento en que se profirió.

6. Solución del problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre. la responsabilidad del Estado y el régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional.

2C01aC4. 2C1aC4.12

Radicado: 70001233300020170003701 (63046) Demandante: Fredy José Castilla Anaya y otros 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 199130 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El artículo 90 de la Constitución Política de 199130 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a .un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho?, que contraría el orden legal? o que está desprovista de una causa que la justifique9, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por e el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, | la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 3 “Artículo 90, El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. % Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 32 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2? ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.- 33 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 324 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editore, 2009, Milán, Italia. 35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección