CE-73001-23-31-000-2004-01401-02(1594-10)-2011

CESANTIAS – Regímenes aplicables. Regulación legal / SANCION POR MORA EN EL PAGO DE CESANTIAS - Reconocimiento Conforme a la Orden de Pago No. 026-04 de 27 de febrero de 2004 visible a folio 109 del cuaderno principal, quedó acreditado que el Personero Municipal de Anzoátegui le canceló al demandante la suma de $955.006, liquidada mediante la Resolución No. 011 de 2004 y correspondiente a las cesantías definitivas, lo que quiere decir, que para la fecha de presentación de la demanda (22 de julio de 2004) y de la petición (24 de marzo de 2004), las Entidades Municipales habían cumplido dentro del término legal, la obligación reclamada mediante esta acción. La sanción a la que se refiere el parágrafo del artículo 2° de la Ley 244 de 1995 por mora en el pago de las cesantías definitivas consistente en “un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago” reclamada por el actor, no se causó y en consecuencia no era posible condenar a las Entidades acusadas como lo hizo el A-quo, a su pago, por lo que se revocará en lo pertinente la decisión del Tribunal.

FUENTE FORMAL: LEY 6 DE 1945 / LEY 65 DE 1996 / DECRETO 1160 DE 1997 / DECRETO 3138 DE 1968 / LEY 344 DE 1996 / DECRETO 1582 DE 1998 / LEY 432 DE 1998

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION “B”

Consejera ponente: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil once (2011) Radicación número: 73001-23-31-000-2004-01401-02(1594-10)

Actor: JAVIER ERNESTO SALAZAR HENAO

Demandado: MUNICIPIO DE ANTOATEGUI Y PERSONERIA MUNICIPAL AUTORI DADES MUNICIPALES Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y el Municipio de Anzoátegui contra la sentencia de 6 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por Javier Ernesto Salazar Henao contra el Municipio de Anzoátegui y la Personaría Municipal.

LA DEMANDA Estuvo orientada a obtener la nulidad de los Oficios de 20 y 24 de abril de 2004, suscritos por el Alcalde Municipal de Anzoátegui y el Personero Municipal respectivamente, mediante los cuales negaron el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones comprendidos entre el 16 de septiembre de 2003 a 29 de febrero de 2004 y la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías definitivas. A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a las accionadas a reconocerle y pagarle los salarios y prestaciones por el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2003 y el 29 de febrero de 2004; la indemnización laboral por el no pago oportuno de las cesantías definitivas, conforme a lo dispuesto en los

artículos 2º de la Ley 244 de 1995 y 345 del Código Sustantivo del Trabajo; por concepto de intereses causados por la mora en el pago de la indemnización como consecuencia del retiro del cargo que desempeñaba, para lo cual presenta la siguiente liquidación:

CONCEPTO DESDE HASTA TOTAL

Prestaciones Sociales Prima de Vacaciones Sep. Feb. 450.849 16/04 29/04 Cesantías Sep. Feb. 151.911 16/03 29/04 Intereses a las Cesantías Sep. Feb. 8.355 16/03 29/04 Indemnización Moratoria No pago oportuno de los Intereses a las 2003 Feb. 6’547.32 Cesantías 14/04 0 No pago oportuno de los Intereses a las 2003 49.308 Cesantías No consignación Oportuna Cesantías 2003 944.325 No pago de salario de enero de 2004 3’966.16 5 No pago del mes de febrero de 2004 4’658.67 0 No pago de salarios y prestaciones 4’658.67 0 Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral Salud (COLMENA) Feb./ 226.638 2004 Pensión (SANTANDER) Enero/ Febrero/ 585.482 2004 2004 Riesgos Profesionales (ISS) Feb./ 9.859 2004

TOTAL 22’257.5

52 Los anteriores valores deberán pagarse conforme lo dispuesto en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo. Para fundamentar sus pretensiones expuso los siguientes hechos:

El actor fue elegido como Personero del Municipio de Anzoátegui – Tolima, el 14 de septiembre de 2003, cargo del que tomó posesión el 16 del mismo mes y año. Con una asignación mensual de $1’888.649, según Acuerdo No. 011 de 15 de diciembre de 2001, el Concejo Municipal estableció viáticos permanentes en la suma de $195.000 mensuales. El Municipio como empleador debió liquidar y reconocer las cesantías durante el citado año teniendo en cuenta todos los factores salariales consagrados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y reiterados en la Circular No. 001 de 28 de agosto de 2002. Igualmente le adeuda por concepto de cesantías, la suma de $704.402 causadas entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre de 2003, al igual que $24.654 por concepto de intereses a las cesantías por el mismo periodo. Sólo hasta el 3 de febrero de 2004 la administración Municipal giró a la Personería los recursos asignados en el presupuesto para la atención de gastos de funcionamiento, a pesar que el Personero requirió por escrito dichos emolumentos, lo que da lugar al cobro de indemnizaciones, intereses moratorios y demás sanciones legales. Para el 15 de febrero de 2004, ni la Alcaldía o la Tesorería Municipal le habían consignado al actor el valor de las cesantías y los intereses causados al 31 de diciembre de 2003, incumpliendo su obligación legal, por lo que, le asiste el derecho a pedir la sanción de un día de salario por cada día de mora, que equivale

a $944.325. La Personería debió “(…) haber cancelado al actor en la fecha misma de terminación de la relación laboral que lo vinculó como empleado público, que le prestó sus servicios personales a la entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del nivel Municipal, la totalidad de los salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales a que tenía derecho por el tiempo laborado al servicio de la misma, entre el 16 de septiembre de 2003 y el 29 de febrero de 2004. (…)” NORMAS VIOLADAS Como disposiciones violadas, se citan las siguientes: Constitución Política, artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 13, 25, 53 y 83; Leyes 4ª de 1992; 432 de 1998, 50 de 1990; 100 de 1993; 244 de 1995; y 344 de 1996; Decretos 1045 de 1978; 1295 de 1994; 1252 de 2000; y 1919 de 2002; C.CA., artículos 34 a 36 y 85. (Fls. 53-75) CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Municipio de Anzoátegui - Tolima mediante apoderado contestó la demanda y se opuso a las pretensiones (Fls. 238-245), con fundamento en lo siguiente: El demandante era el Personero de Anzoátegui y debió previamente hacer las apropiaciones para cubrir las obligaciones laborales de los empleados de la Entidad (incluida la suya). Además los salarios de enero y febrero de 2004 se dejaron de pagar por el Personero (actor) por cubrir otras prestaciones menos prioritarias, no obstante le

fueron cancelados en los meses de abril y mayo del mismo año, al igual que las demás prestaciones, inclusive algunas de manera anticipada como lo demuestran las órdenes que se anexan. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inepta demanda, por considerar que la Entidad llamada a responden es la Personería Municipal y no el Ente Territorial, además en la demanda no se incluyó capitulo de normas violadas. La Personería Municipal de Anzoátegui - Tolima a través de apoderado contestó la demanda (Fls. 157-172) y se opuso a las pretensiones, formulando las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de competencia. Manifestó que no le debe prestación alguna al demandante y que lo verdaderamente pretendido es “pescar en rio revuelto”, porque era precisamente él, quien en su condición de Personero debía efectuar los pagos aludidos, pues contaba con las atribuciones de ordenador del gasto. En cuanto a las excepciones de falta de competencia, indicó que de conformidad con la Ley 712 de 2001, cuando la controversia sea referente al Sistema de Seguridad Social Integral, le corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Laboral; pago e inexistencia de la obligación; pues la Entidad se encuentra a paz y salvo con el actor a quien la canceló así:  Orden de Pago No. 014-04 de 3 de abril de 2004, la suma de $1’725.754 correspondiente al mes de salario de enero de la misma anualidad.  Orden de Pago No. 003-04 de 15 de mayo de 2004, la suma de $1’725.754 correspondiente al mes de salario de febrero del mismo año.

 El 15 de abril de 2004, se cancelaros los aportes a pensión obligatoria dejados de pagar al demandante y aportes a salud EPS.  Mediante cheque No. 3757016 del Banco Agrario de Colombia, el 27 de febrero de 2004 pagó la suma de $2’366.687, correspondiente a las primas de navidad, servicios, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. En esas condiciones insiste en que se deben despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda. LA SENTENCIA El Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 6 de agosto de 2009, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (Fls. 383-409) con los siguientes argumentos: Encontró probado que mediante Resolución No. 011 de 29 de febrero de 2004 y la Orden de Pago No. 026-04, al demandante se le liquidaron y pagaron las cesantías e intereses, correspondientes al periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2003 y el 29 de febrero de 2004, significa que esas prestaciones fueron efectivamente canceladas. En cuanto a la sanción moratoria, indicó que le asiste razón al accionante, por la no consignación oportuna de las cesantías de 2003, las cuales debieron liquidarse el 31 de diciembre y consignarse al fondo antes de 14 de febrero de 2004; y como en el presente caso sólo se consignaron el 27 del mismo mes y año, que es procedente la condena de un día de salario por cada día de retardo. Con relación a la prima de vacaciones, consideró que al término de la relación

laboral, al demandante se le liquidaron y pagaron las vacaciones, las cuales no fueron otorgadas en tiempo por cuanto no cumplió el requisito para entrar a disfrutarlas, por el contrario se pagó en dinero la referida prima, razón por la cual no procede condena alguna al respecto. Respecto a los salarios, manifestó que la existencia de disponibilidad presupuestal para el pago de los salarios del Personero; sin embargo los salarios de enero y febrero de 2004 se pagaron en abril y mayo del mismo año respectivamente, por lo que ordenó la indexación de los valores desde la fecha en que se hicieron exigibles hasta cuando fueron efectivamente cancelados. En lo referente a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aparece en el expediente la relación de pago de los aportes a salud, pensión y riesgos profesionales, por los periodos reclamados, por lo que negó esta pretensión. LOS RECURSOS El Municipio de Anzoátegui - Tolima por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación para que se revoque la sentencia proferida por el Tribunal y en su lugar se nieguen las súplicas de la demanda. (Fls.428-437) No hay lugar al pago de la indemnización, ni indexación alguna, porque de conformidad con la Ley 244 de 1995, que fijó los términos perentorios para la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos y estableció la sanción por mora, la Entidad Territorial no estaba en mora cuando le pagó al demandante las cesantías definitivas, como lo ha expresado el Consejo de Estado en sentencias de 12 de diciembre de 2002, expediente 1604-01, M.P.

Dr. Jesús María Lemos Bustamante. La parte actora actuando en nombre propio interpuso recurso de apelación para que se acceda a la totalidad de las pretensiones reclamadas en la demanda. (Fls.422-436) Se limita a reiterar los argumentos del líbelo introductorio e insiste en que el Municipio de Anzoátegui le adeuda: “las sanciones moratorias derivadas del no pago oportuno de los salarios de los meses de enero y febrero del año de 2004 en la oportunidad señalada (último día hábil del respectivo mes), la sanción moratoria por el no pago de los intereses a las cesantías causadas al 31 de diciembre de 2003 antes del 31 de enero de 2004, las sanción moratoria por la no consignación de las cesantías correspondientes al año 2003 antes de 15 de febrero de 2004 al Fondo de Cesantías Santander, la prima de vacaciones, el mayor valor no pagado de las cesantías definitivas, el mayor valor no pagado de los intereses a las cesantías, la sanción moratoria por el no pago de la totalidad de los salarios, las prestaciones sociales y demás acreencias laborales en la fecha de terminación de la relación laboral (febrero 29 de 2004)” Además de las indemnizaciones moratorias, prestaciones periódicas y sanciones causadas entre el 1° de marzo y la fecha efectiva del pago de las acreencias laborales, razón por la cual, insiste en que se debe acceder a las pretensiones de la demanda en su totalidad.

EL CONCEPTO FISCAL

La Procuradora Tercera Delegada ante esta Corporación emitió Concepto visible de folios 523 a 530, en el que solicitó revocar la providencia impugnada que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y en su lugar proceder a negarlas en su totalidad, por las razones que se exponen a continuación: Tratándose de prestaciones no periódicas, sino de una indemnización, como lo es la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, su procedencia en casos como el presente, se condiciona a que se agote previamente la vía gubernativa, y si la respuesta (expresa o presunta) le es adversa, deberá demandar los actos que le niegan su derecho o le modifican su situación particular y concreta, dentro de los términos fijados por la Ley, tal como acontece en el sub-lite, respecto a las comunicaciones de 20 y 24 de abril de 2004. Sin embargo, como anota la Entidad Territorial accionada, tratándose de la liquidación definitiva de prestaciones sociales del trabajador por terminación de la relación legal y reglamentaria por retiro del servicio, incluidas las cesantías, no se observa que haya existido mora en el pago, por cuanto la administración tenía 45 días para ello, y está acreditado que los pagos se efectuaron dentro del término legal, razón por la cual, no hay lugar a proferir condena alguna, tal como lo hizo el A-quo. Como no existe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas la siguientes CONSIDERACIONES PROBLEMA JURÍDICO Consiste en determinar si en el sub-lite, las Entidades acusadas, están obligadas a

responder por las pretensiones de la presente acción, como son el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones, así como las cesantías definitivas; y, si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995 e indexación por el pago extemporáneo de los mismos.

ACTOS ACUSADOS

1. Oficio de 20 de abril de 2004, suscrito por el Alcalde Municipal de Anzoátegui, mediante el cual negó el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones, así como las cesantías definitivas, por cuanto ya fueron cancelados y en consecuencia no hay lugar a las sanciones reclamadas. (Fls. 16-18)

2. Oficio de 24 de abril de 2004, mediante el cual, el Personero Municipal de Anzoátegui, negó la petición de reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones, así como las cesantías definitivas, por cuanto ya fueron cancelados y en consecuencia no hay lugar a las sanciones establecidas en la Ley. (Fls. 36-37)

LO PROBADO EN EL PROCESO De la Vinculación del Actor Con la documental que obra a folio 23 del expediente quedó acreditado que el actor fue nombrado Personero Municipal, mediante Acta No. 007 de 14 de septiembre de 2003, siendo posesionado del cargo el 16 del mismo mes y año por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Anzoátegui – Tolima; y prestó sus servicios entre el 16 de septiembre de 2003 y el 29 de febrero de 2004, con una asignación mensual de $1’888.649.

De la Liquidación de las Cesantías Definitivas y Demás Prestaciones A folio 115 obra la Orden de Pago No. 165-03 de 3 de febrero de 2004, por la cual se canceló al actor, la suma de $312.378, por el retroactivo de sueldo de 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2003, mediante cheque No. 3757003 del Banco Agrario de Colombia. A folio 106 obra la Orden de Pago No. 009 de 4 de febrero de 2004, por el cual se consignó a COLMENA EPS la suma de $74.925, correspondiente a los aportes en salud y riesgos profesionales correspondientes al mes de enero de la misma anualidad, mediante cheque No. 3757008 del Banco Agrario. A folio 100 obra la Orden de Pago No. 008 de 4 de febrero de 2004, que canceló a COLMENA EPS la suma de $226.638, correspondiente a los aportes a salud del mes de enero de la misma anualidad, mediante cheque No. 3757007 del Banco Agrario. A folio 109 obra la Orden de Pago No. 026-04 de 27 de febrero de 2004, que, se canceló al actor el valor líquido de $2’366.687, discriminados así, $404.150, por concepto de prima de navidad; $477.503 de prima de servicios; $955.006, de cesantías definitivas; $52.525 de intereses a las cesantías y $477.503 por vacaciones, prestaciones que corresponden al tiempo laborado como Personero, comprendido entre el 16 de septiembre de 2003 y el 29 de febrero de 2004,

canceladas mediante cheque No. 3757016 del Banco Agrario de Colombia. Por Resolución No. 011 de 27 de febrero de 2004 (Fls. 112-114), el Personero Municipal de Anzoátegui, ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho el actor, de la siguiente manera: Prima de Navidad $955.006 Menos Valor Pagado el 17 de diciembre de 2003 550.856 Valor Neto a Pagar el 29 de Febrero de 2004 404.150 Prima de Servicio Anual 477.503 Vacaciones 477.503 Cesantías 955.006 Intereses a las Cesantías 52.525

TOTAL $2’366.687

De folios 102 a 104 obra la Orden de Pago No. 019-04 de 13 de abril de 2004, por la cual se canceló a COLMENA EPS la suma de $226.638, correspondiente a los aportes en salud correspondiente al mes de febrero, mediante cheque No. 3757024 del Banco Agrario. De folios 93 a 96 obran las Órdenes de Pago por los sueldos de enero y febrero de 2004, por la suma de $1’725.754. ANÁLISIS DE LA SALA Acción procedente para reclamar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía definitiva El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 27 de marzo de 2007, expediente No. 2777-2004, M.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante, se ocupó del tema, así: “(…) 5.3. Formulación de las distintas hipótesis para el reconocimiento de la

indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas. (…) Conforme al texto de la norma se presentan varias hipótesis, a partir de la petición del interesado, que pueden dar lugar a la existencia de un conflicto, así: 5.3.1 La administración no resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías. 5.3.2 La administración no reconoce las cesantías y, por ende, no las paga. 5.3.3. La administración efectúa el reconocimiento de las cesantías. En este caso pueden ocurrir varias posibilidades: 5.3.3.1. Las reconoce oportunamente pero no las paga. 5.3.3.2. Las reconoce oportunamente pero las paga tardíamente. 5.3.3.3. Las reconoce extemporáneamente y no las paga. 5.3.3.4. Las reconoce extemporáneamente y las paga tardíamente. 5.3.4. Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo con el monto reconocido. En las situaciones aludidas que impliquen discusión respecto del contenido mismo del derecho la Sala considera que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, en razón de que el origen de la suma adeudada es una acreencia laboral. En las hipótesis en que no haya controversia sobre el derecho, por existir la resolución de reconocimiento y la constancia o prueba del pago tardío, que, en principio, podrían constituir un título ejecutivo complejo de carácter laboral, el interesado puede acudir directamente ante la justicia ordinaria

para obtener el pago mediante la acción ejecutiva. V.gr. hipótesis 5.3.3.1 y 5.3.3.2. (…) En suma la vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que exista certeza del derecho y de la sanción, porque, se repite, en estos eventos procede la ejecución del título complejo. (…)

En conclusión: (i) El acto de reconocimiento de las cesantías definitivas puede ser controvertido, cuando el administrado no está de acuerdo con la liquidación, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

(ii) Ese mismo acto constituye título ejecutivo y puede ser reclamado por la vía judicial correspondiente, que es la acción ejecutiva, pero en lo que respecta a la sanción moratoria deberá demostrarse, además, que no se ha pagado o que se pagó en forma tardía. (iii) El acto de reconocimiento de la sanción moratoria puede ser cuestionado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si el administrado se encuentra inconforme con él, pero si hay acuerdo sobre su contenido y no se produce el pago de la sanción la vía indicada es la acción ejecutiva. (iv) Cuando se suscite discusión sobre algunos de los elementos que conforman el título ejecutivo, como que no sean claros, expresos y exigibles, debe acudirse ante esta jurisdicción para que defina el tema. De lo contrario la obligación puede ser ejecutada ante la jurisdicción ordinaria por la acción pertinente. Conviene precisar que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho siempre existirá un acto atacable. Los expresos de reconocimiento

de las cesantías definitivas y de reconocimiento de la sanción moratoria, o los fictos frente a la petición de reconocimiento de las cesantías definitivas o frente a la petición de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por lo que la acción que debe impetrarse es la de nulidad y restablecimiento del derecho. (…)” (Se resalta) Así las cosas, la vía judicial adecuada para reclamar el reconocimiento y pago de la cesantía definitiva y la sanción moratoria consagrada en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, es la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, dado que no existe título ejecutivo. Con esta acción, tal como lo ha sostenido la Jurisprudencia, se busca la protección de un interés particular, con la finalidad de obtener el resarcimiento de un perjuicio causado con el acto cuya nulidad se pretende, es decir, que se encuentra legitimado para instaurar esta acción toda persona a quien se le vulnere un derecho protegido por el ordenamiento jurídico a través de un acto administrativo que afecte un derecho en particular. Auxilio de Cesantías El auxilio de cesantía se rige por lo dispuesto en la Ley 6ª de 1945 que, en su artículo 17, estableció esta prestación social en razón de un mes de sueldo por cada año de servicios. La Ley 65 de 1946, en el artículo 1º, ordenó que: “Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tendrán derecho al

auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa de retiro.” El Decreto 1160 de 1947, artículo 1°, reiteró en los mismos términos la prestación para los empleados y obreros al servicio de la Nación. El Decreto 3118 de 1968, que creó el Fondo Nacional del Ahorro, en su artículo 27, dispuso que cada año calendario, contado a partir del 1° de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause a favor de sus trabajadores o empleados. La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador. En el artículo 33 de la referida norma se establecieron intereses a favor de los trabajadores en el 9% anual sobre las cantidades que a 31 de diciembre de cada año figuraran a favor de cada empleado público, porcentaje que ascendió a la suma del 12% en virtud del artículo 3° de la Ley 41 de 1975. Con la expedición del Decreto 3118 de 1968 empieza en el sector público, especialmente en la Rama Ejecutiva Nacional, el desmonte de la retroactividad de la cesantía, para dar paso a su liquidación anual. Este nuevo régimen previó, para proteger el auxilio de la cesantía contra la

depreciación monetaria, el pago de intereses a cargo del Fondo Nacional del Ahorro. En el orden territorial el auxilio de la cesantía continuó bajo los parámetros de la Ley 6ª de 1945, Decreto 2767 de 1945, Ley 65 de 1946 y Decreto 1160 de 1947, que consagran su pago en forma retroactiva. A partir de la expedición de la Ley 344 de 1996 se estableció un nuevo régimen de liquidación anual de las cesantías, aplicable a partir de 1997, con corte a 31 de diciembre de cada año, para los servidores públicos vinculados o que se vinculen a los órganos y entidades del Estado, cualquiera que sea su nivel (nacional, departamental, municipal o distrital). Para reglamentar este nuevo régimen en el ámbito territorial se expidió el Decreto 1582 de 1998, para los servidores públicos vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, a quienes se les aplican los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990. El Decreto 1582 de 1998, dictado en el marco de la Ley 4ª de 1992 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5° de la Ley 432 de 1998, y dispuso lo siguiente: “Artículo 1°.- El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será

el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5° y demás normas pertinentes de la ley 432 de 1998. Parágrafo. Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6° de la ley 432 de 1998.” La Sanción Moratoria Con el objeto de aclarar la petición indemnizatoria que formula el actor, es necesario acudir a la Ley 244 de 29 de diciembre de 1995, por la cual se señalan los términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones. Es necesario no perder de vista que “el fundamento de la ley es proteger a las personas que por distintas razones se retiran del servicio y, por ende, requieren de ingresos para su subsistencia mientras reanudan actividades laborales.”1 La Ley 244 de 29 de diciembre de 1995, estableció unos términos perentorios para la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas ó de lo contrario se incurriría en sanciones por la mora en el pago de dicha prestación, así: “ARTÍCULO 1º Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal

deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hace falta anexar. Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. ARTÍCULO 2º La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social. PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual sólo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.” La Ley 244 de 29 de diciembre de 1995 conforme lo dispuesto en el artículo 5°, comenzaría a regir a partir de su publicación, la cual tuvo lugar el mismo día en el Diario Oficial No. 42.171, es decir, que a partir del día siguiente surte efectos y es de obligatorio cumplimiento; y como en el presenta caso el actor laboró hasta el 3 de

abril de 1998 (Fls. 67), quiere decir que le asiste el derecho de reclamar su aplicación. De conformidad con la normatividad transcrita, se concluye:2 1 Sentencia de 6 de agosto de 2008, expediente 3793-03, M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez. 2 CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 22 de enero de 2004, Exp. No. 4597-01, M.P. Dr. Tarsicio Cáceres Toro, precisa la forma de contabilizar los términos señalados en la anterior norma, ante la ausencia de pronunciamiento de la administración en relación con el pago de las cesantías definitivas.

1. Las cesantías definitivas se cancelan al servidor público al término o finalización de su relación laboral con el Estado, y sólo hasta ese momento pueden entregársele para que disponga de ellas;

2. La entidad pública pagadora de que trata el artículo 2º de esta ley es diferente de la que hace la liquidación de las prestaciones, donde laboró el ex empleado, y por lo tanto, según la norma, es aquella a quien se le concede un plazo máximo de cuarenta y cinc