CE - 730012331000200102354021SENTENCIA20230823110537

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Expediente: 730012331000-2001-02354-02 (59941) Demandante: Corporación de Impulso a la Economía Solidaria Demandado: Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otros Medio de control: Controversias contractuales (Artículo 87 del CCA) Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: COMPETENCIA TEMPORAL PARA LA DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – transcurre hasta el vencimiento del plazo para liquidar / COMPETENCIA TEMPORAL PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA – se mantiene hasta la notificación del auto admisorio de la demanda / DEBIDO PROCESO EN MATERIA CONTRACTUAL / FALSA MOTIVACIÓN Y DESVIACIÓN DE PODER – son causales autónomas y diferentes

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se pide declarar la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento, impuso la cláusula penal, y declaró ocurrido el siniestro amparado con la póliza de cumplimiento bajo un convenio de cooperación. Afirma

Se pide declarar la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento, impuso la cláusula penal, y declaró ocurrido el siniestro amparado con la póliza de cumplimiento bajo un convenio de cooperación. Afirma la demandante que los actos están viciados por falta de competencia temporal, falsa motivación, violación al debido proceso y desviación de poder.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia ya indicada, proferida el 2 de junio de 2017, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda 1, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes:

La demanda

2. El Fondo del Plan de Desarrollo Alternativo - PLANTE, cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)2, junto con la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI), suscribieron con la Corporación de Impulso a la Economía Solidaria (en adelante, CIMES, la

1 Cuaderno 2, folios 405 a 532 y 578 a 584 (reforma). 2 Sin personería jurídica, administrada como un sistema separado de cuentas conforme a lo establecido por la Ley 368 de 1997.Radicación: 730012331000-2001-02354-02 (59941) Actor: Corporación de Impulso a la Economía Solidaria Demandado: Nación - DAPRE y otros

Referencia: Controversias contractuales

2 demandante o parte actora) el convenio de cooperación 018 del 28 de diciembre de 1999 (en adelante El Convenio).

3. El Convenio tuvo por objeto estructurar una propuesta de acompañamiento

2 demandante o parte actora) el convenio de cooperación 018 del 28 de diciembre de 1999 (en adelante El Convenio).

3. El Convenio tuvo por objeto estructurar una propuesta de acompañamiento socio-empresarial para CORPOAGRO 3 y 4 organizaciones productoras de frutas socias, con el fin de consolidar y liderar procesos de producción y comercialización de cultivos lí citos en el Departamento del Tolima; se pactó un plazo de ejecución inicial de seis (6) meses. Mientras que CIMES tenía a su cargo la ejecución del proyecto con los aportes efectuados conforme a los términos de referencia, la propuesta y el contrato, la AC CI y el PLANTE se encargarían del seguimiento, revisión y validación de las actividades desarrolladas.

4. CIMES cumplió el convenio de acuerdo con el contrato y los documentos técnicos que formaban parte de éste, de manera que durante su ejecución nunca recibió requerimiento alguno o manifestación de inconformidad por parte de la ACCI o del PLANTE relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones, como tampoco fueron objetados los informes que presentó como parte del objeto contractual.

5. Además, durante la ejecución del convenio nunca se hizo uso de la cláusula décima cuarta que autorizaba a la ACCI a imponer multas diarias sucesivas, como tampoco de la cláusula décima séptima que la facultaba a suspender unilateralmente los pagos y termin ar y liquidar anticipadamente el contrato; indicó que lo anterior, junto al pago efectivo de las actividades realizadas y el otorgamiento del plazo adicional de dos (2) meses que solicitó, evidencian la inexistencia de un incumplimiento del contrato por parte de CIMES.

que lo anterior, junto al pago efectivo de las actividades realizadas y el otorgamiento del plazo adicional de dos (2) meses que solicitó, evidencian la inexistencia de un incumplimiento del contrato por parte de CIMES.

6. El 27 de diciembre de 2000, las entidades demandadas profirieron la Resolución 147 del mismo año, mediante la cual se declaró el incumplimiento del convenio, impuso la cláusula penal pactada y declaró ocurrido el siniestro amparado con la garantía de cumplimiento; esta decisión fue confirmada mediante Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001. Indicó la parte actora que los actos se encuentran viciados de nulidad con fundamento en lo siguiente:

(i) La violación del derecho al debido proceso , toda vez que se procedió a la imposición de la cláusula penal sin haber escuchado o dado oportunidad a CIMES para defenderse, pues, aunque les corrieron traslado de una auditoría realizada, no fueron tenidos en cuenta sus argumentos al momento de contestarla y cuestionarla.

(ii) La falta de competencia temporal de las entidades demandadas para proferir los actos acusados: (a) la Resolución 147 del 27 de diciembre de 2000 -que declaró el incumplimiento - por cuanto fue proferida con posterioridad al vencimiento d el plazo para liquidar; y (b) la Resolución 101 de 2001 -que resolvió el recurso de reposiciónen tanto se expidió después de configurado el silencio administrativo negativo.

(iii) Una falsa motivación, por cuanto CIMES no incumplió con sus obligaciones contractuales, particularmente, en tanto eran de medio y no de resultado, pues consistían en “ un simple acompañamiento de asesoría y de aporte de

negativo.

(iii) Una falsa motivación, por cuanto CIMES no incumplió con sus obligaciones contractuales, particularmente, en tanto eran de medio y no de resultado, pues consistían en “ un simple acompañamiento de asesoría y de aporte de conocimientos” para mejorar la experiencia de un grupo de organizaciones agrícolas; resaltó que, como evidencia de lo anterior, se pagaron las actividades del

3 Corporación para el Desarrollo Empresarial de las Organizaciones de Productores Agropecuarios.Radicación: 730012331000-2001-02354-02 (59941) Actor: Corporación de Impulso a la Economía Solidaria Demandado: Nación - DAPRE y otros

Referencia: Controversias contractuales

3 contrato y durante su ejecución nunca se le requirió por incumplimiento alguno, ni se refutaron sus informes, como tampoco se le aplicaron las multas y suspensiones en los pagos que la ACCI estaba expresamente fa cultada para imponer unilateralmente.

(iv) La existencia de una desviación de poder y la violación de la Ley 80 de 1993 sustentada bajo los mismos argumentos de la falsa motivación.

(v) El desconocimiento del principio de proporcionalidad en la cuantificación de la cláusula penal pecuniaria, pues se aplicó en su totalidad.

7. Como consecuencia de lo anterior, solicitó declarar la nulidad de los actos demandados, y por concepto de restablecimiento del derecho: (i) el reintegro de cualquier suma pagada por concepto de la pena impuesta; (ii) la indemnización de perjuicios por concepto de daño emergente, lucro cesante y daños morales.

Contestación de la demanda

cualquier suma pagada por concepto de la pena impuesta; (ii) la indemnización de perjuicios por concepto de daño emergente, lucro cesante y daños morales.

Contestación de la demanda

8. Admitida la demanda 4 y notificado el auto admisorio, la ACCI y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) presentaron contestación, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones como

sigue:

(i) La ACCI5 expuso que la demandante sí incumplió el convenio por lo que los actos estuvieron debidamente motivados; adicionalmente, propuso las excepciones de falta de agotamiento de la vía gubernativa y falta de individualización de las pretensiones y de los actos administrativos cuya nulidad se solicita.

(ii) El DAPRE6 solicitó no acceder a lo pretendido por la parte actora por cuanto: (a) CIMES se obligó bajo el convenio a lograr unas metas, por lo que sus prestaciones sí eran de resultado, las cuales incumplió; (b) el incumplimiento fue verificado y está consignado en las visitas e informes efectuados después de la ejecución del contrato; (c) a la demandante sí se le respetó el derecho de audiencia y defensa, al punto que reconoce haber presentado unos descargos; (d) al resolverse el recurso de reposición en contra de la decisión inicial, las entidades demandadas ajustaron y redujeron la pena impuesta atendiendo al principio de proporcionalidad.

Vinculación al proceso de Seguros del Estado

9. Mediante auto del 22 de julio de 2015 7, el Consejo de Estado, declaró la nulidad de todo lo actuado “ desde el vencimiento del término para presentar

proporcionalidad.

Vinculación al proceso de Seguros del Estado

9. Mediante auto del 22 de julio de 2015 7, el Consejo de Estado, declaró la nulidad de todo lo actuado “ desde el vencimiento del término para presentar alegatos de conclusión de primera instancia ”, para que la primera instancia se surtiera respecto de Seguros del Estado, quien expid ió la garantía afectada, pero no fue vinculado al proceso; una vez notificado del auto admisorio de la demanda, Seguros del Estado allegó contestación coadyuvando los argumentos y pretensiones de la parte actora8.

4 Auto del 7 de diciembre de 2001. Cuaderno No. 2, folios 560 a 562. 5 Cuaderno 3, folios 824 a 867. 6 Cuaderno 3, folios 904 a 934. 7 Cuaderno 4, folios 1192 a 1196. 8 Cuaderno 4, foliosRadicación: 730012331000-2001-02354-02 (59941) Actor: Corporación de Impulso a la Economía Solidaria Demandado: Nación - DAPRE y otros

Referencia: Controversias contractuales

4 Alegatos en primera instancia

10. Decretadas y practicadas las pruebas 9, al alegar de conclusión, las partes

presentaron sus alegatos, así:

(i) La parte actora 10 insistió en los argumentos de la demanda y Seguros del Estado reafirmó su coadyuvancia frente a éstos.

(ii) El DAPRE 11 explicó que la declaratoria de incumplimiento y consecuente imposición de la cláusula penal: (a) no fue extemporánea por cuanto fue expedida

Estado reafirmó su coadyuvancia frente a éstos.

(ii) El DAPRE 11 explicó que la declaratoria de incumplimiento y consecuente imposición de la cláusula penal: (a) no fue extemporánea por cuanto fue expedida dentro del plazo para liquidar el contrato; (b) se adelantó con pleno acogimiento a los derechos de defensa y debido proceso de la parte actora; y (c) se sustentó en el incumplimiento de CIMES debidamente documentado en los informes rendidos por los funcionarios del PLANTE y de la ACCI, así como en el informe de auditoría realizado por la firma ING S.A.; resaltó que l a parte actora no desvirtuó las conclusiones de dichos informes, y mucho menos, la presunción de legalidad que cobija a los actos demandados.

(iii) La ACCI12 reiteró que el convenio establecía en cabeza de la demandante claras obligaciones de resultado, que fue ron incumplidas sin que se hubiese allegado prueba en contrario, e insistió en la competencia temporal de las entidades demandadas para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la pena convencional.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia

11. El fallo recurrido 13 negó las pretensiones de la demanda con base en lo

siguiente:

(i) La parte actora individualizó correctamente los actos demandados, y agotó la vía gubernativa.

(ii) De conformidad con lo establecido en la ley 1150 de 2007 14, las entidades contratantes están facultadas para declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida, incluso en aquellos negocios jurídicos celebrados antes de su expedición, cuando tal facultad se hubiese pactado

contratantes están facultadas para declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida, incluso en aquellos negocios jurídicos celebrados antes de su expedición, cuando tal facultad se hubiese pactado con fundamento en la autonomía de la voluntad.

(iii) La jurisprudencia ha explicado que la facultad antes indicada puede ser ejercida con posterioridad al vencimiento del plazo contractual, momento en que es posible determinar la inejecución imputable al contratista, mientr as no se haya liquidado el contrato; por tanto, considerando que la Resolución 147 de 2000mediante la cual se declaró el incumplimiento - fue proferida antes de realizarse la liquidación del convenio, la entidad tenía competencia temporal para su expedición.

9 Cuaderno 3, folios 918 y 919. Se decretaron las documentales aportadas por la demandante y las entidades demandadas, incluyendo especialmente copias de (i) los actos acusados, (ii) el convenio, su prórroga y antecedentes administrativos; (iii) la póliza de seguros; (iv) los informes de interventoría y auditoría efectuados con posterioridad a la terminación; (v) el oficio mediante el cual se pusieron en conocimiento de la actora los informes; (v) los descargos y el recurso de reposición presentados en sede administrativa. 10 Cuaderno 3, folios 967 y 968. 11 Cuaderno 3, folios 980 a 985. 12 Cuaderno 3, folios 986 y 1022. 13 Cuaderno principal, folios 1237 a 1245. 14 Artículo 17.Radicación: 730012331000-2001-02354-02 (59941)

Actor: Corporación de Impulso a la Economía Solidaria

13 Cuaderno principal, folios 1237 a 1245. 14 Artículo 17.Radicación: 730012331000-2001-02354-02 (59941) Actor: Corporación de Impulso a la Economía Solidaria Demandado: Nación - DAPRE y otros

Referencia: Controversias contractuales

5 (iv) La Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001 -que resolvió el recurso de reposiciónfue proferida antes de que se notificara el auto admisorio de la demanda, de manera que la entidad no había perdido competencia para hacerlo, de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 60 del CCA15.

(v) Los informes de interventoría, la auditoría efectuada y la consolidación de pagos del convenio, evidencian que la parte actora incumplió con sus obligaciones en tanto hubo ejecución defectuosa del objeto contractual, lo cual no fue desvirtuado dentro del proceso; está acreditado que la actuación administrativa se fundamentó en los informes de interventoría y auditoría, en los documentos contractuales y en las pruebas aportadas por la demandante, todas las cuales, permiten determinar que el contrato no fue cumplido en su totalidad al no haberse cumplido los objetivos acordados y al existir sumas de dinero entregadas a CIMES, cuyos soportes no fueron aportados para su legalización.

(vi) Está acreditado que, previo a la expedición de los actos demandados, la corporación demandante fue requerida por el incumplimiento y se le brindaron las oportunidades suficientes para pronunciarse, cumplir con sus prestaciones y proceder con la legalización de los pagos y anticipos, por lo que no es cierto el

corporación demandante fue requerida por el incumplimiento y se le brindaron las oportunidades suficientes para pronunciarse, cumplir con sus prestaciones y proceder con la legalización de los pagos y anticipos, por lo que no es cierto el supuesto desconocimien to del derecho al debido proceso aducido por la parte actora.

(vii) Las entidades demandadas no desconocieron el principio de proporcionalidad al cuantificar la cláusula penal, pues bajo la Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001 -que resolvió el recurso de reposiciónse definió reducir el monto de la pena en la actuación administrativa, atendiendo al cumplimiento parcial del contrato conforme a los argumentos allegados por la demandante.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

12. El fallo en precedencia fue recurrido oportunamente por la parte actora. El recurso de apelación16 se fundamentó en los siguientes motivos de inconformidad:

(i) Está acreditada la falta de competencia temporal para la declaratoria de incumplimiento, pues como se pactó un término de dos (2) meses para la liquidación bilateral, la entidad tenía hasta el 30 de octubre de 2000 para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal.

(ii) La competencia temporal de las demandadas para proferir la Resolución 101 de 2001, que resolvió el recurso de reposición, se definió a partir de una norma inaplicable, toda vez que el artículo 3º del Decreto 2304 de 1989 que modificó el inciso 3º del artículo 60 del CCA, fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia 2066 del 20 de junio de 1990.

inciso 3º del artículo 60 del CCA, fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia 2066 del 20 de junio de 1990.

(iii) Sí existió la violación al debido proceso alegada, por cuanto: (a) si bien es cierto que CIMES fue convocada para que se pronunciara respecto del informe de interventoría, nunca se le advirtió que las entidades pretendían adelanta r una decisión sancionatoria, ni se le indicaron los supuestos cargos de incumplimiento; y

15 El citado artículo dispone: “La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1 no exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo”. 16 Cuaderno principal, folios 1248 a 1307.Radicación: 730012331000-2001-02354-02 (59941) Actor: Corporación de Impulso a la Economía Solidaria Demandado: Nación - DAPRE y otros

Referencia: Controversias contractuales

6 (b) las respuestas y observaciones efectuadas por CIMES no fueron leídas, estudiadas o analizadas por las entidades demandadas.

(iv) CIMES no incumplió el convenio, con fundamento en la transcripción de los mismos argumentos expuestos en la demanda.

(v) El a quo no se pronunció respecto de los cargos de desviación de poder y violación de la Ley 80 de 1993.

Trámite en segunda instancia

13. Al alegar de conclusión en segunda instancia, la entidad demandante reiteró la postura sustentada en el recurso de apelación17, mientras que Seguros del Estado

violación de la Ley 80 de 1993.

Trámite en segunda instancia

13. Al alegar de conclusión en segunda instancia, la entidad demandante reiteró la postura sustentada en el recurso de apelación17, mientras que Seguros del Estado y la ACCI guardaron silencio 18. Por su parte, el DAPRE 19 y el Ministerio Público 20 solicitaron confirmar la sentencia de primer a instancia indicando que: (i) el incumplimiento de CIMES está acreditado en los informes de interventoría y auditoría, sin que la actora lo hubiese desvirtuado; y (ii) no se acreditó la inexistencia de una incompetencia temporal para la expedición de las resoluciones 147 del 27 de diciembre de 2000 y 101 del 25 de septiembre de 2001, en la medida que la primera fue expedida ante del vencimiento del plazo para liquidar, y la segunda, con anterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

14. De conformidad con los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si:

(i) La Resolución 147 del 27 de diciembre de 2000 fue proferida con posterioridad al vencimiento del plazo previsto para la liquidación, y en consecuencia, con falta de competencia temporal; (ii) La Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001 fue expedida con falta de competencia temporal, al haberse proferido después de configurado el silencio administrativo negativo; (iii) Los actos acusados se expidieron con violación al debido proceso, falsa motivación y desviación de poder.

competencia temporal, al haberse proferido después de configurado el silencio administrativo negativo; (iii) Los actos acusados se expidieron con violación al debido proceso, falsa motivación y desviación de poder.

La competencia temporal par a la expedición de la Resolución 147 del 27 de diciembre de 2000

15. Encuentra la Sala que no le asiste razón a la parte actora toda vez que, contrario a lo afirmado en el recurso, la declaratoria de incumplimiento fue realizada antes del vencimiento del plaz o para liquidar el contrato, y , por ende, no fue proferida sin competencia temporal.

16. En primera medida, la Sala puntualiza que incluso en los contratos celebrados antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007, la declaratoria de

17 Cuaderno principal, folios 400 a 407. 18 Cuaderno principal, folio 1351. 19 Cuaderno principal, folios 1316 a 1321. 20 Cuaderno principal, folios 1324 a 1350.Radicación: 730012331000-2001-02354-02 (59941) Actor: Corporación de Impulso a la Economía Solidaria Demandado: Nación - DAPRE y otros

Referencia: Controversias contractuales

7 incumplimiento era proc edente una vez se vencieran los términos de las liquidaciones bilateral y unilateral, siempre que aquel trámite se surtiera antes del vencimiento del término de caducidad o antes de que se notificara el auto admisorio de la demanda21, tal como sucedió en el presente caso, lo que descarta la falta de competencia temporal aducida.

17. Adicionalmente, aunque es cierto que, como indica el demandante, para los

de la demanda21, tal como sucedió en el presente caso, lo que descarta la falta de competencia temporal aducida.

17. Adicionalmente, aunque es cierto que, como indica el demandante, para los contratos celebrados en vigencia de la Ley 80 de 1993 y previo a la expedición de la Ley 1150 de 2007, el Consejo de Estado 22 sostuvo que esta competencia se extendía hasta los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término previsto para la liquidación bilateral, plazo que correspondía al máximo previsto para que la entidad contratante procediera con la liquidación unilateral, en el caso concreto, está acreditado bajo la cláusula quinta23 del negocio jurídico y el modificatorio del 27 de

junio de 200024, que:

(i) El convenio tuvo un plazo de ejecución inicial de seis (6) meses desde su legalización, fue objeto de prórroga por dos (2) meses más y su terminación se dio el 31 de agosto de 2000 25; adicionalmente, en la cláusula vigésima octava se dispuso que sería liquidado de común acuerdo dentro de los dos (2) meses siguientes a su terminación, esto es, a más tarda r el 31 de octubre de 2000, momento desde el cual iniciaba el cómputo de dos (2) meses para proceder con la liquidación unilateral.

(ii) Por tanto, el plazo para efectuar la liquidación unilateral del convenio y, por ende, la competencia temporal para declara r el incumplimiento, inclusive bajo la jurisprudencia aducida por el recurrente, vencía el 31 de diciembre de 2000, por lo que al haberse realizado tal actuación el 27 de diciembre del mismo año, no hay duda de que la misma fue oportuna.

jurisprudencia aducida por el recurrente, vencía el 31 de diciembre de 2000, por lo que al haberse realizado tal actuación el 27 de diciembre del mismo año, no hay duda de que la misma fue oportuna.

La compe tencia temporal para la expedición de Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001

18. El Tribunal a quo determinó que el acto mediante el cual se resolvió el recurso de reposición no fue expedido con falta de competencia temporal, en la medida que se profirió con anterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda conforme al artículo 60 del CCA , según el cual, “ [l]a ocurrencia del silencio administrativo negativo (…) no exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo”; como fundamento de su inconform idad, la parte actora afirma que la norma transcrita era inaplicable por cuanto el artículo 3º del Decreto 2304 de

21 Lo anterior, por cuanto la jurisprudencia mayoritaria de la Sección Tercera estimó que los plazos para la liquidación de los contratos eran indicativos, por lo que era perfectamente posible que las partes o la entidad contratante liquidaran el acuerdo en el término de caducidad de la acción contractual. En vista de que la oportunidad para la declaratoria de incumplimiento luego de vencido el plazo de ejecución se ha vinculado a la extinción del plazo para la liquidación, es justificable que el incumplimien to se surta por fuera del término indicativo de 6 meses, dado que la jurisprudencia explicó que dicho plazo no era preclusivo, lo cual se reafirmó con la Ley 1150 de 2007.

indicativo de 6 meses, dado que la jurisprudencia explicó que dicho plazo no era preclusivo, lo cual se reafirmó con la Ley 1150 de 2007. 22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de julio de 2014 , C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad.: 52001-23-31-000-2001-01115-01 (29.741). 23 “CIMES ejecutará el convenio de acuerdo con los términos de referencia y demás documentos técnicos que forman parte integrante del presente convenio”. 24 Cuaderno 2, folios 698 y 699 25 El acta de terminación allegada por el demandante indica expresamente que el convenio “tuvo dos meses de prórroga desde el primero de julio al 31 de agosto del año en curso debido a que había un saldo por ejecutar al vencimiento de los términos”. Cuaderno 3, folio 702.Radicación: 730012331000-2001-02354-02 (59941) Actor: Corporación de Impulso a la Economía Solidaria Demandado: Nación - DAPRE y otros

Referencia: Controversias contractuales

8 1989, que modificó el inciso 3º del artículo 60 del CCA, fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia 2066 del 20 de junio de 1990.

Sobre el particular, debe indicarse que la disposición normativa indicada, con fundamento en la cual el a quo determinó la competencia temporal de la entidad para proferir el acto, corresponde al texto original del artículo 60 del CCA, precisamente por cuanto la norma que pretendía modificarlo - Decreto 2304 de 1989estableciendo la pérdida de la competencia de la administración para resolver

para proferir el acto, corresponde al texto original del artículo 60 del CCA, precisamente por cuanto la norma que pretendía modificarlo - Decreto 2304 de 1989estableciendo la pérdida de la competencia de la administración para resolver los recursos con la ocurrencia del silencio administrativo, fue declarada inexequible.

19. En consecuencia, no hay duda de que la norma aplicada por el a quo para establecer la competencia temporal de las entidades demandadas sí estaba vigente y era aplicable al caso concreto, razón por la que se confirmará lo decidido por el fallo de primera instancia en relación con este cargo.

La violación del debido proceso

20. Respecto de la consagración positiva del debido proceso en materia contractual con anterioridad a la expedición de la Ley 1150 de 2007, la Ley 80 de 1993 (artículos 2326 y 7727) remitía a las normas generales del ejercicio de la función administrativa, las cuales envolvían el deber de hacer partícipe al administrado en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, garantizándole la posibilidad de ser oído y de ejercer su derecho de defensa y contradicción.

21. Esta Corporación ha explicado que con la consagración de tales reglas - que, por demás, son aplicables al convenio bajo estudio atendiendo a su régimen jurídico mixto28se entendió que la realización del interés público y la protección de los derechos de los particulares exige que en la formación de la voluntad de la administración intervenga el particular que potencialmente pueda resultar afectado, lo que al final será el elemento que legitima la presunción de legalidad del acto.

22. Sin perjuicio de lo anterior, el derecho al debido proceso no se traduce en la

administración intervenga el particular que potencialmente pueda resultar afectado, lo que al final será el elemento que legitima la presunción de legalidad del acto.

22. Sin perjuicio de lo anterior, el derecho al debido proceso no se traduce en la necesidad de que los procedimientos administrativos contractuales sean iguales a los judiciales ni a los administrativos que están reglados, en tanto deben estar a tono con la agilidad y eficiencia propia exigible a la administración. De ahí que por regla general, los procedimientos administrativos están llamados a amoldarse a la

26 “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 27 “En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo.” 28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de agosto de 2018. C.P. Marta Nubia

Velásquez Rico. Exp. 25000 -23-26-000-2012-00490-01 (57122). “ Conviene ahora precisar que el contrato derivado del artículo 355 de la Constitución Política tiene un régimen legal mixto, puesto que, partiendo de la citada norma constitucional y del contenido del Decreto 777 de 1992, se concluye que es de su esencia la p