CE - 730012331000201000055011SENTENCIA20230822071622

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CONSEJERO PONENTE: NICOLAS YEPES CORRALES

Bogota D.C., dos (02) de agosto de dos mil veintitres (2023) 1

Tema:

} SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

I. SINTESIS DEL CASO I- ' i J i

I ,1 ! » El 9 de septiembre de 2004, el Juzgado referido condeno a Luis Alfonso Galvez y a Carlos Alberto Prieto Hurtado a pena de prision de 36 meses, asi como al pago de $5,288,000 a favor de Imelda Lozano Arciniegas y demas denunciantes, pues los hallo penalmente responsables del delito de estafa. Esta decision fue modificada

Referenda: Radicacion:

Demandante: Demandado: La Sala decide el recurso de apelacion interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 11 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que nego las pretensiones de la demanda.

El 11 de abril de 2002, Imelda Lozano Arciniegas junto con otras personas, presentaron denuncia penal ante la Unidad Seccional de Fiscalias del Espinal contra Luis Alfonso Galvez Rodriguez y Carlos Alberto Prieto Hurtado, representantes legales de la constructora Saron S.A., sindicandolos de ser autores del delito de estafa. Seguidamente, el 27 de noviembre de 2002, la Fiscalia 30 Seccional del Espinal acuso a los sindicados de ser autores de los delitos de estafa, y captacion masiva y habitual de dineros. Posteriormente, el 25 de febrero de 2004, el Juzgado 2° Penal del Circuito del Espinal admitio a la senora Lozano Arciniegas como parte civil en el proceso penal.

CONSEJO DE ESTADO

masiva y habitual de dineros. Posteriormente, el 25 de febrero de 2004, el Juzgado 2° Penal del Circuito del Espinal admitio a la senora Lozano Arciniegas como parte civil en el proceso penal.

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SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C REPARACION DIRECTA 730012331000201000055 01 (50807)

IMELDA LOZANO ARCINIEGAS Y OTROS NACldN - FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTRO Error jurisdiccional. Caducidad de la accion. Incumplimiento de los presupuestos del error jurisdiccional. !i J I 'I >1

I li .1' 1 i' I H T- ( I ( ..42

II. ANTECEDENTES

1. Demanda ’ Fl. 1.16 a 132, C. 1.

El 8 de febrero de 2010\ Imelda Lozano Arciniegas, Luis Alfonso Rendon Marin, Daniela Rendon Lozano y Erika Alejandra Rendon Lozano, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la accion de reparacion directa, presentaron demanda en contra de la Nacion - Fiscalia General de la Nacidn y la Rama Judicial por los perjuicios irrogados con ocasion del error jurisdiccional en que incurrio la Fiscalia 30 Seccional del Espinal en el proveido del 27 de noviembre de 2002 y el Tribunal Superior de Ibagu6 en la providencia del 17 de mayo de 2007. Finalmente, el 12 de febrero de 2009, la Fiscalia 36 Delegada de Espinal se abstuvo de dar inicio a una instruccion penal en contra de los procesados por el delito de

Superior de Ibagu6 en la providencia del 17 de mayo de 2007. Finalmente, el 12 de febrero de 2009, la Fiscalia 36 Delegada de Espinal se abstuvo de dar inicio a una instruccion penal en contra de los procesados por el delito de estafa del que presuntamente fue victima Imelda Lozano Arciniegas, al estimar que ello violaba el principle de non bis in idem. Imelda Lozano Arciniegas y otros consideran que la Nacion - Fiscalia General de la Nacion y la Rama Judicial les ocasionaron un dano antijuridico por el error jurisdiccional en que incurrio la Fiscalia 30 Seccional del Espinal en el proveido del 27 de noviembre de 2002 y el Tribunal Superior de Ibague en la providencia del 17 de mayo de 2007.

Radicado: 73001233.1000201000055 01 (50807) Demaiidante: Imelda Lozano Arciniegas y otros posteriormente, mediante proveido del 17 de mayo de 2007, proferido por el Tribunal Superior de Ibague, en el sentido de condenara los procesados al pago de perjuicios materiales iinicamente en favor de los demas denunciantes, al constatar que nunca fueron acusados por una conducta delictiva cometida en contra de la senora Lozano Arciniegas. Adicionalmente, se dispuso en el fallo compulsar copias a la Fiscalia General de la Nacion para que investigara los presuntos delitos de los que pudo ser victima Imelda Lozano Arciniegas. Sin embargo, mediante providencia del 6 de marzo de 2008, el Tribunal Superior de Ibague declard extinguida la accion penal adelantada en contra de los senores Alfonso Galvez y Prieto Hurtado, al constatar que habia operado el fendmeno de la prescripcidn.3

I J f i f

penal adelantada en contra de los senores Alfonso Galvez y Prieto Hurtado, al constatar que habia operado el fendmeno de la prescripcidn.3 I J f i f s| d n s f I Aduce que el 2 de febrero de 2003, el Juzgado 2° Penal del Circuito del Espinal avoco el conocimientG del proceso penal No. 8477. Senala que el 2 de febrero de 2004, Imelda Lozano Arciniegas presento demanda de constitucion de parte civil dentro del proceso penal con radicado numero 2003016, pretendiendo el pago de $5,288,000, por concepto de perjuicios materiales. Como pretensiones de su demanda, el extreme activo solicita condenar a las entidades.demandadas a pagar, por perjuicios morales, 200 SMMLV a Imelda Lozano Arciniegas, 100 SMMLV a Luis Alfonso Rendon Marin y 50 SMMLV a Daniela Rendon Lozano y Erika Alejandra Rendon Lozano; por dano emergente, la suma de $5,338,000 a Imelda Lozano Arciniegas; y por lucro cesante, “las sumas de dinero dejadas de percibir por los demandantes, (...) hasta se haga el pago respectivo". Indica que el 23 de agosto de 2002, la Fiscalia 33 Seccional del Espinal remitio las diligencias de la instruccion penal No. 8708 a la Fiscalia 30 Seccional del Espinal, para su acumulacion en la causa penal No. 8477. Sostiene que el 27 de noviembre de 2002, la Fiscalia 30 Seccional del Espinal acuso a los procesados de ser autores de los delitos de estafa, y captacion masiva y habitual de dineros.

Sostiene que el 27 de noviembre de 2002, la Fiscalia 30 Seccional del Espinal acuso a los procesados de ser autores de los delitos de estafa, y captacion masiva y habitual de dineros. En apoyo de las pretensiones, la parte actora afirma que el 11 de abril de 2002, Imelda Lozano Arciniegas, junto con otras personas, presento denuncia penal ante la Unidad Seccional de Fiscalias del Espinal en contra Luis Alfonso Galvez Rodriguez y Carlos Alberto Prieto Hurtado, representantes legales de la constructora Saron S.A., sindicandolos de ser autores del delito de estafa. Sehala que el 17 de abril de 2002, la Unidad Seccional de Fiscalias del Espinal remitio la denuncia de la senora Lozano Arciniegas a la Fiscalia 33 Seccional del Espinal para que obrara en la causa penal No. 8708.

Radicado: 730012331000201000055 01 (50807]

Demandante: Imelda Lozano Arciniegas y otros ! i h

<1 « IA 4 Concluye que, mediante proveidodel 12 defebrero de 2009, la Fiscalia 36 Delegada de Espinal se abstuvo de dar inicio a una instruccidn penal en contra de los procesados por el delito de estafa del que presuntamente fue victima Imelda Lozano Arciniegas, al estimar que ello violaba el principio de non bis in idem. Manifiesta que, mediante providencia del 6 de marzo de 2008, el Tribunal Superior de Ibague declare extinguida la accion penal adelantada en contra de los senores Alfonso Galvez y Prieto Hurtado, al constatar que habia operado el fenomeno de la prescripcidn.

de Ibague declare extinguida la accion penal adelantada en contra de los senores Alfonso Galvez y Prieto Hurtado, al constatar que habia operado el fenomeno de la prescripcidn. Imelda Lozano Arciniegas, Luis Alfonso Rendon Marin, Daniela Rendon Lozano y Erika Alejandra Rendon Lozano consideran que la Nacion - Fiscalia General de la Nacidn y la Rama Judicial les ocasionaron un dano antijuridico por el error Senaja que el 15 de agosto de 2007, la defense de uno de los procesados presento demanda de casacion en contra de la decision anterior. Indica que el 9 de septiembre de 2004, el Juzgado referido condeno a Luis Alfonso Galvez y a Carlos Alberto Prieto Hurtado a pena de prision de 36 meses, asi como al pago de $5,288,000 a favor de Imelda Lozano Arciniegas y demas denunciantes, pues los hallo penalmente responsables del delito de estafa. Sostiene que, mediante providencia del 25 de febrero de 2004, el Juzgado 2° Penal del Circuito del Espinal admitio a la sehora Lozano Arciniegas como parte civil en el proceso penal.

Radicido: 730012331000201000055 01 (50807) Demandante: Imelda Lozano Arciniegas y otros Indica que la decision anterior fue modificada mediante providencia del 17 de mayo de 2007, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibague, en el sentido de condenar a los procesados al pago de perjuicios materiales unicamente en favor de los demas denunciantes, al constatar que nunca fueron acusados por una conducta delictiva cometida en contra de la senora Lozano Arciniegas.

Adicionalmente, se dispuso en el fallo compulsar copies a la Fiscalia General de la

de los demas denunciantes, al constatar que nunca fueron acusados por una conducta delictiva cometida en contra de la senora Lozano Arciniegas. Adicionalmente, se dispuso en el fallo compulsar copies a la Fiscalia General de la Nacion para que investigara los presuntos delitos de los que pudo ser victima Imelda Lozano Arciniegas. , ( MJ5 DE.J I

2. Contestaciones 2.2. La Rama Judicial guardo silencio.f|

3. Alegatos de conclusion en primera instancia jurisdiccional en que incurrio la Fiscalia 30 Seccional del Espinal en el proveido del 27 de noviembre de 2002 y el Tribunal Superior de Ibague en la providencia del 17 de mayo de 2007. 2.1. La Fiscalia General de la Nacion^ argumento que no ocasiono un dano antijuridico a los demandantes, puesto que sus actuaciones estuvieron soportadas en las normas sustanciales y procesales que rigen el procedimiento penal.

Adicionalmente, senalo que el extreme activo no acredito la causacion de los perjuicios alegados en la demands. Formulo como excepcion la de “falta de legitimizacion en la causa porpasiva”. Textualmente se senala en la demands: “[...] la Nacldn - Fiscalia General de la Nacion y la Rama Judicial son administrative y solidariamente responsables por la omision y el dano antijuridico que genero perjuicios en los terminos del articulo 90 de la Constitucion Politica, por [...] habersele negado a mi mandante el pago de los valores reclamados mediante el tramite civil dentro del proceso penal adelantado en contra de Luis Alfonso Galvez y Carlos Alberto Prieto Hurtado [.. El 10 de msrzo de 2010^ el Tribunal Administrstivo del Tolima admitio la demands y ordeno su notificacion a las demandadas y al Ministerio Publico.

contra de Luis Alfonso Galvez y Carlos Alberto Prieto Hurtado [.. El 10 de msrzo de 2010^ el Tribunal Administrstivo del Tolima admitio la demands y ordeno su notificacion a las demandadas y al Ministerio Publico. El 18 de marzo 201 S' se corrio traslado a las partes y al Ministerio Publico para alegar de conclusidn y presentar concepto, respectivamente. J Radicado; 730012331000201000055 0.1 (50807) Demandante: iinelda Lozano Ardniegas y otros I 2 Fl. 139 y 140, C. 1. 2 Fl. 156 a 159, C. 1. -•Fl. 215, C. 1. i f' ii kl I J16 3.2. La Rama Judicial y el Ministerio Publico guardaron silencio^.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 11 de febrero de 2014® el Tribunal Administrative del Tolima nego las pretensiones de la demanda, al estimar que no se causo un dario antijuridico a los demandantes, toda vez que Imelda Lozano Arciniegas no habia sido vinculada como victima en el proceso penal adelantado en contra de Luis Alfonso Galvez y Carlos Alberto Prieto por el delito de estafa y, en tai virtud, no se vio afectada con la providencia que declare la prescripcion de la accion penal.

Radicado; 73001233.1000201000055 01 (.50807] Demandante; Imelda Lozano Arciniegas y otros !i Al efecto, sostuvo que: “[...] la conducta investigada y mediante la cual se declard la extincidn de la accion penal por prescripcion de la misma, tiene efectos juridicos frente a los querellantes iniciales no frente a la senora Imelda Lozano Arciniegas,

extincidn de la accion penal por prescripcion de la misma, tiene efectos juridicos frente a los querellantes iniciales no frente a la senora Imelda Lozano Arciniegas, comoquiera que esta no hacia parte dentro de este proceso penal, quedando meridianamente claro que la querella interpuesta por la actora nunca pasd de la fase de instruccidn [...] no puede la actora pretender que los efectos juridicos de la declaratoria de la prescripcion de la accion penal le sean extensibles, maxima cuando en aquel proceso no fue vinculada como victima y asi, via administrativa solicitar la indemnizacidn de los perjuicios producto de esta circunstancia, toda vez que para la actora aim este derecho no ha nacido a la vida juridica [...J En este orden de ideas, deberan sernegadas las pretensiones de la actora, en virtud de que su querella estando dentro de la parte de instruccidn, aun es competencia de la Fiscalia General de la Nacion, motivo por el cual al no podernos inmiscuir en esas orbitas jurisdiccionales, en tai caso, ante esta Junsdiccion no ha nacido el derecho a ser reparada, pues para ello se requiere precisamente de la declaratoria de 5 Fl. 216 y 217, C. 1. ® Fl, 219 a 223, C. 1. 7 Fl. 232, C. 1. 8 Fl. 246 a 254, C. Ppal. 3.1. La parte demandante® y la Fiscalia General de la Nacion® reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestacion de esta,

respectivamente.7

5. Recurso de apelacion fl

6. Alegatos de conclusion en segunda instancia

I

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

I )

J II i

I I n preclusidn de la investigacion por prescripcion de la accion penal, portal razon ser^n desestimados los argumentos expuestos en el libelo introductorio [.. 5.1. La parte actora^^ manifesto que la Nacion - Fiscalia General de la Nacion y la Rama Judicial causaron un dano antijuridico a los demandantes, producto del error jurisdiccional contenido en las providencias del 27 de noviembre de 2002 y 17 de mayo de 2007, al estimar que la primera no acuso a los procesados por el delito de estafa de que fue victima Imelda Lozano Arciniegas, pese a que presento la correspondiente denuncia, y la segunda desconocio la calidad de parte civil que ostentaba la senora Lozano Arciniegas en el proceso penal. El 1° de julio de 2014^^ se corrio traslado a las partes y al Ministerio Publico para alegar de conclusion y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte actora, la Fiscalia General de la Nacion, la Rama Judicial y el Ministerio Publico guardaron silencio. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelacion interpuesto en contra de la sentencia del 11 de febrero de 2014 proferida por el Tribunal El 28 de febrero de 2014®, la parte actora interpuso recurso de apelacion, el cual fue concedido el 11 de marzo de 2014^° y admitido el 12 de mayo de 2014‘'‘'.

Radiodo: 7300.1233100020100005.S 01 (50807] Demandante: Imelria Lozano Arciniegas y otros Lconcedido el 11 de marzo de 2014^° y admitido el 12 de mayo de 2014‘'‘'.

Radiodo: 7300.1233100020100005.S 01 (50807]

Demandante: Imelria Lozano Arciniegas y otros L- ® Fl. 260 a 263, C. Ppal.

’o Fl. 265, C. Ppal. " Fl. 270, C. Ppal. ’2 Fl. 260 a 263, C. Ppal. ’3 Fl. 272, C. Ppal. I L II J ,ll8

2. Accion procedente

3. Vigencia de la accion En este caso la accion procedente es la reparacion directa, porque se reclama la reparacion de un dano proveniente de un hecho imputable a la administracion de justicia.

La accion de reparacion directa es el medio de control idoneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el dano invocado proviene de un hecho, omision, operacion administrativa o cualquier otra actuacion estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrative, segun Io dispone el articulo 86^' de Codigo Contencioso Administrative. Con el proposito de otorgar seguridad juridica, de evitar la paralisis del trafico juridico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la proteccion del interes generaP®, establecio unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden

publico, por Io que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud Raditado: 7300123310fl0201000().S5 01 (50807} Demandante: Imelda Lozano Arciniegas y otros Administrative del Tolima, de conformidad con Io dispuesto en los articulos 73 de la Ley 270 de 1996. ’■ ‘Articulo 86. Acci6n de reparacidn directa. La persona interesada podr6 demandar directamente la reparaciPn del dafio cuando la causa sea un hecho, una omisidn, una operaciPn administrativa o la ocupaciPn temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos publicos o por cualquiera otra causa. Las entidades publicas deber^n promover la misma acciPn cuando resulten condenadas 0 hubieren conciliado por una actuacidn administrativa originada en culpa grave o dole de un servidor 0 ex servidor publico que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuacidn de un particular o de otra entidad pijblica’’. Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una instituciPn juridico procesal a trav6s de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuracidn normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de accedera la jurisdicciPn con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad juridica, para evitar la paralizaciPn del trafico juridico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la proteccidn de un interns general. Como claramente se explicd en la sentencia C-632 de 2001 a que se ha hecho reiterada referenda,

concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la proteccidn de un interns general. Como claramente se explicd en la sentencia C-632 de 2001 a que se ha hecho reiterada referenda, esta es una figura de orden publico Io que explica su cardeter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.".9 ■I :l .1 'I judicial, implica la extincion del derecho de accionar, asi como la consolidacion de las situaciones que se encontraban pendientes de solucion. El establecimiento de dlchas oportunidades legales pretende, ademas, la racionalizacion de la utilizacion del aparato judicial, log rar mayor eficiencia procesal, controlar la iibertad del ejercicio del derecho de accion^®, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solucion por los organos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenomeno procesal, de caracter bifronte, en tanto se entiende como limite y garantia a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones juridicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

Radicado: 730012331000201000055 01 (50807)

Demandante: Iinelda Lozano Arciniegas y otros

I I - ' ,1 r/ 1 La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad juridica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actoresjuridicosquediscuten alguna

certidumbre y seguridad juridica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actoresjuridicosquediscuten alguna situacion; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende tambien como una limitacion de caracter irrenunciabie al ejercicio del derecho de accion, resultando como una sancion ipso iure^"^ que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algun reclame o requerir algun Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 "...el derecho al acceso a la administracidn de justicia no es absoluto. pues puede ser condicionado legalmente a que la promociOn de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que sehala el legislador (..El t^rmino de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acciOn, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restriccidn necesaria para la estabilidad del derecho, Io que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad juridica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.". Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizarla seguridad juridica de los sujetos procesales, el legislador instituyo la figure de la caducidad como una sancion en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un termlno especifico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en

eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un termlno especifico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perder^n la posibilidad de accionar ante la jurisdiccidn para hacer efectivo su derecho. Es as! como el fenomeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y eljuez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactive del sujeto procesal llamado a Interponer determinada accldn judicial’’.10 como reconocimiento o proteccion de la justicia^®, cuya consecuencia, por demandar mas alia del tiempo concedido por la ley procesal, significa la perdida de la facultad potestativa de acclonar.

Radicado: 730012331000201000055 01 (50807) Deinandante: Imelda Lozano Arciniegas y otros En ese sentido, la Seccion Tercera de esta Corporacion ha indicado, de manera reiterada, que cuando el dano alegado proviene de un error judicial el termino de caducidad empleza a contabilizarse a partir del dia siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro^®.

Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998:"... [s]i el actor deja transcurrirlos plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presenter la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excuse alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantia para la seguridad juridica y el interns general. Y es que la caducidad representa el limite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por

entonces, una garantia para la seguridad juridica y el interns general. Y es que la caducidad representa el limite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protecciPn, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce SUS derechos, no se ver^ expuesto a perdeiios por la ocurrencia del fendmeno indicado". ” Consejo de Estado, Seccidn Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9 de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205. 20 Fl. 104 y 105, C. 3. 21 Fl. 116a 132, C. 1. 22 Fl.114, C. 1. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar no se ejercio en tiempo, frente al proveldo del 27 de noviembre de 2002, teniendo en cuenta que: i) cobro ejecutoria el 23 de enero de 2003, segun da cuenta copia simple de la constancia secretarial suscrita el 24 de enero de 2003^°; ii) que la demanda se present© el 8 de febrero de 2010^^ cuando ya habian transcurrido los dos (2) anos que otorga la ley procesal para ejercer el derecho de accionar de forma oportuna, y iii) que aunque el 29 de octubre de 2009^2 los demandantes presentaron solicitud de conciliacion extrajudicial, Io cierto es que para ese moment© ri© habia termin© de caducidad susceptible de ser suspendid© p©rque, c©m© se explico anteriermente, ya habia operad© el fenomen© preclusive.

de conciliacion extrajudicial, Io cierto es que para ese moment© ri© habia termin© de caducidad susceptible de ser suspendid© p©rque, c©m© se explico anteriermente, ya habia operad© el fenomen© preclusive. El articul© 136 del Codig© Contencioso Administrativ©, sehala que la accion de reparacion directa caducara al vencimiento del plaz© de dos (2) ahos, contados a partir del dia siguiente del acaecimient© del hecho, omision u ©peracion administrative © de ocurrida la ©cupacion temporal © permanent© del inmueble de propiedad ajena por causa de trabaj© public© © por cualquiera ©tra causa.11I

4. Legitimacion en la causa

5. Problema juridico

I I I I i I I I De otro lado, se advierte que no obra ninguna prueba que de cuenta de la ejecutoria de la providencia del 17 de mayo de 2007, la cual se acusa de constituirse en un error jurisdiccional. No obstante Io anterior, en aplicaclon de los principios pro actione y pro damnato^^. y para garantizar el acceso a la administracion de justicla, la Sala estudlara el fondo del asunto, en la medida que se halla acreditado el cumplimiento de los presupuestos dispuestos en el articulo 67 de la Ley 270 de 1996 para estudiar la eventual configuracion de un error jurisdiccional frente a la providencia referida. 4.1. Imelda Lozano Arciniegas (victima) esU legitimada en la causa por active, ya que fue admitida y vinculada como parte civil al proceso penal tramitado con el numero de radicado 2003-0016, segun da cuenta copia autentica de la providencia

que fue admitida y vinculada como parte civil al proceso penal tramitado con el numero de radicado 2003-0016, segun da cuenta copia autentica de la providencia del 25 de febrero de 2004, proferida por el Juzgado 2® Penal del Circuito del Espinal^^. 4.2. Luis Alfonso Rendon Marin, Daniela Rendon Lozano y Erika Alejandra Rendon Lozano no se encuentran legitimados en la causa por active, pues si bien hacen parte del nucleo familiar de la victima^®, Io cierto es que no acreditaron tener la calidad de terceros perjudicados, ni interes en las resultas del presente proceso. 4.3. La Nacion esta legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamenterepresentada por la Fiscalia General de la Nacion y por la Rama Judicial, dado que la Fiscalia 30 Seccional del Espinal profirio el proveido del 27 de noviembre de 2002, y el Tribunal Superior de Ibague profirio la sentencia del 17 de mayo de 2007, las cuales son objeto de reproche. I ! !

Radicado: 73001233.1000201000055 01 (50807] Demandante: Imelda Lozano Arciniegas y otros i ! i. i

(I I I I I t 23 Consejo de Estado, Seccion Tercera, Sentencia del 3 de octubre de 2016 Rad • 39133 2“ Fl. 16 y 17, C. 1. 25Fl. Ill a 113, C. 1.12

6. Solucion del problema juridico 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabllidad del Estado El articulo 90 de la Constitucion Politica de 19912® consagro dos condiciones para declarer la responsabllidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un dano

6. Solucion del problema juridico 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabllidad del Estado El articulo 90 de la Constitucion Politica de 19912® consagro dos condiciones para declarer la responsabllidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un dano antijurldico y ii) la imputacion de este al Estado.

Antes de resolver el problema juridico es menester hacer unas consideraciones generates sobre la responsabllidad del Estado y el desarrollo jurisprudencial frente al regimen de responsabllidad por error jurisdiccional. Corresponds a la Sala determinar si la providencia del 17 de mayo de 2007, proferida por el Tribunal Superior de Ibague cumple los presupuestos generates para estudiar la eventual configuracion de un error jurisdiccional.

Radicado: 730012331()002()1000055 01 (5(1807] Deinandante: Inielda Lozano Arciniegas y otros "Articulo 90. El Estado respondera pathmonialmente por los danos antijuridicos que le sean imputables, causados por la accion o la omision de las autoridades publicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparacion patrimonial de uno de tales danos, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agents suyo, aquel debera repetir contra este”.

Consejo de Estado, Seccion Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 28 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoria General de la Responsabllidad. Traducido por Angel Martinez Sarrion. 2® ed. Barcelona; Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pag.90. 28 Consejo de Estado, Seccion Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 deenero de 2000, Rad.: 10867.

28 Consejo de Estado, Seccion Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 deenero de 2000, Rad.: 10867. 30 Cosso. Benedetta. Responsabilita della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilita Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pag. 2407, Giuffrd Editors, 2009, Milan, Italia. El dano antijurldico ss la lesion injustificada a un interes protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectacion que no esta amparada por la ley 0 el derecho^^, que contraria el orden legaF® o que esta desprovista de una causa que la justifique^^, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenaniiento y, contra derecho, al lesionar una situacion reconocida o protegida^°, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto results contrario al ordenamiento juridico danar a otro sin repararlo por el desvalor(1 13 3 6.2. Regimen de responsabilidad det Estado por error jurisdiccional ( I .1 ! !l 1 « f En desarrollo del articulo 90 constitucional, el legislador instituyo la responsabilidad