CE - 730012331000201000265031SENTENCIA20230706092851

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 730012331000201000265 03

Demandantes: Diana Mireya Arjona de Paris y Gloria Consuelo Arjona de las

Casas

Demandado: Municipio de Ibagué

Asunto: Plan de ordenamiento territorial – Competencia de los concejos municipales para fijar los usos del suelo y determinar afectaciones ambientalesProcedimiento de inscripción de afectación ambiental - Efectos de no cumplir con la etapa de inscripción

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Las señoras Diana Mireya Arjona de París y Gloria Consuelo Arjona de las Casas, en adelante la parte demandante, en ejercicio de la acción de nulidad y2

Núm. único de radicación: 7300112331000201000265 03

Demandante: Diana Mireya Arjona de Paris y otra

Casas, en adelante la parte demandante, en ejercicio de la acción de nulidad y2

Núm. único de radicación: 7300112331000201000265 03

Demandante: Diana Mireya Arjona de Paris y otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 1 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A., presentaron demanda 2 ante el Tribunal Administrativo del Tolima contra el Municipio de Ibagué, en adelante la parte demandada.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad del artículo 3° de la Resolución No. 0146 del 28 de agosto de 2008, por medio de la cual se aprueba un plano topográfico dentro del perímetro urbano del Municipio de Ibagué, expedida por el Director del Grupo de Ordenamiento Terri torial del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 0025 del 19 de febrero de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de Reposición”, expedida por el Director del Grupo de Ordenamiento Territorial del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante la cual se confirma la Resolución 0146 del 28 de agosto de 2008.

TERCERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1.0117 expedida por el Sr. Alcalde del Municipio de Ibagué, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución No. 2.3 - 0146 del

por el Sr. Alcalde del Municipio de Ibagué, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución No. 2.3 - 0146 del 26 de agosto de 2008, proferida por la Secretaría de Planeación Municipal”.

CUARTA. Que como consecuencia de las anteriores declarac iones, en calidad de restablecimiento del derecho, se condene al Municipio de Ibagué, a pagar a mis mandantes los perjuicios de orden material, daño emergente y lucro cesante que les fueron ocasionados, como consecuencia de los actos administrativos cuya anulación se impetra.

QUINTA. Que la condena respectiva, sea actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A.

SEXTA. Que se dé cabal cumplimiento a la sentencia, de conformidad con los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SÉPTIMA. Que se condene a la entidad demandada a cancelar las costas procesales y las agencias en derecho que se originen como consecuencia del presente proceso […]”.

1 “[…] ARTÍCULO 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que se l e modifique una obligación fiscal, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”.

2 Por intermedio de apoderado (Folio 3 del cuaderno núm. 1 del expediente).3

misma acción tendrá quien pretenda que se l e modifique una obligación fiscal, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”.

2 Por intermedio de apoderado (Folio 3 del cuaderno núm. 1 del expediente).3

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Demandante: Diana Mireya Arjona de Paris y otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

3.1 Informó que la parte demandante es propietaria del predio conocido como “TORCARA”; identificado con matrícula inmobiliaria núm. 350 -49262; ficha catastral núm. 01 -08-0931-0052-000 y ubicado en la Carrer a 20 núm. 66 -274, Avenida Ambalá, entre la Calle 69 y la Urbanización Yuruparí de Ibagué.

3.2 Expresó que la parte demandante, para explotar económicamente el inmueble, firmó “[…] una alianza […]” con una sociedad constructora reconocida; la que al momento de estudiar los títulos y el folio de matrícula inmobiliaria no encontró afectaciones al predio.

3.3 Sostuvo que la parte demandada, mediante dos oficios que expidió los días 12 de marzo de 2007 y 16 de mayo de 2007, certificó que el inmueble citado supra se encontraba: i) ubicado en zona urbana residencial primaria; y ii)

días 12 de marzo de 2007 y 16 de mayo de 2007, certificó que el inmueble citado supra se encontraba: i) ubicado en zona urbana residencial primaria; y ii) legalizado y con disponibilidad real y efectiva de servicios públicos domiciliarios; es decir, se podía iniciar un desarrollo urbano.

3.4 Comunicó que, además de lo anterior, la parte demandad a, mediante el oficio núm. 0849 de 27 de febrero de 2008, contestó una petición que le había presentado la parte demandante; esta se relacionaba con las acciones de manejo y tratamiento por uso y desarrollo urbano de su inmueble; en la respuesta se indicó que en el Acuerdo núm. 0116 de 2000, plan de ordenamiento territorial de Ibagué, para el predio de la parte demandante se determinó como uso del suelo, el “[…] de Conservación Ambiental, Reforestación y Recreación Pasiva […]”.

3.5 Adujo que como en el folio de matrícula inmobiliaria no existía afectación, y se tenían las dos certificaciones que expidió la parte demandada en 2007, la parte demandante inició el levantamiento topográfico del predio; para tal efecto, el gerente de proyectos de la sociedad Const rucciones y Urbanizaciones Ltda., socia de la parte demandante, le solicitó al Departamento Administrativo de4

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Demandante: Diana Mireya Arjona de Paris y otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Planeación del Municipio de Ibagué que procediera a aprobar el plano topográfico del inmueble.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Planeación del Municipio de Ibagué que procediera a aprobar el plano topográfico del inmueble.

3.6 Indicó que el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Ibagué, mediante la Resolución núm. 2.3-0146 de 26 de agosto de 2008, aprobó el plano; sin embargo, en el artículo 3.° del acto administrativo señaló que el inmueble aparecía en los planos de usos del suelo urbano U4 y de tratamiento s U-8, que hacían parte integral del plan de ordenamiento territorial de Ibagué, como zona de protección y conservación ambiental.

3.7 Manifestó que contra el artículo 3.° de la Resolución núm. 2.3-0146 de 26 de agosto de 2008, la parte demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación; lo anterior, porque la parte demandada impuso sobre el inmueble una afectación y restringió el derecho a la propiedad privada con fundamento en dos planos que carecían de la entidad jurídica “[…] para crear e imponer afectaciones a la propiedad privada, las cuales de acuerdo a la normatividad señalada en el mismo POT, tiene que ser fruto de actos administrativos de carácter particular, en los que se señalen claramente los linderos y amojonamiento de la zona establecida como suelos de protección ambiental, y de forma individualizada, cada uno de los predios afectados, sus linderos especiales y proceder a su notificación legal y posterior registro en el folio de matrícula inmobiliaria […]”.

ambiental, y de forma individualizada, cada uno de los predios afectados, sus linderos especiales y proceder a su notificación legal y posterior registro en el folio de matrícula inmobiliaria […]”.

3.8 Expresó que la parte demandada, por medio de las resoluciones núm. 0025 de 19 de febrero de 2009; y 1-117 de 29 de septiembre de 2009, esta última que no se notificó a la parte demandante personalmente ni por edicto 3, confirmó el contenido del artículo 3.° de la Resolución núm. 2.3-0146 de 26 de agosto de 20084.

3 La parte demandada, a pesar de que fue requerida en dos oportunidades para que aportara la constancia de notificación de la Resolución 1 -117 de 29 de septiembre de 2009, únicamente allegó copia del acto administrativo sin las constancias de notificación.

4 Celebrada la audiencia de conciliación se declaró fallida y se expidió constancia el 2 6 de marzo de 201 0 (Folios 51 y 52 del cuaderno núm. 1 del expediente).5

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Demandante: Diana Mireya Arjona de Paris y otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normas violadas y concepto de violación

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículo 37 de la Ley 9ª de 11 de enero de 19895. • Artículos 48 y 122 de la Ley 388 de 18 de julio de 19976.

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículo 37 de la Ley 9ª de 11 de enero de 19895. • Artículos 48 y 122 de la Ley 388 de 18 de julio de 19976. • Artículos 120 y 122 del Acuerdo núm. 0116 de 27 de diciembre de 20007. • Artículos 18 y 30 del Código Civil. • Artículo 29 y 83 de la Constitución Política.

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación así:

Primer cargo: Violación del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989

5.1 La parte demandante, expresó:

“[…] De conformidad con la norma, las afectaciones por protección ambiental como la que nos ocupa, tienen el tratamiento de afectación de obra pública y requiere de la notificación personal al propietario del inmueble afectado y su registro en el folio de matrícula inmobiliaria, requisitos que se extrañan en el presente caso, puesto que no existe el acto que crea la afectación de manera particula r en los predios de las Sras. Arjona, no existe en consecuencia ninguna clase de notificación a ellas sobre el particular, ni existe el registro en el folio de matrícula inmobiliaria.

La norma señalada no hace más que recoger el principio Constitucional d el reconocimiento y respeto a la propiedad privada, y cualquier tipo de afectación por interés general, debe cumplir un debido proceso y debe estar necesariamente precedida de la indemnización correspondiente […]”.

Segundo cargo: Violación de los artículos 48 y 122 de la Ley 388 de 1997

afectación por interés general, debe cumplir un debido proceso y debe estar necesariamente precedida de la indemnización correspondiente […]”.

Segundo cargo: Violación de los artículos 48 y 122 de la Ley 388 de 1997

5 “[p]or la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”

6 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”

7 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”6

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Demandante: Diana Mireya Arjona de Paris y otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.2 La parte demandada para explicar el concepto de violación, manifestó:

“[…] Estas normas establecen de manera clara que es requisito indispensable para la afectación de inmuebles, que se disponga de la apropiación presupuestal correspondiente al pago de las compensaciones debidas a los propietarios de los inmuebles afectados, requisito que en el caso que nos ocupa, tampoco se ha cumplido y por ende se puede predicar válidamente que la afectación marcada sobre los pr edios de las Sras. Arjona es inexistente por violación directa de la ley.

afectados, requisito que en el caso que nos ocupa, tampoco se ha cumplido y por ende se puede predicar válidamente que la afectación marcada sobre los pr edios de las Sras. Arjona es inexistente por violación directa de la ley.

De acuerdo con las disposiciones legales, encontramos que además de no existir la base jurídica necesaria para la afectación marcada en el topográfico, se está violando la ley al de sconocer las exigencias establecidas por el legislador para estos casos, especialmente en lo atinente a la notificación de las personas interesadas, el registro en el folio de matrícula inmobiliaria, el inicio inmediato del proceso de indemnización o de ex propiación a los propietarios cuyos derechos patrimoniales se ven disminuidos por efecto de la actividad administrativa, y la disponibilidad presupuestal previa . […] Se insiste que solamente se tiene la definición ambigua y general de unas áreas propuestas, que no han sido alinderadas definitivamente, no existen los actos administrativos que se requieren para afectar derechos particulares adquiridos con arreglo a las leyes vigentes, ni menos se ha iniciado ningún trámite tendiente a indemnizar a los propietarios de los predios que resulten afectados cuando se realice los trabajos de alinderamiento definitivo de las zonas propuestas en el POT. Solamente se tiene un área marcada sin respaldo jurídico, afectando una parte de la ciudad como suelos de protección, sin el cumplimiento de las disposiciones obligatorias en estos casos […]” (Destacado fuera de texto).

Tercer cargo: Violación de los artículos 120 y 122 del Acuerdo núm. 0116 de 2000, plan de ordenamiento territorial de Ibagué

5.3 La parte demandante sustentó el cargo de la siguiente manera:

Tercer cargo: Violación de los artículos 120 y 122 del Acuerdo núm. 0116 de 2000, plan de ordenamiento territorial de Ibagué

5.3 La parte demandante sustentó el cargo de la siguiente manera:

“[…] el POT se limitó a enunciar de manera ambigua la clasificación de unos predios como Bosques Naturales Urbanos, dentro de los cuales, supuestamente se incluyen los predios cuyo topográfico se solicitó, ya que no se conoce acto administrativo que haya impuesto la afectación ambiental ni haya individualizado los predios que comprende el llamado Bosque Ñancahuazú. En este mismo sentido, la afectación que se estableció en el POT está condicionada al cumplimiento de unos requisitos establecidos en la misma norma, los cuales hasta la fecha extrañamos, siendo ellos los contenidos en el artículo 120 […]” (Destacado fuera de texto).

Cuarto cargo: Violación de los artículos 18 y 30 del Código Civil7

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5.4 La parte demandante, indicó:

“[…] Los actos administrativos acusados violan disposiciones legales de obligatoria aplicación, como son las disposiciones atrás referidas . Así mismo los artículos referidos de las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 se encuentran vigentes y su aplicación, de conformidad con la pirámide jerárquica, prevalece sobre las normas del POT local […].

Así mismo los artículos referidos de las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 se encuentran vigentes y su aplicación, de conformidad con la pirámide jerárquica, prevalece sobre las normas del POT local […].

Los funcionarios que expidieron los actos acusados se limitan a la transcripción literal de una norma del POT, la cual no es susceptible de aplicar de manera literal e individual, ya que en el mismo POT estableció su posterior desarrollo determinando el pr ocedimiento para legalizar las afectaciones ambientales, en estrecha concordancia con lo expuesto en las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 […]” (Destacado fuera de texto).

Quinto cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política

5.5 La parte demandante, sostuvo lo siguiente:

“[…] En el caso que nos ocupa, la administración Municipal para imponer una afectación ambiental, simplemente procedió a señalarla mediante una mancha sobre el plano U4, sin ninguna clase de procedimiento adicional. Se reitera que el mencionado plano no tiene la aptitud legal para crear e imponer afectaciones a la propiedad privada, las cuales de acuerdo con la normatividad vigente y al propio POT, tienen que ser el fruto de actos administrativos de carácter particular , en los q ue se señalen claramente los linderos y amojonamiento de la zona establecida como suelos de protección ambiental, y de forma individualizada, cada uno de los predios afectados, sus linderos especiales y proceder a su notificación legal y posterior registro en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo. Es decir, se requiere agotar todos los pasos inherentes a la actuación administrativa señalada por la ley, la cual se extraña en el caso que nos

legal y posterior registro en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo. Es decir, se requiere agotar todos los pasos inherentes a la actuación administrativa señalada por la ley, la cual se extraña en el caso que nos ocupa […]” (Destacado fuera de texto).

Sexto cargo: Violación del artículo 83 de la Constitución Política

5.6 La parte demandante adujo en síntesis que “[…] Las autoridades administrativas del Municipio de Ibagué que profirieron los actos acusados, se apartaron del postulado constitucional de la buena fe, al reconocer la razonabilidad y firmeza de las peticiones y recursos que les fueron elevadas, para posteriormente mantener sus determinaciones pese a tener la certeza de estar actuando en contra de claros postulados legales que regulan el tema de las afectaciones a la propiedad privada […]”.8

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Séptimo cargo: Violación del principio a la confianza legítima

5.7 La parte demandante destacó que “[…] Frente a los predios (sic) objeto del topográfico señalado, se vulnera la confianza de los asociados por cuanto al momento de una negociación sobre los mismos, la debida diligencia obliga a estudiar el folio de matrícula inmobiliaria, el cual aparece sin afectaciones de ninguna clase, existiendo además, las certificaciones de Planeación Municipal en las que de igual forma, no se registra ninguna afectación sobre el predio y

estudiar el folio de matrícula inmobiliaria, el cual aparece sin afectaciones de ninguna clase, existiendo además, las certificaciones de Planeación Municipal en las que de igual forma, no se registra ninguna afectación sobre el predio y por el contrario, se clasifica como zona residencial primaria, y solo hasta el momento en que se tramita la aprobación del plano topográfico, es cuando aparece la afectación ambiental sobre el inmueble , e n el punto de “información técnica del predio” […]” (Destacado fuera de texto).

Contestación de la demanda

6. La parte demandada 8 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

“[…] EXCEPCIONES

INEXISTENCIA DE ELEMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Hago consistir la presente excepción en el hecho de que si bien existe la referida afectación sobre el predio, dicha afectación no proviene del POT de Ibagué, pues el Municipio no plantó allí las especies que generan tal condicionante. Esa condicionante ambiental es propia de las características físicas del mismo y son comparables con la presencia de un río, quebrada, nacimiento o cualquier fuente de agua que exige una franja de protección y ella en sí, impide cualquier proceso de urbanización y construcción.

Luego es pertinente manifestar que sus propietarias no han recibido perjuicios ocasionados por la decisión tomada por la Administración en el POT de Ibagué, pues en ningún momento se les ha restringido el uso, usufructo y mucho menos su exp lotación comercial; máxime si se tiene en cuenta que la Secretaría de Planeación Municipal aprobó los planos aportados para adelantar en ese predio un proyecto urbanístico. Además el

usufructo y mucho menos su exp lotación comercial; máxime si se tiene en cuenta que la Secretaría de Planeación Municipal aprobó los planos aportados para adelantar en ese predio un proyecto urbanístico. Además el artículo 122 del Acuerdo 116 de 2000, a que se hace referencia líneas atrás, adicional al hecho de señalarlo como zona de conservación, ha indicado el uso y ocupación que se le puede dar al territorio en cuestión […].

8 Por intermedio de apoderada (Folio 116 del cuaderno núm. 1 del expediente).9

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Visto así, sus propietarios podrán ejercer allí actividades de explotación económica, utilizando el potencial ambiental de su predio y favoreciendo a su vez la calidad de vida de sus usuarios y vecinos colindantes, dándole cumplimiento a la función social y ecológica de la propiedad privada, ofreciendo garantía a la protección de las especies arbóreas allí plantad as. Lo anterior, con la certeza que un proyecto ecológico en el mediano plazo puede fácilmente generar mayor proyección económica que uno de desarrollo urbanístico.

INEPTITUD FORMAL DE LA DEMANDA POR NO DEMANDAR EL ACTO

ADECUADO

Hago consistir la presente excepción en el hecho cierto e indiscutible que la afectación que se impone al lote en cuestión está contenida en un acto

INEPTITUD FORMAL DE LA DEMANDA POR NO DEMANDAR EL ACTO

ADECUADO

Hago consistir la presente excepción en el hecho cierto e indiscutible que la afectación que se impone al lote en cuestión está contenida en un acto administrativo proferido por el Concejo Municipal Acuerdo 116 de 2000, Plan de Ordenamiento Territorial, y que para poder dejar sin efectos el mismo es necesario que sea derogado por medio de otro Acto Administrativo de la misma naturaleza (Acuerdo Municipal) o acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el fin de que sea declarada la nulidad del mismo.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Teniendo en cuenta el acervo probatorio allegado al proceso por el demandante (sic), el análisis planteado en la excepción anterior, y estando plenamente demostrado por el mismo Apoderado del Actor (sic) que fue el Acuerdo 116 de 2000, Plan d e Ordenamiento Territorial, el acto administrativo que impuso la referida afectación ambiental al Bosque ÑANCAHUAZÚ, y que a la fecha de presentación de la presente demanda, ya transcurrieron 10 años, mucho más del término legal con que contaba el demandante (sic) para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa en Acción de Nulidad y Restablecimiento para demandar la imposición del mencionado gravamen, por lo tanto la acción se encuentra caducada9.

RECONOCIMIENTO OFICIOSO DE EXCEPCIÓN

De acuerdo al artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, muy respetuosamente solicito, a su señoría que, en el evento de encontrar probado o probados algún o algunos hechos constitutivos de excepción o

De acuerdo al artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, muy respetuosamente solicito, a su señoría que, en el evento de encontrar probado o probados algún o algunos hechos constitutivos de excepción o excepciones, se sirvan hacer oficiosamente la declaración […]”.

Sentencia de 25 de noviembre de 2011 proferida en primera instancia10

9 La Sala aclara que mediante sentencia de 25 de noviembre de 2011 el Tribunal Administrativo del Tolima declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda por no haberse demandado el plan de ordenamiento territorial de Ibagué; en consecuencia, se inhibió para proferir decisión de fondo; sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 12 de noviembre de 2015, revocó la decisión de primera instancia y ordenó proferir sentencia de fondo porque “[…] lo que argumentan las actoras es que la administración municipal no podía rotular la afectación del bien sin el lleno de los requisitos exigidos para ello por la ley en su sentido amplio, lo cual debe ser verificado por el Tribunal en su análisis […]”.

10 Folios 152 a 164 del cuaderno núm. 1 del expediente.10

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6. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia proferida el 25

de julio de 2016, resolvió:

“[…] Declarar de oficio, probada la ineptitud sustantiva de la demanda y en

6. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia proferida el 25

de julio de 2016, resolvió:

“[…] Declarar de oficio, probada la ineptitud sustantiva de la demanda y en consecuencia, inhibirse para proferir fallo de fondo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión […]”.

7. El a quo, respecto de los actos acusados consideró:

“[…] Observa la Sala, que no es posible decidir sobre la nulidad y el restablecimiento del derecho los (sic) actos de carácter particular, en virtud de los cuales se aprueba el plano topográfico del predio de las demandantes que ostenta un tratamiento de zona de conservación ambiental, sin que se emita el fallo que en derecho corresponda sobre la validez del acto general Plan de Ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo Municipal 116 expedido el 27 de diciembre de 2000 […]”.

8. En esa ocasión, el Tribunal Administrativo del Tolima sostuvo que entre el Acuerdo núm. 116 de 2000 por el cual se aprueba el POT del municipio de Ibagué y los actos acusados existe “unidad o conexión” que impide proferir una decisión de fondo.

Recurso de apelación11

9. La parte demandante interpuso, dentro del término legal, recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con

base en los siguientes argumentos:

9.1. La declaratoria oficiosa de la excepción carece de soporte fáctico y legal que n iega el derecho de acceso a la administración de justicia de las demandantes. 9.2. Respecto de las pretensiones contra el Acuerdo núm. 116 de 2000 por el

que n iega el derecho de acceso a la administración de justicia de las demandantes. 9.2. Respecto de las pretensiones contra el Acuerdo núm. 116 de 2000 por el cual se aprueba el POT del municipio de Ibagué que extraña el tribunal, adujo que: “[…] El POT del municipio de Ibagué, acuerdo 116 de 2000 no contiene ninguna disposición que afecte de manera concreta y específica

11 Folios 167 a 178 del cuaderno núm. 1 del expediente.11

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los derechos particulares de mis representadas, y solamente su artículo 122 propuso unas áreas de conservación ambiental […]”. (Subrayado incluido en el texto)

9.3. Mencionó que: “[…] Lo que genera violación de los derechos de los accionantes es que el municipio proponga unas áreas en el POT, pero viola su propia legislación omitiendo el trámite legal para perfeccionar la afectación y para la compensación a sus propietarios […]”.

9.4. Adujo que: “[…] el POT no contiene ninguna norma de carácter particular que afecte los legítimos derechos de las accionantes, y la enunciación de las áreas que se hace en el Art. 122 el POT no es de carácter definitivo ni se tiene certeza que en ella se incluya el predio de mis poderdantes […]”.

9.5. Y, respecto de la validez del Acuerdo núm. 116 de 2000, sostuvo que: “[…]

se tiene certeza que en ella se incluya el predio de mis poderdantes […]”.

9.5. Y, respecto de la validez del Acuerdo núm. 116 de 2000, sostuvo que: “[…] Mis representadas tampoco tienen interés alguno en atacar el POT en acción de simple nulidad por cuanto reconocen su legalidad y precisamente se apela la legalidad del acto y su obligatoriedad, para atacar los actos de carácter particular y concreto expedidos por la administración municipal, violando la Ley y las disposiciones del POT vigente […]”.

Sentencia de 12 de noviembre de 2015 proferida en segunda instancia por esta Corporación dentro del expediente del proceso de la referencia12

10. Esta Corporación, mediante sentencia proferida el 12 de noviembre de

2015, resolvió:

“[…] PRIMERO. REVOCASE la sentencia de 25 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen, para que defina la controversia, estudiando la cuestión planteada en la demanda […]”.

12 Folios 11 a 29 del cuaderno núm. 2 del expediente.12

Núm. único de radicación: 7300112331000201000265 03

Demandante: Diana Mireya Arjona de Paris y otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colo