CE - 730012331000201000302012SENTENCIA20230323141735

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 73001233100020100030201 (49072)

Demandante: LUZ STELLA CUENCA POLANCO Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA -— FUERZA AÉREA COLOMBIANA Tema: Responsabilidad del Estado por muerte de miembros de la fuerza pública en accidente aéreo. No se acreditó la faila del servicio. Riesgo excepcional. Hecho exclusivo y determinante de un tercero.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por ta parte demandante contra la sentencia del 2 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo -. del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 4 de agosto de 2008, el helicóptero BELL 206 con només de : pláca 4ata de la Fuerza Aérea Colombiana fue impactado en vuelo por un artefacto explosivo lanzado desde tierra, que ocasionando su destrucción, el fallecimiento del piloto Carlos Alberto Gutiérrez Zuluaga y de los pasajeros Nicolás Andrés Bedoya González y William Alfonso Zambrano Triana, todos adscritos a la Unidad Aérea de

Combate No. 4 de dicha institución. Los demandantes consideran que la Nación — Ministerio de Defensa -- Fuerza Aérea Colombiana es patrimonialmente

González y William Alfonso Zambrano Triana, todos adscritos a la Unidad Aérea de Combate No. 4 de dicha institución. Los demandantes consideran que la Nación — Ministerio de Defensa -- Fuerza Aérea Colombiana es patrimonialmente responsable por la muerte de los uniformados referidos, puesto que “el helicóptero accionado era de entrenamiento y no de guerra o artillado... [lo cual hizo que éstos fueran] sometidos a un riesgo superior al que estaban en la obligación jurídica de soportar”.Radicado: 73001233100020100030201 (49072)

Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda 1.1. El 11 de junio de 2010, Luz Stella Cuenca Polanco, en nombre propio y en representación de Jean Carlos Gutiérrez Cuenca; Paula Camila Gutiérrez Cuenca, Luis Eduardo Gutiérrez Lasso, Gloria Cecilia Zuluaga Collazos; así como Luis Eduardo y Andrés Mauricio Gutiérrez Zuluaga, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación — Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana, para que se la declare patrimonialmente responsable por la muerte de Carlos Alberto Gutiérrez Zuluaga.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la Nación — Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana a pagar a los accionantes referidos, por perjuicios morales y materiales, la suma de $6.875.940.427, o el monto que resulte probado en el proceso. 1.2. En el mismo escrito”, Nicolás Alberto Bedoya Guerra y Ofelia Inés González

referidos, por perjuicios morales y materiales, la suma de $6.875.940.427, o el monto que resulte probado en el proceso. 1.2. En el mismo escrito”, Nicolás Alberto Bedoya Guerra y Ofelia Inés González Agudelo, en nombre propio y en representación de Juan Manuel Bedoya González, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación — Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana, para que se la declare patrimonialmente responsable por la muerte de Nicolás Andrés Bedoya González. Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad accionada a pagar a cada uno de los demandantes referidos, por perjuicios morales y materiales, la suma de $6.875.940.427, o el monto que resulte probado en el proceso. 1.3. Finalmente, en el mismo libelo introductorio, María Constanza Hernández Parga, en nombre propio y en representación de Julián Andrés Zambrano

1FI.71a86, C.1.

2F1, 71486, C.1. 3F1, 71a86, C.1.Radicado: 73001233100020100030201 (49072) Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros Hernández, así como María Raquelina Lesmes Olaya; y Jacqueline del Socorro, ' Ingry Tatiana y Ana Judith Zambrano Hernández, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana, para que se la declare patrimonialmente responsable por la muerte de William Alfonso Zambrano Triana. Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad

Nación — Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana, para que se la declare patrimonialmente responsable por la muerte de William Alfonso Zambrano Triana. Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad accionada a pagar a los demandantes referidos, por perjuicios morales y materiales, la suma de $6.875.940.427, o el monto que resulte probado en el proceso. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante sostiene que el 4 de agosto de 2008, el helicóptero BELL 206 con número de placa 4474 de la Fuerza Aérea Colombiana fue impactado en vuelo por un artefacto explosivo lanzado desde tierra, que ocasionó su destrucción y el fallecimiento del piloto Carlos Alberto Gutiérrez Zuluaga y de los pasajeros Nicolás Andrés Bedoya González y William Alfonso Zambrano Triana, todos adscritos a la Unidad Aérea de Combate No. 4 de dicha institución. Los demandantes consideran que la Nación — Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana es patrimonialmente responsable por la muerte de los uniformados Carlos Alberto Gutiérrez Zuluaga, Nicolás Andrés Bedoya González y William Alfonso Zambrano Triana, puesto que “el helicóptero accionado era de entrenamiento y no de guerra o artillado ... [lo cual hizo que éstos fueran] sometidos a tin riesgo superior al que estaban en la obligación jurídica de soportar”.

2. Contestación E! 21 de julio de 2010 el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

a tin riesgo superior al que estaban en la obligación jurídica de soportar”.

2. Contestación E! 21 de julio de 2010 el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana? se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño se ocasionó por un

4F1,87,C.1. $ Fl 99 a 105, 0.1.ES Radicado: 73001233100020100030201 (49072) Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros hecho externo, irresistible e imprevisible para la Administración. Por ello, formuló la excepción de “ausencia de responsabilidad por el hecho exclusivo de un tercero”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 18 de abril de 2012? se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte demandante” y la Nación — Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana? reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de éste, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 2 de septiembre de 2013%, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el hecho lesivo alegado por el extremo activo no era imputable a la entidad accionada toda vez que devino del hecho exclusivo y determinante de un tercero.

Al efecto, indicó que: “f...] planteado el escenario procesal de la forma vista, huelga

alegado por el extremo activo no era imputable a la entidad accionada toda vez que devino del hecho exclusivo y determinante de un tercero. Al efecto, indicó que: “f...] planteado el escenario procesal de la forma vista, huelga concluir que la causa determinante — eficiente — del daño producido a los demandantes no fue la actuación de la Administración sino el hecho exclusivo de un tercero, lo que convierte por tanto al autor de la actuación terrorista en una causa extraña y, por ende, un elemento de ruptura del nexo causal. Es una situación que se escapa del control del Estado y, por lo tanto, no se puede responder por ella. Con todo, es menester de la Sala declarar probado el eximente de responsabilidad (culpa exclusiva de un tercero) propuesto por el Ministerio de Defensa — Fuerza El Aérea Colombiana”. 8 Fl 124,C. 1. 7 FL 125 a 140, C.1. 8 Fl. 141 a 146, C.1. 9 Fl 156 a 174, C.5.Radicado: 73001233100020100030201 (49072)

Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros

5. Recurso de apelación El 10 de septiembre de 2013?, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 27 de septiembre de 20131 y admitido el 18 de noviembre de 201312. 5.1. El extremo activo!? argumentó que los medios de convicción decretados y practicados en el proceso daban cuenta que los uniformados fueron sometidos a un riesgo superior al que estaban en la obligación jurídica de soportar y, en tal virtud, se reunían los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.

practicados en el proceso daban cuenta que los uniformados fueron sometidos a un riesgo superior al que estaban en la obligación jurídica de soportar y, en tal virtud, se reunían los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. Textualmente indicó lo siguiente: f...] las pruebas y los hechos mismos, revelan y demuestran la íntima relación de causalidad con el riesgo; su valoración y estudio en conjunto y concatenado llevan a establecer la existencia de que los tripulantes del helicóptero fueron sometidos a un riesgo el cual ellos no debian soportar y el surgimiento de responsabilidad patrimonial del Estado”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 9 de diciembre de 20131! se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante! reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 6.2. La Nación — Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana y el Ministerio Público guardaron silencio?. 10 Fl. 183 a 196, C.5. 11 Fi, 198, C.5. 12 Fl, 203, C.5. 13 Fl. 183 a 196, C.5. 14 FL 205, C.5. 15 Fl, 206 a 214, C.5. 16 F1, 215, 0.5.Radicado: 73001233100020100030201 (49072)

Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 2 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo

Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 2 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de. la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta

Corporación?”.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 861 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables al Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la 17 La pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $6.875.940.427. 18 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas

la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo. de un servidor -0ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación partícular o de otra entidad pública.”protección del interés oportunamente cada uno razonables, perentorios, público, por lo que su ver, judicial, implica la extinc las situaciones que se er Radicado: 73001233100020100030201 (49072) Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros general'?, estableció unos plazos para poder ejercer de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden cimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud ón del derecho de accionar, así como la consolidación de icontraban pendientes de solución. | | El establecimiento de: dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del 'ejercicio del derecho de acción”, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales ' adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se cons y estabilidad de las relaciones jurí

solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se cons y estabilidad de las relaciones jurí scutidas indefinidamente. tituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda dicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser di La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimien configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna to judicial obligatorio cuando el operador la halle 19 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización de! tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos; sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte ( del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ...el derecho al acceso a

declarada de oficio por parte ( del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ...el derecho al acceso a la administración de justicia (no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda se tegislador (...). El término de ejercicio del derecho de acció. necesaria para la estabilidad acciones, so pena de que las solidificar el concepto de dere a oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el n, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para chos adquiridos.Radicado: 73001233100020100030201 (49072) Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio de! derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure” que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia??, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a

potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de! acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que la muerte de los uniformados Carlos Alberto Gutiérrez Zuluaga, Nicolás Andrés Bedoya González y William Alfonso Zambrano Triana ocurrió el 4 de agosto de 2008, según da cuenta copia auténtica de sus registros. civiles de defunción?; ii) que los libelistas presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararia de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

admite renuncia, y el juez debe declararia de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ... [sJi el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen enfonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 23 Fl, 28, 51 y 54, C.1.Radicado: 73001233100020100030201 (49072) Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros 24 de marzo de 2010, la cual se declaró fallida el 24 de mayo de 2010%; y iii) que la demanda se presentó el 11 de junio de 2010.

4. Legitimación en la causa 4.1. Luz Stella Cuenca Polanco (cónyuge), Jean Carlos Gutiérrez Cuenca (hijo), Paula Camila Gutiérrez Cuenca (hija), Luis Eduardo Gutiérrez Lasso (padre), Gloria Cecilia Zuluaga Collazos (madre), Luis Eduardo Gutiérrez Zuluaga (hermano) y Andrés Mauricio Gutiérrez Zuluaga (hermano), son las personas sobre quienes recae el

Zuluaga Collazos (madre), Luis Eduardo Gutiérrez Zuluaga (hermano) y Andrés Mauricio Gutiérrez Zuluaga (hermano), son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, pues está acreditado que conformaban el núcleo familiar de Carlos Alberto Gutiérrez Zuluaga (víctima), según da cuenta copia auténtica de los correspondientes registros civiles de matrimonio?” y nacimiento?, respectivamente. o | 4.2. Nicolás Alberto Bedoya Guerra (padre), Ofelia Inés González Agudelo (madre) y Juan Manuel Bedoya González (hermano), son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, pues está acreditado que conformaban el núcleo familiar de Nicolás Andrés Bedoya González (victima), según da cuenta copia auténtica de los correspondientes registros civiles de nacimiento?”. 4.3. María Raquelina Lesmes Olaya (cónyuge), Constanza Hernández Parga (madre), Julián” Andrés Zambrano Hernández (hijo), Jacqueline del “Socorro Zambrano Hernández (hija) , Ingry Tatiana Zambrano Hernández (hija) y Ana Judith Zambrano Hernández, son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, pues está acreditado que conformaban el núcleo familiar de William Alfonso Zambrano (víctima), según da cuenta copia auténtica de los correspondientes registros civiles de matrimonio% y 2 Fl, 70,C.1. 25 Fl, 70,C.1. 2 F1.71a86,0.1.

cuenta copia auténtica de los correspondientes registros civiles de matrimonio% y 2 Fl, 70,C.1. 25 Fl, 70,C.1. 2 F1.71a86,0.1. 27 Fl. 27, 0.1. 28 Fl. 29 a 39, C.1. 22 Fl 41 y 52,C.1. 30 Fl, 27,C.1.10

Radicado: 73001233100020100030201 (49072) Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros nacimiento?!, respectivamente. 4.4. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección32, pues se le atribuye ser patrimonialmente responsable por la muerte de Carlos Alberto Gutiérrez Zuluaga, Nicolás Andrés Bedoya González y William Alfonso Zambrano, la cual ocurrió en ejercicio de su actividad como uniformados pertenecientes a la institución castrense.

5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar si la muerte de los uniformados Carlos Alberto Gutiérrez Zuluaga, Nicolás Andrés Bedoya González y William Alfonso Zambrano es imputable a la Nación — Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiano por falla del servicio o bajo la óptica de un régimen objetivo de responsabilidad.

6. Solución del problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, el régimen de responsabilidad aplicable en los casos de accidentes aéreos, aquella que corresponde a la muerte o lesiones de miembros de la fuerza pública y el hecho exclusivo de un tercero.

generales sobre la responsabilidad del Estado, el régimen de responsabilidad aplicable en los casos de accidentes aéreos, aquella que corresponde a la muerte o lesiones de miembros de la fuerza pública y el hecho exclusivo de un tercero. 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991% consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. , 31 Fl. 29 a 39, C.1. ./ 32 Al respecto ver auto del 25 de septiembre de 2013, Exp.: 20420, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección €. : 35 "Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá fepetir contra éste”.11

Radicado: 73001233100020100030201 (49072) Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraria el orden legal?S o que está desprovista de una causa que la justifique? resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida”, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto

causa que la justifique? resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida”, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 6.2. Régimen de responsabilidad aplicable en casos de accidentes aéreos Con relación al régimen de responsabilidad aplicable a los casos de accidentes o siniestros aéreos, la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sección Tercera ha sostenido que el título de imputación aplicable en dichos eventos es el de falla en el servicio cuando se pretende imputar responsabilidad a la autoridad aeronáutica, pues es dicha entidad la encargada de vigilar la actividad aérea en el país, de 34 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 35 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

34 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 35 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2 ed, Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 383 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499: Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 37 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editore, 2009, Milán, Italia. %8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, rad.: 36.386.12

Radicado: 73001233100020100030201 (49072) Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros manera que corresponderá constatar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones normativas.

En efecto, en sentencia del 3 de mayo de 2013 la Subsección B de la Sección Tercera, sustentó la falla en el servicio de un accidente aéreo, en que no se efectuó un riguroso control al plan de vuelo de una aeronave, aunado a la deficiente prestación de asistencia a la tripulación de la misma, resaltando que la Aerocivil en calidad de autoridad en la materia tenía la obligación de garantizar el uso seguro y apropiado del espacio aéreo. En dicha providencia manifestó lo siguiente: “El desfase de seis minutos que presentaba el reporte sobre el cruce por el punto

calidad de autoridad en la materia tenía la obligación de garantizar el uso seguro y apropiado del espacio aéreo. En dicha providencia manifestó lo siguiente: “El desfase de seis minutos que presentaba el reporte sobre el cruce por el punto de Abejorral ameritaba verificación y actualización de la información, lo que hubiera redundado, además, en la toma de medidas conservadoras ante la necesidad de ordenar la altura de separación para no poner en riesgo de colisión con el avión que se dirigía en sentido contrario” (...) "la importancia del transporte aéreo para la satisfacción de necesidades básicas de la vida moderna y en los riesgos asociados a la actividad, en cuanto considerada como potencialmente peligrosa para la sociedad, lo que amerita la intervención del Estado para garantizar unas condiciones adecuadas que minimicen los riesgos y ofrezcan confianza. a las personas que deciden asumir la prestación del transporte aéreo (...J'% En ese mismo proveído se estableció que para determinar la falla en el servicio debía tenerse en cuenta la facultad de la autoridad aeronáutica de investigar los 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 31 de julio de 2017, Rad.: 36.557: “39.-Ahora bien, en la sentencia de 12 de septiembre de 1997 la Sección Tercera, se consideró que debe distinguirse dos tipos de responsabilidad cuando se trata de la actividad aeronáutica “y que corresponden, de una parte, al explotador de la aeronave; y, de otra, a la autoridad aeronáutica; que serán analizados en forma conjunta con el fin de determinar claramente las características de cada tipo de responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad que incumbe al

la autoridad aeronáutica; que serán analizados en forma conjunta con el fin de determinar claramente las características de cada tipo de responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad que incumbe al explota