CE - 730012331000201100108011SENTENCIA20230628144514

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 73001-23-31-000-2011-00108-01 (61.742)

Actor: Eliber Rozzo Garzón y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

Temas: FALLA EN EL SERVICIO / Requisitos para su declaratoria – HECHO EXCLUSIVO DEL AGENTE / Elementos para su configuración – en el presente caso se encontró configurada dicha causal eximente de responsabilidad.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de los dañ os causados por el secuestro extorsivo y las lesiones causadas a varios miembros de una familia por agentes del Ejército Nacional.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 19 de abril de 2018, mediante la cual decidió la demanda de reparación directa presentada 1 por el señor Eliber Rozzo Garzón y otros 2 en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en la que se solicitó que se le declarara patrimonialmente responsable por el referido daño y se le condenara a indemnizar

por el señor Eliber Rozzo Garzón y otros 2 en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en la que se solicitó que se le declarara patrimonialmente responsable por el referido daño y se le condenara a indemnizar los perjuicios morales, materiales y por daño a la vida de relación.

2. Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que en el año 2008, el soldado profesional Juan Carlos Sánchez Casas y el suboficial del Ejército Leonardo Herrera Navarrete se encontraban en zona rural de los municipios de Planadas y Rioblanco, Tolima, adelantando labores de inteligencia que les habían sido

1 Folios 77-88 y 118-121 (adición de la demanda) c. ppal. 2 Los demandantes son Eliber Rozzo Garzón (víctima directa), Shirley González Castro (cónyuge de Eliber Rozzo Garzón), Laura Alexandra, Eliana Mayerly y Yenny Tatiana Rozzo González (hijas de Eliber Rozzo y Shirley González), William González Castro (víctima directa), Astrid Aponte Marín (compañera permanente del señor González Castro), Wilmar Eduardo, William Antonio y Mayra Alejandra González Aponte (hijos de William González y Astrid Aponte), José Miguel Losano, Damilena Beltrán Ramos (compañera permanent e de José Miguel Losano) y el hijo de estos últimos, Fredy Stiven Losano Beltrán.Radicación: 73001-23-31-000-2011-00108-01 (61.742)

Actor: Eliber Rozzo Garzón y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

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Actor: Eliber Rozzo Garzón y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

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asignadas. El 13 de junio de ese año, ingresaron a la finca “Los Guayabales” de propiedad del señor William González Castro, vestidos de civil, encapuchados e identificándose como miembros de un grupo paramilitar que tenía el apoyo del Ejército, y les exigieron el pago de una cuantiosa suma de dinero. Ante la negativa por parte del señor González Castro, encerraron en un silo a todos los presentes en esa finca (entre ellos dos hermanos de William González Castro, sus hijos, otra familia completa que estaba en la vivienda y el electricista que se encontraba trabajando en la finca junto con su familia ) y los amenazaron de muerte si salían a pedir a ayuda.

3. Posteriormente, se llevaron al señor González Castro y a uno de sus hijos en búsqueda del cuñado del primero, Eliber Rozzo, de quién también exigían el pago de una suma de dinero; al no encontrarlo en su casa, se dirigieron a buscar a una de sus hijas a quien también secuestraron hasta finalmente dar con el paradero del señor Rozzo. A los hijos de los señores González Castro y Rozzo, los enviaron a buscar el dinero exigido por los secuestradores, mientras que a ellos los trasladaron a una montaña donde los señores González Castro y Rozzo aprovecharon un descuido de sus captores y se escaparon, acción durante la cual hirieron con arma de fuego al señor González en una pierna. Días después, con el apoyo de familiares, amigos y vecinos del pueblo, lograron identificar a los señores Sánchez Casas y

descuido de sus captores y se escaparon, acción durante la cual hirieron con arma de fuego al señor González en una pierna. Días después, con el apoyo de familiares, amigos y vecinos del pueblo, lograron identificar a los señores Sánchez Casas y Herrera Navarrete, como militares, respecto de quienes se adelantó un proceso penal en su contra ante la justicia penal ordinaria.

4. La demanda sostuvo que se configuró una falla del servicio imputable al Ejército Nacional, dado que los militares involucrados se aprovecharon de su condición de agentes de la fuerza pública y de las tareas de inteligencia que adelantaban en el sector para recabar información sobre la situación financiera de las familias de la región, y utilizaron su entrenamiento militar para presentarse en la residencia de los demandantes identificándose como paramilitares y amenazarlos, secuestrarlos y exigirles dinero a cambio; además de hacerles creer que contaban con el apoyo del Ejército Nacional . Adicionalmente, tales agentes obraron en horario del servicio, pues no se encontraban en permiso y usaron equipo militar para llevar a cabo su cometido, todo lo cual comprometía la responsabilidad pat rimonial de la institución demandada.

La defensa

5. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para cuyo efecto alegó que la calidad de los agentes per se no era suficiente para comprometer su responsabilidad, en tanto los referidos militares actuaron como dos particulares que concertaron delinquir y llevaron a cabo su plan, sin que hubiera existido participación alguna de la institución, pues además se presentaron como miembros de un grupo paramilitar ante las víctimas. Por esta

actuaron como dos particulares que concertaron delinquir y llevaron a cabo su plan, sin que hubiera existido participación alguna de la institución, pues además se presentaron como miembros de un grupo paramilitar ante las víctimas. Por esta razón, propuso la excepción que denominó “ ajenidad del Estado a la actividad delictiva de los delincuentes”3.

3 Folios 124-127 c. ppal.Radicación: 73001-23-31-000-2011-00108-01 (61.742)

Actor: Eliber Rozzo Garzón y otros

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6. Surtida la etapa probatoria4, en sus alegatos, la NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional replicó los argumentos propuestos en la contestación de la demanda y adujo que no se demostró que las armas que utilizaron los agentes el día de los hechos fueran de dotación oficial5. La demandante reiteró los argumentos planteados en la demanda6.

7. Por su parte, el Ministerio Público solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda en tanto los militares involucrados no obraron prevalidos de su condición de autoridad como representantes del Ejército Nacional, sino que se presentaron ante las víctimas como miembros de un grupo armado al margen de la ley y, con base en esto, obraron para intimidar y cumplir su cometido delictivo, por manera que se trató de una actuación personal de dos delincuentes, quienes fueron

4 Mediante auto del 3 de febrero de 2012 se decretaron las siguientes pruebas: 1. Solicitadas por la parte

que se trató de una actuación personal de dos delincuentes, quienes fueron

4 Mediante auto del 3 de febrero de 2012 se decretaron las siguientes pruebas: 1. Solicitadas por la parte demandante: DOCUMENTALES: (i) Tener com o prueba con el valor que les da la ley los documentos acompañados con el escrito de demanda y su adición; (ii) Oficiar al Juzgado Segundo Penal Especializado de Ibagué para que remita copia auténtica del expediente No. 731686000451 200880205; (iii) Oficia r al Ejército Nacional – Jefatura de Desarrollo Humano y a la Comandancia de la Sexta Brigada para que remita copia de la historia laboral o carpeta administrativa de los señores Juan Carlos Sánchez Casas y Leonardo Herrera Navarrete; (iv) Oficiar al Ejérc ito Nacional – Jefatura de Operaciones y a la Comandancia de la Sexta Brigada para que remita copia de las órdenes relacionadas con las operaciones de inteligencia en la zona de lo municipios de Planadas y Rioblanco y del informe de novedad; (v) Oficiar al Ejército Nacional – Jefatura de Operaciones y a la Comandancia de la Sexta Brigada para que remita informe sobre las labores de inteligencia encargadas al Batallón Contraguerrillas No. 67; (vi) Oficiar a la Brigada Móvil No. 8 – Ejército Nacional (Neiva) para que remita certificación de lo solicitado en el numeral 1 del acápite “Pruebas en contra de la excepción” del escrito que descorre el traslado de las excepciones propuestas por la accionada. TESTIMONIALES: (i) Decretar los testimonios de los señores Yanel González astro, Jesús González Castro, Noelfo Prada Bríéz, Elsy

del escrito que descorre el traslado de las excepciones propuestas por la accionada. TESTIMONIALES: (i) Decretar los testimonios de los señores Yanel González astro, Jesús González Castro, Noelfo Prada Bríéz, Elsy Largo, Angie Paola Masmela Avendaño, Liliana Robayo Tapiero, Miguel Eduardo Leal Montealegre y Rómulo Fonseca Salcedo. DICTAMEN PERICIAL: (i) Decretar la práctica del dictamen pericial solicitado en la demanda.

2. Solicitada por la parte demandada: Téngase como prueba con el valor que establece la ley, los documentos aportados con la contestación de la demanda (folios 137-138 c. ppal.).

En el proceso se practicaron las siguientes pruebas:

1. Registros civiles de nacimiento de todos los demandantes, registro civil de matrimonio de los señores Eliber Rozzo Garzón y Shirley González y declaración extrajuicio de los señores William González y Astrid Aponte sobre su unión libre.

2. Documentos del trámite del proceso penal seguido con el radicado 731686000451200880205 en contra de

Juan Carlos Sánchez Casas y Leonardo Herrera Navarrete.

3. Solicitud de remisión de paciente del Hospital María Inmaculada respecto del señor William González Castro.

4. Documento con fecha de 30 de junio de 2008 firmado por el médico Segundo Valencia Montaño en el que dispone una incapacidad provisional de 10 días para el señor William González Castro y realiza un reconocimiento de las heridas causadas con armas de fuego.

5. Oficio No. 001871 de la Sexta Brigada del Ejército Nacional con fecha del 24 de febrero de 2012.

6. Oficio No. 001869 de la Sexta Brigada del Ejército Nacional con fecha del 24 de febrero de 2012.

5. Oficio No. 001871 de la Sexta Brigada del Ejército Nacional con fecha del 24 de febrero de 2012.

6. Oficio No. 001869 de la Sexta Brigada del Ejército Nacional con fecha del 24 de febrero de 2012.

7. Oficio No. 001872 de la Sexta Brigada del Ejército Nacional con fecha del 24 de febrero de 2012.

8. Testimonios rendidos por los señores Jesús Abel González Umaña, José Yanel González Umaña, Elcy

Largo y Miguel Eduardo Leal Montealegre.

9. Dictamen pericial rendido por el perito Carlos Henry Acosta Franco cuyo objeto era el cálculo de los perjuicios materiales por concepto de lucro cesante, ocasionados a los demandantes como consecuencia de que hubieran tenido que dejar de visitar con regularidad la finca en donde ocurrieron los hechos, lo que habría afectado la productividad de los predios.

10. Dictamen pericial y su correspondiente aclaración rendidos por el perito Freddy Antonio Aldana Varón cuyo objeto era “establecer la diferencia de la producción en los años 2008 y 2009, así como la relación de los hechos de la demanda con la baja producción del año siguiente en la finca la Heida y Guayabales”.

11. Extracto de hoja de vida de los SV. Leonardo Herrera Navarrete y SLP. Juan Carlos Sánchez Casas.

12. Formulario 3 Anexo C de anotaciones del SV. Herrera Navarrete.

13. Oficio No. 1183 con fecha del 15 de marzo de 2012 de la Brigada Móvil No. 08.

14. Oficio No. 1207 con fecha del 20 de marzo de 2012 de la Brigada Móvil No. 08.

15. Documento fechado del 25 de junio de 2008 suscrito por el Coronel José Alberto Salazar Arana con destino

14. Oficio No. 1207 con fecha del 20 de marzo de 2012 de la Brigada Móvil No. 08.

15. Documento fechado del 25 de junio de 2008 suscrito por el Coronel José Alberto Salazar Arana con destino al Comandante de la V División.

16. Reporte sobre los hechos elaborado por el Mayor Rómulo Orlando Fonseca Salcedo, Comandante del

Batallón Contraguerrila No. 67 de la Brigada Móvil No. 8.

17. Documento manuscrito con fecha del 3 de junio de 2008 registrado como “ acta de entrega” de material de comunicaciones.

18. Copia del expediente penal con radicado No. 73168 -6000-451-2008-80205-00 seguido contra Leonardo Herrera Navarrete y Juan Carlos Sánchez Casas adelantado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con función de conocimiento de Ibagué.

5Folios 119-128 c. ppal. 6 Folios 130-136 c. ppal.Radicación: 73001-23-31-000-2011-00108-01 (61.742)

Actor: Eliber Rozzo Garzón y otros

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juzgados por la jurisdicción pena l ordinaria, precisamente porque sus actuaciones no tenían vínculo alguno con el servicio7.

La sentencia de primera instancia

8. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda, por considerar que se configuró la causal eximente del hecho exclusivo del agente, toda vez que la acción delictiva no guardó ninguna relación con el servicio, al punto que los delincuentes se presentaron ante las

pretensiones de la demanda, por considerar que se configuró la causal eximente del hecho exclusivo del agente, toda vez que la acción delictiva no guardó ninguna relación con el servicio, al punto que los delincuentes se presentaron ante las víctimas encapuchados, vestidos de civil y se identificaron como miembros de un grupo paramilitar “Águilas Negras”.

9. Finalmente, resaltó que el proceso penal por tales hechos fue adelantado por la justicia ordinaria y no por la penal militar, precisamente porque se trató de una conducta ajena al servicio y por la cual fueron condenados por los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado y lesiones personales dolosas8.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

10. En su apelación, la parte demandante adujo que los militares involucrados se encontraban en la región donde ocurrieron los hechos en desarrollo de operaciones militares, que se valieron de los instrumentos bélicos otorgados para la prestación del servicio, así como de la información y conocimiento de la zona que obtuvieron de la ejecución de las funciones de inteligencia que les habían sido asignadas, por manera que su comportamiento delictivo se cometió con ocasión del servicio, pues la acción delictiva no se hubiera podido perpetrar, de no haberse aprovechado de esos recursos obtenidos por razón de sus funciones como miembros del Ejército Nacional en la zona. En este sentido, solicitó que se concediera valor probatorio a la declaración rendida por el Mayor Fonseca Salcedo en el marco del proceso penal trasladado a este plenario, quien se refirió a las condiciones en que los militares

Nacional en la zona. En este sentido, solicitó que se concediera valor probatorio a la declaración rendida por el Mayor Fonseca Salcedo en el marco del proceso penal trasladado a este plenario, quien se refirió a las condiciones en que los militares involucrados en los hechos fueron encargados de labores de inteligencia y se les otorgó permiso para vestir de civiles.

11. Insistió en que existió un vínculo inescindible con el servicio público que prestaban y que el hecho de que hubieran sido juzgados por la justicia ordinaria obedeció a que se trataba de un caso grave constitutivo de violaciones a derechos humanos, pero que incluso su reclusión se llevó a cabo en un centro carcelario dirigido a miembros activos de las fuerzas militares9.

12. Surtido el término de traslado para alegar de conclusión, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio10.

7 Folios 137-142 c. ppal. 8 Folios 144-152 c. del Consejo de Estado. 9 Folios 155-160 c. del Consejo de Estado. 10 Folio 170 c. del Consejo de Estado.Radicación: 73001-23-31-000-2011-00108-01 (61.742)

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III. CONSIDERACIONES

13. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso.

El objeto del recurso de apelación

14. El ámbito del recurso se circunscribe a verificar si las conductas delictivas

13. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso.

El objeto del recurso de apelación

14. El ámbito del recurso se circunscribe a verificar si las conductas delictivas cometidas por los referidos miembros del Ejército Nacional pueden comprometer la responsabilidad patrimonial de esa institución o, si se configuró el hecho exclusivo del agente como eximente de responsabilidad.

Del hecho exclusivo del agente

15. Esta construcción pretoriana ha tenido una evolución marcada por criterios que orbitan en torno a determinar la conexidad o vínculo de la conducta del agente, generadora del daño inferido, y la institución o persona moral a la que aquel se haya vinculado. De un análisis histórico puede evidenciarse que esos razonamientos, aunque orientados por el mismo objetivo hermenéutico, no han sido uniformes a lo largo de la casuística enfrentada por la jurisprudencia, resultando especialmente útil hacer un recuento de ellos a fin de adoptar el criterio que exponga mayor razonabilidad, coherencia y utilidad a la hora de definir los alcances de las actuaciones de los agentes o servidores públicos de cara a la respo nsabilidad del Estado y, que por ende, se erija como medio de garantizar la seguridad jurídica de las personas, en relación con este tipo de casos.

16. Antes de la promulgación del Decreto Ley 528 de 1964, por medio del cual se fijó la cláusula general de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y, por ende, del Consejo de Estado para dirimir los conflictos en los que participaba el Estado, fue la Corte Suprema de Justicia la encargada de definir los lineamientos

fijó la cláusula general de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y, por ende, del Consejo de Estado para dirimir los conflictos en los que participaba el Estado, fue la Corte Suprema de Justicia la encargada de definir los lineamientos de la responsabili dad estat al y, en consecuencia, de establecer los criterios primigenios de imputación de un daño a una persona moral por las conductas de sus agentes.

17. En ejercicio de la hermenéutica de los artículos 2347 y 2349 del Código Civil que regulan la responsabilidad por el hecho ajeno, la Corte Suprema de Justicia dio lugar a dos tesis fundamentales en relación con la responsabilidad estatal: las teorías de responsabilidad “ directa” e “ indirecta”, las cuales, se acompasaron con los criterios relativos a la teoría de los s ervicios públicos y a la responsabilidad por la falta o falla en su prestación.

18. La Corte Suprema de Justicia consideraba que el Estado y los entes morales que lo conforman hallaban comprometida su responsabilidad cuando uno de sus agentes ocasionaba un da ño, en consideración a que ello implicaba una desatención de la obligación de elegirlos y vigilarlos correctamente (culpa in eligendo – in vigilando), de ahí que solo podía desprenderse de la obligación de indemnizar cuando acreditara haber actuado con dil igencia frente a estas obligaciones (responsabilidad indirecta), sin perder de vista que sólo se comprometía la responsabilidad estatal si el daño se enmarcaba en la prestaciónRadicación: 73001-23-31-000-2011-00108-01 (61.742)

Actor: Eliber Rozzo Garzón y otros

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del servicio público; sin embargo, también razonó que los entes morales del Estado son ficciones que requieren de los agentes para lograr sus cometidos y, por tanto, los daños que estos causaran en la prestación del servicio público no eran actos suyos y personales que vincularan la responsabilidad de la entidad indirectamente, sino que constituían actos propios de esta que le situaban responsabilidad directa al ente moral del Estado, en consideración a que representaban una falta en la prestación del servicio a su cargo 11. Ambos sistemas de responsabilidad fueron posteriormente adoptados por el Consejo de Estado, pero con algunas diferencias de acuerdo con las interpretaciones de esta máxima Corporación de las cuales se pueden identificar algunas tesis:

Primera tesis

19. El Consejo de Estado, con evidente influencia de la teoría de responsabilidad indirecta, sostenía que las entidades públicas tenían a su cargo los deberes de elegir y vigilar adecuadamente a sus agentes, so pena de que los daños causados por estos comprometerían su responsabilidad incluso si éste se encontraba ejecutando labores propias de la prestación de un servicio público o no, pues según esta postura, del agente se esperaba un actuar con rectitud y moralidad en el ámbito

público o privado; así se expresó en 1992:

“Los integrantes de la fuerza pública, con sanciones y antecedentes, como los que se dejaron relacionados, no deben permanecer ni en el ejército ni en la policía, ni en ningún cuerpo de seguridad de la Nación. Si la administración no

“Los integrantes de la fuerza pública, con sanciones y antecedentes, como los que se dejaron relacionados, no deben permanecer ni en el ejército ni en la policía, ni en ningún cuerpo de seguridad de la Nación. Si la administración no toma las medidas orien tadas a desvincular al personal que tiene tan mal comportamiento, cabe predicar con ella, como lo enseña el Profesor Jean Rivero, está incumpliendo con el normal funcionamiento del servicio, pues la conciencia ciudadana demanda que el personal adscrito al ejército y a la policía sea de conducta irreprochable, en todo sentido. Esta exigencia se explica porque es fácil, al agente del orden, así esté en franquicia, y sin portar uniforme, identificarse como tal, para facilitar la comisión del ilícito… la falla en la elección una vez vivenciada y no enmendada, tiene más universo de antijuricidad que la original (la elección), pues es demostrativa de torpeza y mala administración”12 (se resalta).

11 “Esta teoría basada en la culpa in -eligendo y en la in -vigilando ha situado esta especie de responsabilidad indirecta del Estado por causa del funcionamiento de servicios públicos en el campo de la responsabilidad por el hecho ajeno; pero en realidad esta forma de responsabilidad por otro que se presenta en los casos determinados en la ley cuando una persona que está bajo la dependencia y cuidado de otra ocasiona un daño a un tercero, que no pudo impedir el responsable con la autoridad y cuidado que su respectiva calidad le confiere y prescribe (artículos 2347, 2348 y 2349 C.C.), no es la que corresponde en tratándose de la responsabilidad civil extracontractual de personas jurídicas de derecho público, porque en estos caso s no existe realmente la

y prescribe (artículos 2347, 2348 y 2349 C.C.), no es la que corresponde en tratándose de la responsabilidad civil extracontractual de personas jurídicas de derecho público, porque en estos caso s no existe realmente la debilidad de autoridad o la ausencia de vigilancia y cuidado que figura indefectiblemente como elemento constitucional de la responsabilidad por el hecho ajeno, ya que la calidad de ficticias que a ellas corresponde no permite en v erdad establecer la dualidad personal entre la entidad misma y su representante legal que se confunden en la actividad de la gestión. Esta teoría de la responsabilidad por otro para justificar la del Estado cuando causa daños a otros como gerente de los servicios públicos derivada de los principios del derecho civil que consagra la responsabilidad de los amos por los hechos culposos de sus dependientes, está revaluada por la nueva concepción que quiere fundar la responsabilidad culposa en un concepto objeti vo principalmente, equivalente al deber del Estado de reparar los daños que cause a los ciudadanos por el funcionamiento inadecuado de los servicios públicos, con secundaria consideración a la falta o culpa imputable a los agentes encargados legalmente de poner en actividad esos servicios”, Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 21 de agosto de 1939. 12 Consejo de Estado, sentencia del 2 de abril de 1992, exp.: 5645, reiterada en sentencias del 10 de agosto de 1992. exp.: 6524, del 27 de noviembre de 1992. exp. 7123, Jaramillo; del 29 de marzo de 1993 exp. 7173, lde 12 de junio de 1993 exp. 7369.Radicación: 73001-23-31-000-2011-00108-01 (61.742)

Actor: Eliber Rozzo Garzón y otros

12 de junio de 1993 exp. 7369.Radicación: 73001-23-31-000-2011-00108-01 (61.742)

Actor: Eliber Rozzo Garzón y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

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20. Dicha tesis, fundada en la culpa in eligendo e in vigilando para la determinación de responsabilidad estatal , aunque fue las primeras que adoptó el Consejo de Estado, mantuvo su aplicación posterior en algunos casos aislados como en 1999,

cuando expresó:

“(…) no existían circunstancias o razones que hubieran permitido a la demandada presumir que el agente de la Policía Nacional José del Carmen Ramírez, era una persona que revestía peligrosidad para los administrados y para la propia institución, pues carecía de antecedentes penales, sanciones disciplinarias o llamadas de atención. Por el contrario, en su hoja de vida se registran tres felicitaciones”13.

Segunda tesis

21. En siguientes oportunidades, el Consejo de Estado retomó el criterio del servicio público como criterio de imputabilidad en caso de daños y, con fundamento en este, negó la configuración de la responsabilidad del Estado cuando se evidenciaba que el daño acaecido provenía de la esfera personal y privada del agente y, por ende, no se relacionaba con la prestación del servicio. Con fundamento en esta postura afirmó que la sola condición de agente estatal no hacía extensible la responsabilidad por la totalidad de los daños por éste causados, a diferencia de la primera tesis que así lo concebía. En efecto, en 1997 y 1999, se reflexionó de la siguiente manera:

por la totalidad de los daños por éste causados, a diferencia de la primera tesis que así lo concebía. En efecto, en 1997 y 1999, se reflexionó de la siguiente manera:

“La Sala observa que los testimonios aportados al proceso son suficientes para tener por demostrada la responsabilidad del agente a título personal, la cual, según la jurisprudencia francesa se presenta cuando el funcionario actúa por fuera de la función, desborda el ámbito de sus actividades y comete actos que normalmente no corresponden al servicio. Por el contrario, cuando la falta tiene algún nexo con el servicio porque la administración ha propiciado la causación del daño, compromete su responsabilidad”14.

“(…) las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público. La simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública”15.

22. Asimismo, con el objeto de adoptar un raciocinio uniforme que permitiera identificar la relación de los eventos causantes de l daño y el servicio público, el Consejo de Estado adoptó el denominado “ test de conexidad” , esquema de verificación que se había aplicado de forma aislada en 1990 16 y que respondía a

13 Sentencia de 21 de octubre de 1999, eExp. 11643. En este mismo sentido, las sentencias del 11 de noviembre de 1999, exp. 12700, del 14 de mayo de 2000, exp. 12075, del 15 de junio de 2000, exp. 11330. 14 Sentencia del 22 de octubre de 1997 exp. 10458.

de 1999, exp. 12700, del 14 de mayo de 2000, exp. 12075, del 15 de junio de 2000, exp. 11330. 14 Sentencia del 22 de octubre de 1997 exp. 10458. 15 Sentencia de 16 de septiembre de 1999, Exp.: 10922. Reiterado en sentencias del 11 de noviembre de 1999, exp. 12700, del 21 de octubre de 1999, exp. 11643, del 14 de mayo de 2000. Exp. 12075, del 15 de junio de 2000 exp. 11330, del 8 de noviembre de 2001 exp. 13883, del 26 de septiembre de 2002 exp. 14036 del 27de noviembre de 2002 exp. 13393, del 29 de febrero de 2004, exp. 14951. Del 5 de diciembre de 2005, exp. 15914, del 24 de noviembre de 2005, exp. 13305, del 16 de febrero de 2006, exp. 15383, del 10 de junio de 2009, exp. 34348. 16 Sentencia del 17 de julio de 1990, exp. 5998.Radicación: 73001-23-31-000-2011-00108-01 (61.742)

Actor: Eliber Rozzo Garzón y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

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cinco interrogantes categorizados en dos niveles, el percepti ble y el inteligible que respondían a criterios, temporales, espaciales, instrumentales, de un lado, y los aspectos volitivos del agente, de otro; así, se indagaba si: (i) el daño se produjo en

respondían a criterios, temporales, espaciales, instrumentales, de un lado, y los aspectos volitivos del