CE - 730012331000201100819011SENTENCIA20230718104653

Radicado: 73001-23-00-000-2011-00819-01 (60286)

Demandantes: Erika Inés Santamaría Caldas y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 73001-23-00-000-2011-00819-01 (60286)

Demandantes: Erika Inés Santamaría Caldas y otros

Demandados: Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Tema: Privación de la libertad. Se revoca de decisión que declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y, en su lugar, se absuelve a esa entidad porque el daño no le es imputable debido a que la medida de aseguramiento fue impuesta por un juez de control de garantías, en vigencia de la Ley 906 de 2004. Se revoca la decisión de absolver a la Rama Judicial y se condena a esa entidad porque, si bien la medida de aseguramiento privativa de la libertad dictada contra la víctima directa cumplió los requisitos legales, se demostró que su detención le causó un daño especial.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que inv aliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 17 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que inv aliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 17 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida por un tribunal dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

Al presente caso se le dará prelación conforme a lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación en el acta No. 10 del 25 de abril de 2013, que decidió que los expedientes que están para fallo en relación con daños causados por privac iones injustas de la libertad pueden decidirse por las Subsecciones, sin sujeción al turno.Radicado: 73001-23-00-000-2011-00819-01 (60286)

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El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 9 de noviembre de

20171. En el auto del 1º de febrero de 2018 2 se corrió traslado para alegar de conclusión. La parte demandante y la Fiscalía presentaron sus alegatos y la Rama Judicial guardó silencio. El Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 2 de diciembre de

Rama Judicial guardó silencio. El Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 2 de diciembre de 2011 por Erika Inés Santamaría Caldas (víctima directa) y su grupo familiar . Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial para obtener la reparación del daño causado por : (i) la privación injusta de su libertad ocurrida entre el 18 de octubre de 2007 y el 23 de mayo de 20083, es decir por un término de siete (7 ) meses y seis (6) días y (ii) la vinculación de la víctima directa al proceso penal. En el proceso penal se le imput aron los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos con menor de catorce años.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<(…) 1.1.- Se declare administrativamente responsable a la Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura por incurrir en causas originarias de perjuicios con ocasión de:

1.1.1.- La privación injusta de la libertad de la señora Erika Inés Santa maría Caldas ocurrida del 18 de octubre de 2007 en virtud de la decisión contenida en providencia proferida el 18 de octubre de 2007 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Ibagué con funciones de garantía y la decisión contenida en providencia de octubre 19 de 2007 preferida por el Juez Sexto Penal Municipal de Ibagué con función de control de garantías, la cual se mantuvo hasta el 23 de

Municipal de Ibagué con funciones de garantía y la decisión contenida en providencia de octubre 19 de 2007 preferida por el Juez Sexto Penal Municipal de Ibagué con función de control de garantías, la cual se mantuvo hasta el 23 de mayo de 2008 cuando le fue otorgada la libertad por el Juez Octavo Penal Municipal de Ibagué con función de garantías por vencimiento de términos.

1.1.2.- El defectuoso funcionam iento de la administración de justicia y el error judicial que mantuvo vinculada a un proceso judicial a la señora Erika Inés Santamaría Caldas desde el 18 de octubre de 2007 y hasta el 30 de octubre 2009 cuando mediante providencia pr oferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué - Sala Penal que confirma la decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito Ibagué con funciones de conocimiento , quien absolvió a la procesada Erika Inés Santamaría Caldas.

1.2.- Que como consecuencia de la declaración anterior se condene a la Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante como a continuación se expone:

1.2.1.- Por los perjuicios materiales causados en la modalidad de daño emergente, representado en los gastos correspondientes a honorari os de

1 F. 425, c. ppl. 2 F. 427, c. ppl. 3 Los extremos temporales de la privación se relacionaron en las pretensiones de la demanda.Radicado: 73001-23-00-000-2011-00819-01 (60286)

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3 Los extremos temporales de la privación se relacionaron en las pretensiones de la demanda.Radicado: 73001-23-00-000-2011-00819-01 (60286)

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abogado, y demás gastos en que incurrió Erica Inés Santa maría Caldas con el fin de ejercer la defensa de esta última dentro del proceso que se adelantó en su contra, los cuales ascendieron a la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000).

1.2.2.- Por los perjuicios materiales causados en la modalidad de lucro cesante por la suma de catorce millones de pesos ($14.000.000) dejados de percibir por el lapso durante el cual la señora Erika Inés Santa María caldas permaneció cesante sin poder adelantar sus actividades laborales entre el 18 de octubre 2007 al 23 de mayo 2008 término que permaneció privada de la libertad.

1.2.3. Por los perjuicios materiales causados en la modalidad de lucro cesante por la suma de treinta y custro millones de pesos ($34.000.000) dejados de percibir entre el 24 de mayo de 2008 al 30 de octubre de 2009 , lapso durante el cual la señora Erika Inés Santa maría Caldas permaneció cesante sin poder adelantar sus actividades laborales debido al proceso judicial que se adelantaba en su contra.

1.3.- Se condene a la Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura al pago de los perjuicios morales – pretium dolorisa favor de la señora Erika Inés Santa maría Caldas equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes con ocasión de la aflicción padecida

Consejo Superior de la Judicatura al pago de los perjuicios morales – pretium dolorisa favor de la señora Erika Inés Santa maría Caldas equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes con ocasión de la aflicción padecida por la privación injusta de la libertad, el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia a la cual fue sometida durante el proceso judicial adelantado en su contra.

1.4.- Se condene a favor de la Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura al pago de los perjuicios morales – pretium doloriscon ocasión de la aflicción padecida por la privación injusta de la libertad, el error judicial y el defecto de su funcionamiento de la administración de justicia de cuál fue objeto la señora Erika Inés Santa María caldas, a favor de:

Luis Alfonso Santamaría Ospina (padre) 100 SMMLV Amparo Caldas de Vera (sic) (madre) 100 SMMLV José Orlando Pérez Herrera (compañero) 100 SMMLV José Manuel Pérez Santamaría (hijo) 100 SMMLV Diana Patricia Vera Caldas (hermana) 100 SMMLV Luis Carlos Caldas (tío) 100 SMMLV Diana Fernanda Perdomo Vera (sobrina) 100 SMMLV

1.5.- Como pretensión autónoma se condena a la Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura a pagar el perjuicio extrapatrimonial en la modalidad del perjuicio por alteración grave de las condiciones de exis tencia, ocasionados a Erika Inés Santa maría Caldas,

Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura a pagar el perjuicio extrapatrimonial en la modalidad del perjuicio por alteración grave de las condiciones de exis tencia, ocasionados a Erika Inés Santa maría Caldas, equivalente a cien (100) salarios mínimos vigentes, los cuales se representan en la imposibilidad de realizar sus actividades cotidianas con ocasión de la privación injusta de la libertad, el error judic ial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrieron las demandadas como se expone en la demanda y por Señalamientos públicos sociales y familiares a los que fue sometida con ocasión de la actuación judicial iniciada en su contra. (…)>>.

3.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas del proceso penal allegadas por la parte actora, se extrae que:Radicado: 73001-23-00-000-2011-00819-01 (60286)

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3.1.- La investigación penal tuvo origen el 16 de octubre de 2007 , con la denuncia presentada por Orlando Ortiz, en la que señaló que su hija JJOO y su hermana JOS fueron víctimas de actos sexuales abusivos por parte de su excompañera sentimental, la demandante Erika Inés Santamaría Caldas.

3.2.- La demandante Erika Inés Santamaría Caldas fue capturada el 18 de octubre de 2007, y al día siguiente el Juzgado Sexto Penal Municipal de Ibagué con función de control de garantías realizó la audiencia preliminar de legalización de captura; le imputó los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales

octubre de 2007, y al día siguiente el Juzgado Sexto Penal Municipal de Ibagué con función de control de garantías realizó la audiencia preliminar de legalización de captura; le imputó los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos con menor de catorce años y decretó medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra. El Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías confirmó la decisión anterior el 18 de diciembre de 2007.

3.3.- El 17 de enero de 2008, en audiencia de acusación, el juzgado adicionó a la imputación el tipo penal de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores.

3.4.- El 23 de mayo de 2008 el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de garantías concedió la libertad a la demandante Erika Inés Santamaría Caldas por vencimiento de términos, toda vez que habían transcurrido más de noventa (90) días desde la fecha de la presentación del escrito de acusación sin que se diera inicio a la audiencia de juicio oral.

3.5.- El 10 de agosto de 2009 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué con funciones de conocimiento , en aplicación del principio in dubio pro reo , profirió sentencia absolutoria a favor de la demandante Erika Inés Santamaría Caldas. El 30 de octubre de 2009 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué – Sala Penal confirmó esa decisión.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) la demandante Erika Inés

Ibagué – Sala Penal confirmó esa decisión.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) la demandante Erika Inés Santamaría Caldas fue capturada el 18 de octubre de 2007; (ii) el 19 de octubre de 2007 el juez de control de garantías le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad, y el 18 de diciembre de 2007 el Juez Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías la confirmó ; (ii) el 23 de mayo de 2008 se ordenó su libertad por vencimiento de términos; (iii) el 10 de agosto de 2009 el juez penal de primera instancia dictó sentencia absolutoria y (iv) el 30 de octubre de 2009 el tribunal confirmó la decisión anterior.

5.- Según la parte actora, la demandante Erika Inés Santamaría Caldas fue privada injustamente de su libertad porque: (i) la Fiscalía solicitó la imposición de la medida de aseguramiento sin razón alguna; (ii) las entidades demandas incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justici a porque dejaron vencer los términos, realizaron una imputación incorrecta, no cumplieron con una labor investigativa adecuada , y permitieron que laRadicado: 73001-23-00-000-2011-00819-01 (60286)

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investigación avanzara hasta el juicio oral sin que existieran pruebas en su contra; y (iii) existió un error judicial porque desde el principio de la investigación había dudas y estas no fueron resueltas a favor de la víctima directa.

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investigación avanzara hasta el juicio oral sin que existieran pruebas en su contra; y (iii) existió un error judicial porque desde el principio de la investigación había dudas y estas no fueron resueltas a favor de la víctima directa.

6.- En relación con los perjuicios, la parte actora reclamó: (i) los perjuicios morales que sufrieron la víctima directa y sus familiares con ocasión de la privación de la libertad de la demandante Erika Inés Santamaría Caldas; (ii) los ingresos que dejó de percibir de su actividad laboral durante la detención; (iii) los gastos en los que incurrió la víctima directa para pagar los honorarios del abogado que le brindó la defensa judicial y (iv) los perjuicios por la alteración a las condiciones normales de vida porque su entorno se convirtió en desfavorable y no podía desarrollar las actividades cotidianas.

B. Posición de las entidades demandadas

7.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda porque consideró que su actuar no fue arbitrario y, por el contrario, las decisiones que se adoptaron en el proceso penal se fundamentaron en el material probatorio aportado. Como excepciones propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, la inexistencia de perjuicios y la <<culpa exclusiva de terceros>>.

8.- La Fiscalía también se opuso a las pretensiones. Como argumentos de defensa expuso que: (i) su actuación se surtió conforme a la Constitución y la ley; (ii) el daño e ra imputable a la Rama Judicial porque fue el juez penal quien impuso la medida de aseguramiento ; (iii) las pruebas que se analizaron para dictar la medida de aseguramiento no necesariamente debían conducir a la

(ii) el daño e ra imputable a la Rama Judicial porque fue el juez penal quien impuso la medida de aseguramiento ; (iii) las pruebas que se analizaron para dictar la medida de aseguramiento no necesariamente debían conducir a la certeza de la responsabilidad penal; y (iv) la parte actora no acreditó la antijuridicidad del daño. Como excepciones propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva y la falta de legitimación en la causa por activa de José Orlando Pérez Herrera y José Emmanuel Pérez Santamaría porque no ostentaban la calidad de cónyuge e hijo al momento de la detención de la víctima directa.

C. Sentencia recurrida

9.- En la sentencia del 17 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo del Tolima dispuso lo siguiente:

9.1.- Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Fiscalía debido a que fue el juez de garantías quien decretó la medida de aseguramiento.

9.2.- Negó las pretensiones de la demanda porque la parte actora no probó que la privación de la libertad de la demandante Erika Inés Santamaría Caldas hubiera sido injusta, ya que el juez de garantías, al momento de dictar la medidaRadicado: 73001-23-00-000-2011-00819-01 (60286)

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de aseguramiento , contaba con suficientes elementos materiales probatorios para inferir la responsabilidad penal de la víctima directa.

D. Recurso de apelación

10.- En su recurso de apelación , la parte actora solicita que se revoque

para inferir la responsabilidad penal de la víctima directa.

D. Recurso de apelación

10.- En su recurso de apelación , la parte actora solicita que se revoque integralmente el fallo de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda porque: (i) no debió declararse la falta de legitimación en la causa de la Fiscalía, ya que esa entidad era la encargada de reunir el material probatorio suficiente para que el juez de garantías dictara la medida de aseguramiento; (ii) si bien existieron pruebas en contra de la demandante Erika Inés Santamaría Caldas, lo cierto era que esas pruebas contenían muchas contradicciones y no desvirtuaban su presunción de inocencia; (iii) la Fiscalía debió realizar una labor investigativa más adecuada, que hubiese hecho desaparecer las dudas a favor de la víctima directa; (iv) la Fiscalía err ó en su labor investigativa, en la imputación y prueba de cargos y en no haber presentado una solicitud de preclusión a sabiendas de que no existían pruebas suficientes para continuar con la investigación penal; (v) los perjuicios solicitados en la demanda se encuentran probados con la prueba testimonial y (vi) la Rama Judicial es responsable porque si bien la medida de aseguramiento inicialmente estaba justificada , lo cierto es que la víctima directa fue absuelta y por eso no estaba en la obligación de soportar dicha detención.

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

11.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos años contados desde la ejecutoria de la providencia penal que absolvió a la

E. Asuntos procesales

11.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos años contados desde la ejecutoria de la providencia penal que absolvió a la víctima, momento en el cual se concreta el daño en los términos del artículo 136 del C.C.A., según lo ha precisado la jurisprudencia en los eventos de privación injusta de la libertad. En efecto: (i) la providencia que confirmó la sentencia absolutoria quedó ejecutoriada el 30 de octubre de 2009 4; (ii) la solicitud de conciliación se presentó el 28 de octubre de 2011 y los términos se suspendieron hasta el 1º de diciembre de 2011 5, cuando la audiencia de conciliación se declaró fallida; y (iii) la demanda fue interpuesta a tiempo el 2 de diciembre de 2011.

12.- La Sala revocará la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación porque el análisis de este presupuesto procesal no puede confu ndirse con el derecho de obtener una

4 Constancia de ejecutoria expedida por la Secretaría del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. 5 Fl. 199, c.1.Radicado: 73001-23-00-000-2011-00819-01 (60286)

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decisión de fondo en contra la entidad respecto de la cual se dirige la demanda. En ese sentido, la doctrina ha destacado que la constatación del presupuesto de la legitimación en la causa <<[c]omporta siempre una quaestio iuris y no una

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decisión de fondo en contra la entidad respecto de la cual se dirige la demanda. En ese sentido, la doctrina ha destacado que la constatación del presupuesto de la legitimación en la causa <<[c]omporta siempre una quaestio iuris y no una quaestio facti que, aunque afecta los argumentos jurídicos de fondo, puede determinarse con carácter previo a la resolución del mismo, pues únicamente obliga a establecer si la posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen, efectivamente guardan coherencia jurídica. Se puede, por ello, estar legitimado y carecer del derecho que se controvierte>>. Por ende, la Fiscalía está legitimada en la causa por pasiva debido a que la parte actora estima que sufri ó un perjuicio derivado de la conducta irregular de la entidad antes nombrada, toda vez que no realizó adecuadamente el recaudo del material probatorio y no solicitó la preclusión de la investigación.

F. Exposición del litigio, decisiones a adoptar y plan

13.- A partir de las actas de la audiencia preliminar y de la audiencia preparatoria6 está probado que la demandante Erika Inés Santamaría Caldas estuvo privada de su libertad entre el 18 de octubre de 2007 y el 23 de mayo de 2008, es decir por un término de siete (7) meses y seis (6) días.

14.- También está demostrado que, mediante providencia del 30 de octubre de 2009, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué – Sala Penal confirmó la sentencia absolutoria del 10 de agosto de 2009, al aplicar el principio in dubio pro reo porque el material probatorio allegado para desvirtuar su inocencia no era

2009, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué – Sala Penal confirmó la sentencia absolutoria del 10 de agosto de 2009, al aplicar el principio in dubio pro reo porque el material probatorio allegado para desvirtuar su inocencia no era suficiente y generaba dudas que debían ser resueltas a favor de la demandante Erika Inés Santamaría Caldas.

15.- En esta providencia, la Sala:

15.1.- Revocará la decisión de absolver a la Rama Judicial y, en su lugar, condenará a esa entidad porque si bien la medida de aseguramiento impuesta contra la demandante Erika Inés Santamaría Caldas cumplió los requisitos legales, está probado que esta sufrió un daño especial como consecuencia de la privación de su libertad.

15.2.- Absolverá a la Fiscalía General de la Nación porque el daño no le es imputable.

15.3.- Negará las pretensiones relacionadas con la vinculación al proceso penal porque no se probó que se le haya causado a la víctima directa un daño antijurídico, esto es, una afectación particular y grave que deba ser indemnizada por el Estado.

6 CD.1.Radicado: 73001-23-00-000-2011-00819-01 (60286)

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15.4.- Determinará los perjuicios de acuerdo con las reglas jurisprudenciales.

G. Plan de exposición

16.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad 7. En

G. Plan de exposición

16.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad 7. En consecuencia, se referirá a: (i) la legalidad de la privación de la libertad; (ii) el análisis del daño especial; (iii) el estudio del daño causado por la vinculación al proceso penal; (iv) las entidades imputadas; (v) el análisis de la culpa de la víctima y (vi) la determinación de los perjuicios y la reparación.

H. La legalidad de la privación de la libertad

17.- En vigencia de la Ley 906 de 2004, norma bajo la cual se adelantó el proceso penal y se dispuso detener a la víctima directa del daño, los requisitos legales que debían cumplirse para adoptar tal medida estaban previstos en sus artículos 308 a 313, y eran los siguientes:

17.1.- La procedencia de la medida según el tipo de delito o la pena del delito imputado (art. 313).

17.2.- La existencia de evidencia física, elementos materiales probatorios o información obtenida legalmente que permitieran <<inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga>> (art. 308).

17.3.- Que la medida fuera necesaria porque: (i) se requiriera para evitar que el imputado obstruyera el debido ejercicio de la justicia; (ii) el imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima o (iii) resultaba probable que el imputado no compareciera al proceso o que no cumpliera la sentencia.

un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima o (iii) resultaba probable que el imputado no compareciera al proceso o que no cumpliera la sentencia.

18.- Con la grabación de la audiencia preliminar del 19 de octubre de 20078 está probado que el juez de garantías dictó medida de aseguramiento p rivativa de la libertad contra la demandante Erika Inés Santamaría Caldas , a quien le imputó los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales abusivos con menor de 14 años.

19.- La Sala considera que el juez de control de garantías cumplió los requisitos legales para imponer la medida porque dictó la medida de aseguramiento con fundamento en:

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata. 8 Cfr. CD Número 1.Radicado: 73001-23-00-000-2011-00819-01 (60286)

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19.1.- La denuncia presentada por Orlando Ortiz, en la que señaló que su hija JJOO y su hermana JOS fueron víctimas de actos sexuales por parte de su excompañera sentimental, la demandante Erika Inés Santamaría Caldas . De acuerdo con la denuncia, uno de los abusos tuvo lugar el 25 de mayo de 2007 , cuando el padre de la menor JJOO la encontró ensangrentada en sus partes íntimas luego de haber sido accedida carnalmente con un consolador.

19.2.- La declaración de la menor JJOO, en la que señaló cómo la demandante

cuando el padre de la menor JJOO la encontró ensangrentada en sus partes íntimas luego de haber sido accedida carnalmente con un consolador.

19.2.- La declaración de la menor JJOO, en la que señaló cómo la demandante Santamaría Cal das, entre los años 2005 y 2007, <<le tocaba los senos, los genitales, las piernas y la besaba en el cuello, se masturbaba y le decía que se masturbara (…) Erika (…) tenía un consolador y bajo amenazas de muerte a su padre la obligó a dejarse penetrar, sangrando>>.

19.3.- La declaración de la menor JOS, en la que señaló que se hacía masajes con la víctima directa y que en una ocasión <<terminaron hacien do sexo oral>> y que <<acompañaba a Erika a la oficina de Carlos Alberto Oliveros a realizar trabajos y en algunas ocasiones a chatear con algunos individuos con quienes entablaron relaciones sexuales virtuales>>.

19.4.- El dictamen pericial sexológico que presentó el médico legista Álvaro Gaitán Bazurto, en el que concluyó que la menor JJOO tenía << himen desgarrado antiguo>>.

20.- El juez le otorgó plena credibilidad a l material probatorio aportado por la Fiscalía, pues consideró que con dichas pruebas se podía inferir razonablemente que la demandante Santamaría Caldas podía ser autora de la conducta9.

21.- Así mismo, el juez de control de garantías justificó la imposición de la medida de aseguramiento en la aplicación del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), debido a que la detención en establecimiento

21.- Así mismo, el juez de control de garantías justificó la imposición de la medida de aseguramiento en la aplicación del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), debido a que la detención en establecimiento de reclusión es la única medida de aseguramiento procedente cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes.

I. El análisis del daño especial

22.- A pesar de que la medida de aseguramiento cumplió los requisitos legales, está probado que la demandante Erika Inés Santamaría Caldas sufrió un daño especial con ocasión de su detención porque las pruebas no eran suficientes para proferir una condena, ya que existían dudas en torno a la materialización de la conducta delictiva por parte de la víctima directa.

9 El juez se limitó en señalar que con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía se podía inferir razonablemente la responsabilidad penal.Radicado: 73001-23-00-000-2011-00819-01 (60286)

Demandantes: Erika Inés Santamaría Caldas y otros

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23.- En efecto, en la sentencia absolutoria del 30 de octubre de 2009, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué – Sala Penal concluyó que <<no existió claridad en torno al ámbito temporal en que sucedieron las conductas delictivas>> porque en relación con el delito d e actos sexuales abusivos, el tribunal señaló que la versión de las menores JJOO y JOS varió dentro del trascurso del proceso penal. La menor JJOO <<señalaba que a veces sucedieron en el 2005 y otras

porque en relación con el delito d e actos sexuales abusivos, el tribunal señaló que la versión de las menores JJOO y JOS varió dentro del trascurso del proceso penal. La menor JJOO <<señalaba que a veces sucedieron en el 2005 y otras que en el 2006>> y JOS <<manifiesta no recordar la fecha en que incurrió y tan solo refiere que en algún momento le hacía masajes a Erika, en la espalda, en los senos y en las piernas>>.

24.- Así mismo, a partir del análisis de las demás pruebas que se practicaron durante el proceso penal, el tribunal encontró contradicciones que desencadenaron dudas de la manera como ocurrieron los hechos denunciados y de la responsabilidad penal de la demandante Santamaría Caldas. En particular, destacó que esas contradicciones surgieron a partir del interrogatorio de parte que le hizo la defensa al denunciante en la audiencia de juicio oral ; el dictamen pericial del médico Germán Alfonso Vanegas Cabezas; la entrevista al psicólogo Fernando Amílcar Forero Forero ; los testimonios de Carlos Alb