CE - 730012331000201200240011SENTENCIA20230718084820

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 73001233100020120024001 (53752)

Demandante: — DANIEL FELIPE BOCANEGRA ARIAS Y OTROS Demandado: E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA Tema: Limites al recurso de apelación. Liquidación de perjuicios.

Perjuicios morales. Daño a la salud. Lucro cesante. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y por la E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta contra la sentencia del 2 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. |. SINTESIS DEL CASO El 20 de febrero de 2010 a las 17:30 horas, se presentaron varias explosiones en la parte trasera del Hospital Federico Lleras Acosta, ubicado en la ciudad de Ibagué, ocasionadas por una fuga de vapor combustible de un tanque de gas propano. Como consecuencia de las explosiones, Edgar Bocanegra Cardozo, quien trabajaba como “operario de equipos materiales” de la empresa Hosping Ltda. y se encontraba en el referido Hospital, resultó herido con quemaduras de primer grado y sufrió secuelas de carácter permanente en su humanidad. Los demandantes consideran que la E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta es patrimonialmente responsable por

en el referido Hospital, resultó herido con quemaduras de primer grado y sufrió secuelas de carácter permanente en su humanidad. Los demandantes consideran que la E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta es patrimonialmente responsable por las lesiones que sufrió Edgar Bocanegra Cardozo, pues se produjeron por una falla en el servicio atribuible a la referida institución.Radicado: 73001253100020 120024001 (53752)

Demandante: Daniel Felipe Bocanegra Arias y otros

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 19 de abril de 2012", Edgar Bocanegra Cardozo y María Mercedes Arias Acosta, en nombre propio y en representación de Andrea Bocanegra Arias; Yehizon Miller Bocanegra Cuellar, Daniel Felipe Bocanegra Arias, Isabel Cardozo, Vicente Bocanegra y María Olga, Beatriz y Juan Pablo Bocanegra Cardozo, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta, para que se le declarara patrimonialmente responsable por las lesiones que sufrió Edgar Bocanegra Cardozo el 20 de febrero de 2010.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV a cada uno de los accionantes; por “perjuicio fisiológico o daño a la vida de relación”, 600 SMLMV a Edgar Bocanegra Cardozo; por “perjuicio estético”, 200 SMLMV a Edgar Bocanegra Cardozo; por “perjuicios por la alteración de las condiciones de existencia”, 200 SMLMV a Edgar Bocanegra Cardozo; por “perjuicios psicológicos”, 200 SMLMV a

Cardozo; por “perjuicios por la alteración de las condiciones de existencia”, 200 SMLMV a Edgar Bocanegra Cardozo; por “perjuicios psicológicos”, 200 SMLMV a Edgar Bocanegra Cardozo; por daño emergente o “para mejorar su calidad de vida”, la suma de $190.000.000 a Edgar Bocanegra Cardozo; y por lucro cesante, la suma de $144.000.000 a Edgar Bocanegra Cardozo. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 20 de febrero de 2010 a las 17:30 horas, se presentaron unas explosiones en la parte trasera del Hospital Federico Lleras Acosta ubicado en Ibagué, debido a una fuga de vapor combustible de un tanque de gas propano. Indica que como consecuencia de las explosiones, Edgar Bocanegra Cardozo, quien trabajaba como “operario de equipos materiales” de la empresa Hosping Ltda. y se encontraba en el referido Hospital, resultó herido con quemaduras de primer grado y sufrió secuelas de carácter permanente en su humanidad. 1F1,81a97,C. 1.Radicado: 73001233 100020 120024001 (53752) Demandante: Daniel Felipe Bocanegra Arlas y ottos Los demandantes consideran que la E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta es patrimonialmente responsable por las lesiones que sufrió Edgar Bocanegra Cardozo, pues se produjeron por una falla en el servicio atribuible a la referida institución.

Textualmente solicitan que: “f[...] se concedan las declaraciones y condenas solicitadas en el capítulo de pretensiones de este escrito, como consecuencias de las graves lesiones con secuelas permanentes ocasionadas a Edgar Bocanegra

institución.

Textualmente solicitan que: “f[...] se concedan las declaraciones y condenas solicitadas en el capítulo de pretensiones de este escrito, como consecuencias de las graves lesiones con secuelas permanentes ocasionadas a Edgar Bocanegra Cardozo en hechos ocurridos el día 20 de febrero de 2010, en las instalaciones del Hospital Federico Lleras Acosta, E.S.E., sede La Francia”, localizado en el municipio de Ibagué, departamento del Tolima, cuando se produjo una violenta explosión imputable a la Entidad demandada [...]”.

2. Contestaciones El 24 de abril de 2012? el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda y ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público. 2.1. La E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta? manifestó que el daño antijurídico alegado por el extremo activo no le era imputable, puesto que la explosión de gas gue ocurrió en dicha institución fue consecuencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito. Formuló como excepción la que denominó “ausencia de responsabilidad por parte del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué, Tolima”. 2.2. La A.R.S. Positiva, vinculada al proceso en calidad de litisconsorte de la parte demandada, guardó silencio. 2 F1, 99, €. 1. 3 Fl. 111a166,C. 1. 4 Mediante auto de 19 de febrero de 2014 (Fl. 210, C. 1.) el Tribunal Administrativo del Tolima vinculó como litisconsorte de la parte demandada a la A.R.S. Positiva, que era la aseguradora de Mesgos

4 Mediante auto de 19 de febrero de 2014 (Fl. 210, C. 1.) el Tribunal Administrativo del Tolima vinculó como litisconsorte de la parte demandada a la A.R.S. Positiva, que era la aseguradora de Mesgos laborales de la víctima.Radicado: 73001233 100020 120024001 (53752)

Demandante: Daniel Felipe Bocanegra Arias y otros

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 10 de diciembre de 2013 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta? señaló que los perjuicios solicitados en el libelo introductorio eran excesivos. Además, solicitó vincular al proceso a la A.R.S. Positiva, quien fungía como su aseguradora de riesgos laborales. 3.2. La A.R.S. Positiva” manifestó que ya le había reconocido a Edgar Bocanegra Cardozo el pago de la “prestación económica de invalidez por pérdida de capacidad permanente total”, y que los perjuicios reclamados en el libelo introductorio no eran parte del Sistema General de Riesgos Laborales.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2014% el Tribunal Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta incurrió en una falla del servicio, al no realizar el mantenimiento, revisión y/o desmonte de los tanques de gas propano, lo cual fue la causa eficiente de las explosiones que ocasionaron daños a la integridad

E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta incurrió en una falla del servicio, al no realizar el mantenimiento, revisión y/o desmonte de los tanques de gas propano, lo cual fue la causa eficiente de las explosiones que ocasionaron daños a la integridad física de Edgar Bocanegra Cardozo. A su turno, estimó que el daño no era imputable a la A.R.S. Positiva, toda vez que dicha entidad no tuvo injerencia en su causación.

Al efecto indicó lo siguiente: “f...] en el presente asunto no es procedente estudiar una posible responsabilidad de la Compañía de Seguros Positiva, toda vez que, como se expuso anteriormente, las lesiones padecidas en la humanidad del señor Bocanegra fueron producidas por la fuga de gas de un tanque de almacenamiento que se encontraba dentro del ente hospitalario, que no fue supervisado, vigilado y/o desmontado por dicha institución, cuando tenía el deber legal de hacerlo [...] De conformidad con lo anterior la Sala concluye sin dubilación alguna que en el sub 8 Fl, 200, C. 1. $ Fl, 201 a 203, €. 1. 7 FI. 218 a 220, C. 1. 8 FI. 2282251, 0.2.Radicado: 73001233 100020 120024001 (53752) Demandante: Dantel Felipe Bocanegra Artas y otros judice se encuentra acreditado el nexo causal existente entre la conducta omisiva desplegada por el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E., respecto al mantenimiento, revisión y/o desmonte de los tanques GLP que ocasionaron el día 20 de febrero de 2010 la explosión dentro de las mismas instalaciones del Hospital,

desplegada por el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E., respecto al mantenimiento, revisión y/o desmonte de los tanques GLP que ocasionaron el día 20 de febrero de 2010 la explosión dentro de las mismas instalaciones del Hospital, y el daño sufrido por el demandante traducido en lesiones corporales que le generaron una pérdida de capacidad laboral del 19.50% [...]”. En la parte resolutiva, el a quo condenó a la E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta a pagar, por perjuicios morales, 20 SMLMV a Edgar Bocanegra Cardozo, María Mercedes Arias, Yehizon Miller Bocanegra Cuellar, Daniel Felipe Bocanegra Arias, Andrea Bocanegra Arias, Vicente Bocanegra, Isabel Cardozo, y 10 SMLMV a Juan Pablo Bocanegra Cardozo y Beatriz Bocanegra Cardozo; por daño a la salud, 50 SMLMV a Edgar Bocanegra Cardozo; por lucro cesante, la suma de $60.477.603,27 a Edgar Bocanegra Cardozo; y, finalmente, concedió de oficio, por concepto de afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional constitucionalmente amparados “una garantía de no repetición con la finalidad de restablecer el núcleo esencial de los derechos del lesionado, para lo cual ordenará al Hospital Federico Lleras Acosta presentar excusas públicas en un periódico de amplia circulación en la región y en un acto solemne que se deberá realizar en las instalaciones del centro hospitalario con la comparecencia de los demandantes, donde se entregará excusas por escrito por los hechos acaecidos el día 20 de febrero de 2010 [...]”. 5, Recursos de apelación

instalaciones del centro hospitalario con la comparecencia de los demandantes, donde se entregará excusas por escrito por los hechos acaecidos el día 20 de febrero de 2010 [...]”. 5, Recursos de apelación Los días 18% y 161% de diciembre de 2014 los demandantes y la E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta, respectivamente, interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron concedidos el 22 de septiembre de 2016? y admitidos el 2 de noviembre de 20161? 9 Fl. 280 a 289, C. 2. 19 Fl. 273 8.279, C. 2. 11 Fl. 393, C. 2. 12 Fl, 395, C. 2.Radicado: 7300 1233109020120024001 (53732) Demandante: Dante! Felipe Bocanegra Arias y Otros 5.1. La parte demandante? pidió reconocer todos los perjuicios solicitados en la demanda. Además, allegó el registro civil de nacimiento de María Olga Bocanegra Cardozo, hermana de la víctima, para que fuera legitimada en la causa por activa y se le reconocieran los perjuicios que habían sido solicitados en el libelo introductorio!.

Textualmente expuso: “T...] Considerando que el objeto del recurso es que se reconozcan las pretensiones formuladas en la demanda de manera integral y teniendo en cuenta que se negaron los daños que autónomamente padece el señor Edgar Bocanegra a nivel estético, fisiológico, de alteración de las condiciones de existencia y grave trauma a nivel psicológico; en los términos explicados en el numeral anterior solicitamos se haga el reconocimiento particular en cada uno de

Edgar Bocanegra a nivel estético, fisiológico, de alteración de las condiciones de existencia y grave trauma a nivel psicológico; en los términos explicados en el numeral anterior solicitamos se haga el reconocimiento particular en cada uno de estos aspectos, puesto que no pueden recogerse en el concepto de daño a la salud, por cuanto la entidad de cada uno de estos daños es de tal magnitud y trascendencia que deben considerarse particularmente. Conforme a las razones expuestas solicito se adicione la sentencia reconociendo los perjuicios materiales e inmateriales negados en forma plena a todos los demandantes [...]". 5.2. La E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta!?? solicitó ser exonerada del pago del lucro cesante, pues consideró que ¡) el lucro cesante consolidado debía ser pagado por la A.R.S. Positiva, hasta que Edgar Bocanegra Cardozo se encontrara apto para desempeñar sus funciones, y li) el lucro cesante futuro no se había acreditado en el proceso. Por otro lado, pidió reconocer por concepto de daño a la salud únicamente a 20 SMLMV, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Textualmente expuso: “f...] solicito al a quo modificar el fallo de primera instancia en el sentido de exonerar al Hospital al pago de lucro cesante consolidado y futuro, establecido en el literal c) del numeral segundo de la parte resolutiva; así como modificar la condena impuesta en el literal b) del mismo numeral por concepto de daño a la salud, dejándola en el 20% de conformidad a la sentencia.de unificación 13 FJ, 280 a 289, C. 2. 14 Esta prueba fue admitida en segunda instancia mediante auto del 9 de diciembre de 2016 (Fl. 397

daño a la salud, dejándola en el 20% de conformidad a la sentencia.de unificación 13 FJ, 280 a 289, C. 2. 14 Esta prueba fue admitida en segunda instancia mediante auto del 9 de diciembre de 2016 (Fl. 397 a 400, €.2.). 15 Fl. 2738279, C. 2.Radicado: 73001233 100020 120024901 (53752) Demandante: Dantel Felipe Bocanegra Arlas y otros del 28 de agosto de 2014 [...]”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 2 de febrero de 201718 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente 6.1. Los demandantes”? y la E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta? reiteraron los argumentos expuestos en los recursos de apelación. 6.2. La A.R.S. Positiva y el Ministerio Público guardaron silencio%?.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 2 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación?, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3” de la Ley 1395 de

2010.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

2010.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación 16 Fl. 402, C. 2. 17.Fl. 403 a 408, C. 2. 18 Fl. 409 a 423, C. 2. 19 Fl, 424, C.2. 20 La pretensión mayor de la demanda se estima en $2.147.440.000, equivalente a 3.789,37 SMLMV del 2012, lo cual es superior a 500 SMLMY del año en que ésta se presentó.Radicado: 73001233 100020 120024001 (53752) Demandante: Daniel Felipe Bocanegra Arlas y otros estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86% del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de uno daño por hechos imputables a la E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general??, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de

público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción”, ofrecer estabilidad del 21 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover ta misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 2 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en ¿so de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico juridico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,

concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser dectarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 23 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2008. Exp. 6871-05 ...el derecho al acceso a la administración de justicia ho es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legistador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar elRadicado: 73001233 [00020/20024001 (53752) Demandante: Daniel Felipe Bocanegra Arias y otros derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna

certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso ¡ure? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?9, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 2+ Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de ta caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no

tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 25 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “... [sli el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar fa demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.10

Radicado: 73001233100020 120024001 (53752) Demandante: Daniel Felipe Bocanegra Artas y otros El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,

administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro «del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el 20 de febrero de 2010, Edgar Bocanegra Cardozo tuvo conocimiento del daño, pues en dicha fecha ocurrió la explosión que le causó secuelas permanentes en su cuerpo y por las cuales presenta esta demanda; ii) que el 16 de febrero de 2012, la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se declaró fallida el 18 de abril de 2012?”; y iii) que la demanda se presentó el 19 de abril de 2012.

4. Legitimación en la causa 4.1. Edgar Bocanegra Cardozo (víctima), Andrea Bocanegra Arias (hija), Yehizon Miller Bocanegra Cuellar (hijo), Daniel Felipe Bocanegra Arias (hijo), Isabel Cardozo

(madre), Vicente Bocanegra (padre), Beatriz Bocanegra Cardozo (hermana), Juan Pablo Bocanegra Cardozo (hermano) y María Olga Bocanegra Cardozo (hermana), están legitimados en la causa por activa, pues el primero fue la persona que sufrió las secuelas permanentes en su humanidad, según da cuenta copia simple?? de su historia clínica?% y los demás conforman su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus correspondientes registros civiles de nacimiento?. 2 F1,22a76,€.1.Fl. Ba 12; 16, C. 3; Fl. 316 a 340; 385 a 505, C. 4.

copias auténticas de sus correspondientes registros civiles de nacimiento?. 2 F1,22a76,€.1.Fl. Ba 12; 16, C. 3; Fl. 316 a 340; 385 a 505, C. 4. 27 F1.80, 0.1. 28 FI. 81a97, C. 1. 29 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013. 300 F1.22a76,C.1.Fl.8a12; 16,C. 3;Fl. 316 a 340; 385 a 505, C. 4. pi 31 F1,48, 14, 15; 12, 16 y 17, C.1. Fl. 29, 2.2.11

Radicado: 73001233 100020 120024001 (53752) Demandante: Dantel Felipe Bocanegra Árlas y atros Asimismo, María Mercedes Arias Acosta está legitimada en la causa por activa como compañera permanente de Edgar Bocanegra Cardozo, pues al valorar en conjunto el testimonio de Nidia Pilar Godoy Paloma?, con los registros civiles de nacimiento de Andrea Bocanegra Arias y Daniel Felipe Bocanegra Arias, que son hijos de ambos, se puede establecer sin lugar a equívocos que ella hacía una comunidad de vida permanente y singular y tenía una unión marital de hecho vigente con la víctima. 4.2. La E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta está legitimada en la causa por pasiva, pues en la demanda se alega que fue la entidad que causó las lesiones cuya reparación se demanda.

5. Problema jurídico

4.2. La E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta está legitimada en la causa por pasiva, pues en la demanda se alega que fue la entidad que causó las lesiones cuya reparación se demanda.

5. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a modificar la suma reconocida en primera instancia por concepto de indemnización de perjuicios, conforme a lo solicitado en los recursos de apelación.

6. Solución al probiema jurídico Antes de entrar a resolver el problema jurídico que se ha planteado es conveniente hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado. 32 Fl. 2 a 6, C. 3. En el testimonio rendido ante el Tribunal Administrativo del Tolima manifestó lo siguiente: “[...f conocí a su familia y a su esposa [...] se de antemano que su esposa es Mercedes, sus dos hijos con ese hogar son Daniel y la negra, él tiene otro niño con su primera esposa [...]. 3 FL 15 y 18, C. 1. y 34 Ley 54 de 1990 “Artículo to. A partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”. 35 La E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué obtuvo su personería jurídica por medio de la ordenanza No. 009 del 1 de febrero de 1991.12 pd Radicado: 73001233 +00020120024001 (53752)

Demandante: Daniel! Felipe Bocanegra Árlas y otros

la ordenanza No. 009 del 1 de febrero de 1991.12 pd Radicado: 73001233 +00020120024001 (53752) Demandante: Daniel! Felipe Bocanegra Árlas y otros 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991% consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: 1) la existencia de un daño antijurídico y li) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho”, que contraría el orden legal? o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida“, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto?!, Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.

atribución en el caso concreto?!, Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 26 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de ta