CE-76001-23-31-000-2004-03056-01(16476)-2011

DECLARACION CON SALDO A FAVOR – Firmeza / INSPECCION TRIBUTARIA – Suspenden la firmeza de la declaración / SUSPENSION – Significado / FIRMEZA DE LA DECLARACION – Se suspende cuando se notifica el requerimiento especial antes de los dos años Los artículos 705,706 y 714 del Estatuto Tributario son claros en cuanto establecen que la declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedará en firme si dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial. También son claras en cuanto disponen que ese plazo de dos años se puede “suspender” por tres meses, cuando la DIAN decreta y practica de oficio la inspección tributaria. Gramaticalmente, el término suspender significa “Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra”. De manera que, cuando el término de 2 años previsto para que opere la firmeza de la declaración que ya ha empezado a correr se suspende, a partir de ese momento se empieza a contar el plazo de tres meses previsto para practicar la inspección. De manera que, cuando termina la condición de la suspensión, o mejor, cuando se vencen los tres meses de suspensión, se reanuda el conteo del plazo de la firmeza, por el tiempo que faltaba para que finiquite.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 705 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 706 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 714

CORRECCION PROVOCADA DE LA LIQUIDACION DE REVISION – Tiene como finalidad la reducción de la sanción cuando se obliga a pagar un

mayor valor por impuesto. Sólo se aplica cuando se aumenta el impuesto a cargo y se liquida la sanción por inexactitud El artículo 713 del Estatuto Tributario parte del presupuesto de que el contribuyente, el responsable o agente retenedor puede aceptar total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación oficial. Dado que esa aceptación puede dar lugar al pago de impuestos y, por ende, a la liquidación de la sanción por inexactitud, el artículo 713 del E.T. permite a los contribuyentes reducir esa sanción. En consecuencia, esta disposición se implementó con el fin de incentivar a los contribuyentes a corregir las declaraciones en el curso de la vía gubernativa, puesto que la reducción de la sanción opera como un estímulo. Ahora, cuando el contribuyente acepta parcialmente hechos que no inciden en las obligaciones tributarias a su cargo, en el sentido de hacerlas más gravosas, le asiste razón a la DIAN en cuanto interpretó que, en esos casos, no se aplica el artículo 713 del E.T., puesto que, esta disposición, conforme se precisó, tiene como fin otorgarle a los contribuyentes la prerrogativa de reducir la sanción por inexactitud cuando acepta parcial o total los hechos y se obliga a pagar un mayor valor por concepto de impuestos. De manera que, si no hay mayor impuesto para liquidar y sanción para reducir, por sustracción de materia no es posible aplicar el artículo 713 del E.T.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 713

COSTO O DEDUCCION DE LAS MERCANCIAS DESTRUIDAS – Antecedentes

jurisprudenciales. Procede cuando cumplen los requisitos de las expensas necesarias / VIATICOS Y TRASLADOS DE TRABAJADORES – Diferencias / GASTOS POR TRASLADO DE IDA – Es deducible por ser un gasto a cargo del empleador y que tiene relación con la actividad productora de renta. Requisitos para que proceda / GASTOS DE TRASLADO DE REGRESO – No son deducibles por no reunir los requisitos de las expensas necesarias / REUBICACION DE TRABAJADORES – Son deducibles por tener relación con la actividad productora de renta / CUOTAS PARA ASOCIACIONES Y A CLUBES SOCIALES - No son deducibles por no tener relación de causalidad con la actividad productora de renta Aunque la sentencia decidió sobre la procedencia del costo de ventas, las razones expuestas permiten considerar que cuando se solicita por medio de deducción no debe rechazarse si se demuestran los elementos de las expensas necesarias previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, norma común para costos y deducciones. Ahora bien, de acuerdo con el criterio expuesto es claro que si bien se puede admitir el valor de los activos movibles que fueron retirados por vencimiento o destrucción como “expensa necesaria” deducible, se debe demostrar, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad. La anterior posición jurídica fue reiterada en la sentencia de 19 de julio de 2007 para reconocer, como deducción solicitada por la actora, la destrucción de inventarios, específicamente

medicamentos, soportadas con actas de baja, suscritas por funcionarios competentes y avaladas por el revisor fiscal de la sociedad. Por lo anterior, si bien el Tribunal decidió con fundamento en una sentencia que en el año 2002 profirió la Sala, no se percató que para el mes de noviembre de 2006, fecha en que dictó la sentencia, la Sala ya había proferido doctrina judicial referida a la procedencia del costo o deducción de las mercancías destruidas, con fundamento en el artículo 107 del E.T. Por lo tanto, le asiste razón a la parte actora. los gastos de traslado, a diferencia de los viáticos, se causan cuando se contrata al trabajador, cuando se lo desvincula o, cuando en ejercicio del ius variandi, se le modifica la sede de trabajo. Por eso, los gastos de traslado cubren los gastos razonables en que incurriría el trabajador para trasladarse con su familia, con su menaje y efectos personales al sitio en que desempeñará sus actividades laborales, o al sitio inicial de residencia, o al que éste escoja, sin que en éste último caso, el empleador deba asumir más gastos de los que demandaría el regreso del trabajador al lugar donde residía anteriormente. Los viáticos en cambio, son una contraprestación que puede ser permanente u ocasional y que se causa ante la necesidad de trasladar a los trabajadores a un sitio diferente a su lugar habitual de trabajo, para desarrollar una actividad puntual, sin que ese traslado implique fijar su residencia en el sitio de traslado. Estos gastos cubren el alojamiento, la manutención, el transporte y los gastos de representación del trabajador, exclusivamente. No

incluye el transporte de menaje. En ese contexto, tratándose de los gastos de traslado, para la Sala, el requisito de causalidad solo se cumple en los gastos de traslado de ida y en los gastos de traslado por cambio de lugar o movilidad geográfica del trabajador, pues en estos casos la erogación que hace el empleador tiene su causa en la vinculación de nueva fuerza laboral con el propósito (efecto) de incrementar la productividad de la empresa, o en la movilidad geográfica del trabajador, con los mismos propósitos. Además, esa expensa siempre será obligatoria y proporcional, porque es el mismo legislador el que exige su pago, pero limitado a los gastos razonables derivados del traslado al lugar en donde se ejecutarán las actividades para las cuales el trabajador fue contratado, y en donde fijará su nueva residencia. Los gastos de regreso por desvinculación laboral no tienen relación de causalidad, puesto que la desvinculación del trabajador evidencia que tal gasto ya no tendrá injerencia en la actividad productiva de renta. En esa medida, para que el gasto de traslado a que alude el Nº 8º del artículo 57 del C.S.T. sea deducible, el contribuyente debe probar (i) el contrato de vinculación laboral o de movilidad geográfica del trabajador (ii) certificación del lugar en donde residía la persona contratada o movilizada y del lugar en donde fijará su residencia y el de su familia, (iii) las facturas que den cuenta de los gastos en que incurrió el empleador por concepto de traslado del menaje y demás efectos personales del trabajador vinculado o movilizado y de su

familia, desde el lugar donde residía hasta el lugar en donde fijó la residencia. Además ha dicho que los gastos realizados para asociarse a clubes o asociaciones gremiales puedan incentivar a los empleados, crear un mejor ambiente y otras circunstancias benéficas para la empresa, reportando utilidad y conveniencia para incrementar la percepción de ingresos, pero no constituye un gasto obligatorio, ni tiene carácter de indispensable para obtener la renta.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 107 / CODIGO

SUSTANTIVO DEL TRABAJO – ARTICULO 57

NOTA DE RELATORIA: Salvamento de voto de la doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodriguez

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS

Bogotá, D.C., Veintinueve (29) de septiembre de dos mil once (2011) Radicación número: 76001-23-31-000 2004 03056 01(16476)

Actor: BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA LTDA.

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES FALLO Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de noviembre de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de nulidad de los actos acusados.

ANTECEDENTES El 11 de abril de 2000, la sociedad Bristol Myers Squib S.A. hoy BRISTOL MYERS SQUIBB LTDA., presentó la declaración del impuesto sobre la renta y

complementarios por el año 1999, radicada con el Número 1158010505131, en la que liquidó un saldo a favor de $ 2.425.680.000. El 14 de junio de 2000, la sociedad solicitó la devolución del saldo a favor mencionado. Dicha suma fue reconocida por la Administración Tributaria mediante la Resolución 822 del 28 de junio de 2000. El 12 de septiembre de 2002, la DIAN profirió el Requerimiento Especial No. 050632002000080 sobre la declaración del impuesto de renta del año 1999, en el que propuso desconocer costos y deducciones y la pérdida líquida. Esas glosas no generaron mayores impuestos ni sanciones. Previa respuesta del requerimiento especial, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión No. 50642003000029 del 21 de marzo de 2003, liquidación que fue modificada por la Resolución No. 9000003 del 17 de marzo de 2004. Habida cuenta de que la parte actora, el 26 de mayo de 2003, también presentó la corrección a la declaración, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la autoridad demandada no aceptó la corrección. LA DEMANDA La sociedad BRISTOL MYER SQUIBB DE COLOMBIA LTDA propuso las siguientes pretensiones1: “1. Que se declare la nulidad de la Liquidación de Revisión No. 50642003000029 del 21 de marzo de 2003 proferida por la División de Liquidación de la DIAN, Administración Local de Impuestos de Cali, y de la Resolución No. 9000003 del 17 de marzo de 2004, proferida por la División

Jurídica, por la cual se modificó la liquidación anterior.

2. Que en consecuencia se restablezca el derecho de la sociedad, declarando en firme la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 1999

3. Que se condene en costas a la parte demandada, en el evento de que las anteriores pretensiones sean favorables a mi poderdante, toda vez que la DIAN profirió un requerimiento extemporáneo, así mismo rechazó una deducción a la cual la compañía tenía derecho, desconociendo el acervo probatorio que obra en el expediente desde la vía gubernativa.” Invocó como normas violadas, las siguientes:  Constitución Política: artículos 338; 95 numeral 9º; y 363  Estatuto Tributario: artículos 26, 63, 64, 77, 107, 148, 683, 705, 706, 714, 713 E.T.  C.C.A.: Artículo 3º  Ley 223 de 1995. Artículo 264  Decreto 187 de 1975: Artículo 25  C.S.T.: Artículos 57, 128 y 130  C.Co.: Artículo 3º El concepto de violación se sintetiza, así: Violación de los artículos 705, 706 y 714 del Estatuto Tributario, por interpretación errónea al expedir y notificar el requerimiento especial extemporáneamente.

Adujo que los actos demandados violan los artículos 705, 706 y 714 del E.T., porque el requerimiento especial fue expedido y notificado cuando la potestad de la Administración Tributaria había caducado y la declaración privada había quedado en firme.

Señaló que el artículo 714 del Estatuto Tributario establece que las declaraciones privadas que presenten saldos a favor del contribuyente quedan en firme cuando han transcurrido dos años después de la fecha de presentación de la solicitud de 1 Según demanda corregida que obra en los folios 667 a 696 del cuaderno principal. devolución o compensación sin que se haya notificado el requerimiento especial. Que, en concordancia con la norma citada, el artículo 705 del Estatuto Tributario establece que el término para notificar el requerimiento especial, cuando las declaraciones presentan saldos a favor, es también de dos años contados desde la presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva. Que, aunque el artículo citado establece un término de caducidad para que la Administración ejerza sus potestades de fiscalización, el artículo 706 prevé la "suspensión" de dicho término, cuando la Administración está adelantando otras actuaciones encaminadas al mismo fin, como la inspección tributaria y el emplazamiento para corregir. Sin embargo, dijo, la palabra "suspensión" no debe alterar la naturaleza del término de caducidad de la potestad de fiscalización, al punto de asimilarla a la figura de la prescripción, en la cual, el término sí puede ser suspendido y restituido en favor del titular del derecho. En este caso, alegó, en principio, la fecha de firmeza de la declaración era el día 14 de junio de 2002, pero al haber sido proferido el auto de inspección tributaria el 17 de abril de 2002, el término de firmeza se aplazó por tres meses contados desde la fecha de la notificación de este auto, es decir, del 19 de abril de 2002

hasta el 19 de julio de 2002. Señaló que el efecto del término de caducidad, como lo es el de la potestad de notificar el requerimiento especial, no es adicionar de manera íntegra los tres meses de la inspección tributaria a la fecha inicial para la configuración de la firmeza. Adujo que el único efecto que puede tener la suspensión de este término de caducidad es aplazar la firmeza inicial pero únicamente hasta el día hábil siguiente al que se cumplan los tres meses de la inspección tributaria, es decir, hasta el 22 de julio de 2002. Que, como el requerimiento especial fue notificado el 13 de septiembre de 2003, resultaba extemporáneo. Aludió a los cálculos que hizo la DIAN, e insistió en que la "suspensión" no podría adicionar o reponer todo el término inicial. Agregó que el término para notificar el requerimiento especial no es siempre de 2 años y 3 meses. A su juicio, el plazo se amplía por el tiempo necesario que la Administración tributaria requiera para completar la búsqueda de información mediante la inspección cuando ésta ha sido decretada de oficio, al no haber un medio supletorio de prueba. Explicó que cuando la Administración adelanta una inspección tributaria, no puede notificar el requerimiento especial sin haber concluido dicha actuación. Que, en esos casos, el término para notificar el requerimiento queda aplazado hasta el próximo día hábil siguiente de conformidad con el artículo 62 del C. R. P.M. En ese contexto, explicó, que para el caso concreto, la DIAN debió notificar el requerimiento especial, a más tardar el 22 de julio de 2002, y como no lo hizo, su

potestad caducó y la declaración quedó en firme. Violación del artículo 713 del Estatuto Tributario por interpretación errónea y 3º del Código Contencioso Administrativo, por falta de aplicación, al no aceptar la corrección de la declaración provocada por la liquidación de revisión. La parte actora explicó que corrigió la declaración inicial del impuesto de renta del año 1999, con ocasión de la Liquidación de Revisión, para reconocer que la suma de $99.527.000 no era procedente como costo de ventas. Que, por eso, disminuyó el valor del renglón 32, y aumentó el valor de la pérdida líquida en el renglón 53, pero no se generó un mayor impuesto a pagar ni un menor saldo a favor. Que tampoco se liquidó sanción de inexactitud reducida porque tal hecho no estaba sancionado por la ley. Señaló que la Administración decidió no aceptar esta corrección, por considerar que no se cumplían los requisitos del artículo 713 del E.T.: "puesto que con la Liquidación oficial de revisión acusada no se producen mayores valores de impuesto ni se impone sanción, por tanto no se dan los presupuestos para aceptar la corrección de la liquidación". Adujo que esa interpretación era inadmisible, puesto que el artículo 713 E.T. permite que el contribuyente corrija su declaración con ocasión de la liquidación de revisión, e impone los requisitos de pagar el mayor impuesto y la sanción de inexactitud, cuando estos valores son pertinentes. Pero, que si por la naturaleza de la corrección estos valores no se causan, el contribuyente no puede perder el

derecho a corregir la declaración y aceptar total o parcialmente los hechos propuestos en la liquidación. Dijo que no era razonable que la Administración rechazara la corrección de una declaración que acepta parcialmente las glosas, porque eso implicaba obligar al contribuyente a continuar discutiendo sobre un punto que ya ha sido aceptado. Alegó que eso reñía con los principios de economía, celeridad y eficacia que deben orientar las actuaciones administrativas, y que están consagrados en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo. Manifestó que la Administración interpretaba de manera restrictiva el artículo 713 del E.T., en desconocimiento del artículo 3º del C.C.A., pues, limitaba la corrección provocada a los casos en los cuales se genera un mayor impuesto a pagar y se ha impuesto sanción por inexactitud. Falta de aplicación del artículo 264 de la ley 223 de 1995. Falta de aplicación de los artículos 338; 95, numeral 9º; 363 de la Constitución Política; 26, 77, 107 y 683 del Estatuto Tributario. Interpretación errónea de los artículos 63 y 64 del E.T. y 25 del D. 187 de 1975. Indebida aplicación del artículo 148 del E.T. La parte actora advirtió que la empresa Bristol Myers Squibb de Colombia Ltda es una empresa comercializadora de productos farmacéuticos, que adquiere inventarios para la venta. Dijo que por sanidad pública, o cuando los productos han expirado o están próximos a vencerse, o son devueltos por los clientes, se debe proceder a la destrucción de parte de dicho inventario, lo que genera un detrimento patrimonial para la compañía, que se traduce en una pérdida en el

estado de resultados. Explicó que, mediante los actos demandados, la Administración Tributaria rechazó la suma de $1.455.735.0002 contenida en el renglón 32 correspondiente al "Costo 2 RenglónConcepto RechazadoValor ($)32Costo de ventas. (Mercancía destruida, dada de baja y devuelta)1.455.735.000Conceptos DiscriminadosMercancía dada de baja por destrucción477.918.586Mercancía dada de baja correspondiente a la provisión del año 1999342.657.000Pérdida en devoluciones634.858.798 de Ventas" (mercancía destruida, dada de baja y devuelta). Sin embargo, puso de presente que había que tener en cuenta que la empresa corrigió la declaración, en el sentido de reconocer la improcedente de $99.427.000, por concepto de costos. Que, no obstante que la DIAN no aceptó esa corrección, en virtud de la corrección la cuantía objeto de la litis ascendía a la suma de $1.356.308.000. En cuanto al asunto de fondo, dijo que ese rechazo era improcedente, por las siguientes razones:  Falta de aplicación del artículo 264 de la Ley 223 de 1995. La Administración reconoce la Diferencia de Criterios (Acta No. 002 del 23 de Junio de 2004.) Puso de presente que las autoridades tributarias se pronunciaron a través del Concepto No. 47554 del 19 de Junio de 1998 de la Oficina de Normativa y Doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Que según este concepto, “sólo los comercializadores que lleven juego de inventarios pueden

efectuar la disminución del inventario final del artículo 64 del E.T.” Que, no obstante, posteriormente, la Oficina Jurídica de la DIAN expidió el Concepto No. 91313 de fecha 11 de octubre de 2001, en el que aclaró el concepto No. 47554 del 19 de Junio de 1998, en el sentido de que sólo los comercializadores que adopten el sistema de inventarios permanentes pueden aplicar el artículo 64 del E.T. para disminuir mercancías del inventario final. Explicó que, habida cuenta de los criterios encontrados, el Comité de Dirección de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante Acta No. 002 de fecha 23 de junio de 2004 dijo que a partir del “(…) 11 de octubre de 2001, fecha de expedición del radicado No. 091313, se generó diferencia de criterios en torno al mismo tema [destrucción de inventarios], lo cual genera una inseguridad jurídica no atribuida al contribuyente y por ende la administración tributaria no puede objetar las actuaciones tributarias realizadas por los contribuyentes al amparo de dicho pronunciamiento mientras este hubiere estado vigente. (Negrillas)” Que, en consecuencia, el Comité decidió “Establecer que no existe unidad de criterio en relación con la deducción de pérdidas de inventados de mercancías de fácil destrucción o pérdida y, en consecuencia, las Administraciones Tributarias, en relación con los procesos que se adelantan en sus distintas dependencias y dentro de las diferentes etapas que comporta el proceso tributario, no pueden objetar las actuaciones tributarias realizadas por los contribuyentes. (Negrillas)”

Dijo que la decisión del Comité de Dirección de la DIAN cobraba importancia, porque el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 estableció que “Los contribuyentes que actúen con base en conceptos escritos de la subdirección jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en los mismos. Durante el tiempo en que tales conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias realizadas a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias. Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cambie la posición asumida en un concepto previamente emitido por ella deberá publicarlo. (Negrillas)” Que, por eso, en el Acta de Comité No. 002 de 2004, la DIAN dijo que "En este orden de ideas, si durante el lapso en el que estuvieron vigentes los conceptos, los contribuyentes del impuesto sobre la renta presentaron su declaración fundamentados en dichos conceptos, tales declaraciones producen plenos efectos legales y la administración tributaria legalmente no puede objetar las actuaciones tributarias realizadas por el contribuyente al amparo de dichos conceptos." Resaltó que como la misma DIAN reconoció la diferencia de criterios, no estaba en condiciones de objetar las actuaciones de la empresa realizadas con fundamento en la doctrina oficial de esa institución. Citó el concepto 06894 del 30 de julio de 1999, como otra doctrina, a su juicio confusa, de la DIAN, en la que, según explica, se habría aceptado que los contribuyentes pueden tratar como

descontable el IVA pagado por la mercancía que resulte dañada u obsoleta, pero, para efectos del impuesto de renta, no permitía que los contribuyentes que llevaran el sistema de inventarios permanentes pudieran llevar el valor de dicha mercancía como costo o deducción. Que, en consecuencia, el costo que se originó en la destrucción de inventarios, y que solicitó en la declaración de renta era procedente fiscalmente, razón por la cual, se debían anular los actos demandados. Por último, solicitó tener en cuenta que la corrección a la declaración se presentó el 26 de mayo de 2003, esto es, en vigencia del Concepto Nº 91313 del 11 de octubre de 2001.  Falta de aplicación de los artículos 338; 95, numeral 9º; 363 de la Constitución Política; 26 y 683 del Estatuto Tributario. Explicó que la Administración, en la Liquidación Oficial de Revisión, afirmó que la destrucción de mercancía no representaba un gasto de la empresa en el desarrollo de su actividad productora de renta. Que, por el contrario, era una actividad que no comportaba una erogación sino una pérdida y que, por eso, la destrucción no podía ser examinada a la luz del artículo 107 del Estatuto Tributario, sino del artículo 148 del mismo Estatuto y que, aún así, no eran deducibles, puesto que se debió probar que la pérdida se originó en un hecho constitutivo de fuerza mayor. Insistió en que el objeto de la controversia era la pérdida que sufrió la compañía por la destrucción de ciertos inventarios, hecho que se originó en el vencimiento de productos farmacéuticos, por la expiración de las fechas de vida útil, o porque

fueron devueltos por los clientes, y que debieron ser objeto de destrucción. Alegó que la destrucción o la devolución de la mercancía era perfectamente normal dentro del negocio de comercialización de productos farmacéuticos. Explicó que la destrucción de inventarios no le reportaba una renta adicional sino un detrimento patrimonial. Que el vocablo "pérdida" no podía interpretarse de manera desfavorable al contribuyente.  Falta de aplicación de los artículos 77 y 107 del E.T. Puso de presente que el artículo 77 del E.T. establece la obligación de cumplir con los mismos requisitos que se exigen para las deducciones. Que, por eso, el costo que se originó en la destrucción de inventarios, necesariamente debe analizarse bajo los requisitos generales para que un gasto sea deducible fiscalmente, contemplados en el artículo 107 ibídem. Insistió en que el objeto de controversia era la pérdida que sufrió la compañía por la destrucción de inventarios, por expiración del plazo de vigencia para consumo. Que si la empresa debe destruir tales inventarios, sufre un detrimento patrimonial y que, por eso, desconocer la pérdida como costo, es inconstitucional e ilegal. Dijo que la deducción por la pérdida de inventarios si cumplía con los requisitos generales de causalidad, necesidad y proporcionalidad. En relación con el primer requisito, manifestó que el negocio de la empresa era la comercialización de productos farmacéuticos. Que dentro del desarrollo de ese negocio, era perfectamente normal que algunos productos expiraran antes de ser vendidos, o sean devueltos porque su fecha de expiración está próxima, luego, dijo, la pérdida que ello genera es ordinaria y obedece a la realidad de la industria.

Respaldó su argumento con un concepto de la ANDI, y concluyó que la pérdida aludida no era ajena a la actividad productora de renta, sino que surgen con ocasión de su desarrollo. En cuanto al requisito de la necesidad, dijo que la destrucción de los inventarios tenía origen en el cumplimiento de un deber legal (Decreto Ley 1298 de 1994, Decreto 677 de 1995, Resolución 3183 de 1995). Que, por eso, la orden de destrucción no era caprichosa, puesto que la medida tenía como finalidad evitar que el uso, venta, etc. de un producto no apto para el consumo humano. Respecto de la proporcionalidad, explicó que los inventarios que se destruyeron en 1999 estaban claramente identificados en las actas de destrucción correspondientes que se aportaron como prueba. Adujo que la DIAN nunca cuestionó el valor de la pérdida, ni demostró que el requisito de proporcionalidad se hubiere incumplido. No obstante lo anterior, explicó con un ejemplo, el procedimiento que la empresa siguió para la destrucción de las mercancías. Por último, adujo que los requisitos de necesidad y proporcionalidad debían ser analizados con criterio mercantil, por disposición del artículo 107 E.T. Que, por ello, con los actos acusados, la DIAN violó los artículos 77 y 107 del E.T., por falta de aplicación.  Interpretación errónea de los artículos 63 y 64 del E.T. y 25 del D. 187 de 1975, al considerar que prohíben la deducción por pérdida de inventarios de manera general.

Dijo que la Administración se basa en una interpretación equivocada de los artículos 64 y 148 inciso 4º del E.T., porque interpreta que estas normas prohíben, de manera general, la deducción por pérdida de inventarios. Alegó que los artículos 63 y 64 del Estatuto Tributario establecen ciertas limitaciones, aplicables únicamente a contribuyentes cuya actividad es la comercialización sin transformación y que utilicen un sistema de inventario periódico, y que ese no era el caso de Bristol Myers Squibb de Colombia Ltda. Que esas limitaciones se justificaban para el caso de contribuyentes que no utilizaran el sistema de inventarios permanentes, sino el de juego de inventarios, y que, además, adquirieran mercancías para revenderlas sin ningún proceso de transformación. Que, del establecimiento de esa específica restricción no podía derivarse una limitación similar aplicable a (i) contribuyentes fabricantes ni a (ii) contribuyentes comercializadores que utilicen inventarios permanentes. Que ese era el caso específico de Bristol Myers Squibb de Colombia Ltda., puesto que “es una compañía comercializadora, que maneja sus inventarios por el sistema de inventarios permanentes.” Que, en efecto, la restricción contemplada en el artículo 64 del E.T. no era aplicable a fabricantes. Que, igualmente, “Tampoco aplica para los comercializadores que manejen sus inventarios por el sistema permanente, por cuanto la utilización de éste sistema permite que día a día se reconozcan los costos incurridos.” Dijo que en este caso es indebida la aplicación del artículo 64 del E.T., “pues implicaría la posibilidad de solicitar una doble disminución: la que

se reconoce en el día a día en la operación y la que se originaría sobre las unidades inventariadas finalmente (contempladas en la disposición legal mencionada)” Explicó que el fundamento del artículo 64 era reconocer que quienes adoptaban el sistema de inventarios periódicos no podían llevar un control permanente de los mismos, hecho que dificultaba la fiscalización. Que, adicionalmente, el artículo 64 era coherente con el artículo 63 del E.T. ya que esta disposición no permitía que en el juego de i