CE-76001-23-31-000-2006-03572-01(17729)-2011

JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA – Funciones / REGIMEN DE CAMBIO INTERNACIONAL – Consagración legal / MERCADO CAMBIARIO – conformación / CUENTAS DE COMPENSACION – Mecanismo para constituir cuentas corrientes en el exterior De conformidad con los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, a la Junta Directiva del Banco de la República le corresponde, entre otras cosas, regular los cambios internacionales, según defina la ley. En materia cambiaria el Congreso de la República establece las pautas y los objetivos generales del régimen de cambio internacional. El régimen se encuentra compilado en la Ley 9ª de 1991 (Ley Marco en materia de cambios internacionales). A su turno, a la Junta Directiva del Banco de la República le corresponde dictar las normas de carácter general que establezcan las condiciones específicas del régimen cambiario. Para el cumplimiento de esa función, la Junta Directiva del Banco de la República expidió, primero, la Resolución 21 de 1993. Posteriormente profirió la Resolución No. 8 de 2000, que compiló el régimen de cambios internacionales y derogó la Resolución No. 21 de 1993. El mercado cambiario está constituido por la totalidad de las divisas que deben canalizarse obligatoriamente por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto, o mediante el mecanismo de compensación previsto en la Resolución No. 08 de 2000, así como por aquellas divisas que, no obstante estar exentas de esa obligación, se canalizan voluntariamente en el mismo. Se trata, entonces, de un mercado controlado, que, en términos generales, está constituido por la totalidad de las divisas que deben

ser transferidas o negociadas por conducto de los intermediarios autorizados, o mediante el mecanismo de compensación. En lo que interesa, hay que decir que las cuentas de compensación son mecanismos que permiten a una persona constituir cuentas corrientes en el exterior, para manejar divisas provenientes de operaciones que normalmente deben ser canalizadas por intermediarios autorizados.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 371 /

CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 372

OPERACIONES DE CAMBIO – Enunciación de las que deben canalizarse / CUENTA DE COMPENSACION – Solo puede constituirse con recursos que provengan de operaciones que deben canalizarse. Su utilización indebida genera una sanción cambiaria / CANALIZACION DE RECURSOS NO OBLIGATORIOS EN LA CUENTA DE COMPENSACION – Es una infracción cambiaria / GRADUACION DE LA SANCION – La administración no está facultada a graduarla cuando se trata de tasas fijas / RESPONSABILIDAD OBJETIVA – No tiene aplicación en materia cambiaria Claro lo anterior, se advierte que las operaciones de cambio que deben canalizarse en el mercado cambiario son: 1. Importación y exportación de bienes.

2. Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, así como los costos financieros inherentes a las mismas. 3. Inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos asociados a las mismas. 4.

Inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas. 5. Inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas, salvo

cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario. 6. Avales y garantías en moneda extranjera. 7. Operaciones de derivados. Así las cosas, se observa que las operaciones reportadas por la sociedad no son operaciones obligatoriamente canalizables en el mercado cambiario, como en efecto lo admite la actora. En ese sentido, se encuentra que la cuenta corriente de compensación especial solo puede constituirse con recursos que provengan de operaciones obligatoriamente canalizables en el mercado cambiario, los que únicamente pueden ser utilizados para efectuar esta clase de operaciones. En ese contexto y como lo señaló el Tribunal, está plenamente demostrado que la actora utilizó de manera indebida su cuenta de compensación especial, en tanto que recibió y efectuó pagos por operaciones que no eran obligatoriamente canalizables, lo que hizo se encontrara incursa en una infracción al régimen cambiario, específicamente, la prevista en el parágrafo 5º del artículo 79 de la Resolución No. 8 de 2000, sancionable con fundamento en el artículo 3º del Decreto 1074 de 1999, por el cual se establece el Régimen Sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias. En ese sentido, y como lo manifiesta la Administración en los actos acusados, no se encuentra en discusión si la actuación de la compañía se realizó de buena fe, puesto que, independientemente de las razones que la motivaron, la infracción se configura por la indebida utilización de la cuenta de compensación especial para operaciones diferentes a las autorizadas. Ahora bien, en cuanto a que la sanción

es desproporcionada, precisa la Sala que cuando el legislador establece tarifas fijas para tasar las multas, no es pertinente que la entidad competente las gradúe, si el legislador no estableció parámetros para el efecto. Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 3º del Decreto 1074 de 1999 establece una tarifa fija, esto es, el 20% del valor de la operación respectiva, sin que exceda de 200 salarios mínimos legales, no le era dable a la Administración tasar la sanción. Por consiguiente, la sanción impuesta es proporcional por cuanto el valor establecido en los actos demandados fue determinado conforme lo dispone la norma, sin que supere el límite impuesto por el legislador. En cuanto al argumento del apelante, según el cual en el presente caso no se debe dar aplicación a la responsabilidad objetiva, es importante señalar que la Corte Constitucional en sentencia C-10 de 2003, reiteró lo que se expuso en la sentencia C-599 de 1992, al considerar que la responsabilidad en materia cambiaria es objetiva y sólo es posible su exoneración en el caso de fuerza mayor.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1074 DE 1999 – ARTICULO 3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO

Bogotá, D. C., trece (13) de octubre de dos mil once (2011) Radicación número: 76001-23-31-000-2006-03572-01(17729)

Actor: INGENIO DEL CAUCA S.A. – INCAUCA S.A.

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES FALLO Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las súplicas de la demanda.

1. ANTECEDENTES La sociedad Incauca S.A. presentó informe del movimiento de su cuenta corriente de compensación especial No. 102005591, correspondiente a las operaciones cambiarias identificadas bajo los numerales 2904 de marzo y junio de 2004, 1601 y 2030 de abril del 2004, 2950 de octubre de 2004 y 2030 de enero de 2005.

La División de Control de Cambios de la Administración Local de Aduanas de Cali formuló cargos a la sociedad mediante los Actos Nos. 8205073-301-00003858, notificado el 19 de julio de 2005, 8205073-301-000045240, notificado el 12 de enero de 2005, y 8205073-301-00005295 notificado el 14 de septiembre de 2005, por presunta infracción al parágrafo 5º del artículo 79 de la Resolución Externa No. 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, al utilizar la cuenta corriente de compensación especial No. 102005591 para realizar operaciones diferentes a las autorizadas por el régimen cambiario. La sociedad presentó descargos los días 19 de septiembre y 11 de octubre de 2005. La Administración Local de Aduanas de Cali mediante las Resoluciones Nos. 05087-2005-601-00007004 del 5 de diciembre de 2005, 05-087-2005-601-00006984 del 1 de diciembre de 2005, y 05-087-2005-601-00007058 del 7 de diciembre de 2005, impuso sanciones cambiarias consistentes en multas por utilizar la cuenta corriente de compensación especial para operaciones diferentes a las autorizadas por el régimen de cambios. Contra los anteriores actos administrativos la sociedad interpuso los correspondientes recursos de reposición, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones Nos. 05-072-2006-610-00003631 y 05-072-2006-610-00003628 del 11 de julio de 2006, y 05-072-2006-610-00003585 del 7 de julio de 2006, confirmando las resoluciones impugnadas.

1. DEMANDA En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad Incauca S.A., solicitó: “A. Que se declare la nulidad total de los (sic) siguientes resoluciones sancionatorias cambiarias:05-087-2005-601-00007004 del 5 de diciembre de 2005; 05-087-2005-601-00006984 del 1 de diciembre de 2005 y 05-087-2005601-00007058 del 7 de diciembre de 2005, y las siguientes Resoluciones que resolvieron desfavorablemente los recursos de reposición interpuestos contra las Resoluciones sancionatorias: 05-072-2006-610-00003631 del 11 de julio de 2006; 05-072-2006-610-00003585 del 7 de julio de 2006 y 05-072-2006-610-00003628

del 11 de julio de 2006.

B. Que por cumplirse con los requisitos procesales contenidos en el artículo 145 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil se admita la acumulación de las pretensiones correspondientes a la declaración de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de los actos administrativos que se enunciaron en el literal anterior.

C. Como restablecimiento del derecho, solicito respetuosamente: Que se ordene la terminación y archivo de los procesos sancionatorios cambiarios dentro de los cuales fueron proferidas las resoluciones 05-087-2005-60100007004 del 5 de diciembre de 2005; 05-087-2005-601-00006984 del 1 de diciembre de 2005 y 05-087-2005-601-00007058 del 7 de diciembre de 2005, y las siguientes Resoluciones que resolvieron desfavorablemente los recursos de reposición interpuestos contra las Resoluciones sancionatorias: 05-072-2006-61000003631 del 11 de julio de 2006; 05-072-2006-610-00003585 del 7 de julio de 2006 y 05-072-2006-610-00003628 del 11 de julio de 2006”.

Respecto de las normas violadas y el concepto de la violación dijo: Violación al principio de legalidad y al artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto no hubo infracción al literal b) del parágrafo 5º del artículo 79 de la Resolución Externa No. 8 de 2000. Observó que la canalización voluntaria de divisas en el mercado cambiario, es plenamente permitida por el artículo 6º de la Resolución Externa No. 8 de 2000.

Manifestó que las divisas giradas por Incauca S.A. entran a formar parte del mercado cambiario, por corresponder a operaciones de cambio, que si bien no son de obligatoria canalización, está permitido que voluntariamente puedan formar parte del mismo. Que lo anterior se colige de los artículos 4º de la Ley 9ª de 1991 y 1º del Decreto 1735 de 1993, que consideran que una operación de cambio es cualquier acto, contrato u operación que implique pagos o transferencias en moneda extranjera entre un residente y un no residente en el país. Alegó que la actuación de la sociedad, consistente en haber canalizado mediante el mercado cambiario las operaciones de un residente colombiano con un no residente en el país, se encuentra conforme con las leyes y reglamentaciones de cambios internacionales. Precisó que es clara la intención de la sociedad de someter todo el movimiento de sus divisas al control gubernamental cambiario, por cuanto presentó los reportes del movimiento de su cuenta de compensación especial al Banco de la República y a la DIAN, tanto de las operaciones de obligatoria canalización como de aquellas que de manera voluntaria canalizó. Señaló que el parágrafo 5º del artículo 79 de la Resolución Externa No. 8 de 2000, tiene como finalidad proteger el mercado cambiario colombiano de la dolarización, evitando que se realicen transacciones indiscriminadas de divisas entre residentes. Que, por lo tanto, la canalización en el mercado cambiario de divisas correspondientes a operaciones de voluntaria canalización destinadas a un no residente, no afecta el mercado ni la balanza de pagos. Además, la actuación de Incauca S.A. no impidió ni obstaculizó el ejercicio del

control cambiario del Banco de la República ni de la DIAN. Violación del artículo 83 de la Constitución Política. Adujo que la actuación de Incauca S.A. ha sido transparente, dado que reportó todas sus operaciones de cambio realizadas en el mercado cambiario, lo que demuestra su intención de someter todo el movimiento de sus divisas al control cambiario de la DIAN. Señaló que como se demuestra con el formulario No. 10, radicado en el Banco de la República, la sociedad presentó la información sobre el movimiento de su cuenta especial de compensación, identificando de manera clara y veraz la naturaleza de las operaciones canalizadas por medio de la misma. Indicó que en dicho formulario se manifestó que los pagos efectuados por la cuenta especial de compensación corresponden a operaciones de cambio según la definición de la Ley 9ª de 1991, que se canalizaron en el mercado cambiario voluntariamente, como lo permite el régimen cambiario. Que, por tanto, la sociedad siempre actuó de buena fe, y nunca disfrazó o simuló la realidad del uso de la cuenta de compensación especial. Alegó que, aún en el caso de que se aceptara que la sociedad incurrió en un error que diera origen a una infracción cambiaria, ello no implica que haya tenido el ánimo de perjudicar o defraudar los intereses del Estado. Consideró, con fundamento en los actos demandados, que el caso concreto plantea el enfrentamiento entre dos principios, por una parte el de legalidad, y de otra, el de la buena fe. Observó que el ámbito de aplicación del principio de legalidad se manifiesta en la posibilidad de que los residentes puedan recibir pagos en divisas derivados de operaciones internas, que es el fin que persigue la norma, estableciendo una

excepción al régimen cambiario en materia de operaciones entre residentes, y para cuyo efecto creó la cuenta de compensación especial. Resaltó que el campo de aplicación del principio de buena fe se manifiesta en el cumplimiento, por parte de la sociedad, del fin perseguido por la norma y del régimen cambiario, en su conjunto; de esta manera, no sólo dio aplicación al principio de legalidad, sino que, también, suministró al Banco de la República la información que necesitaba, en el tiempo establecido. Consideró que la sociedad debe ser exonerada de cualquier responsabilidad cambiaria, como quiera que, en sus actuaciones, obró de buena fe, y no le es dable a la Administración, en estos casos, aplicar la responsabilidad objetiva, sin entrar a hacer un análisis de las circunstancias y efectos dentro de los cuales se desarrollaron las operaciones informadas. Violación del artículo 29 de la Constitución Política y de la Circular 175 de 2001. Adujo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado se han ocupado del estudio de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, en el sentido de circunscribir cualquier tipo de actuación sancionatoria al daño que efectivamente se haya causado al Estado por la actuación de los particulares. Advirtió que la conducta de la sociedad en ningún momento ha causado daño alguno al Estado ni a un tercero. Que, por el contrario, benefició el mercado cambiario al informarse al Banco de la República el detalle de las operaciones de obligatoria canalización en el mercado cambiario.

1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La parte demandada se opuso a las pretensiones de la actora con los siguientes

argumentos:

Señaló que las operaciones indicadas en los numerales: 2900: viajes de negocios, gastos médicos o educativos, pagos laborales a no residentes, seguridad social, suscripciones y afiliaciones, mercancías no consideradas importación, arrendamiento operativo y publicidad comercial; 2030: servicios portuarios; y 2906: servicios técnicos y asistencia técnica, no se encuentran señaladas como operaciones de cambio que deban canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario, por consiguiente, en el caso de registrarse a través de las cuentas especiales de compensación, se incurre en una infracción cambiaria. Indicó que según los artículos 4º y 7º de la Resolución Externa No. 08 de 2000, las operaciones que deben canalizarse obligatoriamente en las cuentas especiales de compensación son taxativas, y manifestó, que de permitirse el uso indebido de dichas cuentas, no se daría aplicación a las normas cambiarias. Afirmó que la sociedad incurrió en la situación prevista en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, al introducir al territorio nacional bienes que no declaró ante las autoridades aduaneras, razón por la cual la Administración de Aduanas de Buenaventura le impuso la sanción cambiaria establecida en el artículo 1º literal e) del Decreto 1074 de 1999. Manifestó que dicha sanción fue impuesta dentro de los términos legales señalados, en razón de que la prescripción de la acción, para los casos de mercancías no declaradas, se comienza a contar a partir de la notificación del acto que decide la situación jurídica de la mercancía.

Consideró que de conformidad con el artículo 30 del Decreto 1092 de 1996, en materia administrativa sancionatoria, en especial en las violaciones al régimen de cambios, la responsabilidad es objetiva y, por tanto, la sanción impuesta se ajusta a los ordenamientos legales sobre el caso.

1. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia del 12 de diciembre de 2008, denegó las súplicas de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones: Diferenció entre la cuenta corriente de compensación y la cuenta corriente especial de compensación, y señaló que la primera se utiliza para realizar operaciones que no son de obligatoria canalización, mientras que la segunda, sólo puede emplearse para realizar ciertas operaciones específicas, esto es, para aquéllas de obligatoria canalización.

Manifestó que la actora aceptó que utilizó la cuenta especial de compensación para realizar operaciones que no eran de obligatoria canalización, con lo cual admitió la infracción cambiaria. Señaló que si bien está permitida la canalización voluntaria de divisas, no le era dable a la actora que la realizara a través de las cuentas especiales de compensación. Que si se trataba de someter al control cambiario las operaciones mencionadas, bien podía hacerlo mediante la cuenta que no tuviere el carácter de especial. Consideró que no se puede exonerar de responsabilidad a la sociedad, con fundamento en el principio de buena fe, toda vez que la actuación sancionada se realizó de manera reiterada. Adujo que los actos acusados aplicaron con razonabilidad y proporcionalidad la

sanción impuesta, dado que ésta no superó los límites fijados en el artículo 1º del Decreto 1074 de 1999.

1. EL RECURSO DE APELACIÓN La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia, con fundamento en lo siguiente: Alegó que, contrario a lo indicado por el Tribunal, el hecho de que no se controvierta la ocurrencia de las operaciones objeto de la sanción, no da lugar a que se acepte la comisión de una infracción cambiaria.

Manifestó que si bien se canalizaron voluntariamente por el mercado cambiario las operaciones objeto de sanción por parte de la DIAN, éstas no se oponen a la normativa cambiaria, ni conllevan la configuración de una infracción cambiaria susceptible de la imposición de una sanción. Reiteró que las divisas giradas por la sociedad entraron a formar parte del mercado cambiario por corresponder a operaciones de cambio, que aun cuando no son de obligatoria canalización, está permitido que voluntariamente puedan canalizarse. Señaló que haber canalizado por el mercado cambiario todas las operaciones de cambio, es decir, las operaciones entre un residente colombiano y un no residente en el país, constituye una actuación conforme con la ley y con las reglamentaciones de cambios internacionales. Que, por tanto, es clara la intención de la sociedad de someter todo el movimiento de sus divisas al control gubernamental cambiario. Consideró que el hecho de canalizar por el mercado cambiario las divisas correspondientes a operaciones de voluntaria canalización, que van destinadas a un residente, no afecta el mercado cambiario colombiano ni la balanza de pagos. Alegó que la buena fe de la sociedad se evidencia en su permanente intención de

someter todo el movimiento de sus divisas al control cambiario de la DIAN, y que, para el efecto, presentó la información sobre el movimiento de su cuenta especial de compensación, identificando clara y verazmente la naturaleza real de las operaciones. Afirmó que el hecho de que la conducta fuese reiterativa en relación con operaciones que siempre se informaron a la autoridad cambiaria, permite concluir la transparencia y buena fe de la sociedad, y no conlleva la configuración de mala fe, como lo consideró el Tribunal. Señaló que el fundamento del a quo para considerar que la sanción era proporcional y razonable, se encuentra en la acreditación de la infracción cambiaria y en el hecho de tratarse de una conducta reiterada. En cuanto a lo primero, indicó que está demostrado que el hecho de no controvertir la ocurrencia de las operaciones no da lugar a la aceptación de la infracción cambiaria. Respecto de lo segundo, se comprobó que la actora obró de buena fe, y no causó perjuicio a los intereses del Estado. Que, por lo anterior, solicita que se desestimen las consideraciones del Tribunal y se reconozca que existe una falta de proporcionalidad y gradualidad en la sanción impuesta. Solicitó la aplicación de la jurisprudencia1 del Consejo de Estado que señala que no obstante tratarse de un sistema de responsabilidad objetiva, las personas objeto de las obligaciones cambiarias, que han actuado de buena fe en cumplimiento de las mismas, no deben ser objeto de sanción cambiaria cuando quiera que éstas hayan incurrido en errores que no le generan daño al Estado o a un tercero.

1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN La demandante en esta etapa procesal reiteró los argumentos expuestos en la

demanda y en el recurso de apelación. La demandada en esta etapa procesal reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión de primera instancia. El Ministerio Público no rindió concepto.

1. CONSIDERACIONES DE LA SALA Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las súplicas de la demanda.

El punto central a dilucidar es la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la multa impuesta a la sociedad Incauca S.A., por una supuesta infracción del parágrafo 5º del artículo 79 de la Resolución No. 8 de 2000, originada en la utilización de la cuenta de compensación especial No. 102005591 del Banco de 1 Sentencia del 10 de julio de 2002, Exp. 12421. Crédito Helm Financial Services (Panamá), en operaciones diferentes a las autorizadas para ésta en el régimen cambiario. En cuanto a la legalidad de la sanción, la Sala precisa lo siguiente: De conformidad con los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, a la Junta Directiva del Banco de la República le corresponde, entre otras cosas, regular los cambios internacionales, según defina la ley. En materia cambiaria el Congreso de la República establece las pautas y los objetivos generales del régimen de cambio internacional. El régimen se encuentra compilado en la Ley 9ª de 1991 (Ley Marco en materia de cambios internacionales). A su turno, a la Junta Directiva del Banco de la República le

corresponde dictar las normas de carácter general que establezcan las condiciones específicas del régimen cambiario. Para el cumplimiento de esa función, la Junta Directiva del Banco de la República expidió, primero, la Resolución 21 de 1993. Posteriormente profirió la Resolución No. 8 de 2000, que compiló el régimen de cambios internacionales y derogó la Resolución No. 21 de 19932. El mercado cambiario está constituido por la totalidad de las divisas que deben canalizarse obligatoriamente por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto, o mediante el mecanismo de compensación previsto en la Resolución No. 08 de 2000, así como por aquellas divisas que, no obstante estar exentas de esa obligación, se canalizan voluntariamente en el mismo3. Se trata, entonces, de un mercado controlado, que, en términos generales, está constituido por la totalidad de las divisas que deben ser transferidas o negociadas por conducto de los intermediarios autorizados, o mediante el mecanismo de compensación. En lo que interesa, hay que decir que las cuentas de compensación son mecanismos que permiten a una persona constituir cuentas corrientes en el exterior, para manejar divisas provenientes de operaciones que normalmente deben ser canalizadas por intermediarios autorizados. El literal b) del parágrafo 5º del artículo 79 de la Resolución No. 8 de 2000, norma que se considera infringida por el actor, señala: “Artículo 79o. OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. Las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y no correspondan a operaciones de cambio serán pagadas en moneda legal colombiana a la tasa

de cambio representativa del mercado en la fecha en que fueron contraídas, salvo que las partes hayan convenido una fecha o tasa de referencia distinta. (…). Parágrafo 5. Los residentes en el país podrán efectuar y recibir pagos en moneda extranjera correspondientes al cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones internas, si así lo acuerdan, mediante el giro o recepción de divisas en cuentas corrientes de compensación abiertas para el efecto. Estas operaciones estarán sujetas a las siguientes condiciones: 2 La Resolución Externa No. 8 de 2000 ha sido modificada parcialmente, entre otras, por las Resoluciones Externas Nos. 3 de 2002 y 1 y 5 de 2003. 3 Artículo 6º. Resolución No. 8 de 2000. a. Las cuentas a través de las cuales se giren las divisas para el pago de las obligaciones entre residentes únicamente podrán constituirse con recursos provenientes de operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario. Estas divisas deberán utilizarse para efectuar los pagos de las obligaciones entre residentes. Los saldos podrán venderse a los intermediarios del mercado cambiario o a los titulares de otras cuentas de compensación. b. Los recursos de las cuentas a través de las cuales se reciban divisas provenientes del pago de obligaciones entre residentes solo podrán utilizarse para realizar operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario. Así mismo, los saldos podrán venderse a los intermediarios del mercado cambiario o a los titulares de otras cuentas de compensación. c. Las cuentas a que se refiere el presente parágrafo estarán sometidas a las obligaciones previstas en el artículo 56 de esta resolución.

La Circular Externa No. 83 de 2003 reglamentó la utilización de las cuentas de compensación especial en los siguientes términos:

“8.6. CUENTAS CORRIENTES DE COMPENSACIÓN ESPECIALES PARA

MANEJO DE OPERACIONES INTERNAS.

Los residentes en el país podrán efectuar y recibir pagos en moneda extranjera correspondientes al cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones internas, si así lo acuerdan, siempre y cuando éstos se realicen por conducto de una cuenta corriente de compensación abierta para el efecto, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 5o. del artículo 79o de la R.E. 8/2000 J.D. 8.6.1. Condiciones de las cuentas establecidas por quien efectúa un pago por obligaciones entre residentes. La cuenta corriente de compensación que se utilice para estos propósitos, deberá ser constituida especialmente con tal fin, en instituciones financieras del exterior, y sus ingresos únicamente podrán provenir de operaciones que obligatoriamente deban canalizarse a través del mercado cambiario, previstas en el artículo 7o. de la R.E.8/2000 J.D. Las divisas consignadas en estas cuentas deberán utilizarse para efectuar los pagos de las obligaciones entre residentes. Los saldos podrán venderse a los intermediarios del mercado cambiario y a los titulares de otras cuentas de compensación. 8.6.2. Condiciones de las cuentas establecidas por quien recibe un pago por obligaciones entre residentes. La cuenta corriente de compensación que se utilice para estos propósitos, deberá ser constituida especialmente con tal fin, en instituciones financieras del exterior, y sus ingresos únicamente

podrán provenir del pago de obligaciones entre residentes. Los recursos provenientes de estos pagos podrán recibirse en una o varias cuentas de compensación especiales o efectuarse traslados entre las mismas. En todo caso, las divisas consignadas en estas cuentas solo podrán utilizarse para realizar operaciones que deban canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario previstas en el artículo 7o. de la R.E. 8/ 2000 J.D., y los saldos podrán venderse a los intermediarios del mercado cambiario y a los titulares de otras cuentas de compensación. 8.6.3. Requisitos de las cuentas especiales

1. Registro. Estas cuentas deberán registrarse ante el Banco de la República

directamente por el interesado mediante la utilización del Formulario No. 9 – “Registro de cuenta corriente de compensación” en los mismos términos señalados en el punto 8.2. de esta circular. El Banco de la República le asignará un código de identificación diferente que la distinguirá de las demás cuentas corrientes de compensación. 2. Identificación de las operaciones. Quien efectúa un pago en moneda extranjera de obligaciones entre residentes deberá registrar el egreso de las divisas bajo el numeral cambiario 3500 denominado “Egreso por pago de obligaciones derivadas de operaciones internas” y quien recibe el ingreso deberá registrarlo bajo el numeral cambiario 3000 den