CE-76001-23-31-000-2010-01581-01(50447)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA

SENTENCIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / NORMA PROCESAL APLICABLE / NORMATIVIDAD VIGENTE / LEY 600 DE 2000 / FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PROCESO PENAL / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / INDICIO GRAVE / ETAPAS DEL

PROCESO

[P]or la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. De acuerdo con el artículo 354 de dicha normativa, la situación jurídica se define solo en aquellos casos en que es procedente la detención preventiva. Asimismo, de conformidad con los artículos 355 al 357 ibidem, la detención preventiva se impondrá: 1) cuando se trate de un delito que tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de 4 años, si se encuentra dentro del listado indicado por la ley o cuando estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada proferida por ciertos delitos; 2) si aparecen, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad y 3) si resulta necesaria para el cumplimiento de alguno de sus fines. (…) a pesar de que la investigación penal se adelantaba por la presunta comisión del delito de rebelión, respecto del cual procedía la definición de la situación jurídica del sindicado, no existían motivos

suficientes para ordenar su captura e, incluso, para mantenerla hasta la etapa de juicio. En definitiva, las versiones proporcionadas por los desmovilizados, al resultar en extremo genéricas y poco precisas, no tenían el mérito suficiente para sustentar, por si mismas, la atribución de la conducta punible imputada. Por lo que no se contaba, si quiera, con hechos indicadores a partir de los cuales se construyeran los indicios necesarios para imponer la aludida medida privativa de la libertad.

FUENTE FORMAL: LEY 600 DEL 2000 - ARTÍCULO 354 / LEY 600 DEL 2000ARTÍCULO 355 / LEY 600 DEL 2000 - ARTÍCULO 357 / LEY 600 DEL 2000ARTÍCULO 356

FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PROCESO PENAL / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE

ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCESO PENAL / FALTA DE

LA PRUEBA / INSUFICIENCIA PROBATORIA / IMPROCEDENCIA DE LA

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA / FALLA DEL

SERVICIO / FALLA EN EL SERVICIO

[E]n relación con la necesidad de la medida de aseguramiento impuesta [al actor] (…) la fiscalía se limitó a constatar su presunta responsabilidad en la conducta investigada como se acaba de indicar, pero no explicó por qué en este caso en

concreto se cumplían los fines constitucionales y legales para la imposición de una medida de aseguramiento. Es decir, no argumentó por qué era necesaria para resguardar la actividad probatoria del proceso, garantizar el eventual cumplimiento de la pena o para la protección de la comunidad. En consecuencia, ante el incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley procesal vigente para la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, la Sala declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la falla en el servicio y ordenará el pago de los perjuicios causados a los demandantes por la privación injusta de la libertad [del actor]. CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DE LA CAUSAL EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PROCESO PENAL / REBELIÓN / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FUNCIONES DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS / FUENTE DEL DAÑO / RAMA JUDICIAL / COMPETENCIA DEL

JUEZ / NORMA PROCESAL APLICABLE / LEY 600 DE 2000

[L]a Sala no advierte la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones injustas de la libertad. El demandante principal, en efecto, no desplegó ninguna actuación dentro

del proceso penal, de la cual se pudiese predicar su incidencia en la causación del daño. (…) la actuación penal se adelantó bajo el régimen previsto por la Ley 600 de 2000, según el cual, la etapa de instrucción estaba a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a partir de “la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal”. Debido a que en el presente asunto la privación de la libertad se prolongó hasta la etapa de juicio, se advierte que en la causación del daño participaron tanto la Fiscalía General de la Nación, como la Rama Judicial, no obstante, esta última entidad no fue demandada. Por tanto, el daño se le imputará a la Fiscalía General de la Nación solo en una proporción equivalente al tiempo que la víctima directa estuvo privada de la libertad por cuenta de esta entidad. Es decir, desde el 16 de octubre de 2006, fecha en la que el demandante principal fue capturado, hasta el 25 de mayo de 2007, fecha en la cual, según las normas procesales, debió quedar ejecutoriada la resolución de acusación. El anterior período equivale a 7 meses y 10 días del tiempo total (38 meses y 8 días) durante el cual se mantuvo la privación de su libertad.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA

DE LA LIBERTAD / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL /

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PARÁMETROS PARA LA LIQUIDACIÓN

DEL PERJUICIO MORAL / PRESUNCIÓN DEL PERJUICIO MORAL /

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / ACREDITACIÓN DEL PARENTESCO /

BENEFICIARIO DEL PERJUICIO MORAL / SISTEMA DE REGLAS DE LA

EXPERIENCIA / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

[D]e acuerdo con las reglas de la experiencia, la privación de la libertad causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, en la persona que sufre la detención, así como en su núcleo familiar y afectivo. De acuerdo con los topes mínimos y máximos de indemnización señalados por la Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 , y en atención al tiempo de privación de su libertad (1148 días), a la víctima directa le correspondía inicialmente la cifra equivalente a 100 SMLMV. Sin embargo, dado que [el actor] estuvo por 220 días a disposición de la Fiscalía General de la Nación, esta entidad deberá pagar la suma equivalente a 58.89 SMLMV, de la indemnización total en dinero que le hubiera correspondido si también se hubiera demandado a la Rama Judicial. (…) la Sala liquida los perjuicios teniendo en cuenta el tiempo total de la privación, sin desconocer que la persona ha pasado por todos los rangos. Así, cuando se distribuye la carga indemnizatoria entre las entidades responsables, en los casos en que la privación supera un mes, la entidad que tuvo bajo su cargo al detenido los primeros días asumirá un valor por día más alto que el que corresponde a la entidad responsable de los últimos días.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de unificación

jurisprudencial del 28 de agosto de 2014; Exp. 36149; C.P. Hernán Andrade Rincón.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL

PARENTESCO / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER PROBATORIO / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / NEGACIÓN

DEL PERJUICIO MORAL / PRUEBA DEL PARENTESCO / FACULTADES DEL

JUEZ [E]n relación con la indemnización solicitada a favor de [las demandantes] como madre y hermana, respectivamente, del demandante principal, su calidad no fue debidamente acreditada en el proceso, dado que no se aportaron los registros civiles de nacimiento de ninguno de los demandantes. Ante la posibilidad de que tal omisión pudiera ser suplida con la facultad oficiosa del juez, la Sala, en coherencia con la jurisprudencia constitucional, ha accedido a ello en aquellos casos en que existe algún elemento de juicio que permita advertir, al menos de manera indiciaria, la condición aludida, lo cual no ocurre en este asunto. Además, como se indicó anteriormente, no se practicó ninguna prueba dirigida a probar el sufrimiento que experimentaron por la privación de la libertad de su familiar, con el propósito de que fueran consideradas como terceras damnificadas. Por lo anterior, no se reconocerá perjuicios morales a su favor.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte

Constitucional T 113.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDAS DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO AL BUEN NOMBRE / DIGNIDAD HUMANA / JUSTICIA

RESTAURATIVA / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y

CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

/ REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

[L]a afectación al buen nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás, un deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro de la sociedad . Este asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. De ahí la gravedad del perjuicio que debe repararse con ocasión de la vulneración al buen nombre [del actor] (…) la adopción de una medida de restablecimiento del derecho al buen nombre del demandante es una expresión propia de la justicia restaurativa impuesta a todo funcionario judicial, con la que se busca volver las cosas al estado anterior a la ocurrencia del hecho dañoso o, por lo menos, limitar sus consecuencias nocivas. Por tanto, en este caso procede la reparación de los derechos efectivamente vulnerados o amenazados, como así se ordenará. En consecuencia, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que emita un comunicado en el que se disculpe con la

víctima por el perjuicio causado. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con las víctimas, la Fiscalía General de la Nación deberá coordinar con el demandante principal si el documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, se publicará en las plataformas de comunicación y difusión de esta entidad.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias de la Corte Constitucional, C 489 de 2002, C 452 de 2016 y T 977 de 1999.

IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / NIEGA

EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REQUISITOS DE LA PRUEBA /

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA

DE LA LIBERTAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / FACTURA /

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / HONORARIOS DEL ABOGADO / PRUEBA DEL PAGO La Sala negará lo pretendido en la modalidad de daño emergente, al verificarse la inexistencia de algún medio de prueba dirigido a acreditar los gastos en que incurrieron los demandantes por la defensa técnica [de la víctima] dentro del proceso penal. En este punto debe recordarse que la Sala Plena de la Sección definió como requisitos para el reconocimiento de este perjuicio los siguientes: i) la prueba de la real prestación de los servicios del abogado y ii) la factura o documento equivalente que registre el valor de los honorarios y la prueba de su

pago. De modo que, al no contarse con ningún elemento que permita acreditar los aludidos supuestos, no resulta viable su reconocimiento.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, sentencia del 18 de julio de 2019; Exp.

44572; C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PROCEDENCIA DE LA

INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO

CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / SALARIO BASE

PARA LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / SALARIO MÍNIMO

MENSUAL LEGAL VIGENTE / PRUEBA DEL PERJUICIO / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL En relación con el lucro cesante, la Sala encuentra acreditado este perjuicio, dado que se constató que [la víctima], para el momento de su detención, era agricultor, trabajaba en fincas vecinas y desarrollaba actividades de construcción, de acuerdo a lo manifestado en su indagatoria (…) No obstante, no se concluirá lo mismo respecto del monto mensual devengado, como quiera que no se aportaron medios de prueba dirigidos a su comprobación. En consecuencia, la Sala liquidará este perjuicio con base en el salario mínimo legal vigente, sin que haya lugar al incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales, al no haber sido solicitado en la demanda. Además, se tomará en consideración únicamente el tiempo que estuvo el demandante principal efectivamente privado de su libertad a cargo de la Fiscalía General de la Nación (220 días).

REGULACIÓN NORMATIVA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCESO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE LA TEMERIDAD PROCESAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 76001-23-31-000-2010-01581-01(50447)

Actor: WILINTON CUERO CANDELO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (DECRETO 1 DE 1984) Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad (Ley 600 de 2000) - Falla en el servicio – Ilegalidad de medida de aseguramiento Síntesis del caso: Al demandante principal le fue impuesta medida de aseguramiento de detención

preventiva con ocasión del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de rebelión. El proceso penal tuvo como fundamento las declaraciones de dos ex integrantes del grupo guerrillero, que señalaron al procesado como colaborador de la extinta guerrilla de las FARC. La fiscalía le dictó resolución de acusación por el delito investigado. Luego, ante la ausencia de medios probatorios que dieran certeza sobre la responsabilidad penal del acusado, se dictó sentencia absolutoria a su favor Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 15 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda. La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5. Trámite relevante en segunda instancia 1.1. Posición de la parte demandante

1. El 14 de septiembre de 2010, Wilinton Cuero Candelo, con su grupo familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de

la Nación –Fiscalía General de la Nación, para obtener la reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su libertad2. La medida de aseguramiento de detención preventiva fue decretada dentro del proceso penal que se adelantó en su contra por la presunta comisión del delito de rebelión.

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se trascribe): “1. La República de Colombia Fiscalía General de la Nación, es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causado a el señor Willinton 1 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de Unificación de 9 de septiembre de 2008, radicación No. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

2 Folios 1 al 18 del Cuaderno del Tribunal No. 1. Cuero Candelo, (Detenido) y a las señoras, Marina Candelo García, (Mamá del Detenido) Cristina Rocero Puertocarreño (Compañera Permanente del Detenido) Marlovi Cuero Candelo, (Hermana del Detenido), por falla del servicio al ser detenido arbitraria e injustamente”.

3. Como consecuencia de lo anterior, se solicitó que se condenara a la parte

demandada a pagar los siguientes montos: Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios Wilinton Cuero Candelo Víctima directa 100 SMLMV morales Marina Candelo García Madre de la víctima directa 50 SMLMV Cristina Rocero Puertocarreño Compañera permanente de la 50 SMLMV víctima directa Marlovi Cuero Candelo Hermana de la víctima directa 50 SMLMV

Daño Wilinton Cuero Candelo Víctima directa $ 10.000.000 emergente Lucro Wilinton Cuero Candelo Víctima directa $22.800.000 Cesante

4. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la parte demandante expuso, en síntesis, lo siguiente: 5. 1) El 16 de octubre de 2006, Wilinton Cuero Candelo fue capturado por integrantes del DAS, al haber sido señalado de pertenecer a las milicias urbanas de la extinta guerrilla de las FARC, según información de inteligencia. El 19 de octubre siguiente fue escuchado en diligencia de indagatoria. 6. 2) El 30 de octubre de 2006, al definir su situación jurídica, se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por la presunta comisión del delito de rebelión. Posteriormente, el 15 de mayo de 2007, la Fiscalía 5

Especializada de Guadalajara de Buga dictó resolución de acusación en contra de Wilinton Cuero Candelo y otros procesados. 7. 3) El 2 de octubre de 2009, el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga profirió sentencia absolutoria a favor de Wilinton Cuero Candelo, junto con otros acusados, y ordenó su libertad provisional.

8. De acuerdo con los hechos de la demanda, en el proceso penal se presentaron las siguientes actuaciones: 1) el 16 de octubre de 2006, Wilinton Cuero Candelo fue capturado3; 2) el 30 de octubre de 2006 se le impuso medida

de aseguramiento de detención preventiva4; 3) el 15 de mayo de 2007 se dictó Resolución de acusación en su contra por la presunta comisión del delito de rebelión5 y 5) el 2 de octubre de 2009 se profirió sentencia absolutoria a su favor y se ordenó su libertad provisional6. En contra de esta decisión no se interpusieron recursos. 1.2. Posición de la parte demandada

9. El 4 de mayo de 2011, la Fiscalía General de la Nación presentó contestación a la demanda, en la que manifestó no constarle los hechos expuestos y se opuso a las pretensiones allí formuladas7. En su escrito aseguró

3 Acta de derechos del capturado y de buen trato. Folios 13 y 15 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 4 Folios 17 al 29 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 5 Folios 37 al 62 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 6 Folios 84 al 113 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 7 Folios 176 al 181 del Cuaderno del Tribunal No.1. haber actuado en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, para lo cual se observaron las garantías y ritualidades establecidas en la ley penal. En todo caso, advirtió que la decisión sobre la libertad del procesado, una vez fue proferida la Resolución de acusación, es decir, desde el 15 de mayo de 2007, era de competencia del juez de instancia. Por último, alegó el hecho de un tercero como causal de exoneración de responsabilidad, como quiera que la absolución del procesado se produjo al haberse “desvirtuado las afirmaciones hechas por los

funcionarios del Das” que sustentaron el inicio de la instrucción penal. 1.3. Sentencia de primera instancia

10. El 15 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca dictó Sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda8. Inicialmente, precisó que, como este asunto no se adecuaba a los supuestos previstos por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, debía adelantarse su análisis bajo un régimen subjetivo de responsabilidad.

11. De acuerdo con lo anterior, concluyó que la medida de aseguramiento de detención preventiva se adoptó de conformidad con las exigencias legales y con sustento en los elementos de juicio disponibles para ese momento procesal, es decir, con las declaraciones de dos ex integrantes del grupo guerrillero. De modo que el daño ocasionado con la privación de su libertad “no ten[ía] el carácter de antijurídico y tampoco [era) imputable al Estado”. 1.4. Recurso de apelación

12. El 6 de junio de 2013, la parte demandante presentó recurso de apelación, en el que solicitó se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda9. En su escrito indicó que al constatarse que Wilinton Cuero Candelo no había cometido la conducta punible por la cual se le impuso la medida de aseguramiento, se habían vulnerado sus derechos a la libertad, intimidad y buen nombre, de modo que la actuación de la demandada se tornó en injusta y desproporcionada. Por esta razón se habría configurado una falla en la prestación del servicio. De otro lado, agregó que “la

privación de la libertad resulta[ba] siempre injusta, puesto que quien estuvo detenido sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar”.

2. CONSIDERACIONES Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad; 2.4. Entidad a la que se le imputa el daño; 2.5 Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas 2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

13. La parte demandante solicita la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de Wilinton Cuero Candelo, dentro del proceso penal que se siguió en su contra por el delito de rebelión. En esta instancia, la misma parte aduce que la configuración de la falla en la prestación del servicio obedece a la imposibilidad de establecer que el demandante principal participó en la comisión de la conducta que se le pretendía atribuir. En todo caso, advirtió que el demandante había padecido una carga que no estaba en la obligación de soportar, por ello procedía la reparación del daño ocasionado. 8 Folios 247 al 266 del Cuaderno del Consejo de Estado. 9 Folios 267 al 274 del Cuaderno del Consejo de Estado.

14. Dentro del expediente se encuentra probado que, Wilinton Cuero Candelo fue privado de su libertad, desde el 16 de octubre de 2006 hasta el 23 de diciembre de 2009. Así se constata con las actas de derechos del capturado y de

buen trato10, el Informe No. 1184 DAS.SVAC.POBUE.27661 del DAS que dejó a disposición al capturado11, la orden dictada por la Fiscalía 2 Especializada ante el Gaula dirigida a la Cárcel de Circuito de Buenaventura para recibir y mantener detenido al procesado12, así como el certificado de libertad emitido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-13.

15. Además, se pudo constatar que, el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga, mediante Sentencia No. 091 de 2 de octubre de 2009, absolvió al procesado, junto con otros sujetos, toda vez que “las pruebas acopiadas al paginario y de las cuales se ha ocupado en buena parte este proveído, no brindan certeza que demanda nuestro ordenamiento penal para la estructura de un fallo de reproche en contra de las personas aquí vinculados y a quien se les ha tildado, sin soporte alguno”14. En contra de esta decisión no se interpusieron recursos.

16. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto, dado que están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación de la demanda dentro del término legal. Al respecto, la Sala advierte que, el aludido fallo absolutorio fue proferido el 2 de octubre de 2009 y, de acuerdo con las normas procesales, debió quedar ejecutoriado el 13 de octubre de 200915. Por tanto, dado que la demanda se presentó el 14 de septiembre de 2010, la acción se ejerció de manera oportuna.

17. De acuerdo con lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera

instancia y, en su lugar, declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y la condenará al pago de los respectivos perjuicios, de conformidad con los criterios desarrollados por esta Subsección en casos similares. En efecto, la Sala advierte que la Fiscalía General de la Nación impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Wilinton Cuero Candelo sin que estuviera respaldada en los 2 indicios graves de responsabilidad exigidos por la ley procesal penal y sin que se justificara la necesidad de la medida.

18. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero, identificará la existencia de un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad. Luego, analizará la legalidad de la privación de la libertad y expondrá las

10 Folio 13 y 15 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 11 Folios 11, 12 y 14 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 12 Folio 126 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 13 Folio 135 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 14 Folios 84 al 113 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 15 De conformidad con los artículos 178, 180 y 187 de la Ley 600 de 2000, “Las notificaciones al sindicado que se encuentre privado de la libertad, al Fiscal General de la Nación o su delegado cuando actúen como sujetos procesales y al Ministerio Público se harán en forma personal (…)” no obstante, “La sentencia se notificará por edicto, si no fuere posible su notificación personal dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.” y además, “Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los

recursos legalmente procedentes”. De manera que, al no obrar constancia de ejecutoria y no contarse con noticias respecto de la notificación personal, la fijación por edicto debió ocurrir desde el 5 de octubre, hasta el 7 de octubre de 2009, y como quiera que contra esta providencia no se interpusieron recursos, la ejecutoria debió materializarse el 13 de octubre de 2009. razones por las cuales, en este caso, no se cumplió con la normativa procesal penal vigente. Posteriormente, dado que en este caso no se evidenció la culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad posible en casos de privación injusta de la libertad, imputará el daño a la Fiscalía General de la Nación de manera proporcional al tiempo que incidió en el período de privación de la libertad. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en costas. 2.2. Identificación del daño

19. En este caso, el hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de Wilinton Cuero Candelo, la cual se extendió desde el 16 de octubre de 2006 hasta el 23 de diciembre de 2009, es decir, por un período de 38 meses y 8 días (1148 días). 2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad

20. En este caso, por la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. De acuerdo con el artículo 354 de dicha normativa, la situación jurídica se define solo en aquellos casos en que es procedente la detención preventiva. Asimismo, de conformidad

con los artículos 355 al 357 ibidem, la detención preventiva se impondrá: 1) cuando se trate de un delito que tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de 4 años, si se encuentra dentro del listado indicado por la ley o cuando estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada proferida por ciertos delitos; 2) si aparecen, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad y 3) si resulta necesaria para el cumplimiento de alguno de sus fines16.

21. Inicialmente, se advierte que la medida de aseguramiento dictada en contra de Wilinton Cuero Candelo por el delito de rebelión resultaba procedente, dado que esa conducta punible se encontraba incluida en el listado previsto por el artículo 357, numeral 1, del C.P.P. No obstante, la Sala advierte que la fiscalía no tenía un fundamento probatorio sólido para inferir la responsabilidad penal del entonces sindicado y, además, no justificó la necesidad de su imposición conforme a los fines constitucionales y legales, por lo que la medida de aseguramiento fue ilegal. 16 Artículo 355 del Código de Procedimiento Penal. Fines. “La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”.

22. Según lo explicó la fiscalía, la medida de aseguramiento se impuso con

fundamento en las declaraciones de dos ex integrantes de la extinta guerrilla de las FARC, quienes manifestaron que Wilinton Cuero Candelo pertenecía al grupo armado bajo el alias de “Coy”, y que sus acciones tenían lugar en la zona urbana de Buenaventura.

23. En su diligencia de indagatoria, Wilinton Cuero Candelo admitió que “el apodo de COY se lo puso el señor Albino” –antiguo empleador-, pero que nada tenía que ver con los cargos formulados. Agregó que había escuchad