CE-76001-23-33-000-2021-00363-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE

TUTELA POR HECHO SUPERADO – Respecto del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali / REQUERIMIENTO A CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA HACER CUMPLIR SENTENCIA JUDICIAL – En el trámite de la presente acción constitucional La señora [A.J.V.] aseguró que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali vulneró sus derechos fundamentales con ocasión del auto del 6 de octubre de 2020, mediante el cual se negó la solicitud que presentó su apoderado relacionada con “conminar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que proceda a dar cumplimiento definitivo a la sentencia judicial y proceda a realizar la inclusión en nómina de mi poderdante”. (…) es claro que durante el trámite de la acción de tutela el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali “rectificó su actuación procesal” y en dos oportunidades ha requerido a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que cumpla con la obligación de hacer, consistente en emitir el acto administrativo que reconozca la pensión de sobrevivientes de la señora [A.J.V.]. En ese orden de ideas, el hecho que motivó la interposición de la acción de tutela en contra del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali se superó y, por ello, se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto

ACCIÓN DE TUTELA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL /

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA - Para solicitar el cumplimiento de órdenes judiciales / OBLIGACIÓN DE HACER / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES – Incumplimiento / ENFOQUE DIFERENCIAL / PROTECCIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD – Por situación económica y condición de salud especial / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAComprendido en el núcleo esencial del derecho al debido proceso / PROCESO EJECUTIVO – Ordenes han sido insuficientes para obtener el cumplimiento de la sentencia / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA – De primera instancia para conceder el amparo definitivo de los derechos fundamentales / VULNERACIÓN DEL DERECHO

DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL Desarrollo del problema jurídico relacionado con la omisión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (…) la Sala advierte que modificará el fallo de primera instancia y, en su lugar, concederá el amparo definitivo de los derechos fundamentales de la señora [A.J.V.], por las razones que se exponen a continuación: En primer lugar, en esta sede constitucional no se discute el derecho pensional de la accionante y tampoco cuál es la entidad a cargo del

reconocimiento, comoquiera que ello ya fue resuelto por el juez natural de la causa desde el año 2014. (…) Lo anterior, significa que existe una decisión judicial ejecutoriada hace 6 años que ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca reconocer una pensión de sobrevivientes a la señora [A.J.V.]. Posteriormente, la accionante promovió un proceso ejecutivo para exigir el cumplimiento de la referida orden y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial libró mandamiento de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución a través de los autos del 9 de abril de 2018 y 19 de febrero de 2019, respectivamente. Por lo tanto, la presente controversia constitucional versa sobre el incumplimiento de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca de lo dispuesto en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el proceso ejecutivo. En segundo lugar, el incumplimiento de una orden judicial afecta el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso real, material y efectivo a la administración de justicia. En efecto, las personas acuden a los jueces de la República para obtener una solución a sus controversias o defender sus derechos, luego esperan que las decisiones de las autoridades judiciales sean eficaces y respetadas por los demás ciudadanos y, en especial, por las entidades del Estado. (…) A hora bien, en el caso de la señora [A.J.V.] el incumplimiento de la orden impuesta en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y del 2 de diciembre de 2014 no solo vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino

también sus garantías constitucionales a la seguridad social y al mínimo vital. Lo anterior, dada la naturaleza del derecho que le reconoció el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho, pues, la orden que se impuso en el año 2014 fue clara en señalar que a la accionante se le debía reconocer una pensión de sobrevivientes. De ahí que, el referido incumpliendo además impida que la señora [A.J.V.] perciba una prestación económica periódica que le permita satisfacer sus necesidades básicas. En consecuencia, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales de la accionante y esa afectación solo cesará hasta que la entidad cumpla con la obligación de hacer, consistente en emitir el acto administrativo de reconocimiento pensional. En tercer lugar, el proceso ejecutivo que promovió la señora [A.J.V.] sigue en trámite, porque la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca no ha cumplido con la obligación de hacer que le fue impuesta en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y del 2 de diciembre de 2014, sin embargo, es necesario y urgente que se adopte una decisión con el fin de que se evite una afectación más gravosa a las garantías constitucionales de la tutelante. (…) resulta claro que el proceso ejecutivo que promovió la accionante ha sido insuficiente para que la referida entidad cumpla con la orden de reconocer su pensión de sobreviviente y el amparo transitorio concedido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca también. Sobre este último punto, se pone de presente que el fallo de tutela se notificó el 26 de marzo de 2021, no obstante, el 10 de julio de 2021 se requirió

nuevamente a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que informara sobre el cumplimiento. Es decir, que la Corporación Regional del Valle del Cauca incluso desconoció la orden del juez constitucional de primera instancia. En ese orden de ideas, comporta una carga desproporcionada que la señora [A.J.V.] siga esperando a que el Juez Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali adopte una decisión eficaz para que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca cumpla con la referida orden. Por ello, en el caso concreto de la accionante procede el amparo definitivo de sus derechos fundamentales y que el cumplimiento que solicita se garantice a través de un juez constitucional. Esta decisión encuentra sustento en lo que la Corte Constitucional ha considerado en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela para exigir el cumplimiento de las obligaciones de hacer, que tiene sustento en una decisión judicial. (…). Ahora, si bien la señora [A.J.V.] no puede ser considerada como una persona de la tercera edad debido a que tiene 71 años de edad, lo cierto es que se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a su situación económica y a su condición de salud, sumado a que es evidente y flagrante la vulneración de sus derechos por parte de la entidad accionada. (…) Lo expuesto en precedencia, refuerza la necesidad y urgencia de la intervención del juez constitucional para que la situación de la señora [A.J.V.] no sea más gravosa, comoquiera que una mujer de avanzada edad, en una situación económica desfavorable y que padece varias enfermedades. En ese orden de ideas, se modifiracá la sentencia proferida

por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de marzo de 2021, para establecer que el amparo de los derechos fundamentales de la accionante es definitivo CÓDIGO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL - Aplicación del artículo

27 / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / VULNERACIÓN DE DERECHOS

FUNDAMENTALES / INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL / EXPEDICIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE – Obligación de hacer incumplida / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO – En caso de no cumplirse la orden de tutela Finalmente, teniendo en cuenta las especiales condiciones de la señora [A.J.V.] y que actúa en nombre propio, la Sala estima conveniente dirigirle unas consideraciones en los términos del artículo 27 del Código Iberoamericano de Ética Judicial. (…) Señora [A.J.V.] queremos indicarle que evidenciamos que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales, porque no ha cumplido con su obligación de emitir el acto administrativo que reconoce su pensión de sobrevivientes. También observamos que el proceso ejecutivo que usted inició no ha sido efectivo para exigirle a la entidad el cumplimiento de la orden que le impusieron el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Igualmente, nos dimos cuenta que la orden del juez de tutela de primera instancia no ha sido cumplida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Por esas razones, vamos a modificar la sentencia de primera instancia

para proteger de manera definitiva sus derechos fundamentales y ordenarle a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca que en 48 horas le reconozca su pensión de sobrevivientes. Finalmente, nos gustaría informarle que si la entidad no cumple con la orden que le estamos dando, usted cuenta con el incidente de desacato para solicitarle al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que exija el cumplimiento y sancione al responsable de hacerlo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE –Tardanza / PRINCIPIO DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA – Se desconoce por la inobservancia de los términos para tramitar las solicitudes de amparo / EXHORTO - Al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que, en lo sucesivo, se abstenga de incumplir los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en los eventos en los que se presenten impugnaciones contra sus decisiones, remita inmediatamente los expedientes de tutela a la Secretaría General del Consejo de Estado La Sala advierte que el expediente del vocativo de la referencia fue enviado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca hasta el 4 de agosto de 2021 a las 7:05 p.m., a pesar de que la impugnación se presentó el 7 de abril de 2021 y se concedió mediante auto del 4 de agosto de 2021. Es decir, transcurrieron 4 meses para que se le diera trámite a la impugnación que interpuso la señora [A.J.V.]. Esta situación afecta gravemente los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante, comoquiera que los

términos establecidos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, para resolver la impugnación, se superaron con creces .Ahora bien, la acción de tutela se caracteriza por ser un mecanismo judicial expedito, por cuanto con ella se pretende la protección de derechos fundamentales y ello significa que la intervención del juez es urgente, pues, el debate gira en torno a garantías de orden superior. Por lo anterior, la inobservancia de los términos para el trámite de las solicitudes de amparo constituye un desconocimiento del principio de la tutela judicial efectiva y produce que los ciudadanos pierdan confianza en la administración de justicia. En ese orden de ideas, se prevendrá al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que, en lo sucesivo, se abstenga de incumplir los términos establecidos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en los eventos en los que se presenten impugnaciones contra sus decisiones, remita inmediatamente los expedientes de tutela a la Secretaría General del Consejo de Estado.

FUETE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 32 / CÓDIGO

IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL - ARTÍCULO 27

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 76001-23-33-000-2021-00363-01(AC)

Actor: AMPARO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ

Demandado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI Y OTRO Temas: Tutela de fondo – carencia actual de objeto por hecho superado – procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el cumplimiento de órdenes judiciales – análisis de enfoque diferencial – aplicación del artículo 27 del Código

Iberoamericano de Ética Judicial SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora Amparo Jiménez Velásquez contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de marzo de 2021, mediante la cual se ampararon transitoriamente sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 8 de marzo de 2021 al buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial1, la señora Amparo Jiménez Velásquez, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de:  El auto dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali el 6 de octubre de 2020, mediante el cual se negó la solicitud

presentada por el apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez dirigida a “conminar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que proceda a dar cumplimiento definitivo a la sentencia judicial y proceda a realizar la inclusión en nómina de mi poderdante”, en el trámite del proceso ejecutivo con radicado N° 76001-33-33-007-2018-00011-00.  La omisión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca de cumplir íntegramente con las órdenes dadas en las sentencias proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 8 de octubre de 2012 y el 2 de diciembre de 2014, respectivamente, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 76001-33-31007-2011-00294-01.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió: “2. Ordenar al JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI rectificar su actuación procesal y conminar a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA cumplir con la obligación de hacer contenida en el mandamiento de pago expedido Mediante auto interlocutorio 279 del 9 de abril del

2018.

3. Ordenar al JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI en adelante no realizar actuaciones que limiten o anulen los derechos adquiridos de

los ciudadanos en los litigios que por imperio de la ley conozcan o lleguen a conocer.

4. Se ordene a CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, expida el acto administrativo de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes ordenada por el JUZGADO SEPTIMO ADMINSITRATIVO ORAL DE CALI y cancelen el retroactivo pensional que se ha causado desde el 1 de abril del 2018, hasta que se haga efectiva la inclusión en nómina de pensionados de la

señora AMPARO JIMENEZ VELASQUEZ.

5. Se ordene a CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, no realizar conducta dilatoria alguna para el reconocimiento y pago inmediato de la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho AMPARO JIMENES VELASQUEZ por mandato judicial.” (Sic a toda la transcripción) 1 La acción de tutela fue enviada al buzón web tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co 1.2. Hechos probados y/o admitidos La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia: 1.2.1. Respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

4. La señora Amparo Jiménez Velásquez presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca2, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite del señor Álvaro Crespo

Calero3 y, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara reconocer la referida prestación económica.

5. El proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali que, a través de fallo del 8 de octubre de 2012, accedió a las pretensiones de la demanda y dispuso: “PRIMERO. - DECLARESE NO PROBADAS las excepciones propuestas por el apoderado judicial de la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC-, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la comunicación de fecha 05 de noviembre de 2008, por medio del cual la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC-, negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a la señora AMPARO JIMENES VELASQUEZ en su condición de cónyuge supérstite del causante

ALVARO CRESPO CALERO.

TERCERO. - Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho CONDÉNASE a la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVCa reconocer y pagar a la señora AMPARO JIMENEZ VELASQUEZ, una pensión de sobrevivientes, a partir del día 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del régimen general de pensiones en el orden nacional, en la cuantía que resulte de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la ley 100 de 1993, con efectos fiscales a partir del 15 de octubre de

2005 por efectos de la prescripción trienal, con los reajustes previstos en la ley. Igualmente se condena a la demandada a pagar las mesadas adicionales que se hayan causado desde la fecha en que se reconoce la pensión. CUARTO. - ORDENESE a la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVCque sobre las mesadas insolutas le pague a la actora el reajuste de su valor, conforme al índice de precios al consumidor, con la aplicación de la fórmula reseñada en la parte motiva de este fallo. 2 Igualmente, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se vinculó al Instituto de Seguros Sociales. 3 El señor Álvaro Crespo Calero falleció el 22 de febrero de 1994. QUINTO. - La entidad deberá dar cumplimiento a este fallo dentro del término previsto en el artículo 176 del C.C.A, y si así no lo hiciere, se condenara al pago de los intereses previstos en el artículo 177 ibídem. (…)” (Sic a toda la transcripción)

6. Inconforme con lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca apeló y el recurso de alzada le correspondió resolverlo al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Descongestión, autoridad judicial que, mediante sentencia del 2 de diciembre de 2014, decidió lo siguiente: “1. CONFIRMAR la Sentencia No 247 del 08 de octubre de 2012, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, en cuanto a la declaración de nulidad del acto administrativo con consecutivo No. 0320-5-050123-2008(2) del 05

de noviembre de 2008, pero por las razones expuestas en este proveído.

2. MODIFICAR el numeral tercero de la providencia impugnada para indicar lo siguiente: “TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho CONDENASE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVCa reconocer a la señora AMPARO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ la sustitución pensional a partir del día 22 de febrero de 1994, fecha de retiro por fallecimiento del ex empleado público, en el equivalente al 75% del promedio devengado por el causante de conformidad con lo dispuesto la Ley 71 de 1988 y los Decretos Reglamentarios 1160 de 1989, 2709 de 1994 y demás concordantes, ordenando el pago y los efectos fiscales a partir del 15 de octubre de 2005 por efectos de la prescripción trienal, con los reajustes previstos en la ley. Igualmente se condena a la demandada a pagar las mesadas adicionales que se hayan causado desde la fecha en que se reconoce la pensión.”

3. Una vez ejecutoriada la presente providencia DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen. (…)” (Sic a toda la transcripción)

7. Contra la anterior decisión, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca presentó solicitud de “ACLARACIÓN, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN”, la cual fue resuelta mediante auto del 28 de enero de 2015 en el sentido de “NEGAR lo solicitado por el apoderado de la parte demandada”. 1.2.2. Respecto del proceso ejecutivo

8. El 22 de enero de 2018, la señora Amparo Jiménez Velásquez presentó demanda ejecutiva contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el fin de exigir el cumplimiento de lo ordenado en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y 2 de diciembre de 2014.

9. El proceso le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali que, a través de auto del 9 de abril de 2018, libró mandamiento de pago y, expresamente, dispuso: “PRIMERO: LIBRAR mandamiento de pago a cargo de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC y a favor de la señora AMPARO JIMÉNES VELÁSQUEZ, por las sumas de dinero a las que está obligada a cancelar como consecuencia de la condena contenida en la sentencia No. 247 del 08 de octubre de 2012 proferida por este despacho judicial, modificada por el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca a través de sentencia No. 474 del 02 de diciembre de 2014 con ponencia del Magistrado Carlos Eduardo Chaves Zúñiga; y que se discriminan a continuación:  Por ciento cuarenta y cinco millones ochocientos nueve mil quinientos nueve pesos ($145.809.509) por concepto de retroactivo de la pensión de sobreviviente causado entre el 15 de octubre de 2005 y el 31 de diciembre de 2017.  Por tres millones trescientos veinticinco mil treinta y cinco pesos ($3.325.035), por concepto de retroactivo de la pensión de sobreviviente causado entre el 1°

de enero de 2018 y el 31 de marso de 2018. ORDENAR a la parte ejecutada, cancelar las sumas anteriores a la demandante dentro del término de cinco (5) días (artículo 431 del Código General del Proceso).

SEGUNDO: LIBRAR mandamiento ejecutivo a cargo de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC y a favor de la señora AMPARO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ, para que dicha entidad emita el acto administrativo con el que reconozca la pensión de sobreviviente a la ejecutante, en los términos de la orden judicial contenida en la sentencia No. 247 del 08 de octubre de 2012 proferida por este despacho judicial, modificada por el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca a través de sentencia No. 474 del 02 de diciembre de 2014 con

ponencia del Magistrado Carlos Eduardo Chaves Zúñiga. ORDENAR a la parte ejecutada dar cumplimiento a esta obligación dentro del término de quince (15) días, con el fin de que la entidad expida el acto administrativo correspondiente (numeral 1° artículo 433 del Código General del Proceso). (…)”

10. Inconforme con lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca interpuso recurso de reposición y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali lo resolvió, mediante auto del 11 de octubre de 2018, en el sentido de no reponer la decisión del 9 de abril de 2018.

11. Posteriormente, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de

Cali, a través de auto del 19 de febrero de 2019, ordenó seguir adelante con la ejecución y condenó en costas a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, al advertir que “la ejecutada no contestó la demanda y omitió así formular excepciones de mérito”.

12. El apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez presentó liquidación del crédito, la cual fue objetada por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante auto del 30 de septiembre de 2019, dispuso: “1.- DECLARAR no probadas las objeciones que la ejecutada CVC formuló frente a la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante. 2.- MODIFICAR la liquidación del crédito presentada por el extremo ejecutante, y en su lugar establecer que la ejecutada adeuda a la fecha en que se expide esta providencia la suma de ciento cuarenta millones setecientos veinte mil doscientos veinte pesos ($140.720.220). 3.- Una vez ejecutoriada esta providencia se ORDENA la entrega, a favor de la parte ejecutante, de los dineros embargados a la entidad ejecutada por el monto señalado en el numeral anterior. En caso de que esta decisión sea apelada, la suma que se entregará a la parte actora será aquella sobre el cual no exista controversia de conformidad con el numeral 3° del artículo 446 del C.G.P., y en cualquiera de tales eventos se ordenará el fraccionamiento del título judicial No. 469030002353899 en providencia separada, por el monto pertinente.”

13. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a través de

auto del 12 de noviembre de 2019, ordenó el fraccionamiento y entrega de los títulos judiciales, en los siguientes términos: “PRIMERO: ORDENAR el fraccionamiento del título judicial No. 469030002353899 por valor de $223.701.816 del Banco Agrario, y con esta suma la constitución de dos títulos judiciales nuevos por los siguientes montos: - El primero, por valor de $144.952.227 a favor de la señora Amparo Jiménez Velásquez identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.939.498. - El segundo, por valor de $78.749.589 a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC con NIT 890.399.002-7.

SEGUNDO: ORDENAR la entrega y pago del título judicial que conforme al numeral “PRIMERO” anterior se constituya a favor de la señora Amparo Jiménez Velásquez identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.939.498 por valor de $144.952.227, al abogado Diego Alberto Median Díaz identificado con cédula de

ciudadanía No. 9.868.013 y portador de la tarjeta profesional No. 163.779 del C.S. de la J., quien está facultado para recibir conforme al memorial poder visible a folio 248 del cuaderno principal.

TERCERO: ORDENAR la entrega y pago del título judicial que conforme al numeral “PRIMERO” anterior se constituya a favor de la Corporación Autónoma

Regional del Calle del Cauca –CVC con NIT 890.399.002-7 por valor de $78.749.589, a quien dicha entidad faculte expresamente para ello, habida cuenta que la facultad concedida al abogado Arnul Andrés González Varela por medio de

poder visible a folio 51 del cuaderno No. 2 se otorgó expresamente para el cobro de otros títulos judiciales. (…)”

14. El 15 de enero de 2020, el apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez presentó memorial en el que solicitó “conminar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que proceda a dar cumplimiento definitivo a la sentencia judicial y proceda a realizar la inclusión en nómina de mi poderdante”.

15. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante auto del 6 de octubre de 2020, negó la solicitud presentada por el apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez, al considerar lo siguiente: “Pues bien, se advierte que con auto No. 279 de abril 9 de 2018 este despacho libró mandamiento ejecutivo, y posteriormente, con auto interlocutorio No. 142 de febrero 19 de 2019, se dispuso seguir adelante la ejecución de los mismos términos de dicho mandamiento, no habiendo sido objeto de recursos tales providencias por parte del extremo ejecutante.

En el referido mandamiento de pago se consideró que la orden de inclusión en nómina no encontraba sustento en el título ejecutivo. Por ello, se libró ordenando el pago de sumas de dinero y por la obligación de hacer de emitir el acto administrativo de reconocimiento pensional en los términos de las sentencias que sirven de base a la ejecución. En consecuencia, considerando que dentro del (sic) este juicio ejecutivo no existen decisiones pendientes, encontrándose incluso liquidado el crédito y ordenada la entrega de títulos de acuerdo a los dineros embargados, no se accederá a la

solicitud impetrada por la parte ejecutante, pues se reitera, ello no se contempló en el auto que libró el mandamiento de pago.”

16. Inconforme con lo anterior, el apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez interpuso “recurso de reposición en subsidio de apelación” y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a través de auto del 12 de marzo de 2021, resolvió no reponer la decisión del 6 de octubre de 2020 y rechazar el recurso de apelación, al considerar, entre otras cosas, lo siguiente: “Producto de lo anterior, se rechazará por improcedente el recurso de apelación formulado por la parte ejecutante en contra del auto interlocutorio de octubre 6 de 2020, pues se reitera, lo resuelto en esta providencia no guarda relación con aquellas que señala el pluricitado artículo 243 del CPACA como susceptibles del recurso de apelación. (…) Se concluye entonces que sí se han cumplido y agotado por parte del Despacho todas actuaciones procesales y se han proferido las decisiones judiciales en congruencia con lo que legalmente corresponde frente a la demanda ejecutiva, esto es, librando el mandamiento ejecutivo por la obligación de hacer de expedir el acto administrativo de reconocimiento pensional. Cosa distinta es que la ejecutada se haya sustraído de dar cumplimiento a