CE - 76001233100020110114301120230622160105

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

. . Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 760012331000201101143 00 (52195)

JHON ALEXANDER GARCÍA MUÑOZ NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Destrucción de bien incautado. Caducidad. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 28 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESiS DEL CASO El 9 de septiembre de 2008, agentes de la Policía Nacional detuvieron un vehículo de la empresa Velotax Ltda. y hallaron en su interior doce (12) tambores de cartón que contenían, cada uno, veinticinco (25) kilogramos de una sustancia que,. según una prueba· preliminar de identificación, correspondía a cocaína y sus derivados. Por esta razón, dichos funcionarios incautaron la mercancía, la dejaron a disposición de la Fiscalía 7ª Secciona! de Sevilla y solicitaron al laboratorio de investigación y especialización científica del CTI de Buga realizar un nuevo análisis a la sustancia.

Por esta razón, dichos funcionarios incautaron la mercancía, la dejaron a disposición de la Fiscalía 7ª Secciona! de Sevilla y solicitaron al laboratorio de investigación y especialización científica del CTI de Buga realizar un nuevo análisis a la sustancia. El 11 de septiembre de 2008, la Fiscalía 7ª Secciona! de Sevilla adelantó diligencia de destrucción del producto incautado, pese a que no se había allegado el resultado del análisis efectuado por el laboratorio del CTI. Al día siguiente, Jhon Alexander García Muñoz, acudió ante el CTI y solicitó la devolución de una mercancía decomisada, pues había sido informado de la destrucción de la mercancía referida, pese a que era lícita y de libre comercialización. En virtud de lo anterior, el 14 de octubre ,de 2008, la Fiscalía 6ª Especializada de Buga solicitó al laboratorio de . . i_nvestigación y especialización científica del CTI de Buga allegar el resultado del2

Radicado: 760012331000201101143 00 {5219S:) Demandante: !hon Alexander García Muñoz análisifi para confirmar la naturaleza de la sustancia que había sido incautada. El 11 de noviembre de 2008, el laboratorio aludido presentó un informe ante la Fiscalía 6ª Especializada de Buga, en el· cual dictaminó que el producto incautado no era cocaína sino Levamisol Hcl1 , el cual no correspondía a una sustancia prohibida. El demandante considera que la Nación - Fiscalía General de la Nación es patrimonialmente responsable por los daños irrogados con ocasión de "la destrucción del producto químico de nombre Levamisol He/".

11. ANTECEDENTES

1. Demanda·

demandante considera que la Nación - Fiscalía General de la Nación es patrimonialmente responsable por los daños irrogados con ocasión de "la destrucción del producto químico de nombre Levamisol He/".

11. ANTECEDENTES

1. Demanda· El 29 de julio de 2011 2 , Jhon Alexander García Muñoz, mediante·apoderado judicial. y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados por "/a destrucción del producto químico de nombre Levamisol He/", que fue incautado en una diligencia de registro vehicular el 9 de septiembre de 2008.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activó solicita condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a Jhon Alexander García Muñoz, por perjuicios morales, lo que se acredite dentro del proceso; por daño emergente, la suma de $33.000.000; y por concepto de lucro cesante, la suma de $596.970.000. En apoyo de las pretensiones, el actor afirma que el 9 de septiembre de 2008, aQéntes de la Policía Nacional detuvieron un vehículo de la empresa Velotax Ltda., en él municipio de La Paila (Valle del Cauca), y hallaron en su interior doce (12) tambores de cartón que . contenían cada uno veinticinco (25) kilogramos de una sustancia que, según una prueba prelimi.nar de identificación, correspondía a cocaína y sus derivados. Sostiene que en esa .misma fecha, dichos funcionarios incautaron 1á·-merGBncía, .Ia d:ejaron a disposición de la Fiscalía 7ª Seccional de Sevilla y solicitaron al laboratorio

cocaína y sus derivados. Sostiene que en esa .misma fecha, dichos funcionarios incautaron 1á·-merGBncía, .Ia d:ejaron a disposición de la Fiscalía 7ª Seccional de Sevilla y solicitaron al laboratorio 1 Materia prima utilizada en la fabricación de desparasitantes a nivel veterinario. 2 F1. 30 a 35, C.1.3 Radíc;1do: 760012331000201101143 00 (52195:J Demandante: Jhon Alexander García Muñoz de investigación y especialización científica del CTI de Buga realizar un nuevo análisis a la sustancia incautada. Señala que el 11 de septiembre de 2008, la Fiscalía 7ª Secciona! de Sevilla adelantó diligencia de destrucción del producto incautado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 906 de 20043, pese a que no se había allegado el resultado del análisis efectuado por el laboratorio del CTI. Indica qüe el 12 de septiembre de 2008, Jhon Alexander García Muñoz, acudip ante el CTI y solicitó la devolución de una mercancía decomisada, pues había sido informado de la destrucción de la mercancía referida, la cual correspondía a una sustancia lícita y de libre comercialización. Manifiesta que el 14 de octubre de 2008, la Fiscalía 6ª Especializada de Buga solicitó al laboratorio de investigación y especialización científica del CTI de Buga allegar el resultado del análisis para confirmar la naturaleza de la sustancia que había sido incautada. Resalta que el 11 de noviembre de 2008, el laboratorio aludido presentó un informe

allegar el resultado del análisis para confirmar la naturaleza de la sustancia que había sido incautada. Resalta que el 11 de noviembre de 2008, el laboratorio aludido presentó un informe ante la Fiscalía 6ª Especializada de Buga, en el cual dictaminó que el producto incautado no era cocaína sino Levamisol Hcl4, el cual no correspondía a una sustancia prohibida. El actor considera que "/a Nación - Fiscalía General de la Nación es administrativamente responsable de los perjuicios materiales ocasionados y causados al demandante, señor Jhon Alexander García Muñoz, por falta o falla del servicio o de la administración que condujo la destrucción del producto químico de nombre Levamisol He/". 3 "Artículo 87. Destrucción del objeto material del delito. En las actuaciones por delitos contra la salud pública, los derechos de autor, falsificación de moneda o las conductas descritas en los artículos 300, 306 y 307 del Código Penal, los bienes que constituyen su objeto material una vez cumplidas las previsfiones de este código para la cadena de custodia y establecida su ilegitimidad por informe del perito oficial,_ serán destruidos por las autoridades de policía judicial en presencia del fiscal y del agente del Ministerio Público". 4 Materia prima utilizada en la fabricación de desparasitantes a nível veterinario.2. Contestació n de la demanda 4

Radicado: 760 012331 0002 011011 43 00 (52 195 ) Demand ante: Jhon Ale xander García Mufio z El 9 de agosto de 201 1 5 , el Tribunal Admi nis trativo de Valle del Cauc a admitió la demanda y ordenó su_ notificación a la demand ada y al Ministerio Público.

Demand ante: Jhon Ale xander García Mufio z El 9 de agosto de 201 1 5 , el Tribunal Admi nis trativo de Valle del Cauc a admitió la demanda y ordenó su_ notificación a la demand ada y al Ministerio Público. 2.1. La Fiscal ía General de la Nación6 mani festó que estaba obligada a adelantar el ,,• .. ejercicio de la acción 'p enal y realizar la investigació n de los hechos, porque habí a tenido conocimiento de una conducta que revestía las características de un delito, de conformi dad con lo dispue sto en el artí culo 250 de la Constitución Política.

3. Alegatos de conclusión en pri mera ins tanci a El 16 de abril de 20127 se corrió traslado a las partes y al Min isterio Públ ico para al egar de conclusión y presentar concepto, respectivam ente. 3. 1. La parte actora8 reiteró los argument os exp uestos en la demanda. 3.2. La Fiscal ía General de la Nació n y el Ministerio Pú blico guardaron silencio9.

4. Sentenc ia de primer a in stancia Mediant e sent encia d'el 28 de abril de 2014 10 el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda, al constatar que la Fiscalía General de la Nación incurrió en un defectuoso funcio nam iento de la administración de ju sticia, pues dispuso la destruc ción de un producto erróneamente clasificad o como sustancia prohi bida.

Al efecto refirió: '1- .. } en el presente caso, del acervo probatorio allegado al plenario, se establece que aunque el procedimiento adelantado para la incautación de la • 1

como sustancia prohi bida.

Al efecto refirió: '1- .. } en el presente caso, del acervo probatorio allegado al plenario, se establece que aunque el procedimiento adelantado para la incautación de la • 1 sustancia, catalogado por las autoridades policiales, como positivo para cocaína, fue acord_e con los parámetros establecidos en la Ley procesal penal, s,in embargo, se 5 FI. 39 y 40, C. 1. 6 FI. 47 a 55, C. 1. 7 FI. 59, C. 1. 8 FI. 60 a 61 , C. 1. 9 FI. 62 , C. 1. 1 ° FI. 71 a 10 1, C. Ppal.5

Ra dicad o: 76001 2331 000201 101 143 00 (5 2J,. 95) Deman dan te: fhon .4lexandcr García Muf i.oz causó un perjuicio al actor, al proceder a la destrucción del producto decomisado, determinándose posteriormente que tanto su procedencia como su contenido eran legítimos y no reunían los elementos propios de las sustancias prohibidas. En efecto, pues, aunque el procedimiento legal establece que después de la inicial clasificación debe procederse a la incineración del producto, en casos como en el presente, cuando • del peritaje realizado a los remanentes del mismo, se establece que la primera expertícia fue errada, constituye sin lugar a dudas, una actuación que si bien es legítima, rompe el normal equilibrio de las cargas que pesan sobre los ciudadanos en general. En virtud de lo anteriormente expuesto, considera la Sala que la entidad llamada a responder patrimonialmente por la destrucción del producto químico

legítima, rompe el normal equilibrio de las cargas que pesan sobre los ciudadanos en general. En virtud de lo anteriormente expuesto, considera la Sala que la entidad llamada a responder patrimonialmente por la destrucción del producto químico Levamisol, es /a Nación - Fiscalía General de la Nación, por cuanto fue esta entidad, en cumplimiento del artículo 87 de la Ley 906 de 2004, que dispuso la destrucción de un producto erróneamente clasificado como sustancia prohibida en diligencia del 11 de septiembre de 2008, siendo establecida después de su ilicitud, actividad que derivó del perjuicio reclamado por el actor [. . . ]". En la parte resolutiva, el a quo condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por daño emergente, la suma de $22 .805.1 84 a Jhon Alexander García Muñoz.

5. Recu rsos de apelación Los días 20 11 y 21 1 2 de mayo de 2014, la Fiscal ía Géneral de la Nación y la parte actora interpu_fieron recurso de apelació n, respectiv amente. Estos recursos fueron concedid os el 25 de jun io de 20141 3 y admitidos el 7 de octub re de 20 14 14 . 5. 1. La parte actora1 5 soli citó incremen ta r el valor reconocido por perjuicios materiales y reconocer los perju icios morales que habían sido soli citados en el libelo introd uctorio. 11 FI. 10 4, C. Ppal. 12 FI. 11 6, C. Pp al. 13 FI. 13 0, C. Pp al. 14 FI. 13 5, C. Ppal. 15 FI. 10 2 a 10 4, C. Ppal.6

12 FI. 11 6, C. Pp al. 13 FI. 13 0, C. Pp al. 14 FI. 13 5, C. Ppal. 15 FI. 10 2 a 10 4, C. Ppal.6

Rad icad o: 760 0123 31000 2011011 43 00 '(52 195) Dema ndant e: Jh on Al exa nder Gar cía M uñ oz 5.2. La Fiscalí a General de la Nación 16 indicó que no se hab ía acreditado el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque sus actuaciones y decis iones estuvie ron ajustadas a der echo.

6. Aleg atos de conclu sión en seg u'nda in stancia El 1 O de marzo de 201517 se corrió traslado a las partes y al Min isterio Público para aleg ar' de conclusión :y presentar concepto, respectivamente. 6. 1. La Fiscalía General de la Nación18 reiteró los argume ntos expuestos en el recurso de apelació" • 6.2 . La parte demanuant e y el Ministerio Pú blico guardaron sil encio1 9 .

111. CONSIDERA CI ONES ·1 . Com peten cia El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la sentencia del 28 de abril de 2014 , proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 19 96.

2. Acc ión proced ente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrim onial del Estado cuando el daño in vocado • 1

el artículo 73 de la Ley 270 de 19 96.

2. Acc ión proced ente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrim onial del Estado cuando el daño in vocado • 1 provie ne de un hech0, omisión, operación admin istrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto admin istrativo, según lo dispone el artículo 8920 del Códi;go Cont encioso Administrativo. 1 s FI. 11 3 a 116 , C. Ppal. 17 FI. 14 5, C. Ppal. 18 FI. 14 6 a 14 9, C. Ppal. 19 FI. 16 4, C. Ppal. 20 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La perso na interesada podrá demanda r directamente la reparación del daño ·cuando la causa se a un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanent e de un inmueble por causa de trabajos pú blicos o PºC cu alquiera7

Radic ado: 7600 1233100 020 1101 143 00 (52 '19 5) Dem andant e: /hon Alexandcr Gar ·cía Mui' wz En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la administración de justicia.

3. Proble ma ju rídico Corresponde a la Sala determinar si el derecho de acción se ejerció oportunamente o si, por el contrario, la acción de reparación directa se encontraba caducada al momento en que se presentó la demanda.

4. Sol ución del problema ju rídico Antes de resolver el problema jurídico es menester ha cer unas consideraciones

si, por el contrario, la acción de reparación directa se encontraba caducada al momento en que se presentó la demanda.

4. Sol ución del problema ju rídico Antes de resolver el problema jurídico es menester ha cer unas consideraciones gene rales sobre la vigencia de la acción.

5. Vi gencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad juríd ica, de evitar la pa rálisis del tráfico ju rídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo , el legislador, apunt ando a la protección del interés general 21 , estableció unos plaz os para poder ejercer opo rtunament e cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, im prorrogables , irrenunciables y de orden púb lico, por lo que su vencimi ento, sin que el interesado hubiese elevado la solici tud ju dicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situacio nes que se encontraban pendientes de solución. otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa oríginada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la ac:tuación pa rticular o de otra ent idad pública." 21 Corte Co nstitucional . Sent encia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico pro cesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potest ad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida

a través de la cual, el legislador, en uso de su potest ad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundame nto se halla en la necesidad po r parte del conglomerado social de ob tener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como clarament e se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referenc ia, esta es una figura de orden público lo que explíca su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser dec la rada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia." .8

Rndíca do: 760 01233 1 0002011 01 143 00 (5 219 5) Demand an te: Jhon Alexander García Mu ñoz El establecim iento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utiliz ación del aparato judi cial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libert ad del ejercicio del de recho de acción22 , ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órg anos judicia les adquieran firmeza , estabilid ad y con ello segurid ad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenóm eno procesal, de carácter bifronte, en tanto se en tiend e como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabili dad de las relaciones jurídi cas, en la medida en que su ocurrencia impid e

garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabili dad de las relaciones jurídi cas, en la medida en que su ocurrencia impid e que estas puedan ser discut idas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certid umbre y segurida d jurídica, pues con su advenimient o de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten algun a situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenu nciable al ejer cicio del derecho de acción, resultanc;io como una sanción ipso iure23 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato jud icial para hacer alg ún reclamo o requerir alg ún reconocimi ento o protección de la ju sticia24 , cuy a consecuencia, por demandar más 22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 687105 " ... el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condiciona do legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (. . .). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesar ia para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situacion es adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para

necesar ia para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situacion es adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos." . 23 Consejo de Estado , Senten cia del 30 de enero de 20 13 : "Para garanti zar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el lítígio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite ren uncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial". 24 Corte Constitucional. Sen tencia C-57 4 de 19 98: " ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma • objetiva, sin presentar la demanda, el menc ionado derecho fenec e inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen enton ces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad represent a el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinad o derecho, por ende, fa actítud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,9

represent a el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinad o derecho, por ende, fa actítud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,9

Radic ado: 76001 233100 02 011 011 43 00 (52 195) Dem andant e: Jhon Alc xan dt:r Garcí a Mu fioz allá del tiempo concedido por la ley procesal , signi fica la pérdida de la facultad potestativa de accionar..

El artícul o 13 6 del Cód igo Cont enci oso Administrativo , señala que la acción de reparación directa caducará al ven cimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocu pación temporal o permanente del in mueble de propiedad ajena por causa de trabajo públic o o por cualquiera otra cau sa. En ese sentido, la Secció n Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada que, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por defectuoso funcionami ento de la administración de la justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante25 .

6. Caso concr eto En el sub lite, el demandante pretende que se declare patrimonialmente responsable a la Nació n - Fiscalí a General de la Nación por los perjuic ios causados por "/a destrucción del producto químico de nombre Lel(amisol Her: que fue incautado el 9 de septifimbre de 2008 en una dili gencia de registro vehicular, frente a lo cual se

destrucción del producto químico de nombre Lel(amisol Her: que fue incautado el 9 de septifimbre de 2008 en una dili gencia de registro vehicular, frente a lo cual se endilga un defectuoso funcionamiento de la administración de ju sticia. Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hecho s probados, para posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no. 6.1 . Hech os probados 6.1 .1 . Se probó, que el 6 de septiembre de 2008, la empresa Productos Químic os Mu ñoz E.U. compró trescientos (300) kilogramos de Levamisol Hcl, seg ún dan cuenta la factura cambiaría de compraventa No. 1 14 6 suscrita en dicha fecha26 y los pue s es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expu esto a perderlos p or la ocurrencia del fenó meno indicado". 25 Cfr. Conse jo de Estado. Sal a de lo Con tencio so Ad minis trativ o. Sección Tercera . Su bsec_ció n B. Sent encia de l 2f de septiembr e de 201 7. Rad : 55999. 26 Fl. 7, C. 1.10 R.:i dicado: 760 01233 10 00201 10 11 43 00 '{5 21 95) Deman dan te: Jhon Ale xander Garcí a Mufio z . doce (12 ) rótulos de identificación del producto Levamisol Hcl27 . 6.1. 2. Consta _que el 9 de septiembre de 2008 , agentes de la Polic ía Nacional detuvieron un vehícu¡o de la empresa Velotax Ltda. , en el municipio de la Paila (Valle

6.1. 2. Consta _que el 9 de septiembre de 2008 , agentes de la Polic ía Nacional detuvieron un vehícu¡o de la empresa Velotax Ltda. , en el municipio de la Paila (Valle del Cauca) , y hallaron en su interior doce (12 ) tambores de cartón que contenían, cada uno , veinticinco (25) kilogramos de una sustancia no identificada. En virtud de lo anterior, el mismo día, los agentes realizaron una prueba de identificación preli mina r, que arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados. En cons ecuenc ia, en. esa misma fecha, dichos funcionar ios incautaron la mercancía y la dejaron a disposición de la Fiscalía 7ª Seccional de Sevilla, segú n dan cuent a copias sim ples28 del informe . ejecutivo _de 10 de septiembre de 20 08 sÜscrito por el agente de la Policía Nacional José Luis Pimiento Pedroza29 y del acta de inca utación30 . Al efecto, en el referido informe se consignó lo siguiente: "{. .. } Cuand o me encontraba en compañía de tres policías más realizando puesto de control a los usuarios de la vía, en el sector del peaje Coroza/, se le hizo señal de pare al vehículo tractocamión de placas SKL907 , color rojo, afiliado a la empresa Velotax, con número de orden interno 6700, se le solicitó al señor conductor Héctor Trujillo Rozo, un registro voluntario al vehículo y su carga transportada con mercancías varias con diferentes remisiones para diferentes destinatarios y propietarios. Hallando en el fondo del furgón 12 tambores de cartón qon tapa sellada

Trujillo Rozo, un registro voluntario al vehículo y su carga transportada con mercancías varias con diferentes remisiones para diferentes destinatarios y propietarios. Hallando en el fondo del furgón 12 tambores de cartón qon tapa sellada por · un aro metálico a presión. Al solicitarle al señor conductor '¡os documentos legales de estos tambores solo presentó la remisión número 5664921, sin facturas ni especificación técnica del contenido. Al destapar un tambor se halló una bolsa plástica transpfirente color 'blanco en polvo, se tomó una muestra para prueba técnfca PIPH en narcóticos, donde Juan Carlos, técnico antinarcótícos, quien realizó la prueba preliminar, arrojó positivo para cocaína contaminada. De lo anterior se ./e . informó al Fiscal Séptimo Secciona/ de Sevilla, se hace entrega a la Fiscalía de todas las diligencias adelantadas [. . .}" 6. 1 .3 . Está probado que el 9 de septiembre de 2008, Juan Carlos Barros Suarez, agente de la Policía Nacional, solicitó al laboratorio de investigación y especialización científica del CTI de Buga (Labiesci) el anál isis de la sustancia que había sido incautada, seg ún da cuenta copia simple de dicha solicitud31 . 27 F1. 11 a 22 , C. 1. 28 La Sala le otorga valor a las pruebas docu mentales presen tadas en copia sim ple, en virtud de lo decid ído en sentencia de. unificacíón con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 20 13 . 29 F1. 15 a 18 , C. 2. 30 FI. 19 , C. 2. 31 FI. 34, C. 2.11

29 F1. 15 a 18 , C. 2. 30 FI. 19 , C. 2. 31 FI. 34, C. 2.11

Radic ado: 7600 123 3100 0201101 143 00 (52 1 95) Dema ndant e: fhon Ale xan der García Mufioz 6. 1 .4. Se acreditó que el 11 de septiembre de 20 08, la Fiscalía 7ª Secciona! de Sevill a adelantó diligen cia de destruc ción del producto incau tado, de conformi dad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 906 de 200432 , pese a que no se había all egado el resultado del análisis efec tuado por el laboratorio del CTI, según da cuenta copia simple del acta de destrucción de sustancia ilícita33 . Justamente, en la referida acta, se consig nó lo siguie nte: "{. . .} En la ciudad de Se villa, a los once días del mes de septiembre del año dos mil ocho [. . .} el suscrito Fiscal Séptimo Secciona/ de Sevilla [. . .} en cumplimiento del artículo 87 del C. P. P., proceden a destruir fa sustanci a inca utada por parte del personal de Policía de carreteras, hallada dentro del vehículo de ser,;icio público afiliado .a la empresa Vefotax [. . .} se procede a sacar la sustan cia ilícita" ·de Jos tamb ores y se reúne en su totalidad, para lo cual se utiliza en la destrucción Gas olina y ACPM, roseando con el comb ustible la sustancia y se procede a incinerar la totalidad de la misma, terminando la di/igencía de destrucción de la sustancia siendo las 13: 30 horas [. . .]"

y ACPM, roseando con el comb ustible la sustancia y se procede a incinerar la totalidad de la misma, terminando la di/igencía de destrucción de la sustancia siendo las 13: 30 horas [. . .]" 6. 1 .5. Se probó que el 12 de septiembr e de 2008, Jh on Alexander García Mu ñoz, acudió ante el CTI y solicitó la devolución de una mercancía decom isada, pues había sido informado de la destrucción de la mercanc ía referida , pese a que era una sustancia lícita y de libre com ercializació n, según da cuenta copia simple de la diligencia a la que acudió en dicha entid ad34 . En efecto, en ella manifestó lo sig uiente : "[. . .} Fecha 12/09/2008 Hora: 11 :00 Lugar: CTI .._, Preguntado. Sírvase hac er un relato claro, preciso de los hechos por los cuales usted se halla ante esta unidad de policía judicial a fin de que se le haga entrega de una mercan cía decomisada por parte de la policía de carretera s el pasad o nueve de septiembre de la presente anual idad. Contestó. El hecho de que hallan decomisado la mercancía, fue por falta de marcación o rotulación en el producto, a consecue ncia de no estar rotulado, y después de hacerle unas pruebas, me dicen que el producto fue destruido, como tal el producto, o la materia prima no es controlada por estupefa cientes, al contrario es un producto de comercialización, y su uso, es para fabríca ción de desparacitarios a nivel veterinario, pues de ello dan fe los documentos y certificados de análisis que a

materia prima no es controlada por estupefa cientes, al contrario es un producto de comercialización, y su uso, es para fabríca ción de desparacitarios a nivel veterinario, pues de ello dan fe los documentos y certificados de análisis