CE - 760012333000202300290011SENTENCIA20230901112539

Radicación: 76001-23-33-000-2023-00290-01

Demandante: Viviana Suaza Campo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 76001-23-33-000-2023-00290-01

Demandante: VIVIANA SUAZA CAMPO

Demandados: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE L C IRCUITO DE

CALI, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE

SANTIAGO DE CALI

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la actora , en nombre propio, contra la sentencia de 24 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , en la que declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora manifestó que el 17 de febrero de 2021 solicitó el reconocimiento y pago

la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora manifestó que el 17 de febrero de 2021 solicitó el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías parcial, al que considera que tiene derecho por labora r en la Secretaría de Educación de Santiago de Cali.

Aseguró que la solicitud fue atendida por la Secretaría de Educación de Santiago de Cali mediante Resolución No. 414 3.010.21.0.00897 de 26 de febrero del 2021, en el sentido de reconocer la cesantía parcial por un monto de $11’221.529.

Indicó que con posterioridad a la emisión de dicho acto administrativo , la entidad emitió la Resolución No. 4143.010.21.0.02037 de 16 de abril de 20 21, en la que negó el reconocimiento de las cesantías, sin realizar ningún tipo de consideración frente a la primera resolución que había reconocido el derecho.

Manifestó que la última resolución se sustentó en que había operado el fenómeno de la prescripción r especto de los períodos laborados del 2013 al 2017, concluyendo que los únicos valores a ser tenidos en cuenta para el pago son losRadicación: 76001-23-33-000-2023-00290-01

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2 relacionados entre el 2 de mayo de 2018 hasta el 30 de diciembre del 2019 , pero sin reconocerlos.

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2 relacionados entre el 2 de mayo de 2018 hasta el 30 de diciembre del 2019 , pero sin reconocerlos.

Sostuvo que interpuso recurso de apelación contra la última resolución, el cual fue resuelto a través de la Resolución No. 4143.010.21.0.02965 de 25 de mayo de 2021.

Refirió que e l 13 de septiembre de 2021, la entidad demandada por medio de la Resolución No. 4143.010.21 .0.05582 de 13 de septiembr e d e 2021, indicó que daba “CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN IMPARTIDA POR LA FIDUPREVISORA S.A.” y resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución No. 4143.010.21.0.02965 de 25 de mayo de 2021.

Finalmente, expresó que al estar en desacuerdo con el referido acto administrativo dado que no debió declarar la prescripción del derecho frente al periodo 2013 a 2017, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la cual correspondió en primera instancia al Juzga do Octavo Adm inistrativo del Circuito de Cali (rad. No. 76001-33-33-008-2021-00235-00), que mediante sentencia de 12 de mayo de 2023, negó las pretensiones de la actora , al considerar que “la decisión de la administración se encuentra ajustada a derecho, t oda vez en efecto se avizora que han transcurrido más de tres (3) años desde el momento en el cual se causó el derecho a solicitar el pago de las cesantías y la solicitud del pago de la misma y que no existe una postura jurisprudencial que avale el criteri o de aplicar

se avizora que han transcurrido más de tres (3) años desde el momento en el cual se causó el derecho a solicitar el pago de las cesantías y la solicitud del pago de la misma y que no existe una postura jurisprudencial que avale el criteri o de aplicar el termino de 10 años para la prescripció n d e las cesantías de los docentes, y además porque si bien la entidad tenía como política la aplicación de dicho término, a la fecha se acoge la posición de la prescripción trienal”.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción d e t utela en defensa de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna y a la protección especial del trabajador, así como el principio de favoralidad en materia laboral, los cuales considera vulnerados por cuenta d el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali que mediante sentencia de 12 de mayo de 2023 , negó las pretensiones de la demandada de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por la actora contra el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Na cional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que se discutía el reconocimiento y pago del auxilio de cesantía de los años 2013 a 2017.

Adujo que está en desacuerd o con la decisión dado que al ser beneficiaria del regímen anualizado de cesantías contemplado en la Ley 50 d e 1990, no se aplica el fenómeno de la prescripción pues la obligación de su consignación en una fecha determinada surge de pleno derecho, en virtud de lo dispuesto en la ley, que le concede al contratante un término perentorio para realizar el depósi to en el fondo administrador y su omisión no puede exceder la afectación de los derechos del

determinada surge de pleno derecho, en virtud de lo dispuesto en la ley, que le concede al contratante un término perentorio para realizar el depósi to en el fondo administrador y su omisión no puede exceder la afectación de los derechos del empleado.

Mencionó que en la sentencia de unificación CE -SUJ2 004 de 25 de agosto de 2016, la Sección Segunda del Consejo de Estado aclaró que la Ley 50 de 1990, esRadicación: 76001-23-33-000-2023-00290-01

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3 la normativa aplicable para el reconocimiento y pago de las cesantías de los empleados públicos, es decir, se aplica el régimen anualizado.

En es e sentido, sostuvo que al ser sus cesantías anuales y al tratarse de una prestación imprescriptible debió efectuarse el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: “Declarar la nulidad de la Resolución 4143.010.21.0.02037 del 16 de abril 2021, proferida por LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALNACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI, por medio del cual se niega el reconocimiento y pago de una cesantía parcial.

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI, por medio del cual se niega el reconocimiento y pago de una cesantía parcial.

SEGUNDO: Declarar l a nulidad de la Resolución 41 43.010.21.0.05582 del 13 de septiembre del 2021, por medio de la cual LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI, por medio del cual se niega el reconocimiento y pago de una cesantía parcial.

TERCERO: Declarar la nulidad de la Resolución 7001 -33-33-008-2021-00235-00 del 16 de diciembre del 2022, por medio de la cual el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI, por medio de l cual niegan las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Se reconozca el retiro parcial de Cesantías, como indica la RESOLUCIÓN No. (4143.010.21.0.00897) de febrero 26 de 2021 “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE CESANTÍAS PARCIAL A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO” en la cual con fundamento en este contexto normativo y por cumplir con los requisitos legales y reglamentarios requeridos se aprueba un anticipo de Cesantía Parc ial con destino a REPARACIÓN DE VIVIENDA por valor de Once Millones Doscientos Veintiún Mil Quinientos

contexto normativo y por cumplir con los requisitos legales y reglamentarios requeridos se aprueba un anticipo de Cesantía Parc ial con destino a REPARACIÓN DE VIVIENDA por valor de Once Millones Doscientos Veintiún Mil Quinientos Veintinueve. Pesos M/CTE ($11.221.529.00). MAS LOS INTERESES QUE

ACARREA LA DEMORA EN EL PAGO DESDE LA SOLICITUD”.

4. Pruebas relevantes

Por medio de memorial de 12 de mayo de 2023, la titular del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali informó que el expediente digitalizado que contiene el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 7600133-33-008-2021-00235-00, se encu entra disponible para consulta en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI.

5. Trámite procesal

Por auto de 11 de mayo de 2023 , el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó notificar al Juzgado Octavo Admin istrativo de l Circuito de Cali, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali, en calidad de demandados en el trámite constitucional.Radicación: 76001-23-33-000-2023-00290-01

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4 La Secretar ía General de dicha Corporación l ibró los oficios de notificación

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4 La Secretar ía General de dicha Corporación l ibró los oficios de notificación electrónica No. 124258 a 124263 de 11 de mayo de 2023 con el fin de notificar a las partes 1 .

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali

A tra vés de memorial de 12 de m ayo de 2023, la titular d el despacho judicial manifestó que mediante sentencia de 16 de diciembre de 2022, resolvi ó negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por la actora, al considerar que operó el fenómeno de la prescripción frente al auxilio de las cesantías 2013 a 2017, teniendo en cuenta que “al finalizar cada vinculación laboral, la docente debió solicitar el pago de su correspondiente cesantía, pues a partir de cada ruptura se hacía efectivo el término para reclamar el reconocimiento y pago de las prestaciones laborales, y en este caso, transcurrieron más de tres años para que la actora solicitara el pago de sus cesantías al finalizar el vínculo laboral tanto en el año 2015 como en el año 2017”.

En este sentido, advirtió que la decisión de la administración se encuentra ajustada a derecho, toda vez que en efecto se avizora que han transcurrido más de tres (3) años desde el momento en el cual se causó el derecho a solicitar el pago de las cesantías y la solicitud del pago de la misma , a lo que agregó que no existe una postura jurisprudencial que avale el criterio de aplicar el termino de 10 años para la

años desde el momento en el cual se causó el derecho a solicitar el pago de las cesantías y la solicitud del pago de la misma , a lo que agregó que no existe una postura jurisprudencial que avale el criterio de aplicar el termino de 10 años para la prescripción de las cesantías de los docentes, y además porque si bien la entidad tenía como política la aplicación de dicho término, a la fecha se acoge la posición de la prescripción trienal.

Para terminar, aseguró que el 20 de enero de 2023, la parte actora presentó recurso de apelación contra la decisión anterior. Antes de que se concediera el recurso , el apoderado de la parte actora, el 26 de enero de 2023 desistió del mismo, solicitud que se resolvió el 1 de marzo de 2023 mediante auto interlocutorio No. 171, en el que se aceptó el desistimiento del recurso de apelación y se dejó en firme el fallo de primera instancia.

6.2. Respuesta de Fiduprevisora S.A.

En memorial de 12 de mayo de 2023, la coordinadora de tutelas de la entidad solicitó que se declare improcedente la acción de tutela y se desvincule del trámite constitucional.

1 Las partes demandantes y demandada fueron notificadas a las siguientes direcciones electrónicas: decollazos07@gmail.com; notificacionesjudiciales@cali.gov.co; contactenos@cali.gov.co; adm08cali@cendoj.ramajudicial.gov.co; notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co; procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co; t_eorduz@fiduprevisora.com.co; fomag@fiduprevisora.com.co;

notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co; procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co; t_eorduz@fiduprevisora.com.co; fomag@fiduprevisora.com.co; notificacionesjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co; t_jcgarcia@fiduprevisora.com.co; procjudadm19@procuraduria.gov.co; decollazos07@gmail.com; notificacionesjudiciales@cali.gov.co; contactenos@cali.gov.co; ejercicio.defensa01@cali.gov.co; william_dgm@hotmail.com; njudiciales@mapfre.com.co; mafranguepe@hotmail.com.Radicación: 76001-23-33-000-2023-00290-01

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5 Indicó que contrario a lo afirmado por la accionante, las autoridades demandadas no vulneraron s us derechos fundamentales, dado que actuaron conforme a la normatividad y la jurisprudencia aplicables a su caso.

Así mismo aseguró que no se desconoció la garantía del debid o proceso, pues las actuaciones j udiciales fueron adelantadas en debida forma y atend iendo los procedimientos legales.

6.3. Respuesta de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali

En memorial de 16 de mayo de 2023, el secretario de educación de dicha entidad territorial solicitó que se desvincule del trámite de tutela , dado que no v ulneró los derechos fundamentales de la actora.

En memorial de 16 de mayo de 2023, el secretario de educación de dicha entidad territorial solicitó que se desvincule del trámite de tutela , dado que no v ulneró los derechos fundamentales de la actora.

Aseguró que la demandante solicitó el reconocimiento de una cesantía, la cual se reconoció a través la Resolución No. 008 97 del 26 de febrero de 2021 proferida por la Secretaría de Educación, la cual fue env iada a la Fiduprevisora S.A. para realizar el respectivo pago.

Indicó que dicha entidad devolvió la prestación con revisión No. 2028964 de 23 de marzo de 2021, en donde niega el pago por haber operado el fenómeno de la prescripción, por lo cual se expid ió la Resolución No. 02037 de 16 de abril de 2021, que fue recurrida por la actora.

Refirió que profirió la Resolución No. 02965 de 25 de mayo de 2021, en la que resolvió de forma favorable los argument os del recurso por lo que remitió el acto administrativo para pago por parte de la Fiduprevisora.

Manifestó que dicha entidad devolvió nuevamente el pago de la prestación por haber operado la prescripción, por lo que se e xpidió Resolución No. 05582 de 13 de septiembre de 2021, por la cual se da cumplimi ento a una orden impartida por Fiduprevisora S.A.

Para terminar, a firmó que el argumento de Fiduprevisora para negar el pago del auxilio de cesantías fue que la docente “presentó dos vinculaciones la primera a

Fiduprevisora S.A.

Para terminar, a firmó que el argumento de Fiduprevisora para negar el pago del auxilio de cesantías fue que la docente “presentó dos vinculaciones la primera a partir de l 21 de julio de 2015 y la segunda a partir del 28 de febrero de 2017, fechas en las que se hacía exigible la obligación de pago de cesantía definitiva, operando la caducidad de la acción y la prescripción el 21 de julio de 2018 y 28 de febrero de 2020, respectivamente”.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 24 de mayo de 2023, resolvió declarar improcedente la acción de tutela , al considerar que la actora no agotó en debida forma el medio de cont rol de nulidad y restablecimiento del derecho promovido con el fin de declarar la nulid ad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento del auxilio de cesant ías. Lo anterior, teniendo en cuenta q ue aun cuando la actora presentó rec urso de apelación contra la decisión demandada, proferida el 16 de diciembre de 2022 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de C ali, lo cierto es que luegoRadicación: 76001-23-33-000-2023-00290-01

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6 desistió de l mismo, por lo que de ese modo expresó su conformidad con lo decidido en dicha instancia judicial.

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6 desistió de l mismo, por lo que de ese modo expresó su conformidad con lo decidido en dicha instancia judicial.

Así mismo, señaló que de efectuarse algú n e studio frente a la sentencia demandada se desconocería la garantía de juez natural. A lo que agregó , que la parte actora no formuló reproches concretos co ntra la providencia , sino que se limitó a seguir discutiendo el derecho que dice tener, controversia propia d el proceso ordinario que resultaba procedente por la vía del recurso de apelación, pero no en sede de tutela.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte accionante impugnó el fallo de primera instancia bajo el argumento de que , contrario a lo resuelto por el a quo, la acción de tutela resulta procedente dado que lo que se debate es la vulneración a sus derechos fundamentales a la igu aldad (artículo 13 de la Constitución) y al respeto de los derechos adquiridos.

Así mismo, insistió en que en su caso las cesantías anuales no pr escriben, pues son un derecho adquirido por la vinculación laboral con la Secretaría de Educación de Santiago de Cali.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 0 80 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Est ado es competente para decidir la presente impugnación.

del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 0 80 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Est ado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe r evocar el fallo de 24 de m ayo de 2023 , proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el que se declaró improcedente la acción de tutela promovida por la parte demandante por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que lo que se debate e stá relacionado con el desconocimiento de derecho s fundamentales por lo que se justifica realizar el estudio de fondo.

En caso de que la solicitud cumpla con la totalidad de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judicia les, la Sala debe establecer si la sentencia de 16 de diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del C ircuito de Cali vulneró los derechos fundamentales de la actora al no declarar la nulidad de las resoluciones que negaron el reconocimiento del auxilio de cesantías de 2013 a 2017 , por operar el fenómeno de la prescripción, sin tener en cuenta que se trata de un derecho imprescriptible.Radicación: 76001-23-33-000-2023-00290-01

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3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se cuestionan providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política seña la que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsi diaria, esta acción s olo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea neces ario para evitar la oc urrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual p rocederá como mecanismo transitorio de protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicia l, a menos que se utilice como mecanismo transitorio par a evitar un perjuicio irremediable, en los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales , salvo que aquélla se

los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales , salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irre mediable. La existencia de dichos medi os será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como e l Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al juez de tutela de valorar las circunstancias par ticulares de cada caso y determinar si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros mecanismos jurídicos que perm itan satisfacer los de rechos fundamentales del actor.

En relación con la proc edencia de la acción de tutela c ontra providencias judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T -016 de 2022 2 , la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado de manera alternativa, adicional o com plementaria a los procesos ordin arios o especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judici al, “pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la corrección de las providencias judiciales” 3 .

Con b ase en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra

2

buscan garantizar la corrección de las providencias judiciales” 3 .

Con b ase en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra

2 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 3 Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.Radicación: 76001-23-33-000-2023-00290-01

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8 providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha agotado los medios de defens a judicial ordinarios y extraord inarios para oponerse al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico 4 .

En relación con el primer supuesto, ha i ndicado que “si el proceso judicial que el accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez constitucional est á vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternat ivo o paralelo para resolver asu ntos que deben analizarse al interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amena za de der echos fundamentales cu ando no ha solicitado el amparo de dichas garantías dentro del proceso 5 .

Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el

la vulneración o amena za de der echos fundamentales cu ando no ha solicitado el amparo de dichas garantías dentro del proceso 5 .

Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinario s para ello. Esta exigencia aseg ura que la acción de tutela no se torne en una instancia adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el Legislador” 6 .

Finalmente, en lo que atañe con el tercer supues to ha destacado que dado el carácter exceptivo de la a cción de tutela “ resulta improcedente cuando el actor pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descu ido o distracción, se encuentran debidamente resueltos”.

En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra p rovidencias judiciales, en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamient o jurídico, exigencia que “asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace lo s demás diseñados por el legisl ador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes en los procesos ordinarios” 7 .

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La Sala debe verificar , de conformidad con el escrito de impugnación, si la

omisiones de las partes en los procesos ordinarios” 7 .

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La Sala debe verificar , de conformidad con el escrito de impugnación, si la acción de tutela resulta procedente para dejar sin efectos la sentencia de 16 de abril de 2022, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali, mediante la cual se negaron las p retensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por la señora Viviana Suaza Ocampo con el fin de que declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron e l reconocimiento del auxilio de cesantías de los años 2013 a 2017 en los que laboró al servicio de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali (Resoluciones Nos.

4 A este respecto, ver las sentencias T -396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU -115 de 2018, M.P Carlos Bernal Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras. 5

Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.

6

Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.

7 Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.Radicación: 76001-23-33-000-2023-00290-01

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9 4143.010.21.0.02037 del 16 de abril del 2021 y 4143.010.21.0.05582 del 13 de septiembre del 2021).

4.2. La Sala anticipa que confirmará l a decisión de primera instancia en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela , ten iendo en cuenta que la inconformidad de la actora, relac ionada con el sentido de la sentenc ia de 16 de abril de 2022, pudo ventilarse a través del recurso de apelación presentado contra la misma. No obstante, de acuerdo con las pruebas que reposan en el ex pediente, la demandante presentó memorial de desistimiento del mismo el cual fue aceptado por auto de 1 de marzo de 2023.

De este modo, es claro que la actora tuvo la posibilidad de controvertir la decisión que ahora es objeto de acción de tutela, decidi endo en su momento no continuar con el trámite de segund a instancia, cuestión que ahora no puede remediarse mediante el ejercicio de la acción de tutela.

Así mismo, la Sala no puede pasar por alto que los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, no solo se dirig en contra la sentencia demandada sino tamb ién contra los actos administrativos cuya legalidad se discutió en el referido medio de control, por lo que es claro que lo pretendido con la acción de tutela es reemplazar al juez natural del asunto.

Cabe resaltar , como se indicó en las consideraciones de esta decisión, que la

control, por lo que es claro que lo pretendido con la acción de tutela es reemplazar al juez natural del asunto.

Cabe resaltar , como se indicó en las consideraciones de esta decisión, que la Corte Constitucional ha señalado respecto del carácter subsidiario de la acción de tutela contra providencias judiciales, que no es e l medio llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustituti vo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes8.

En efecto, la naturaleza au tónoma, residual y subsidiaria de la acció n de tutela impone a las personas el deber de agotar pre viamente todos los mecanismos judiciales que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para la defensa de sus derechos. De no ser así, “ esto es, de asumi rse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaci ar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de prop iciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última” 9 .

En este orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia objeto de impugnación, en tanto la acción de tutela no cumple con