CE - 81001233100020120007101220230321170203

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 81001233100020120007101 (53090)

JESÚS EVELIO AL VARADO PABÓN Y OTROS NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. Captura con fines de indagatoria. No se acreditó un daño antijurídico. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia del 22 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO En fecha indeterminada, ex integrantes de las FARC declararon ante la Policía Judicial de Ara u ca que Jesús Evelio Alvarado Pabón era colaborador de dicho grupo subversivo. En virtud de lo anterior, el 7 de abril de 2009, la Fiscalía 8ª de Estructura de Apoyo de Arauca'aio apertura a una instrucción penal en contra de Jesús Evelio Alvarado Pabón por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y rebelión. Por ello, el 9 de mayo de 2009, agentes de la Policía Nacional capturaron con fines de indagatoria al señor Alvarado Pabón, por ser presunto autor de los delitos

Por ello, el 9 de mayo de 2009, agentes de la Policía Nacional capturaron con fines de indagatoria al señor Alvarado Pabón, por ser presunto autor de los delitos referidos. Posteriormente, el 22 de mayo de 2009, la Fiscalía 3ª Especializada de la UNAT de Bogotá impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Jesús Evelio Alvarado Pabón, por ser presunto autor de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, terrorismo, rebelión, hurto calificado y agravado, extorsión y secuestro agravado. Finalmente, mediante Resolución del 21 de abril de 2010, el ente investigador precluyó la investigación penal seguida en contra del imputado por in dubio pro reo. Los demandantes2

Rcidicado: 81001233100020120007101 (53090) Demandante: Jesús Evelio Alvarado Pabón y otros consideran que la detención de Jesús Evelio Alvarado Pabón fue injusta, puesto que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, terrorismo, rebelión, hurto calificado y agravado, extorsión y secuestro agravado.

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 27 de abril de 20121 , Jesús Evelio Alvarado Pabón, Vidalia Pabón, Inés Pinto León, Leonel Stiven Alvarado Pinto, Jorge Alexander Pabón, Wilson Deiro Quirife Pabón y María Ermina Quirife Pabón, mediante apoderado judicial y en ejercicio de

León, Leonel Stiven Alvarado Pinto, Jorge Alexander Pabón, Wilson Deiro Quirife Pabón y María Ermina Quirife Pabón, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la NaciónFiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Jesús Evelio Alvarado Pabón. Como pretensiones de su demanda, los demandantes solicitan condenar a la entidad accionada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Jesús Evelio Alvarado Pabón, Vidalia Pabón, Inés Pinto León y Leonel Stiven Alvarado Pinto, y e 50 SMLMV a Jorge Alexander Pabón, Wilson Deiro Quirite Pabón y María Ermina Quirife Pabón; por daño a la vida de relación, 100 SMLMV a Jesús Evelio Alvarado Pabón, Vidalia Pabón, Inés Pinto León y Leonel Stiven Alvarado Pinto, y 70 SMLMV a Jorge Alexander Pabón, Wilson Deiro Quirife Pabón y María Ermina Quirife Pabón; por daño emergente, la suma de $6.000.000 a Jesús Evelio Alvarado Pabón; y por lucro cesante, la suma de $6.427.200 a Jesús Evelio Alvarado Pabón. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que en fecha indeterminada, ex integrantes de las FARC declararon ante la Policía Judicial de Arauca que Jesús Evelio Alvarado Pabón era colaborador de dicho grupo subversivo. 1 FI. 3 a 16, C. 1.3

Radicado: 81001233100020120007101 (53090)

Arauca que Jesús Evelio Alvarado Pabón era colaborador de dicho grupo subversivo. 1 FI. 3 a 16, C. 1.3

Radicado: 81001233100020120007101 (53090) Dernand,rntc: Jesús Evelio Alvarado Pabón y otros Señala que el 7 de abril de 2009, la Fiscalía 8ª de Estructura de Apoyo de Arauca dio apertura a una instrucción penal en cor:,tra de Jesús Evelio Alvarado Pabón por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y rebelión.

Sostiene que el 9 de mayo de 2009, agentes de la Policía Nacional capturaron con fines de indagatoria al señor Alvarado Pabón, por ser presunto autor de los delitos referidos. Indica qÚe el 22 de mayo de 2009, la Fiscalía 3ª Especializada de la UNAT de Bogotá impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Jesús Evelio Alvarado Pabón, por ser presunto autor de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, terrorismo, rebelión, hurto calificado y agravado, extorsión y secuestro agravado. Concluye que mediante Resolución del 21 de abril de 2010, el ente investigador precluyó la investigación penal seguida en contra del imputado por in dubio pro reo. Los demandantes consideran que la detención de Jesús Evelio Alvarado Pabón fue injusta, puesto que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, terrorismo,

existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, terrorismo, rebelión, hurto calificado y agravado, extorsión y secuestro agravado. Textualmente los demandantes solicitan: "[ .. ] declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por la falla del servicio de la administración de justicia, consistente en el daño antijurídico, derivado de la privación injusta de la libertad [ . .] en que incurrió la Fiscalía General de la Nación [ .. ], al ordenar una medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación en contra de mi mandante Jesús Evelio A/varado Pabón, por los presuntos delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, terrorismo, rebelión, hurto calificado y agravado, extorsión y secuestro agravado, en la forma irregular en que aconteció, conforme a los hechos4

Radicado: B1001233100020120007101 (53090) Demandante: jesús Evelio Alvarado Pabón y otros y pruebas correspondientes, que conllevaron a que, finalmente, la misma Fiscalía evidenciara sus yerros y decidiera precluir la investigación a su favor ordenando la libertad inmediata{ . .]".

2. Contestación El 29 de mayo de 20122, el Tribunal Administrativo de Arauca admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación3 manifestó que no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque sus actuaciones se adelantaron en

ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación3 manifestó que no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de las prerrogativas constitucionales y legales que le habían sido conferidas.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 8 de abril de 20134 , se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación5 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 3.2. La parte demandante y el.Ministerio Público guardaron silencio6. 2 Fl.162, C.1 . . 3 FI. 168 a 176, C. 1. • FI. 204, C. 1. 5 FI. 217 a 220, C. 1.

BFl.221,C.1.4. Sentencia de primera instancia 5

Radicado: 81001233100020120007101 (53090) Demand;-rnte: Jesús Evelio Alvarado Pabón y otros Mediante sentencia del 22 de mayo de 20147 el Tribunal Administrativo de Arauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de Jesús Evelio Alvarado Pabón fue injusta, toda vez que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por in dubio pro reo, lo cual, en su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado.

Al efecto sostuvo en la sentencia que: "[. . .] para aquellos casos en los cuales se ha

en su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado. Al efecto sostuvo en la sentencia que: "[. . .] para aquellos casos en los cuales se ha configurado la privación de libertad de una persona bajo los supuestos previstos en la Ley 600 de 2000, este Tribunal ha venido acogiendo e/ criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia [. . .]. En ese sentido, la medida de aseguramiento y la declaración de inocencia son conductas típicas de una función estatal, que involucran el derecho fundamental a la libertad, el que vulnerado produce el daño consiguiente, por Jo que la relación entre la actividad y la carga impuesta al imputado es directa, arbitraria, desproporcionada e injusta [. . .]. Ahora bien, en el presunte asunto no obra en el plenario la resolución • que resuelve la situación jurídica del señor Jesús Evelio A/varado Pabón, no obstante, se encuentra la que califica el mérito del sumario de fecha 21 de abril de 2010 y que ordena la preclusión de la investigación con fundamento en el principio in dubio pro reo[. . .]. En virtud de lo anterior, se concluye que no pudo probarse la comisión de los delitos por parte de Jesús Evelio A/varado Pabón y se prec/uyó la investigación [ . .]. Por lo anterior, se concluye que la Fiscalía General de la Nación debe ser responsabilizada por la privación injusta de la libertad

que no pudo probarse la comisión de los delitos por parte de Jesús Evelio A/varado Pabón y se prec/uyó la investigación [ . .]. Por lo anterior, se concluye que la Fiscalía General de la Nación debe ser responsabilizada por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto Jesús Evelio A/varado Pabón [ . .]". En la parte resolutiva, el a qua condenó a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios morales, 80 SMLMV a Jesús Evelio Alvarado Pabón y Vidalia 7 FI. 222 a 234, C. 2.6

Radicado: 81001233100020120007101 (53090) Demandante: Jesús Evelio Alvarado Pabón y otros Pabón, y 70 SMLMV a Leonel Stiven Alvarado Pinto, Jorge Alexander Pabón, Wilson Deiro Quirite Pabón y María Ermina Quirife Pabón; por daño a la vida de relación, 40 SMLMV a Jesús Evelio Alvarado Pabón; y por lucro cesante, la suma de $7.556.144 a Jesús Evelio Alvarado Pabón.

5. Grado jurisdiccional de consulta Mediante auto del 20 de noviembre de 20148, el Tribunal Administrativo de Arauca ordenó remitir las diligencias al Consejo de Estado para adelantar el grado jurisdiccional de consulta, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 184 del C.C.A.9, pues la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Arauca fue adversa a la entidad pública demandada, excedió la suma de 300 SMMLV y no fue apelada. El grado jurisdiccional de consulta fue admitido mediante auto del 1 O de marzo de 20151º.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

entidad pública demandada, excedió la suma de 300 SMMLV y no fue apelada. El grado jurisdiccional de consulta fue admitido mediante auto del 1 O de marzo de 20151º.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 10 de marzo de 2015 11 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. El Ministerio Público12 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, argumentando que resultaba aplicable la responsabilidad objetiva toda vez que la investigación penal seguida en contra de Jesús Evelio Alvarado Pabón se precluyó por in dubio pro reo. 6.2. La parte demandante y la Nación - Fiscalía General de la Nación guardaron silencio 1 3. 8 FI. 250, C.2. 9 Artículo 184. "Consulta. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas." 1° FI. 261, C. 2. 11 FI. 26.1, C. 2. 12 FI. 265 a 271, C. 2.

Concepto rendido por Francisco Manuel Salazar Gómez, Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado. 13 FI. 272, C. 2. >1. Competencia 7

Radicado: 810012331_00020120007101 (53090)

Dernand,rnte: Jesús Evelio Alvarado Pabón y otros

IV. CONSIDERACIONES

13 FI. 272, C. 2. >1. Competencia 7

Radicado: 810012331_00020120007101 (53090)

Dernand,rnte: Jesús Evelio Alvarado Pabón y otros

IV. CONSIDERACIONES El Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia del 22 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 184 del

Código Contencioso Administrativo 14.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8615 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la 14 Articulo 184. "Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apelada ( ... )".

La Sala es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la decisión no fue

legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apelada ( ... )". La Sala es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la decisión no fue apelada por ninguna de las partes y la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca en sentencia del 22 de mayo de 2014 excede la suma exigida de trescientos (300) SMLMV, comoquiera que la condena de perjuicios fue un total de 310 SMLMV. 15 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública."8

Radicado: 81001233100020120007101 (53090) Demandante: Jesús Evelio Alvarado Pabón y otros protección del interés general16, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de aceionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de aceionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción17, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna 16 Corte __ Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a travfis de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronfa·y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener

el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronfa·y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por par/fi del juez, cuando se verifique su ocurrencia.". 17 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 " ... el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (. . .) El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos."9

Radicado: [H00J 233 10002012000 7101 (53090) Demandante: Jesl1 s Evelio Alvarado Pabón y otros situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando

Demandante: Jesl1 s Evelio Alvarado Pabón y otros situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure18 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 1 9, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Admin istrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Así mismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad2º. 18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizarl a seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los

18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizarl a seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término especifico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es as/ como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial". 19 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: " ... [s]i el actor deja transcurrir /os plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una .garantía para la seguridad jurfdica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado". 2° Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.6 22;

sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado". 2° Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.6 22; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017,

Rad.: 54.716.10

Rc1Jicado: 81001233100020120007101 (53090) Demandante: Jesús Evelio Alvarado Pabón y otros En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 21 de abril de 2010, mediante el cual se precluyó la investigación penal adelantada en contra de Jesús Evelio Alvarado Pabón, quedó ejecutoriado el 10 de mayo de 2010, según da cuenta copia simple21 de la certificación suscrita el 11 de mayo de 201 O por la Secretaría de la Unidad Nacional de Fiscalías Contra el Terrorismo22; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 15 de febrero de 201223 , la cual se declaró fallida el 14 de marzo de 201224; y iii) que la demanda se presentó el 27 de abril de 201225.

4. Legitimación en la causa 4.1. Jesús Evelio Alvarado Pabón (victima), Vidalia Pabón (madre), Leonel Stiven Alvarado Pinto (hijo), Jorge Alexander Pabón (hermano), Wilson Deiro Quirife Pabón

4. Legitimación en la causa 4.1. Jesús Evelio Alvarado Pabón (victima), Vidalia Pabón (madre), Leonel Stiven Alvarado Pinto (hijo), Jorge Alexander Pabón (hermano), Wilson Deiro Quirife Pabón

(hermano) y María Ermina Quirife Pabón (hermana), están legitimados en la causa . . por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 67.408, en el cual fue privado de la libertad, según da cuenta copia simple de la Resolución del 21 de abril de 201 O dictada por la Fiscalía 3ª Especializada de la UNAT de Bogotá26, y los demás hacen parte de su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de los correspondientes registros civiles de nacimiento27. 4.2. Inés Pinto León está legitimada en la causa · por activa como compañera permanente de Jesús Evelio Alvarado Pabón, pues las declaraciones extrajudiciales de Yuddy Esperanza Villán Diaz28 y Edwin Yesid López Pérez29, en conjunto con el 21 La Sala le otorga valor a las pruebas documen tales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013. 22 FI. 144, C. 1. 23 FI. 26 a 28, C. 1. 24 Ibídem 25 FI. 3 a 16, C. 1. 2• FI. 61 a 12 3, C. 1.

22 FI. 144, C. 1. 23 FI. 26 a 28, C. 1. 24 Ibídem 25 FI. 3 a 16, C. 1. 2• FI. 61 a 12 3, C. 1. 27 FI. 17, 19, 21, 22, y 23, C. 1. 28 FI. 24, C. 1. En la declaración extraju dicial rendida el 26 de enero de 201 2 en la Notaria Única del Circuito de Saravena, Yuddy Esperanza Villán Diaz manifestó: "[. . .] me consta que convive en unión marital de hecho vigente no declarada desde hace aproximadamente nueve (9) años con la señora Inés Pinto León [. . .]". 29 FI. 25, C. 1. En la declaración extrajudicial rendida el 26 de enero de 2012 en la Notaria Única del Circuito de Saravena, Edwin Yesid López Pérez manifestó: "[. . .] me consta que convive en unión11

Radicado: }]10 01233100020120007101 (53090) Demand,rnte: Jesús Eve1io Alvarado .Pabón y otros registro civil de nacimiento de Leonel Stiven Alvarado Pinto30, dan cuenta que tiene dicha calidad, y que Leonel Stiven Alvarado Pinto, es hijo de ambos. 4.3. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección31 , puesto que impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Jesús Evelio Alvarado Pabón, y posteriormente precluyó la investigación que se adelantó en su

señalados por la jurisprudencia de esta Sección31 , puesto que impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Jesús Evelio Alvarado Pabón, y posteriormente precluyó la investigación que se adelantó en su contra por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y rebelión.

5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar: i) si la actuación de la Fiscalía General de la Nación en punto de la captura del sindicado cumplió con los presupuestos legales o si con la misma se causó un daño antijurídico que el Estado tiene el deber de reparar; ii) si la medida de aseguramiento cumplió con los presupuestos legales que se exigían para su imposición, o si esta generó un daño antijurídico que el Estado deba resarcir y; iii) si el Estado cumplió los términos procesales para calificar el mérito del sumario o si se prolongó injustificadamente la detención del procesado generando un daño antijurídico que el Estado debe indemnizar.

6. Solución de los problemas jurídicos Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y el desarrollo jurisprudencia! frente al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad. marital de hecho vigente no declarada desde hace aproximadamente nueve (9) años con la señora Inés Pinto León [. .. ]". 3o FI. 21 y 22, C. 1. ' 31 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Su bsección C. Auto del 25 de septiembre de 201 3, Rad.:

20420.12

Radicado: 81001233100020 120007101 (53090)

Demandante: Jesús Evelio Alvarado Pabón y otros

20420.12

Radicado: 81001233100020 120007101 (53090) Demandante: Jesús Evelio Alvarado Pabón y otros 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 19 9P2 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho33 , que contraría el orden legal34 o que está desprovista de una causa que la justifique35, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida36, violando de manera directa el principio alterum non Jaedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elabore