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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 85001-23-31-000-2012-00048-01 (59355) Actor: SERGIO FERNANDO CARO PARRADO Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Temas: DAÑOS DERIVADOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / DESAPARICIÓN FORZADA – Se probó que las víctimas fueron desaparecidas a manos de un grupo ilegal con la complicidad de la actuación del Sargento de la Policía Nacional del municipio de Monterrey. SENTENCIA PENAL CONDENATORIA POR LOS DELITOS DE CONCIERTO PARA DELINQUIR Y DESAPARICIÓN FORZADA/ SENTENCIA PENAL CONDENATORIA PROFERIDA EN CONTRA DE UNO DE LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS /SENTENCIA EN PROCESO DISCIPLINARIO EN CONTRA DE AGENTE DEL ESTADO – Las providencias proferidas en otro proceso no configuran cosa juzgada frente a los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado; sin embargo, cuando acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pueden ser valoradas por el juez contencioso con el fin de obtener certeza respecto de los elementos de la responsabilidad. Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 9 de febrero de 2017, por el Tribunal Administrativo del Casanare, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 9 de febrero de 2017, por el Tribunal Administrativo del Casanare, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO El 16 de agosto del 2003, en el municipio de Monterrey, Casanare, miembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare, con la complicidad de agentes de la Policía Nacional, al mando del Sargento William Castillo Mosquera, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como el comandante de la estación de ese municipio, perpetraron la desaparición forzada de los señores Luis Alfredo y Carlos Augusto Castillo Castro, de quienes a la fecha se desconoce su paradero.Radicación número: 85001-23-31-000-2012-00048-01 (59355) Actor: Sergio Fernando Caro Parrado y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

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II. A N T E C E D E N T E S 1. La demanda En escrito presentado el día 14 de marzo de 20121, los señores Teresa Castro, Lucía Mery Parrado Castro, Luz Helena Castillo, Mauricio Castillo, Humberto Castillo Castro, Sergio Fernando Caro Parrado, Miguel Adolfo Caro Parrado, Amelia Saavedra Leal actuando a nombre propio y en representación de la menor Yeri Zuledna Castillo Saavedra y Miguel Antonio Caro Torres, por conducto de apoderado judicial interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por la desaparición forzada de los hermanos Luis Alfredo y Carlos Augusto Castillo Castro, en hechos ocurridos el 16 de agosto de 2003, en el municipio de Monterrey en Casanare. En concreto, los demandantes solicitaron que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas: Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora Teresa Castro, la suma de $181’634.245; a favor de la Yeri Zuledna Castillo Saavedra, la suma equivalente en pesos a $296’310.736; a favor de Amelia Saavedra Leal, la suma equivalente en pesos a $788’931.519 y por concepto de daño emergente, a favor de la madre, las hermanas y hermanos de las víctimas, la suma de $20’000.000. Además, solicitaron, por concepto de perjuicios morales, doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200) para cada uno de los demandantes; por concepto de daño a

la vida de relación, doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200) para cada uno de los demandantes y por concepto de “perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales, por la violación de varios derechos fundamentales, entre estos el derecho a la vida, a la integridad personal, a no ser desaparecido forzadamente, a la tranquilidad, a la libertad y a la familia” la suma equivalente en pesos a mil doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (1200) para cada uno de los demandantes. Igualmente, solicitaron como medida de satisfacción, brindar a los demandantes tratamiento médico y psicológico especializado con el equipo de profesionales que las víctimas elijan; como garantías de no repetición, la parte actora requirió “un 1 Fls 10 - 75 c 15Radicación número: 85001-23-31-000-2012-00048-01 (59355) Actor: Sergio Fernando Caro Parrado y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

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mecanismo para apoyar el plan de vida de las personas que han sido víctimas del conflicto armado interno, especialmente la familia de Luis Alfredo Castillo Castro y Carlos Augusto Castillo Castro”. También solicitaron la realización de un acto de reconocimiento público de responsabilidad de la entidad por la desaparición forzada de los nombrados, el cual se deberá llevar a cabo el 16 de agosto como conmemoración a la fecha en que ocurrieron los hechos y que se lleve a cabo la investigación de los miembros de la fuerza pública que fueron responsables del delito. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente: El 16 de agosto de 2003, los señores Luis Alfredo y Carlos Augusto Castillo Castro salieron en compañía de tres personas más del municipio de Granada, Meta, en un camión que transportaba una máquina combinada de arroz, rumbo al municipio de Trinidad, Casanare, con el fin de realizar labores de recolección de arroz en varios cultivos. Aproximadamente a las 4:00 a.m. pararon en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca, para recoger insumos agrícolas y continuaron su recorrido. Los trabajadores pararon a desayunar a las 8:00 a.m. en el municipio de Monterrey, Casanare, en un restaurante situado al frente de la bomba de gasolina, momento en el que fueron interceptados por agentes de la policía, quienes recibían órdenes del Sargento Segundo William Castillo Mosquera, quien los interrogó y requisó. Una vez se fueron los policías del restaurante, llegaron sujetos armados con uniformes de un grupo paramilitar, quienes procedieron a secuestrarlos y, desde ese momento, no se volvió a tener noticia de los agricultores. En los días siguientes, la esposa de uno de los trabajadores quien era el propietario del vehículo acudió a la estación de policía de Monterrey para denunciar la desaparición de los cinco trabajadores y reclamar la entrega del

desde ese momento, no se volvió a tener noticia de los agricultores. En los días siguientes, la esposa de uno de los trabajadores quien era el propietario del vehículo acudió a la estación de policía de Monterrey para denunciar la desaparición de los cinco trabajadores y reclamar la entrega del tractor; el Sargento Segundo le indicó que los señores habían sido asesinados por ser guerrilleros. Respecto del vehículo, indicó que ya se lo había entregado al señor José Miguel Becerra Fonseca porque él acreditó ser el verdadero dueño, circunstancia que no fue verificada correctamente por el oficial, lo que probó su complicidad con los criminales. El 26 de agosto siguiente, el oficial, sospechosamente, volvió a ubicar el vehículo en una vereda y lo puso a disposición de la Fiscalía 16 para que por fin surtiera el trámite de entrega estipulado por la ley. Según la demanda, se probó en el proceso penal adelantado por estos hechos, que el comandante de la Policía de Monterrey, Sargento Segundo William Castillo Mosquera obró como agente determinador de la desaparición forzada de las cincoRadicación número: 85001-23-31-000-2012-00048-01 (59355) Actor: Sergio Fernando Caro Parrado y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

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personas, pues tenía claros vínculos con el grupo paramilitar, tanto así, que no sólo permitió el flagelo, sino que también hizo todo lo posible para ocultar los hechos, lo cual constituía un evidente compromiso de la responsabilidad de la entidad demandada. 2.- El trámite en primera instancia La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante providencia del 31 de mayo de 2012, que se notificó en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público2. La Policía Nacional contestó la demanda3 y sostuvo que se había configurado el hecho de un tercero, porque la desaparición forzada de las víctimas no la ejecutó un agente del estado sino una banda delincuencial; sostuvo que incluso, bajo el hipotético caso de que el sargento William Castillo hubiera prestado su colaboración para cometer el delito, este no estaba relacionado con el servicio. También manifestó que no se demostró que las víctimas hubieran solicitado medidas de protección a la entidad y que, si bien la zona en la que ocurrieron los hechos era peligrosa, le era imposible prever el delito en contra de los mencionados, motivos más que suficientes para exonerarla de toda responsabilidad. El 27 de septiembre de 2012, el tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas4 y, mediante auto del 29 de agosto de 2013, dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto5. La parte demandante6 señaló que se probó fehacientemente que el Sargento Segundo de la Policía Nacional William Castillo había participado directamente en la desaparición de los

hermanos Luis Alfredo y Carlos Augusto Castillo Castro porque bajo las potestades que el agente tenía y en uso de su posición, coordinó y permitió el ilícito tal como se confirmó en el proceso penal adelantado en contra el referido policía en el que se le condenó por los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir; el proceso disciplinario mediante el cual se destituyó de su cargo y el resto del material probatorio obrante en el expediente, que dio cuenta de su irregular actuar, razones más que suficientes para condenar a la demandada. La Policía Nacional sostuvo que a partir las declaraciones rendidas en los procesos adelantados por la desaparición de los hermanos Castillo Castro se podía concluir 2 Fls. 346 - c 16 3 Fls. 367 – 371 c 16 4 Fls. 382 – 383 c 16 5 Fl. 401 c 16 6 Fls 403 – 423 c 16Radicación número: 85001-23-31-000-2012-00048-01 (59355) Actor: Sergio Fernando Caro Parrado y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

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que se había configurado el hecho de un tercero, puesto que un miembro de un grupo paramilitar de la zona aceptó haber ejecutado la acción delictiva, todo lo cual acreditó que la entidad demandada no tuvo participación alguna en la ejecución del secuestro y posterior desaparición de los trabajadores que se transportaban a cosechar arroz; igualmente, planteó que la acción de reparación directa había caducado7. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. 3. La sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 9 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo de Casanare accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de la decisión, precisó que se acreditó que el día 16 de agosto de 2003, los hermanos Luis Alfredo y Carlos Augusto Castillo Castro y otras personas se dirigían al municipio de Trinidad, Casanare, en un camión que transportaba una combinada para realizar una recolección de arroz. En el municipio de Monterrey decidieron parar a desayunar en un restaurante, sitio al que llegaron agentes de la Policía Nacional al mando del Sargento Segundo Castillo Mosquera, quien dio la orden de requisarlos. Una vez se realizó el procedimiento policial, arribaron unos sujetos de un grupo ilegal, quienes obligaron a los trabajadores a subir a un vehículo, momento desde el cual desaparecieron. Indicó el a quo que conforme al proceso penal surtido por la desaparición de los hermanos Castillo Castro, el Sargento Segundo Castillo Mosquera fue condenado por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada debido a que se acreditó que

era cómplice del grupo paramilitar de Casanare a quienes colaboraba para que cometieran delitos en el municipio y quien de forma voluntaria, y valiéndose de su calidad como comandante de la estación de policía de Monterrey, requisó y avisó que los trabajadores no tenían armas para que los bandidos pudieran detenerlos y posteriormente desaparecerlos. Con fundamento en el anterior razonamiento, condenó a la demandada al pago de las siguientes sumas de dinero: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar a título de perjuicios morales a los demandantes que se relacionan a continuación en su condición de madre, compañera permanente, hermanos e hija, respectivamente, de los occisos Luis Alfredo Castillo Castro y Carlos Augusto Castillo Castro, por los hechos ocurridos desde el 16 de febrero de 2003, en el municipio de Monterrey – Casanare, 7 Fls. 402 – 405 c 16Radicación número: 85001-23-31-000-2012-00048-01 (59355) Actor: Sergio Fernando Caro Parrado y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

6 cometidos directamente por integrantes de las “Autodefensas Campesinas de Casanare” – ACC, en complicidad con miembros de la Policía Nacional, así: Nombre Parentesco Daños Morales Teresa Castro de Parrado Mamá 300 (150 por c/víctima) Yeri Zuledna Castillo Saavedra Hija de Luis Alfredo Castillo Castro 150

Amalia Saavedra Leal Compañera de Luis Alfredo Castillo Castro 150 Lucía Mery Parrado Castro Hermana 150 (75 por c/víctima) Luz Elena Castillo Castro Hermana 150 (75 por c/víctima) Mauricio Castillo Castro Hermano 150 (75 por c/víctima) Peregrino Humberto Castillo Castro Hermano 150 (75 por c/víctima) TOTAL DAÑOS MORALES 1200 Total condena: 1200 SMLM. El monto del salario mínimo será el que esté vigente al momento de la ejecutoria de la sentencia. 4. CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales – lucro cesante consolidado y futuro a favor de la señora Amelia Saavedra Leal en calidad de compañera permanente y Zuledna Yery Castillo Saavedra en calidad de hija del difunto Luis Alfredo Castillo Castro, la suma de doscientos veintiún millones cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con dieciocho centavos ($221’468.486,18) 5. El importe neto de las condenas, efectuado el descuento indicado en la motivación por pagos que realice o haya realizado la Nación en virtud de la reparación administrativa a víctimas del conflicto armado interno, si a ello hubiere lugar, devengará intereses moratorios a partir de la ejecutoria del fallo, según las previsiones del artículo 177 del C.C.A. 6. Ordenar a título de medidas de satisfacción que el Estado colombiano, por conducto de los ministros de interior, de justicia y del derecho y de defensa directamente o a través de delegados que no podrán ser de rango inferior a viceministro, realice los actos indicados en la parte motiva de esta sentencia en los numerales 13 a 13.2 (sic)8 8 “14.1. Publicar un extracto de esta sentencia y de la que profiera el superior funcional, con expresa identificación de los

rango inferior a viceministro, realice los actos indicados en la parte motiva de esta sentencia en los numerales 13 a 13.2 (sic)8 8 “14.1. Publicar un extracto de esta sentencia y de la que profiera el superior funcional, con expresa identificación de los hechos, de la organización criminal que los cometió y los nombres de quienes han sido plenamente condenados por ellos, así como la transcripción de la parte declarativa de la condena (excluidos datos relativos a indemnizaciones), en diario de amplia circulación nacional, por no menos de tres (3) veces, así como en diario de masiva circulación regional en Casanare, por el mismo número. 14.2. Reconocer en acto público que se realizará en Monterrey – Casanare, en presencia de las autoridades territoriales (gobernador y alcalde de Monterrey), de delegados de las Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, así como de los demandantes y demás familiares de las víctimas directas que deseen comparecer, a todos quienes se garantizará seguridad, que i) los hermanos Luis Alfredo y Carlos Augusto Castillo Castro fueron secuestrados, desaparecidos forzosamente y ultimados por integrantes de la facción “ACC” del paramilitarismo que operó en Casanare; ii) que su familia, como los occisos mismos, son víctimas del conflicto armado interno; iii) que las autoridades en especial la Fuerza Pública (Policía), no realizaron esfuerzos suficientes para contener la expansión, dominio territorial y criminalidad de esas organizaciones delictivas en Casanare, lo que aunado a la

probada complicidad del comandante de la Estación de Policía en es época y municipalidad contribuyó a la ejecución del daño en el caso concreto. En la ceremonia el Estado honrará la memoria de las víctimas directas, presentará excusas a la familia y a la comunidadRadicación número: 85001-23-31-000-2012-00048-01 (59355) Actor: Sergio Fernando Caro Parrado y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

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4. Los recursos de apelación 4.1. La parte demandante9 manifestó su inconformidad contra el fallo de primera instancia y presentó recurso de apelación con el fin de que fuera reconocida la indemnización por concepto de perjuicios morales, a favor de los señores Sergio Fernando Castro Parrado, Miguel Adolfo Caro Parrado, Miguel Antonio Caro Torres en calidad de cuñados y sobrinos de las víctimas, y Amelia Saavedra Leal y Yery Zuledna Castillo Saavedra, en calidad de cuñada y sobrina de Carlos Augusto Castillo Castro. Igualmente, solicitó el aumento de la condena por concepto de los perjuicios materiales, porque en la decisión de primera instancia no se hizo la inclusión del 25% por concepto de prestaciones sociales, adicional a que, equivocadamente, respecto de los beneficiarios del señor Luis Alfredo Castillo Castro, se utilizó una suma inferior a la devengada, pues se señaló que se presumía que su remuneración era igual a la de un salario mínimo mensual legal vigente y, de manera injusta se le denegó el reconocimiento de este perjuicio a la señora Teresa Castro, como beneficiaria de Carlos Augusto Castillo. También solicitó el reconocimiento al rubro pedido por las graves afectaciones contra bienes constitucionales y convencionalmente protegidos, a la obligación de brindar tratamiento médico y psicológico a los demandantes y que en las medidas de satisfacción se indique “que debe existir una concertación plena y absoluta del acto de reconocimiento con las familias”. 4.2. Inconforme con la anterior decisión10, la entidad demandada interpuso recurso de apelación. Manifestó que el a quo no tuvo en cuenta que el Sargento Castillo Mosquera ejecutaba

los delitos por fuera del servicio, puesto que las personas desaparecidas por el grupo de hombres de las ACC no fueron trasladados a la estación de policía de Monterrey, ni tampoco estuvieron bajo la retención y protección de la Policía Nacional. En consecuencia, planteó la configuración del hecho de un tercero, pues se probó en el proceso penal que quienes desaparecieron los cuerpos de los hermanos Castillo Castro fueron los paramilitares, específicamente, el señor Josué Darío Orjuela Martínez quien confesó haberlos asesinado. Por último, solicitó denegar el reconocimiento de los

y hará formal promesa de no repetición. Igualmente, lo hará, con similares alcances y participes de los organismos y dependencias nacionales, en el primer “día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas) que sobrevenga después de la ejecutoria de la sentencia, en cuyo escenario dará las pertinentes satisfacciones simbólicas a la memoria de los hermanos Luis Alfredo y Carlos Augusto Castillo Castro y a sus deudos.” 9 Fls. 466 – 495 c ppal 10 Fls. 469 - 477 c ppalRadicación número: 85001-23-31-000-2012-00048-01 (59355) Actor: Sergio Fernando Caro Parrado y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa 8

perjuicios deprecados por los hermanos de las víctimas toda vez que no se logró probar el sufrimiento de ellos, incluso, uno de ellos ya había fallecido. 5. El trámite en segunda instancia Con posterioridad a la audiencia de conciliación judicial del 19 de abril de 201711 que trata el artículo 70 de la ley 1395 de 2010 y en la que las partes no llegaron a un acuerdo, los recursos fueron concedidos y admitidos el 8 de septiembre de 201712. Posteriormente, el 30 de octubre de 2017, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto13. La parte demandante reiteró los argumentos del recurso de apelación14. La entidad demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal. El Ministerio Público15 solicitó modificar la sentencia recurrida porque la entidad demandada fue responsable “bajo el régimen de la responsabilidad por culpa in eligendo e in vigilando derivada del actuar de un agente del Estado, en calidad de cómplice del delito, lo que la hace responsable del mismo, en un cierto grado, pero no en su totalidad”. III. C O N S I D E R A C I O N E S 1.- Competencia La Sala es competente para conocer del asunto, debido a los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 9 de febrero de 2017, de conformidad con el artículo 129 del C.C.A., por tratarse de un proceso de doble instancia debido a la cuantía16, según lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley 1450/11, que le dio vigencia anticipada las reglas previstas en el

artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, en razón a que la pretensión mayor excedía los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda (14 de marzo de 2012), para que un proceso de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación. 2.- El ejercicio oportuno de la acción Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de 11 Fl. 507 c ppal 12 Fls. 517 c ppal 13 Fl. 519 c ppal 14 Fls. 381 – 391 c ppal 15 Fld 537 – 546 c ppal 16 Por concepto de violación a los derechos humanos se solicitaron 1200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.Radicación número: 85001-23-31-000-2012-00048-01 (59355) Actor: Sergio Fernando Caro Parrado y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

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reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acontecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. El artículo 7 de la Ley 589 de 2000 adicionó un inciso al numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo del siguiente tenor: Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. Cabe aclarar que la norma antes citada establece dos momentos imperativos a partir de los cuales se cuenta el término de caducidad de la reparación directa derivada del delito de desaparición forzada: la fecha en que aparece la víctima o la ejecutoria del fallo penal, pero también prevé que la acción “puede intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”, es decir que, al margen de que la víctima no haya aparecido o no exista sentencia definitiva dictada en un proceso penal sobre la desaparición, los demandantes pudieron intentar la reparación directa desde el momento en que sucedieron los hechos que originaron la desaparición de los hermanos Castillo Castro, en este caso, desde el 16 de agosto de 2003. En el sub judice se observa que

si bien las víctimas no han aparecido, obra en el proceso la providencia mediante el cual se condenó al Sargento William Castillo Mosquera por el delito de desaparición forzada y concierto para delinquir la cual culminó el proceso penal, no se tiene la fecha de su ejecutoria. Sin embargo, de llegarse a contar el término desde el día siguiente de la fecha en que se profirió la providencia, esto es, el 15 de diciembre de 2012, al haberse presentado la demanda el 14 de marzo de 2012, se tiene que se presentó en término. 3. La legitimación en la causa La señora Teresa Castro está legitimada en la causa al acreditar ser la madre de los señores Luis Alfredo y Carlos Augusto Castillo Castro17. Igualmente, la menor Yery Zuledna Castillo Saavedra probó ser la hija del señor Luis Alfredo Castillo Castro y los señores Mauricio Castillo Castro18, Peregrino Humberto Castillo 17 Fls 201-202 c 5 18 Fl. 81 c 15Radicación número: 85001-23-31-000-2012-00048-01 (59355) Actor: Sergio Fernando Caro Parrado y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

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Castro19, Lucía Mery Parrado Castro20 y Luz Elena Castillo Castro acreditaron ser los hermanos de las víctimas. Igualmente, los señores Sergio Fernando Caro Parrado21 y Miguel Adolfo Caro Parrado22 probaron ser sus sobrinos, y el señor Miguel Antonio Caro Torres su cuñado. Respecto de la compañera permanente del señor Luis Alfredo Castillo Castro, la señora Amalia Saavedra, obra el testimonio de la señora Melba Méndez, quien dio cuenta del vínculo y trato que existía entre la demandante y el fallecido, lo que permitió que en su círculo familiar y social fueran reconocidos como pareja. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el daño que se invoca en la demanda proviene de acciones y omisiones atribuidas a la Policía Nacional, al que se acusa de ser el causante de los perjuicios que reclama la parte actora; por tanto, la citada entidad tiene interés en controvertir las pretensiones, dado que sobre esta podrían recaer las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de las súplicas indemnizatorias impetradas, por lo que cuenta con legitimación en la causa por pasiva para actuar en el presente asunto. 4. Cuestión previa. Validez de los medios de prueba Se aprecian varias piezas del proceso disciplinario adelantado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación en contra del Sargento Segundo William Castillo Mosquera en su calidad de comandante de la estación de policía de Monterrey durante el período comprendido entre el 9 de enero y el 24 de diciembre de 2003. Si bien la Policía

Nacional guardó silencio sobre el traslado del proceso disciplinario, tuvo la oportunidad de impugnar y cuestionar tales pruebas, sin que formulara ninguna objeción sobre el particular, además fueron tomadas por ambos extremos procesales como base para sus argumentos litigiosos, lo cual indica el adecuado ejercicio y garantía del derecho de contradicción. En todo caso, la Sala advierte que se está frente a un caso de violación grave de derechos humanos, por tanto, la valoración probatoria debe ser más flexible dadas las circunstancias de indefensión en que se encuentran las víctimas en este tipo de eventos, razón por la cual la Sala, en virtud de los principios de justicia material y de acceso a la Administración de Justicia, dará valor a la totalidad de los elementos de convicción que obran en dicho encuadernamiento, decisión que se ajusta

19 Fl 83 c 15 20 Fl 78 c 15 21 Fl 85 c 15 22 Fl 86 c 15Radicación número: 85001-23-31-000-2012-00048-01 (59355) Actor: Sergio Fernando Caro Parrado y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa 11

plenamente a lo precisado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 28 de agosto de 201323. 5. Sobre las diligencias de indagatoria En el expediente obran las diligencias de indagatoria rendidas por miembros del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Casanare en el proceso penal adelantado en contra del Sargento Segundo William Castillo Mosquera, que fueron trasladadas a la investigación disciplinaria adelantada en contra del mismo, por lo que resulta necesario para la Sala precisar su alcance probatorio a fin de resolver el caso puesto a su consideración. En relación con la práctica de las diligencias de indagatoria y/o versión libre, la Sala Plena del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades, les ha dado valor probatorio, con el objetivo de alcanzar la verdad material. Así lo ha aplicado esta Corporación: Valga aclarar que la Sala Plena de esta Corporación, ha dado valor a la indagatoria como medio probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundam