CE - 88001233300020200000701120230117140303

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., primero (1.º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandado: Bernabé Velasco Rivera y Administradora Colombiana de

Pensiones (Colpensiones)

Temas: Régimen pensional de los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 11 de junio de 2021, por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, consagrado en el artículo 138 del Código de

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de l as siguientes Resoluciones: i) PAP 041841 del 28 de febrero de 2011; y ii) RDP 055323 del 5 de diciembre de 2013 expedida por medio de las cuales se reconoc ió y reliquid ó una pensión de vejez al señor Bernabé2

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021) Demandante: UGPP Velasco Rivera, con el régimen especial de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) declarar que al señor Bernabé Velasco Rivera no le asiste derecho al reconocimiento de una pensión de vejez, toda vez que no era beneficiario de la transición prevista en la Ley 100 de 1993; ii) ordenar el reintegro de las sumas de dinero pagadas por concepto de mesadas pensi onales, en forma indexada; iii) actualizar la condena de conformidad con lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; iv) con denar al pago de intereses comerciales y moratorios, según lo dispuesto en el artículo 195 ibidem; v) dar cumplimiento a la sentencia

Ley 1437 de 2011; iv) con denar al pago de intereses comerciales y moratorios, según lo dispuesto en el artículo 195 ibidem; v) dar cumplimiento a la sentencia dentro de los términos del artículo 192 ejusdem; y vi) condenar en costas y agencias en derecho.

Además, reclamó que en el evento en que el demandado «cumpla con los requisitos señalados en los artículos 3 y 4 del decreto 2090 de 2003 », se declare que la entidad competente para el reconocimiento de la pensión de vejez es la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad demandante señaló los siguientes:

1. El señor Bernabé Velasco Rivera solicitó a Cajanal el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, con fundamento en que nació el 5 de abril de 1965 y laboró en el INPEC desde el 16 de marzo de 1987 hasta el 31 de julio de 2009 ( en este periodo, realizó aportes a esa entidad ) del 1 .º de agosto de 2009 al 30 de septiembre de 2012 ( en este lapso, estos fueron enviados al Instituto de Seguros Sociales) y del 1 .º de octubre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2014 (en este tiempo cotizó en Colpensiones). El último cargo que desempeñó fue el de inspector, código 4137, grado 13, en el Establecimiento Penitenciario de Mediana

Seguridad y Carcelario de San Andrés.3

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021)

inspector, código 4137, grado 13, en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de San Andrés.3

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021)

Demandante: UGPP

1. A través de la Resolución PAP 041841 del 28 de febrero de 2011, Cajanal reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de vejez a favor del señor Velasco Rivera, en aplicación de la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994 , la cual fue liquidada con el 75 % del promedio de lo devengado en los últimos diez años comprendidos entre el 1 .º de abril de 1998 al 30 de marzo de 2008, en cuantía de $ 952.954.64, efectiva a partir de abril de 2008, y condicionada al retiro definitivo del servicio oficial.

1. La UGPP expidió la Resolución RDP 055323 del 5 de diciembre de 2013, por la cual reliquidó la prestación con el 75 % del promedio de los salarios sobre los cuales realizó aportes entre el 1.º de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, en cuantía de $ 1.595.327, efectiva a partir del 1 .º de octubre de 2013, pero con efectos fiscales una vez demuestre el retiro definitivo del servicio.

1. Mediante la Resolución 000438 del 11 de febrero de 2014 , el director general del INPEC aceptó la renuncia presentada por el señor Bernabé Velasco Rivera al cargo de inspector, a partir del 1.º de abril de 2014.

1. Mediante la Resolución 000438 del 11 de febrero de 2014 , el director general del INPEC aceptó la renuncia presentada por el señor Bernabé Velasco Rivera al cargo de inspector, a partir del 1.º de abril de 2014.

1. A través de la Resolución RDP 000103 del 3 de enero de 2018, la UGPP negó la reliquidación de la pensión vejez solicitada por el demandado, en aten ción a que esta se debía efectuar con los últimos 10 años, los factores base para calcularla son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, y las demás condiciones y requisitos aplicables para acceder a la pensión de vejez, se rigen por lo establecido en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que la reglamentan .

Esta decisión fue confirmada mediante la Resolución RDP 010595 del 23 de marzo de 2018.

1. El señor Velasco Rivera interpuso demandada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP. El asunto le correspondió al Juzgado Único Contencioso Administrativo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se tram ita con el radicado 88001 33 33 001 2018 00120 00. Al respecto señaló lo siguiente:4

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021)

Demandante: UGPP

[…] con fundamento en las siguientes pretensiones, las cuales difieren de las planteadas en esta demanda, así:

“(…) 1.1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución PAP-041841 de febrero 28 de 2011

[…] con fundamento en las siguientes pretensiones, las cuales difieren de las planteadas en esta demanda, así:

“(…) 1.1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución PAP-041841 de febrero 28 de 2011 mediante la que Cajanal le reconoció la pensión 1.2. Declarar la nulidad total de la Resolución RDP 000103 de enero 03 de 2018 mediante la que la UGPP le negó la reliquidación de la pensión. 1.3. Declarar la nulidad total de la Resolución RDP 010595 de marzo 23 de 2018 mediante la que la UGPP confirmó la Resolución RDP 000103 de 2018. 1.4. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP a que le reliquide la pensión por nuevo tiempo de servicio con el 75 % del promedio de los salarios y primas de toda especie devengadas [en el periodo abril diciembre 2013 a enero marzo 2015] (…) 1.5. Condenar a la accionada a indexar el monto a pagar, conforme a liquidación precedente, inciso último artículo 187 del CPACA (…)” negrilla propia.

El proceso de la referencia se encuentra en trámite, con celebración de audiencia inicial el 12 de junio de 2019, conforme proveído de fecha 23 de abril de 2019 emanado del citado Despacho Judicial.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 48 y 209 de la Constitución Política;

emanado del citado Despacho Judicial.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 48 y 209 de la Constitución Política; 96 de la Ley 32 de 1986; 36 de la Ley 100 de 1993; 2 a 8 y 11 del Decreto 2090 de 2003; 1 del Decreto 2655 de 2014; y el Acto Legislativo 01 de 2005.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la entidad demandante expuso los siguientes argumentos:1

1. Quienes se hayan vinculado con anterioridad al 28 de julio de 2003 y que en virtud del parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005, se les aplica la Ley 32 de 1986, deben acreditar lo s requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, el señor Bernabé Velasco Rivera no estaba cobijado por tal prerrogativa, por cuanto a la entrada en vigencia de la última norma referida, tan solo tenía 28 años de edad y 7 años y 16 días de servicio. Además, el interesado debe acreditar 20 años de servicio en los

1 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 7, documento denominado «202002121553-1».5

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021) Demandante: UGPP cargos de excepción, esto es, miembros del cuerpo de custodia y vigilancia de la población carcelaria prestados en el INPEC.

1. Por lo anterior , es claro que la situación pensional del demandado no estaba

Demandante: UGPP cargos de excepción, esto es, miembros del cuerpo de custodia y vigilancia de la población carcelaria prestados en el INPEC.

1. Por lo anterior , es claro que la situación pensional del demandado no estaba amparada por la transición de que trata el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 y por lo tanto no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en el a rtículo 96 de la Ley 32 de 1986. En igual sentido lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en especial la proferida el 21 de septiembre de 2006.

1. El señor Velasco Rivera debió efectuar al menos 500 semanas de cotización especial, y además cumplir con el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión en las condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, y po r lo menos uno de los dos requisitos exigidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1. Tal y como se desprende del Certificado de Información Laboral 2018 -0094 del 17 de enero de 2018, a partir del 1.º de agosto de 2009, el demandado realizó aportes a l ISS, razón por la cual es a Colpensiones a quien le corresponde el reconocimiento de la prestación.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El señor Bernabé Velasco Rivera guardó silencio, tal y como se advierte en la constancia secretarial del 23 de octubre de 2020.2

1.2.2. Colpensiones, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de

la constancia secretarial del 23 de octubre de 2020.2

1.2.2. Colpensiones, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:3

1. La UGPP es la entidad competente para reconocer y pagar la pensión al señor Bernabé Velasco Rivera por ser la entidad a la que se sufrag ó el mayor tiempo de aportes. Si bien la última a la que estuvo afiliad o fue Colpensiones, este realizó cotizaciones de manera continua por solo 6 años.

2 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5, documento denominado «07InformeSecretarial». 3 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5, documento denominado «03ContestacionColpensiones».6

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021)

Demandante: UGPP

1. Los actos acusados fueron expedidos conforme a derecho; en tal sentido, se trata de un a situación consolidada a favor del pensionado , quien además realizó aportes por más de 21 años a Cajanal, razón por la cual es la UGPP la encargada del pago de la prestación. Aunado a lo anterior, el señor Velasco Rivera no autorizó la revocatoria de las resoluciones a través de las cuales se le reconoció la pensión.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , mediante sentencia proferida el 11 de junio de 2021 , denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:4

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , mediante sentencia proferida el 11 de junio de 2021 , denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:4

1. El Consejo de Estado no ha adoptado una posición unánime, pues de un lado, ha considerado que para que a un empleado del INPEC le sea reconocid o el derecho a la pensión con aplicación del régimen especial previsto en los artículos 96 de la Ley 32 de 1986 y 168 del Decreto 407 de 1994, debe acreditar además una de las condiciones descritas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y otras, en las cuales solo basta acreditar los requisitos del régimen especial en comento.

1. De conformidad con el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005, el régimen aplicable a los miembros de esta entidad es el establecido en el Decreto 2090 de 2003, a excepción de quienes se vincularon a aquél antes de su entrada en vigencia, pues a ellos se les aplicará el régimen establecido en la Ley 32 de 1986 de manera integral, par a lo cual deben cubrirse las cotizaciones correspondientes. La continuidad dispuesta en la norma constitucional clarifica, más allá de toda duda, la inaplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, artículo 36, para el personal del INPEC.5

1. Del material probatorio recaudado, se observa que el señor Bernabé Velasco Rivera ingresó al servicio del INPEC el 16 de marzo de 1987, es decir, antes de la

1. Del material probatorio recaudado, se observa que el señor Bernabé Velasco Rivera ingresó al servicio del INPEC el 16 de marzo de 1987, es decir, antes de la

4 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5, documento denominado «25Sentencia». 5 Citó: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, consulta del 9 de julio de 2019, radicado 11001 03 06 000 2019 00043 00, C.P. Germán Alberto Bula Escobar.7

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021) Demandante: UGPP vigencia del Decreto 2090 de 2003; por tanto, le es aplicable el régimen especial establecido en la Ley 32 de 1986, sin que sea necesario acreditar ninguna de las exigencias de edad y tiempo de servicios previstas en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. Así, en atención al principio de favorabilidad, la interpretación que debe regir en el reconocimiento pensional del demandado, es la aplicación del precepto legal que más le beneficie; en este caso concreto, sería el régimen especial contenido en la aludida Ley 32, en procura del cumplimiento del principio superior de igualdad y para evitar el desconocimiento de las garantías laborales.

Lo anterior, por cuanto la norma referida consagró un régimen pensional especial para los miembros del INPEC, quienes podrían acceder a una pensión de jubilación al cumplir 20 años de servicio sin tener en cuenta su edad. Estos requisitos los colmó el demandado, de manera que los actos acusados no están viciados de nulidad.

1. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, 6 le corresponde a la

colmó el demandado, de manera que los actos acusados no están viciados de nulidad.

1. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, 6 le corresponde a la UGPP el reconocimiento y admini stración de los derechos pensionales de los servidores públicos que hubieren adquirido el estatus o a quienes se les haya reconocido la pensión antes del 1 .º de julio de 2009 . En el sub judice , el demandado adquirió tal condición el 15 de marzo de 2007, fe cha en la cual se encontraba afiliado a Cajanal; por consiguiente, el reconocimiento de la prestación le correspondía a esta entidad, tal y como se efectuó en la Resolución PAP 041841 del 28 de febrero de 2011.

1.4. El recurso de apelación

La UGPP, por conducto de apoderad o, interpuso recurso de apelación 7 y lo sustentó así:

1. El señor Bernabé Velasco Rivera no estaba amparado por el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 y por lo tanto no le asiste derecho al reconocimiento de la

6 Citó, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, consultas del 5 de septiem bre de 2018 radicado 11001 03 06 000 2018 00115 00, CP. Oscar Darío Amaya Navas, y del 3 de abril de 2020, radicado 11001 03 06 000 2020 00003 00, CP. Édgar González López. 7 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5, documento denominado «26RecursoUGPP».8

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021)

7 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5, documento denominado «26RecursoUGPP».8

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021) Demandante: UGPP pensión de vejez c ontemplada en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. Esto, por cuanto a l 1 .º de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993) no tenía 15 años de servicio ni 40 años de edad como lo exige el artículo 36 ibidem para ser beneficiario de la transición allí establecid a, por lo que no le era posible aplicar el régimen especial del INPEC.

1. El demandado cumplió el requisito de 20 años de servicio en cargos de excepción con posterioridad al 28 de julio de 2003 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003) específicamente el 16 de marzo de 2007 ; luego, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo del art ículo 6 ibidem el interesado debió efectuar al menos 500 semanas de cotización especial, además cumplir con el número mínimo d e semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión en iguales condiciones a las establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo y por lo menos uno de los dos requisitos exigidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para gozar del régimen de transición.

1.5. Pronunciamiento en torno al recurso de apelación

El señor Bernabé Velasco Rivera , por intermedio de su apoderado, solicitó confirmar lo decidido en primera instancia, con fundamento en que de acuerdo con

transición.

1.5. Pronunciamiento en torno al recurso de apelación

El señor Bernabé Velasco Rivera , por intermedio de su apoderado, solicitó confirmar lo decidido en primera instancia, con fundamento en que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, exigir los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y gravoso para quienes están próximos a pensionarse.8

1.6. El ministerio público

El agente delegado ante esta S ección no rindió concepto según se desprende de la constancia secretarial del 28 de marzo de 2022.9

2. Consideraciones

8 Índice 11, aplicativo Samai. 9 Índice 13, aplicativo Samai.9

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021) Demandante: UGPP 2.1. El problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de apelación, 10 se circunscribe a establecer si el señor Bernabé Velasco Rivera podía ser beneficiario de la pensión de jubilación definida en la Ley 32 de 1986 , pese a no serlo del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen pensional de los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 ha sido

Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 ha sido aplicado a todos los habitantes del territorio nacional, conservando los derechos, garantías, prerrogativas, s ervicios y beneficios adquiridos «conforme a disposiciones normativas anteriore s, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en general».11

Sin embargo, en su artículo 140 dispuso que «el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos». Al respecto, esta Sala recientemente señaló que, con fundamento en esta norma, era evidente que las disposiciones

10 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012. 11 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.10

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021)

Demandante: UGPP

11 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.10

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021) Demandante: UGPP contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los trabajadores comprendidos en esa clasificación».12

Ahora bien, el Gobierno nacional expidió el Decreto 407 de 1994, por el cual estableció el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en cuyo artículo 168 preceptuó lo siguiente:

Artículo 168. Pensión de jubilación. [Derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003] Los mie mbros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la p ensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos efectos. Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1º. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el Gob ierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

Parágrafo 2º. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas en la Ley 100 de 1993. [Resalta la Sala].

desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

Parágrafo 2º. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas en la Ley 100 de 1993. [Resalta la Sala].

Respecto de los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126 del citado decreto señaló que «[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».

En consecuencia, corresponde analizar la Ley 32 de 1986, 13 que definió que «[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional es un organismo armado, de carácter civil y permanente al servicio del Ministerio de Justicia e integrado por personal uniformado». Además, el artículo 96 de esta norma dispuso que «[l]os miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta la edad».

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicado 20001-23-39-000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 13 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia».11

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021)

Demandante: UGPP

13 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia».11

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021)

Demandante: UGPP

Posteriormente, el presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas en el numeral 2.º del artículo 17 14 de la Ley 797 de 2003,15 expidió el Decreto 2090 de 2003.16 Esta norma, en lo pertinente, preceptúa que la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de internos del INPEC y de otros establecimientos carcelarios tiene el carácter de alto riesgo.

Asimismo, esta disposición estableció un régimen de transición consistente en que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrían derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, 17 la pensión de jubilación les sea reconocida en las condiciones definidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo. Esto señala la norma:

Artículo 6. Régimen de transición. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>18 Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán

normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.

14 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para: […]

2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de a lto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema». 15 Que reformó «algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales» 16 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades». Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003.

señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades». Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003. 17 Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. «A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º.de e nero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015». 18 En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, declaró este artículo exequible condicionalmente “…en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo”.12

Radicado: 88001 23 33 000 2020 00007 01 (3879-2021) Demandante: UGPP De la revisión de la norma transcrita se tiene que exige i) 500 semanas de cotización especial , ii) el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión; y iii) el cumplimiento de las condiciones reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen pensional de alto riesgo. Sobre cada requisito en particular se advierte lo siguiente:

1. En relación con las 500 semanas de cotización es pecial a que alude la norma, esta Corporación,19 en concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional, ha señalado que la interpretación más favorable a los trabajadores «es aquella que les permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse en

esta Corporación,19 en concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional, ha señalado que la interpretación más favorable a los trabajadores «es aquella que les permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse en el régimen de transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales cotizaciones no tuvieren el carácter de “especiales” al momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003». [Resalta la Sala].

1. Sobre el segundo requisito , según el cual se debe atender lo dispuesto en el numeral 2.º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el ar tículo 33 de la Ley 100 de 1993, de acuerd o con la interpretación que ha