CE - 9J20230424601IVANROD 20240412121005

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04246-01

Demandante: Iván Rodríguez Riaño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04246-01

Demandante: IVÁN RODRÍGUEZ RIAÑO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA,

SUBSECCION “B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa. Defecto s por desconocimiento del precedente judicial y fáctico. Requisito general de la relevancia constitucional cuando la carga argumentativa expuesta es insuficiente para efectuar un estudio de fondo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada po r el accionante contra la sentencia de 23 de noviembre de 2023 , dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifestó que el 20 de ma rzo de 2001, el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Palmira lo declaró responsable por el delito de acto sexual con persona en incapacidad de resistir y lo condenó a la pena principal de 24 meses de prisión, la cual no purgó por intervención de la Procuraduría Delegada, y a las accesorias de interdicción de derechos por igual lapso y suspensión en el ejercicio de la profesión de médico por espacio de un año.

Afirmó que e l 9 de noviembre del 2004 se posesionó en el cargo de profesional universitario forense grado 13 en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad Local de Palmira , nombramiento que fue declarado insubsistente mediante Resolución No. 000671 de 21 de septiembre del 2007, por haber incurrido en la inhabilidad pr evista en el artículo 150 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, debido a que había sido condenado penalmente , decisión que fue confirmada por medio de la Resolución No. 000886 de 7 de noviembre del 2007.

Relató que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en orden a que se declarara la nulidad de los actos administrativos me diante l os cuales fue destituido, la cual correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativ o del Circuito de Cali, que m ediante sentencia de 13 de abril de 2011 negó las

declarara la nulidad de los actos administrativos me diante l os cuales fue destituido, la cual correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativ o del Circuito de Cali, que m ediante sentencia de 13 de abril de 2011 negó las pretensiones de la demanda , decisión que fue confirmada por e l Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por sentencia de 11 de noviembre de 2012.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04246-01

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2 Refirió que , con posteriorid ad a la declaratoria de insubsistencia, el 17 de diciembre de 2008, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lo declaró disciplinariamente responsable por la comisión de la falta imputada en e l auto de evaluación de la investigación disciplinaria de 28 de agosto de 2008 y le impuso la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años , posteriormente modificada a 10 años.

Indicó que , dado lo anterior, promovió una nueva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de que se declarara la nulidad de las decisiones mediante las cuales fue declarado disciplinariamente responsabl e, y a título de restablecimiento del derecho que se condenara a la demandada al pago de 100 SMLMV, por concepto de perjuicios morales y de 400 SMLMV por daños a la vida

mediante las cuales fue declarado disciplinariamente responsabl e, y a título de restablecimiento del derecho que se condenara a la demandada al pago de 100 SMLMV, por concepto de perjuicios morales y de 400 SMLMV por daños a la vida de relación.

Sostuvo que de esta demanda conoció, en única instancia, el Consejo de E stado, Sección Segunda, Subsección “B”, que mediante sentencia de 31 de enero de 2013 declaró la nulidad de los actos demandados por prescripción de la acción disciplinaria y denegó las indemnizaciones solicitadas al considerar que no fueron probadas.

Narró que, no obstante la existencia d el fallo favorable, que declaró la nulidad de los actos mediante los que fue declarado disciplinariamente responsable e inhabilitado para el ejercicio de su profesión , la inhabilidad que pesaba en su contra se mantenía, l o que le imposibilitó durante mucho tiempo conseguir un nuevo trabajo, por lo que se comunicó con la Procuraduría General de la Nación , entidad que mediante Oficio de 14 de junio de 2016 le informó que se requería que el Instituto Nacional de Medicina Lega l y Ciencias Forenses solicitara cancelar la anotación en el registro de antecedentes disciplinarios e inhabilidades (SIRI).

Adujo que , en razón a lo anterior, presentó demanda de reparación directa en contra del Instituto Nacional de Medicina Legal y Cie ncias Forenses, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales y morales causados como consecuencia de la sanción disciplinaria que le fue impuesta ilegalmente, y por la falta de cancelación de la anotación en el registro de antecedentes disciplinarios e inhabilidades ante la

perjuicios materiales y morales causados como consecuencia de la sanción disciplinaria que le fue impuesta ilegalmente, y por la falta de cancelación de la anotación en el registro de antecedentes disciplinarios e inhabilidades ante la Procuraduría General de la Nación.

Refirió que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por sentencia del 31 de enero de 2013 negó las pretens iones, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, a través de sentencia de 25 de mayo de 2023.

Finalmente, sostuvo que con ocasión de la inhabilidad decretada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Cienci as Forenses, le fueron causados múltiples daños que aún siguen surtiendo efectos , pues perdió su trabajo y ha tenido problemas para conseguir uno nuevo desde que fue inhabilitado , lo que lo ha mantenido en insolvencia económica a sus 65 años de edad.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por la sentencia de 25 de mayo de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” confirmó el fallo que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa que interpuso enRadicación: 11001-03-15-000-2023-04246-01

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3 contra del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el objeto de que se le declarara responsable por los perjuicios materiales y morales causados como consecuencia de la sanción disciplinaria que le fue impuesta , y por la falta de cancelación de la anotación en el registro de antecedentes disciplinarios e inhabilidades ante la Procuraduría General de la Nación.

Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, adujo que el fallo objetado incurre en defecto fáctico , en tanto, adujo, i) en la sentencia de primera instancia el tribunal no analizó con suficiente profundidad las pruebas obrantes en el expediente, “ ni tuvo en cuenta la especial forma de valoración cuando el juez se enfrenta a un proceso de reparación directa en el cual los actores denuncian haber sido víctimas de un acto administrativo ilegal ”, aunado al hecho de que no tuvo en cuenta las especiales circunstancias que rodearon el caso para el estudio de la caducidad, las cuales ameritaban un análisis integral y con el debido context o, más allá de la regla que para el caso prevé la norma aplicable.

Señaló que el defecto fáctico se configura también porque ii) en la sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección “B” tampoco valoró las pruebas obrante s dentro del expediente para definir el

Señaló que el defecto fáctico se configura también porque ii) en la sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección “B” tampoco valoró las pruebas obrante s dentro del expediente para definir el momento desde el cual debían contabilizarse los perjuicios reclamados, esto es, desde la declaración de la inhabilidad y el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho, “el cual, por demás, no se cumplió y siguió perjudicando su vida económica, laboral y social”.

Agregó que “la prohibición del non bis in ídem no acarrea la imposibilidad de que unos mismos hechos sean castigados por autoridades de distinto orden, ni tampoco que sean apreciados desde perspectivas d istintas, pero sí que autoridades de igual orden y mediante procedimientos diversos sancionen repetidamente igual conducta, como quiera que se produciría una inadmisible reiteración del ius puniendi del Estado, y de contera, un flagrante atentado contra la presunción de inocencia”.

Por último , indicó que en la sentencia objeto de tutela se indicó que no podía reclamar perjuicios a través del medio de control de reparación directa “porque la fuente del daño proven ía de actos administrativos disciplinarios q ue se reputan ilegales, y aquellos no fueron o solicitados o probados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que present é previamente”, lo que la Sala entiende como un ii) desconocimiento del precedente judicial aplicable de la de la Sección Tercera del Consejo de Estado , relativo a las excepciones para la procedencia del medio de control de reparación directa cuando la fuente del daño

entiende como un ii) desconocimiento del precedente judicial aplicable de la de la Sección Tercera del Consejo de Estado , relativo a las excepciones para la procedencia del medio de control de reparación directa cuando la fuente del daño la constituyen actos administrativos que se estiman contrarios al ordenamiento jurídico.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“Por todo lo anterior IVÁN RODRÍGUEZ RIAÑO, en tal virtud solicita ordene la REPARACION DIRECTA y se decrete nulo el fallo del consejo de Estado de lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA , SUBSECCIÓN B del 25 de mayo del 2.023 y que confirma la sentencia proferida el 29 de noviembre del 2.017 por el Tribunal superior del Valle en representación de la magistrada Dra. Zoranny Castillo. Que se nos indemnice a IVAN RODRIGUEZ RIAÑO por los daño s causados e igual a mi hija y a mi ex esposa por la vulneración de nuestros derechos y como en la sentencia lo esboza: "de ahí que le corresponde a IVÁN RODRÍGUEZ RIAÑO, dentroRadicación: 11001-03-15-000-2023-04246-01

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4 de dicha causa probar los perjuicios que le fueron denegados y solicitar y acr editar también los perjuicios materiales que pretendía en el proceso.

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4 de dicha causa probar los perjuicios que le fueron denegados y solicitar y acr editar también los perjuicios materiales que pretendía en el proceso.

Que se deje sin efectos el fallo emitido por el CONSEJO DE ESTADO el pasado 25 de mayo del 2.023 dentro del proceso de la reparación directa promovido por el actor en la TUTELA y otros miembros de su familia y ordenar al despacho entutelado se sirva dictar una nueva providencia en la que tenga en cuenta las consideraciones jurídicas expuestas en la REPARACION DIRECTA y en la presente TUTELA”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digit al de las actuaciones surtidas en el proceso de reparación directa radicado con el Nº 2015-00599-01, actor: Iván Rodríguez Riaño.

5. Trámite procesal

Por auto de 22 de agosto de 2023, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado inadmitió la acción de tutela y requirió al actor para que aclarara “i) Si es el único accionante dentro del proceso y que, en caso de que la señorita María de los Ángeles Rodríguez Salamanca o terceras personas deseen ser accionantes, anexaran: a) memorial en el que manifestaran su voluntad de actuar dentro de la causa y señalaran sus nombres completos, números de documentos de identidad, antefirmas y correos electrónicos de notificación, si actuaban en nombre propio, o b) poderes especiales con el lleno de los re quisitos legales, si actuaban a través de apoderado , ii) Si pretendía actuar como agente oficioso de todos o alguno de los nuevos accionantes,

especiales con el lleno de los re quisitos legales, si actuaban a través de apoderado , ii) Si pretendía actuar como agente oficioso de todos o alguno de los nuevos accionantes, adjuntando la documentación que permitiera acreditar las razones por las cuales el o los agenciados se encontraba n impedidos para acudir por sus propios medios ante la administración de justicia y solicitar la protección de sus derechos fundamentales o para otorgar un poder con dicha finalidad , iii) El consecutivo de radicación al cual pertenece el proceso de reparac ión directa, dentro del cual le fueron, aparentemente, vulnerados sus derechos fundamentales reclamados, con el fin de posibilitar su plena identificación y, así mismo, manifestara si la acción se encontraba encaminada, también, en contra del Tribunal Admi nistrativo de Valle, para lo cual debería indicar cuál es la providencia a través de la cual se materializó dicha vulneración (fecha de la providencia y copia simple) , y iv) Si ha presentado otra acción de tutela sobre iguales hechos, partes y pretensiones , manifestándolo bajo la gravedad del juramento”.

Luego de que el accionante atendiera los requerimientos, el 7 de septiembre de 2023 se inadmitió nuevamente la acción de tutela y se requirió a las señoras Saturia Salamanca Méndez y María de los Ángeles R odríguez Salamanca para que aclararan, de manera expresa, si buscaban actuar como accionantes , lo cual hicieron mediante memorial de 10 de octubre de la misma anualidad, en el sentido de manifestar que actúan en calidad de vinculada y accionante, respectivamente.

Finalmente, el 24 de octubre de 2023 la Subsección “A” de la Sección Segunda

hicieron mediante memorial de 10 de octubre de la misma anualidad, en el sentido de manifestar que actúan en calidad de vinculada y accionante, respectivamente.

Finalmente, el 24 de octubre de 2023 la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” y al Tribunal Ad ministrativo del Valle del Cauca, como demandados, y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como tercero con interés en las resultas del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se denegaran las súplicas de la demanda, en tanto, afirmó, en el caso no se vulneraron los derechos del accionante.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04246-01

Demandante: Iván Rodríguez Riaño

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5 Relató que en la providencia cuestionada se estableció, frente a la reclamación de perjuicios derivada de los actos sancionatorios mediante los cuales el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses destituyó e inhabilitó al actor, que este cuestionaba nuevamente la validez de esas decisiones sobre la base de q ue la acción disciplinaria había prescrito y pretendía obtener una indemnización de

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses destituyó e inhabilitó al actor, que este cuestionaba nuevamente la validez de esas decisiones sobre la base de q ue la acción disciplinaria había prescrito y pretendía obtener una indemnización de perjuicios que le fue denegada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que había presentado previamente ante esta jurisdicción, “ por consiguiente, el f allo reprochado estimó que el medio de control de reparación directa no era procedente para reclamar los perjuicios denegados o aquellos otros que no se solicitaron dentro de referido proceso cuando la fuente del daño dimanaba de actos administrativos que se reputaban ilegales, más aún cuando esta Corporación había anulado los actos sancionatorios y se presentaba el fenómeno de la cosa juzgada frente a los perjuicios morales reclamados en el proceso de reparación directa, toda vez que, en el aludido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho esos perjuicios habían sido desestimados porque no se acreditaron”.

Sostuvo que allí se indicó que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 y 140 de la Ley 1437 de 2011 y la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, no se presentaban ninguna de las excepciones para predicar que el medio de control de reparación directa era procedente para solicitar la indemnización de perjuicios cuando la fuente de daño provenía de actos administrativos ilegales.

De otra parte, en relación con el daño proveniente de la presunta omisión en que incurrió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por no haber cancelado la sanción disciplinaria en el registro de antecedentes disciplinarios de

De otra parte, en relación con el daño proveniente de la presunta omisión en que incurrió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por no haber cancelado la sanción disciplinaria en el registro de antecedentes disciplinarios de la Pro curaduría General de la Nación luego de la firmeza de la decisión judicial que la anuló, sostuvo que el fallo reprochado consideró que ese daño no se había estructurado porque el 8 de abril de 2014 dicha entidad había solicitado eliminar la sanción e inhab ilidad, esto es, mucho antes de que quedase ejecutoriada la referida decisión anulatoria que profirió esa Sala, tal como efectivamente lo confirmó la Procuraduría General de la Nación mediante oficio de 14 de junio de 2016.

Conforme con lo anterior, sostu vo que la acción incumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto, a dujo, el actor cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para controvertir la sentencia proferida el 25 de mayo de 2023, esto es, el recurso extraordinario de revisión , el cual resulta adecuado para propugnar la protección del derecho fundamental al debido proceso por la supuesta falta de valoración probatoria dentro del reseñado proceso de reparación directa.

Agregó que la solicitud incumple con el requisito de relevancia constitucional, pues el accionante pretende revivir una discusión jurídica y probatoria que en su momento definió la Sección Tercera del Consejo de Estado con efectos de cosa juzgada, controversia que rebasa el ámbito de la acción constitucional porq ue este mecanismo no es, ni constituye una tercera instancia del proceso.

momento definió la Sección Tercera del Consejo de Estado con efectos de cosa juzgada, controversia que rebasa el ámbito de la acción constitucional porq ue este mecanismo no es, ni constituye una tercera instancia del proceso.

Indicó que el defecto fáctico alegado no se configura, pues e n el fallo cuestionado se realizó una valoración exhaustiva del material probatorio allegado al proceso, a partir del cual se concluyó que el medio de control de reparación directa no era el adecuado para analizar de nuevo la legalidad de los actos administrativos sancionatorios y de perseguir las indemnizaciones que no se acreditaron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para terminar, señaló que en el caso t ampoco se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado , pues, indicó, pese a que la parte demandante enuncia deRadicación: 11001-03-15-000-2023-04246-01

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6 manera vaga y general algunos casos en donde supuestamente se indemnizó a personas que fueron sancionadas cuando la acción disciplinaria se encontraba prescrita, no especificó concretamente cuáles fueron los fallos de la Sección Tercera que desconoció el fallo cuestionado , “sin embargo, se resalta, que para decidir la controversia, la Sala de Decisión trajo a colación las excepciones jurisprudenciales mencionadas para la procedencia del medio de control de

Tercera que desconoció el fallo cuestionado , “sin embargo, se resalta, que para decidir la controversia, la Sala de Decisión trajo a colación las excepciones jurisprudenciales mencionadas para la procedencia del medio de control de reparación directa cuando la fuente del daño la constituyen actos administrativos que se estiman contrarios al ordenamiento jurídico , a partir de lo cual verificó que estas no concurrían en el caso”.

6.2. Respuesta del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, por cuanto, sostuvo, carece del requisito de relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por el accionante a través del mecanismo de amparo es revivir el proceso de reparación directa, proceder que además de improcedente se tor na desconocedor del principio de lealtad procesal, pues lo que hace es congestionar la recta administración de justicia.

Indicó que, en todo caso, el trámite de la sanción disciplinaria, su registro y posterior cancelación quedó debidamente elucidado en l a sentencia objeto de censura, en la cual, inclusive, se hizo énfasis en el hecho de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses llevó a cabo la gestión de cancelación del registro mucho tiempo antes de ser notificada la decisión de aclaración de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 23 de noviembre de 2023 , denegó las pretensiones de la acción, por cuanto, señal ó,

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 23 de noviembre de 2023 , denegó las pretensiones de la acción, por cuanto, señal ó, los defectos alegados no se configuraban. Sostuvo que el desconocimiento del precedente judicial no se configuraba, pues la autoridad judicial accionada trajo a colación la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado , en torno a las excep ciones en las cuales procede el medio de control de reparación directa cuando el origen del daño lo constituye una actuación administrativa, a efectos de analizar su aplicación en el caso, de donde evidenció que ninguna de ellas concurría, puesto que el de mandante reprochaba nuevamente en reparación directa la validez de los actos administrativos sancionatorios a efectos de obtener la indemnización de perjuicios que le fue denegada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

De otra parte, señaló que la autoridad judicial accionada no procedió a analizar los perjuicios reclamados, no porque lo hubiera omitido, sino porque determinó que en el asunto no era procedente su análisis, al ya haber sido un litigio zanjado en el proceso de nulidad y res tablecimiento del derecho en el cual no se encontraron acreditados, de manera que no era la vía de reparación directa ahora la instancia para una nueva controversia o para solicitar los perjuicios materiales que no fueron reclamados en su oportunidad.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en escrito en el que reiteró los argumentos que sustentan l a solicitud de amparo inicial.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04246-01

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si revoca la decisión de primera instancia , que denegó las pretensiones de la acción de tutela , en tanto, la sentencia de 25 de mayo de 2023 , mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” confirmó el fallo que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa que interpuso en contra del Instituto Na cional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, incurre en i) defecto fáctico, por la falta de valoración de las pruebas que definían el término

las pretensiones del medio de control de reparación directa que interpuso en contra del Instituto Na cional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, incurre en i) defecto fáctico, por la falta de valoración de las pruebas que definían el término desde el cual debían contabilizarse los perjuicios reclamados, “ esto es, desde la declaración de la inhabilidad y el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual, por demás, no se cumplió y siguió perjudicando su vida económica, laboral y social”, y en ii) desconocimiento del precedente judicial, en tanto desatendió lo precisado por la Sección Tercera del Consejo de Estado relativo a las excepciones para la procedencia del medio de control de reparación directa cuando la fuente del daño la constituyen actos administrativos que se estiman contrarios al ordenamiento jurídico.

Previo a cualquier consideraci ón, corresponde a la Sala determinar si la solicitud cumple con el requisito de relevancia constitucional, necesario para su estudio de fondo, requisito de procedencia que es susceptible de ser verificado por el juez de tutela en cualquier momento , aun en el trámite de impugnación de manera oficiosa, como una forma de preservar la cosa juzgada, la autonomía judicial y el principio de especialidad del juez natural.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones”1.

judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones”1.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un act o administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

1 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 2 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T -136 de 2015 M.P. María Victoria

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8 En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005

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8 En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificac