CE - Aclaracion voto 19001233100020100015801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Radicación número: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: LEWIS DÍAZ ABONIA Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA, EJÉRCITO NACIONAL

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA -Presupuesto procesal. REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE ENTIDAD PÚBLICA-Su análisis no es necesario en los presupuestos procesales, a menos que se alegue una nulidad por indebida representación. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE COLECTIVO FARC -EP-No se puede extender una condena a quien no se ha defendido en juicio.

ACLARACIÓN DE VOTO

Acompañé la decisión del 9 de diciembre de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones. Sin embargo, con el respeto debido por la Sala, decido aclarar voto frente a: (i) el estudio de la representación judicial de la Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional en el presupuesto procesal de legitimación en la causa por pasiva . Y (ii) Por tener a las FARC como responsable solidario sin ser demandado.

1. En el análisis de legitimación en la causa por pasiva, la providencia que aclaro

sostuvo:

La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección58, pues la muerte de

sostuvo:

La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección58, pues la muerte de Julián Fernando Hurtado Hurtado y Jaime de Jesús Romero Castro (hechos probados 7.1.7. y 7.1.8.), as í como las lesiones sufridas por Maxs Hernando Estupiñán Marín y Lewis Díaz Abonía (hechos probados 7.1.7. y 7.1.9.), ocurrieron en ejercicio de su actividad como soldados profesionales de la institución. Además, por ser la entidad a quien se le atribuye la causación de los daños reclamados.2 Expediente nº.56561 Aclaración de voto

Con el debido respeto por las consideraciones de la Sala sobre este presupuesto procesal –condición esencial para dictar una decisión de fondo – y la posterior referencia a la representación judicial de la Nación en cab eza del Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, a mi juicio, era innecesario este último análisis.

La legitimación en la causa hace referencia a la posibilidad que tiene una persona –natural o jurídica– de formular pretensiones en contra de un sujeto. Y este, a su vez, de contradecirlas, por tener ambos un interés en la relación jurídica sustancial que se debate en un proceso. Entonces, la legitimación en la causa está directamente relacionada con el objeto del litigio en tanto se está vinculado, por un lado, con la pretensión misma, y, por el otro, con las excepciones o medios de defensa en su contra.

En materia de responsabilidad extracontractual, están legitimados los que de una

directamente relacionada con el objeto del litigio en tanto se está vinculado, por un lado, con la pretensión misma, y, por el otro, con las excepciones o medios de defensa en su contra.

En materia de responsabilidad extracontractual, están legitimados los que de una u otra forma están relacionados a los hechos demandados, ya sea en cali dad de lesionado de un interés protegido, o por un vínculo (así sea preliminar) con el hecho dañoso (sin concluir con esto que sea el causante de la lesión).

Toda vez que es un presupuesto procesal, la falta de legitimación en la causa impide la posibilidad de obtener una decisión de fondo sobre el asunto.

La representación judicial, por su parte, se refiere a la adecuada manera en la que comparece la Nación para que esta actúe y se defienda en procesos judiciales en los que ha sido demandada. Esta figur a, a diferencia de la legitimación, no constituye un presupuesto procesal, sino un medio para comparecer al proceso. Ahora bien, si quien acude no es la que –por Ley– le corresponde, es decir, de ser la representación “indebida”, eventualmente, podría trae r consigo una nulidad procesal, en los términos del numeral 3 del artículo 133 del CGP.

Para el caso de la Nación, dentro de un proceso contencioso administrativo, esta interviene a través de los órganos que produjeron el acto o el hecho demandado.

Al respecto, el artículo 159 del CPACA (vigente para el caso concreto) dispone:3 Expediente nº.56561 Aclaración de voto

Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para

Expediente nº.56561 Aclaración de voto

Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, pod rán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el M inistro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.

En materia contractual, la representación la ejercerá el servidor público de mayor jerarquía de las dependencias a que se refiere el literal b), del numeral 1 del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, o la ley que la modifique o sustituya. Cuando el contrato o acto haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de esta se ejercerá por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

(…)

Conforme a la norma citada, la Nación, como persona jurídica, tiene diferentes representantes judiciales, de acuerdo con los diversos supuestos fácticos

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

(…)

Conforme a la norma citada, la Nación, como persona jurídica, tiene diferentes representantes judiciales, de acuerdo con los diversos supuestos fácticos alegados. Y esta acudirá a través de la perso na de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. De manera que puede ser, por ejemplo, un Ministro de despacho, un Director General de Departamento Administrativo; el Registrador Nacional del Estado Civil, el Fiscal General, el P rocurador o el Contralor.

A su turno, el Presidente del Senado es el representante de la Nación, cuando se trate de hechos que se le imputan al Congreso de la República. El Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacion e con la Rama Judicial; y el Fiscal General cuando se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.

Así las cosas, las autoridades mencionadas en el artículo 159 del CPACA, en primer lugar, acuden al proceso en representación de las entidades que dirigen. Y, para el caso de la Nación (independientemente que sea demandante o4 Expediente nº.56561 Aclaración de voto

demandada) esta acude al proceso por intermedio de los representantes de las entidades que produjeron el acto el hecho (y que dependen de la persona jur ídica Nación).

Ahora bien, en la sentencia objeto de aclaración, dentro del presupuesto procesal de legitimación en la causa por pasiva, se concluyó que la Nación estaba legitimada en la causa –y estaba debidamente representada por el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional– porque los hechos ocurrieron en actividades militares de la institución.

de legitimación en la causa por pasiva, se concluyó que la Nación estaba legitimada en la causa –y estaba debidamente representada por el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional– porque los hechos ocurrieron en actividades militares de la institución.

Considero que era innecesario acudir a la figura de la representación judicial en este numeral, porque la vinculación (presupuesto procesal) surge de las actuaciones adelantadas por soldados profesionales de la institución castrense.

En ese orden, no se desconoce que la Nación es el centro de imputación y que acude a los procesos a través de la entidad que ejecutó el hecho. Sin embargo, se insiste, el estudio de la representación judicial es innecesario en el análisis del presupuesto procesal de legitimación en la causa por pasiva (en la que se mira, de manera preliminar, si existe una relación de hecho y de derecho entre la entidad demandada y los hechos y pretensiones formuladas).

El estudio de una representación judicial solo encontraría sentido en el caso de que la única entidad con la que comparezca la Nación (ya legitimada) no sea la correcta en tanto carece de conexión con los hechos demandados; o en e l marco de un análisis de nulidad por indebida representación.

La legitimación en la causa por pasiva –en el proceso contencioso administrativo – debe entenderse necesariamente a partir de la capacidad para ser parte por el vínculo con los hechos y pretens iones, y no frente a los órganos o representantes de éstos con los que acude al proceso determinada entidad. La legitimación es una condición anterior a la representación, por eso es un presupuesto procesal. Así, por ejemplo, es claro que en los casos en l os que se demanda a la Nación,

de éstos con los que acude al proceso determinada entidad. La legitimación es una condición anterior a la representación, por eso es un presupuesto procesal. Así, por ejemplo, es claro que en los casos en l os que se demanda a la Nación, pero ésta no estuvo representada por el órgano que profirió el acto o produjo el5 Expediente nº.56561 Aclaración de voto

hecho, sino por otra entidad, no se estará en presencia de una falta de legitimación en la causa (condición para dictar sentencia de fondo), sin o de un problema de indebida representación judicial, que debe abordarse a través de un trámite de nulidad procesal.

En el caso estudiado en la sentencia, lo que se debió concluir en el presupuesto procesal era que la Nación -Ministerio de Defensa, Ejércit o Nacional está legitimada en la causa por pasiva porque los hechos dañosos ocurrieron dentro de funciones militares de defensa del orden público, y por ser la entidad a quien se le atribuyen los daños alegados.

2. Frente al segundo punto –responsabilidad solidaria de las FARC sin haber sido

demandado–, la providencia que aclaro sostuvo:

Entonces, lo anterior permite colegir que la muerte de Julián Fernando Hurtado Hurtado y Jaime de Jesús Romero Castro, así como las lesiones a Lewis Díaz Abonía y Maxs Hernando Estupiñán Marín, se produjeron por dos causas, a saber: i) la instalación y activación de un campo minado por miembros de las FARC y ii) las irregularidades de los mandos superior de la Compañía Búfalo del Batallón Pichincha Ejército Nacional enc argados de la escuadra que resultó afectada,

1. la instalación y activación de un campo minado por miembros de las FARC y ii) las irregularidades de los mandos superior de la Compañía Búfalo del Batallón Pichincha Ejército Nacional enc argados de la escuadra que resultó afectada, durante el desplazamiento de la tropa llevado a cabo el 21 de mayo de 2008. En definitiva, los daños sufridos se debieron a la conducta irregular e inconvencional de las FARC y a la omisión de los miembros del Ejército Nacional.

Precisamente, debe reiterarse que junto a la omisión en que incurrió la institución castrense confluyó otra, aún más intensa y gravosa, que incidió en la causación padecida por el soldado profesional, pues, debe subrayarse, que la siemb ra de campos minados y su activación como mecanismo de guerra, se erige como un ilícito internacional en tanto constituye una grave afrenta al DIH.

En este orden de ideas, debe recordarse que, al amparo de lo d ispuesto en los artículos 1571 y 2344 del Cód igo Civil, existe solidaridad entre quienes concurren en la producción del daño y el acreedor puede dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este puede oponérsele el beneficio de la división. Valga aclarar que en reciente jurisprudencia esta Subsección indicó que, por efecto de la solidaridad, el resarcimiento de un hecho lesivo “se puede perseguir frente a cualquiera de las personas que concurren a la causación del daño y por la t otalidad del monto” y “no impide la declaratoria de responsabilidad solidaria el hecho de que todas las

resarcimiento de un hecho lesivo “se puede perseguir frente a cualquiera de las personas que concurren a la causación del daño y por la t otalidad del monto” y “no impide la declaratoria de responsabilidad solidaria el hecho de que todas las personas que infieren el daño estén o no demandadas en el proceso, ya que por efectos de la misma institución jurídica de la solidaridad basta con que s e encuentre uno de los causantes del daño como litisconsorte de la parte pasiva, lo que no obsta para que este se subrogue en los derechos de la víctima y solicite el reembolso de lo pagado en el monto correspondiente a su deudor solidario”. Es así como, bajo las reglas de la solidaridad, basta que uno de los causantes del daño6 Expediente nº.56561 Aclaración de voto

se encuentre vinculado como litisconsorte de la parte pasiva para que proceda la condena, sin que ello obste para una vez realizado el pago, este se subrogue y solicite el reembolso de lo pagado - en el monto correspondiente - a su codeudor solidario.

Pues bien, aun cuando acom paño el sentido de la decisión, considero que , la providencia no debió referirse frente a la antigua guerrilla de las FARC como responsable solidario, porque no fue demandado ni hizo parte del proceso.

A pesar de que está demostrado que las FARC es autor de un delito internacional y un crimen de guerra (instalación de una mina antipersona) y que contribuyó concausalmente en la ocurrencia del daño, estas afirmaciones constituyen una suerte de condena a quien no se ha defendido en juicio . Además, dan un tratamiento y alcance que no tiene la figura de la solidaridad.

causalmente en la ocurrencia del daño, estas afirmaciones constituyen una suerte de condena a quien no se ha defendido en juicio . Además, dan un tratamiento y alcance que no tiene la figura de la solidaridad.

Se insiste, la sentencia no puede afectar a todos los que intervinieron en el hecho dañoso, porque no hicieron parte del presente proceso.

Bajo la muy equivocada óptica de la responsabilidad solidaria que se plantea en la decisión mayoritaria , aun cuando se esté en presencia de un litisconsorcio facultativo, los demás conformantes se tendrán com o responsables solidarios sin haber sido demandados y sin haber ejercido su defensa dentro del respectivo proceso. Este tipo de afirmaciones dan lugar a confusiones en los destinatarios de la providencia y la comunidad jurídica en general.

Tan improcedente resulta extender los efectos de una decisión judicial a quien no fue demandado que, en la misma sentencia de la cual disiento, posteriormente, se reconoce que la totalidad de la condena procede solo contra la Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacio nal, pues en el proceso no se demandó a las FARC como organización. Se extrae lo pertinente:

Ahora bien, la condena que se impondrá a la Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional será por la totalidad de los perjuicios ocasionados a los demandantes, pues en el presente proceso no se demandó a las FARC como organización o sujeto colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico por los actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH (…)7 Expediente nº.56561 Aclaración de voto

Sin embargo, luego se incurre en una contradicción argumentativa al concluir:

por los actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH (…)7 Expediente nº.56561 Aclaración de voto

Sin embargo, luego se incurre en una contradicción argumentativa al concluir:

(…) debe recordarse que, según lo dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil, “Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio proceden te del mismo delito o culpa”. Es decir, debido a la existencia de solidaridad entre los sujetos, la sentencia afecta a todos aquellos involucrados en la causación del daño de modo que, como ocurre en el presente caso, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional tiene la potestad de repetir en contra de estos – las FARC – a efectos de solicitar las sumas de dinero desembolsadas por el concepto de la condena aquí impuesta (…)

Se insiste, no puede afirmarse en la parte considerativa que la sentencia afecta a todos los que intervinieron en la producción del daño –en este caso las FARC –, aun cuando no hayan sido demandados, ni tenerlos como responsables solidarios o como codeudores. La razón es sim ple, pero estructural: el respeto por el debido proceso y derecho de defensa (art 29 de la C.P).

Es estos términos dejo sentada mi aclaración de voto.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ