CE - Aclaracion voto 25000232600020060071801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Radicación número: 250002326000200600718 01 (69071)

Demandante: FABIO ALONSO CASTAÑO GALEANO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

CADUCIDAD-Se cuenta de forma autónoma si hay varios hechos dañosos. DOCUMENTO PRIVADO DE ONG-Requiere valoración de autenticidad y de contenido. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD -Estudio de fundamentos probatorios de la medida de aseguramiento y de indicios bajo la Ley 600 de 2000.

ACLARACIÓN DE VOTO

Acompañé la decisión del 9 de diciembre de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones. Sin embargo, con el respeto debido por la Sala, decido aclarar voto frente a: (i) Improcedencia de unidad procesal penal en estudio de caducidad frente a lesiones y tratos crueles, (ii) valoración probatoria a documento de ONG, y (iii) análisis de fundamentos probatorios de la medida de asegura miento e indicios bajo la Ley 600 de 2000.

A manera de contexto, como síntesis del caso, El 7 de septiembre de 2003, el DAS y Ejército Nacional desarrollaron la operación “Conquista del Chairá ” contra la red de apoyo de las FARC -EP en el municipio de Car tagena del Chair á, Caquetá. Durante el operativo, se capturaron 94 personas, entre ellas, Fabio

DAS y Ejército Nacional desarrollaron la operación “Conquista del Chairá ” contra la red de apoyo de las FARC -EP en el municipio de Car tagena del Chair á, Caquetá. Durante el operativo, se capturaron 94 personas, entre ellas, Fabio Alonso Casta ño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leona rdo Casta ño Arenas, a quienes les vendaron los ojos y los condujeron al Fuerte Militar Larandia ubicado en Florencia, Caquetá.2 Expediente nº. 69071 Aclaración de voto

El 29 de diciembre de 2003, la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de Bogotá impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los procesados por ser presuntos coautores de los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Luego, en distintas resoluciones, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá resolvió precluir la investigación penal en su favor.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional - Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el DAS son patrimonialmente responsables: i) por la captura sin orden judicial previa; ii) porque, durante la captura, miembros del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el DAS ejercieron tratos crueles, inhumanos y degradantes en su contra ; y, iii) por la privación injusta de la libertad de los mencionados a quienes se les precluyó la investigación en su contra por ausencia de pruebas de responsabilidad penal.

privación injusta de la libertad de los mencionados a quienes se les precluyó la investigación en su contra por ausencia de pruebas de responsabilidad penal.

1. Respecto del primer punto objeto de aclaración , en el análisis de la caducidad

de la acción, la providencia que aclaro sostuvo:

La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada que, cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad71.

Ahora bien, en el caso sub examin e la Subsección se atiene a lo resuelto en la sentencia SU-054 de 2025 y, en ese sentido, frente a todos los daños alegados en las demandas se tomará como inicio del término bienal para el ejercicio del derecho de acción el momento a partir del cual quedó ejecutoriada la sentencia que puso fin al proceso penal estudiados [recaudo de pruebas falsas por parte del DAS, mora judicial en la adopción de la sentencia de primera instancia, malos tratos durante la detención en la sala transitoria del DAS y prolongac ión injustificada de la detención en la sala transitoria del DAS] el término de caducidad debió contar[se] a partir del momento en el que quedó ejecutoriada la sentencia absolutoria”.

Con el debido respeto por las consideraciones de la Sala sobre este pr esupuesto

debió contar[se] a partir del momento en el que quedó ejecutoriada la sentencia absolutoria”.

Con el debido respeto por las consideraciones de la Sala sobre este pr esupuesto procesal –condición esencial para d ictar una decisión de fondo –, y el posterior conteo único del término frente a varios hechos dañosos, considero que no se debió acudir a la figura de la “unidad procesal penal ” para contar el término de caducidad de los distintos hechos dañosos alegados en materia contencioso3 Expediente nº. 69071 Aclaración de voto

administrativa. En especial , en lo relacionado con los tratos crueles e inhumanos en las diligencias de captura.

El término para formular pretensiones en reparación directa, según el liter al i) del artículo 164.2 del CPACA 1 es de dos años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre qu e pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En los eventos de privación injusta de la libertad, el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento del daño alegado. En los eventos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la jurisprudencia tiene determinado que el término para intentar el medio de control de reparación directa se debe contar desde el día siguiente al que el afectado tuvo conocimiento o se enteró del hecho o la omisión que causó el daño.

jurisprudencia tiene determinado que el término para intentar el medio de control de reparación directa se debe contar desde el día siguiente al que el afectado tuvo conocimiento o se enteró del hecho o la omisión que causó el daño.

Con fundamento en las normas citadas, la existencia de un proceso penal adelantado con posterioridad a una captura no debe subsumi r las circunstancias mismas en las que ocurrió la captura. Los hechos que afecten bienes jurídicos distintos a la libertad no pueden analizarse bajo la caducidad en casos de privación injusta de la libertad, por la simple razón de que no se tratan de lo mismo, persiguen fines distintos, se fundamentan en conductas distintas y el estudio implica un diferente marco normativo.

Ahora bien, en la sentencia objeto de aclaración, dentro del presupuesto procesal de caducidad se unificó un mismo conteo para tratos inhumanos en diligencia de captura y privación injusta de la libertad, y se tomó, como inicio del cómputo , la

1Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o d e cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia (…).4 Expediente nº. 69071 Aclaración de voto

conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia (…).4 Expediente nº. 69071 Aclaración de voto

ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación en favor de los procesados.

Considero que era innecesario –además de incorrecto – contar un solo término frente a distintos hechos dañosos y bienes jurídicos. En efecto, cada hecho afecta intereses jurídicos distintos, y los perjuicios que le son consecuenciales también son diferentes en su tipología y monto.

Los tratos crueles –que afectan directamente la integridad física y mental– ocurren el día en que se ejecutan esos actos (y dan lugar a perjuicios como daño a la salud, morales y materiales, entre otros –dependiendo de la gravedad o levedad de la lesión -). Por su parte, las actuacio nes judiciales en medio de un proceso penal pueden ajustarse a un solo conteo del término ; siempre y cuando el bien jurídico lesionado sea la libertad (y dan lugar a perjuicios morales y, de estar probados, materiales, entre otros).

En ese orden, no se desconoce que las lesiones de los capturados hacen parte de circunstancias de tiempo, modo y lugar que son comunes y compartidas con la afectación a la libertad, pero, se insiste, no son lo mismo; ni se fundamentan en las mismas conductas. E l análisis del p resupuesto procesal, entonces, debió ser autónomo: uno frente a este aspecto (lesiones físicas y psicológicas) y otro, respecto del interés jurídico de la libertad dentro del proceso penal.

las mismas conductas. E l análisis del p resupuesto procesal, entonces, debió ser autónomo: uno frente a este aspecto (lesiones físicas y psicológicas) y otro, respecto del interés jurídico de la libertad dentro del proceso penal.

2. Frente al segundo punto –valoración probatoria a documento de ONG–, la

sentencia estimó:

la Sala valorará sin restricción alguna el documento que fue allegado al plenario denominado “Libertad: rehén de la ‘Seguridad democr ática’ elaborado por una organización de colaboración internacional, al encontrarlo suficien temente soportado y, además, porque dicha prueba fue debidamente allegada al plenario, decretada e incorporada en el proceso, de manera que ambas partes conocieron su contenido y contaron con la oportunidad procesal correspondiente para ejercer, respecto d e aquel, la debida contradicción. Así las cosas, se advierte que el documento referido está amparado y/o cobijado por la presunción de autenticidad, legalidad y veracidad que, dicho sea de paso, no fue desvirtuada ni controvertida por alguno de los extremo s que integran la litis, conforme lo dispuesto en los artículos 252149 y 277150 del CPC.5 Expediente nº. 69071 Aclaración de voto

La valoración de un documento –sea público o privadotiene tres esferas: la de la naturaleza del documento, la autenticidad (autoría), que incluye si se formuló tacha de falsedad o se desconoció ; el contenido , y la crítica probatoria a ese contenido en conjunto con las demás pruebas del proceso.

Revisada la valoración al documento denominado “Seguridad democr ática”, se observa sólo una apreciación en cuanto a su autenticidad y a la ausencia de tacha

contenido en conjunto con las demás pruebas del proceso.

Revisada la valoración al documento denominado “Seguridad democr ática”, se observa sólo una apreciación en cuanto a su autenticidad y a la ausencia de tacha y desconocimiento. Pero se pierde de vista una crítica profunda a su contenido (en cuanto a su precisión y claridad), y una valoración en conjunto de ese contenido con las demás pruebas del expediente , es decir, un estudio de coincidencia, uniformidad y coherencia de cada afirmación y análisis del documento con los medios probatorios que obran en el expediente.

3. Por último, en cuanto al análisis de los fundamentos de la medida de aseguramiento a la luz de los indicios exigidos por la Ley 600 de 2000 (norma procesal penal aplicable al caso), considero que estos debieron abarcar un estudio profundo a los testimonios de cargo y a las demás pruebas q ue le sirvieron de soporte (una a una).

Con ello no sugiero que las declaraciones que fundamentaron la medida hayan sido suficientes . Sin embargo, la sentencia debió ahondar en las afirmaciones, lagunas, inconsistencias, contradicciones, imprecisiones, y falta de coincidencia de los relatos para estructurar los dos indicios requeridos para privar de la libertad a los demandantes.

El estudio de la privación de la libertad, desde una perspectiva de lo injusto, a la luz de la Ley 270 de 1996 y de las consideraciones de la sentencia C 037 de 1996, supone una evaluación a la providencia que impuso la medida de aseguramiento y a los fundamento s normativos y probatorios de los que se valió para dictarse (a menos que la libertad se haya restringido y recuperado antes de esta providencia), que no es el caso.

a los fundamento s normativos y probatorios de los que se valió para dictarse (a menos que la libertad se haya restringido y recuperado antes de esta providencia), que no es el caso.

Al respecto, la sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional puntualmente señaló:6 Expediente nº. 69071 Aclaración de voto

“Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada, ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo qu e en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”2.

De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, tal y como quedó después de su condicionamiento de constituci onalidad3, el estudio de responsabilidad en eventos de privación injusta de la libertad debe hacerse teniendo en cuenta si hubo una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los

de su condicionamiento de constituci onalidad3, el estudio de responsabilidad en eventos de privación injusta de la libertad debe hacerse teniendo en cuenta si hubo una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales. Lo anterior implica analizar las circuns tancias en que se produjo la privación de la libertad para determinar si obedeció a una medida apropiada, razonada, conforme a derecho o si la conducta de la entidad fue abiertamente arbitraria. No es solamente reiterar los motivos de la preclusión o hacer una revisión de argumentos de la medida.

El estudio de lo injusto de la privación, entonces, debe abarcar la medida de aseguramiento a la luz de sus fundamentos probatorios para, luego de ese estudio de pruebas de cargo, concluir si se estructuraron o no los dos indicios en contra de los procesados. En ese orden, la Sala , al estudiar la medida, debió analizar cada prueba de cargo y quebrar su eficacia probatoria frente a las exigencias de la Ley 600 de 2000 en materia de requisitos y finalidad de la medi da privativa de la libertad.

Es estos términos dejo sentada mi aclaración de voto.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ

2 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, fundamento jurídico 2. 3 Ibídem.