CE - Aclaracion voto 25000233600020190011901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Radicación número: 25-000-23-26-000-2019-00119-01 (68284)

Demandante: AUGUSTO RODRÍGUEZ PARDO Y OTROS

Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

CONGRUENCIA DEL FALLO -La sentencia debe estar en consonancia con los hechos y pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades de Ley (artículo 305 del CPC). ARTÍCULOS 1494 Y 1757 DEL CÓDIGO CIVIL -No refieren a la prueba del daño como elemento de la responsabilidad extracontractual del Estado . DAÑO ANTIJURÍDICO -Concepto. ANTIJURIDICIDAD DEL DAÑO -Se concluye luego de analizar imputación.

ACLARACIÓN DE VOTO

Acompañé la decisión del 14 de jul io de 2025, revocatoria de la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda . Sin embargo, con el re speto debido por la Sala, decido aclarar voto frente a (i) el estudio de la vinculación a proceso fi scal –aun cuando no fue objeto de la demanda–; (ii) el alcance de los artículos 1494 y 1757 del Código Civil en lo relacionado con la pru eba del daño, y (iii) la antijuridicidad del daño como presupuesto del deber de reparar.

demanda–; (ii) el alcance de los artículos 1494 y 1757 del Código Civil en lo relacionado con la pru eba del daño, y (iii) la antijuridicidad del daño como presupuesto del deber de reparar.

1. A manera de contexto, co mo síntesis del caso, el 29 de enero de 2014, la Contraloría Delegada Intersectorial de la Contraloría General de la República dictó auto de imputación de responsabilidad fiscal contra los integrantes del Consorcio Intercol, con fundamento en presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la construcción y adecuación de la fase III del Transmilenio . El 10 de octubre de 2016, la entidad declaró sin responsabilidad fiscal a las sociedades procesadas. Y, el 19 de diciembre de 2016 , la Contralora General de la República confirmó esa decisión.2

Expediente nº. 68284 Aclaración de voto

Los demandantes alegaron falla del servicio de la Contraloría General de la República, porque la imputación de responsabilidad se formuló sin fundamento legal y probatorio.

La sentencia de primera insta ncia accedió a las pretensiones , al estimar que la entidad accionada formuló imputación en contra de las sociedades sin la configuración de indicios graves de responsabilidad y con indebida valoración probatoria.

La entidad condenada , en su recurso, sostuvo que la actuación estuvo amparada en las disposiciones que regían el procedimiento de responsabilidad fiscal. Asimismo, indicó que la imputación en contra de las sociedades miembros del consorcio se fundamentó en pruebas que daban cuenta de una presunta participación en los hechos investigados.

en las disposiciones que regían el procedimiento de responsabilidad fiscal. Asimismo, indicó que la imputación en contra de las sociedades miembros del consorcio se fundamentó en pruebas que daban cuenta de una presunta participación en los hechos investigados.

La sentencia de segunda instancia , al resolver el recurso, formuló el siguiente problema jurídico:

Corresponde a la Sala determinar si la entidad accionada ocasionó un daño antijurídico a las sociedades Vías y Ambiente Ltda. y Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. por vincularlas a un proceso de responsabilidad fiscal, cuyo trámite culminó con fallo “sin responsabilidad fiscal”.

En ese marco, hizo un recuento del proceso de responsabilidad fiscal desde el auto de apertura de indagación preliminar, pasó por el de apertura del proceso; la providencia de imputación de responsabilidad (las decisiones que la adicionaron) y, finalmente, el fallo que absolvió a las sociedad es miembros del consorcio Intercol y cesó de la acción fiscal en su contra.

Luego, al analizar el elemento daño lo concretó en la vulneración al debido proceso por la vinculación infundada a la investigación fiscal . Más adelante, la sentencia hizo estudio al auto de imputación del 29 de enero de 2014 a l a luz de los artículos 5 y 48 de la Ley 610 de 2000 , y concluyó que la imputación de responsabilidad cumplió con las exigencias de Ley (se valoraron los elementos3 Expediente nº. 68284 Aclaración de voto

materiales recaudados, la evidencia física y encontró fundamentos suficientes –exigidos en ese momento procesal – para que se formulara una imputación de

Expediente nº. 68284 Aclaración de voto

materiales recaudados, la evidencia física y encontró fundamentos suficientes –exigidos en ese momento procesal – para que se formulara una imputación de responsabilidad fiscal). En ese orden, conforme concluyó la Subsección C, los demandantes no sufrieron una lesión a sus intereses en tanto la imputación se estructuró con pruebas suficientes y, al atribuir la conducta, no incurrió en irregularidad alguna.

Ahora bien, antes de cerrar la argumentación, la sentencia se refirió a la falta de pruebas que acreditaran una arbitrariedad en la vinculación de las sociedades al proceso fiscal. Y, finalmente, negó las pretensiones. Se extrae lo pertinente de la providencia:

Con lo anterior, la Sala observa que no existe prueba que permita acreditar que las sociedades demandantes sufrieron un daño antijurídico constituido en una vulneración al debido proceso o a su derecho de defensa en el procedimiento fiscal al cual fueron vinculadas . Por el contrario, lo que se evidencia es que el ente de control tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción fiscal, lo que, por sí mismo, no constituye la generación de un daño antijurídico, pues no se observa la existencia de alguna arbitrariedad por parte de los funcionarios competentes que tuvieron a su cargo el trámite de la acción fiscal , ni tampoco se probó qu e tal vinculación al proceso de responsabilidad fiscal transgrediera los derechos cuya afectación se alegó en la demanda (…)

Es decir que la Contraloría General de la República tenía la obligación legal de adelantar el ejercicio de la acción fiscal y rea lizar la investigación correspondiente,

responsabilidad fiscal transgrediera los derechos cuya afectación se alegó en la demanda (…)

Es decir que la Contraloría General de la República tenía la obligación legal de adelantar el ejercicio de la acción fiscal y rea lizar la investigación correspondiente, tendiente a esclarecer los hechos que, según el hallazgo, revestían las características de un detrimento patrimonial para el Estado.

En efecto, la Sala echa de menos que la parte actora, mediante alguna prueba conducente, pertinente y útil, acreditara con grado de certeza que su vinculación al proceso fiscal hubiera obedecido a una arbitrariedad de la cual se derivase el daño antijurídico alegado o , que en el curso del proceso de responsabilidad fiscal se hubiera transgredido algún derecho fundamental de las investigadas.

Pues bien, aun cuando acompaño el sentido de la decisión (y el análisis de legalidad frente al auto de imputación de responsabilidad) , considero que la sentencia no debió tener como hecho dañoso n i como elemento para formular el problema jurídico al acto de vinculación de las sociedades demandantes al proceso de responsabilidad fiscal. Esto último es el centro del disenso.4 Expediente nº. 68284 Aclaración de voto

El artículo 305 del CPC establece que la sentencia deb erá estar en consona ncia con los hechos y pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades previstas en la ley, y prohíbe al juez condenar al demandado por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa d iferente a la invocada en ésta (congruencia de l fallo). En ese orden, la Sala no debió mencionar ni

objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa d iferente a la invocada en ésta (congruencia de l fallo). En ese orden, la Sala no debió mencionar ni referirse como hecho dañoso a la vinculación de las demandantes al proceso de responsabilidad, porque ese no fue un aspecto demandado.

En efecto, la demanda afirma que las sociedades fueron vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal en el auto de apertura n° 00912 de 17 de diciembre de

2010. Sin embargo, no hizo imputaciones concretas en contra de esa decisión . La falla alegada, como lo plantea la actora, surge del auto de imputación, no de un acto procesal previo. La sentencia, entonces, al formular el problema jurídico y en algunos apartes de la motivación expone que la falla del servicio alegada existía por la vinculación y la imputación de responsabilidad , cuando la demanda se fundamentó sólo en esto último.

Estos dos actos suponen dos momentos procesales distintos: (i) la vinculación de una persona a un proceso de responsabilidad fiscal (en calidad de pres unto responsable fiscal), por regla general, se ordena en el auto de apertura de dicho proceso el cual debe ser notificado de forma personal. Esta actuación marca –para la persona vinculada– el inicio formal del referido proceso en su contra. A partir de la vinculación el presunto responsable fiscal puede ejercer el derecho de defensa, entre otras ac tuaciones, mediante la versión li bre y e spontánea, y solicitando pruebas en su favor (artículos 41, 42 y 43 de la Ley 610 de 2000). (ii) La imputación, por su parte, es la etapa en la que , de acuerdo con la s pruebas

pruebas en su favor (artículos 41, 42 y 43 de la Ley 610 de 2000). (ii) La imputación, por su parte, es la etapa en la que , de acuerdo con la s pruebas obtenidas, se tiene demostrado q ue al vinculado se le puede atrib uir el daño causado al patrimonio p úblico con su conducta gravemente culposa o co n dolo (artículos 46 y 48 de la Ley 610 de 2000).

Tan diferentes son esos actos procesales, existen eventos en los que, aún con la existencia de una vinculación a un proceso fiscal, no se llega a la etapa de imputación, pues no se cuenta con la suficiente evidencia que permita atribuir el5 Expediente nº. 68284 Aclaración de voto

daño fiscal al procesado . En ese orden, de existir este supuesto, se ordena el archivo del proceso como lo establece el artículo 47 de la Ley 610 de 2000.

En ese orden, una cosa es soportar una vinculación (lo que ocurre con la notificación personal del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal), y otra es ser sujeto de una imputación formal , en los términos del artículo 48 de la Ley 610 de 2000 (sin el cumplimiento de requisitos y exigencias legales). El proyecto, entonces, estructuró un hecho dañino con dos componentes (vinculación e imputación) y no con el efectivamente demandado (imputación).

Ante la autonomía y la independencia de un acto procesal frente al otro, lo correcto era delimitar la falla alegada en la demanda y encausar el caso con ese marco. La demanda evidencia que la falla de l servicio se centra es en el auto de

Ante la autonomía y la independencia de un acto procesal frente al otro, lo correcto era delimitar la falla alegada en la demanda y encausar el caso con ese marco. La demanda evidencia que la falla de l servicio se centra es en el auto de imputación de responsabilidad fiscal, no en otra actuación procesal.

Así las cosas, reitero, difie ro de la forma en la que se formuló el problema jurídico en la sentencia y la forma en la que se abordó el estudio del hecho dañino (tanto por la vinculación el proceso de responsabilidad fiscal como por el auto de imputación).

2. Ahora bien, en cuanto al alcance de los artículos 1494 y 1757 del Código Civil como fundamento normativo de la carga de la prueba , en el fallo se pone de presente que “ la prueba del daño, junto con la acreditación de los demás elementos de la responsabilidad, genera la obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como obligación de contenido crediticio de reparación integral derivada del juicio de responsabilidad, su prueba co rresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se desprende de los artículos 1494 1 y 17572 del Código Civil”.

No obstante, considero necesario precisar que los artículos 1494 y 1757 del Código Civil no tienen aplicabilidad en materia de prueba del daño c omo elemento de la responsabilidad extracontractual del Estado.

1 Artículo 1494: “ Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o en las convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha

como en los contratos o en las convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de la familia”. 2 Artículo 1757: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.6 Expediente nº. 68284 Aclaración de voto

En efecto, en relación con la cuestión que nos atañe, el aludido artículo 1494 comprende y relaciona cuáles son las fuentes de las obligaciones; mientras que el artículo 1757 se refiere a la prueba de existencia de una obligación o de su extinción en sentido sustancial. Esta última norma constituye una regla general de la prueba de las obligaciones en materia civil y halla su campo de aplicación desde una perspectiva sustancial de las obligaci ones civiles. Por lo tanto, no puede emplearse como fundamento normativo en materia de responsabilidad extracontractual del Estado –concretamente en la prueba de los elementos de la responsabilidad– cuya fuente se centra en el artículo 90 de la C.P.

En e se orden, reitero, si bien existe la máxima de que “todo daño debe ser reparado” en uso de las decimonónicas normas de nuestro Código Civil y, que, además, la carga de la prueba de las obligaciones o su ex tinción corresponde a quien las alega, conforme al desarrollo de la responsabilidad extracontractual del Estado, el fundamento normativo deviene es de la aplicación del artículo 90 de la Carta Política . A su vez, las reglas de la carga de la prueba –que le son

quien las alega, conforme al desarrollo de la responsabilidad extracontractual del Estado, el fundamento normativo deviene es de la aplicación del artículo 90 de la Carta Política . A su vez, las reglas de la carga de la prueba –que le son aplicables– no surgen de la norma sustancial d el Código Civil –para alegar la existencia o extinción de una obligación – sino del Estatuto Procesal Civil (artículo 177 del CPC o 167 del CGP -según el caso -), por remisión expresa del Código Contencioso Administrativo y del CPACA, para probar los supuestos de hecho que se pretendan hacer valer en un proceso, a la luz de los elementos de la responsabilidad del Estado.

Ahora, de considerarse que las normas civiles sustanciales tienen aplicabilidad normativa como reglas procesales (circunstancia que no com parto), como lo concluido en la decisión es la ausencia de prueba del daño como presupuesto de la responsabilidad, la aplicación del artículo 1757 del Código Civil tampoco tendría lugar, puesto que, como s e dijo, esta disposición constituye una regla gener al de la prueba de las obligaciones como un todo , es decir, de las que surgen de todas las fuentes de las obligaciones indistintamente (luego de acreditados sus requisitos de existencia o de extinción), y no alude –concretamente– al daño como elemento de l a responsabilidad extracontractual. De manera que, los artículos 1494 y 1757 del Código Civil no constituyen fundamento normativo, ni regla7 Expediente nº. 68284 Aclaración de voto

procesal propia de la responsabilidad extracontractual del Estado , ni, concretamente, de la carga de la prueba del daño.

3. Por último, en relación con el daño antijurídico , la providencia que aclaro

Aclaración de voto

procesal propia de la responsabilidad extracontractual del Estado , ni, concretamente, de la carga de la prueba del daño.

3. Por último, en relación con el daño antijurídico , la providencia que aclaro

sostuvo:

(…) es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho (…). Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que la per sona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo integralmente (…)

Con el debido respeto por las consideraciones de la Sala sobre el daño antijurídico –noción esencial de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado –, a mi juicio, para un entendimiento adecuado sobre este concepto y dotarlo de la compresión que merece, el análisis de l mismo debe partir, aunque parezca una obviedad, del artículo 90 de la Constitución, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En ese marco y para satisfacer la finalidad primari a de la responsabilidad patrimonial de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño. Una vez constatado, se pasa al análisis de atribución (que implica un estudio de imputación fáctica y jurídica) 3; para, de manera posterio r, establecer la

de un daño. Una vez constatado, se pasa al análisis de atribución (que implica un estudio de imputación fáctica y jurídica) 3; para, de manera posterio r, establecer la antijuridicidad, es decir, si quien sufrió el daño efectivamente estaba obligado a soportarlo o no (fundamento del deber de reparación del Estado)4.

Esta aproximación al daño antijurídico, antes que reduccionista [como se califica en l a providencia], es consecuente con los elementos que caracterizan la institución de la responsabilidad estatal a voces del artículo 90 de la C.P., y la enaltece.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 11 de febrer o de 2009, exp 17145; de 24 de enero de 2011, exp 15996, y de 22 de junio de 2011, exp 19548. 4 Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1° de agosto de 1996.8 Expediente nº. 68284 Aclaración de voto

Conforme al postulado constitucional, la c onfiguración de la responsabilidad patrimonial del Estado se funda en la comprobación de un daño y en un juicio de imputación para imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. Sin la existencia del primer elemento, como lo ha sostenido la doctrina5 y la jurisprudencia6, el estudio de los demás requisitos estructurales de la responsabilidad resulta inocuo, porque no habrá objeto para dicho juicio de imputación que incluye, entre otros aspectos, la calificación de la antijuridicidad7.

Así, el daño, entendido de forma general como la a fectación, vulneración o lesión

responsabilidad resulta inocuo, porque no habrá objeto para dicho juicio de imputación que incluye, entre otros aspectos, la calificación de la antijuridicidad7.

Así, el daño, entendido de forma general como la a fectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito 8 9, debe quedar certera y suficientemente probado –en tanto no es posible presumirlo –; tiene por características ser cierto 10, esto es, su existencia real y no eventual o hipotética, y ser personal, de modo que sólo

5 Juan Carlos Henao Pérez, El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36 y 37 : (…) “El daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil (…) El d año es, entonces, el primer elemento de la responsabilidad, y de no estar presente torna inoficioso el estudio de la misma, por más que exista una f alla del servicio. La razón de ser de esta lógica es simple: si una persona no ha sido dañada no tiene por q ué ser favorecida con una condena que no correspondería, sino que iría a enriquecerla sin justa causa. El daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil".

favorecida con una condena que no correspondería, sino que iría a enriquecerla sin justa causa. El daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil". 6 Al respecto ver, entre otras: Consejo de Esta do, Sección Tercera, sentencia del 3 de septiembre de 1993, exp.6144; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de rnarzo de 1998, exp. 11 179; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2000, exp. 11892; Consejo de Estado, S ección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2000, exp. 12625; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de julio de 2004 exp. 14565; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de febrero de 2012 exp. 22933; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de marzo de 2014, exp. 30561, y sentencia del 28 de enero de 2015, exp. 28937. 7 (…) Con tod o, esos regímenes quisieron ser englobados por el Constituyente bajo la noción de daño antijurídico, por lo cual, como bien lo señala la doctrina nacional y se verá en esta sentencia, en el fondo el daño antijurídico es aquel que se subsume en cualquiera de los regímenes tradicionales de responsabilidad del Estado. Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1° de agosto de 1996. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente 61.340

del Estado. Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1° de agosto de 1996. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente 61.340 9 Por su parte, el doctrina nte Juan Carlos Henao define el daño como “toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de d erechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar - se encuentran reunidos ”. T exto tomado de: Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en dro it français, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon -Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007 .

Definición que fue reiterada en: Henao, J.C. 2015. Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su unificación sustancial en toda s las acciones contra el Estado . Revista de derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 28 . (ene.-jun. 2015), pp. 277 –366; y reiterada e n la obra colectiva: Henao, J. y Ospina, A. La Responsabilidad extracontractual del Estado . XVI jornadas int ernacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp.13.186: “el perjuicio debe

derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp.13.186: “el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el per juicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas produ cido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública ”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000, Expediente No. 11.892: “ En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia”.9 Expediente nº. 68284 Aclaración de voto

quien lo sufre puede demandar su reparación 11. Entonces, una vez determinada su existencia, se procederá al análisis de la imputación, en los términos del artículo 90 de la Carta Política y del entendimiento que la Jurisprudencia de esta Corporación ha elaborado del mismo. El estudio del segundo elemento (que ya presupone la existencia del daño) implica abordar dos niveles: uno fáctico (de autoría o atribuilidad material) y otro jurídico (fundamento normativo) que llevará, a su vez , al estudio de antijuridicidad, para, así, descartar o concluir el deber de reparar el daño.

autoría o atribuilidad material) y otro jurídico (fundamento normativo) que llevará, a su vez , al estudio de antijuridicidad, para, así, descartar o concluir el deber de reparar el daño.

Este doble análisis de imputación –que, conforme a la jurisprudencia, va más allá de un juicio de causalidad, en tanto se nutre de elementos de hecho y de derecho– marca un estudio de atribución material y jurídica completa –que nos lleva a la noción de antijuridicidad– y cuya finalidad es lograr un fundamento sólido del deber de reparar en los términos del artículo 90 de la C. Política. Al respecto, la Sección T ercera, en un pronunciamiento clave en materia de elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual, sostuvo12:

Más allá de la compleja cuestión relacionada con la identificación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontr actual del Estado a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política d e 199113, incluso frente a supuestos que han dado lugar a comprensiones ─al menos en apariencia─ dispares en relación con dicho extremo 14, la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad patrimonial del E stado e n

11 Henao Pérez Juan Carlos, El daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio 1998, P. 47. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, exp 17145. 13 La complejidad del asunto traído a colación quedó puesta de presente, por vía de ejemplo, con ocasión de

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, exp 17145. 13 La complejidad del asunto traído a colación quedó puesta de presente, por vía de ejemplo, con ocasión de la aprobación del siguiente pronunciamiento por parte de esta Sala: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de mayo de dos mil siete (2007); Consejero ponente: Enrique Gil Botero; Radicación número: 76001 -23-25-000-1996-02792-01(16898). En aquella oportunidad, la posición mayoritaria de la Sala se inclinó por señalar que lo procedente de cara a llevar a cabo “…el análisis de los elementos que constituyen la responsabilidad extracontractual de l Estado”, es acometer dicha tarea “…a través de la siguiente estructura conceptual: 1º) daño antijurídico, 2º) hecho dañoso, 3º) causalidad, y 4º) imputación”. Empero, frente a la anotada postura, el Magistrado Enrique Gil Botero optó por aclarar su voto por entender que la comprensión que se viene de referir “…desconoce los postulados sobre los cuales se fundamenta la responsabilidad del Estado a partir de la Carta Política de 1991, en tanto el artículo 90 del estatuto superior estableció sólo dos element os de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o genérico”. 14 De hecho, en el pronunciamiento que acaba de referenciar se ─nota a pie de página anterior─, a pesar de

son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o genérico”. 14 De hecho, en el pronunciamiento que acaba de referenciar se ─nota a pie de página anterior─, a pesar de la claridad en torno al título jurídico de imputación aplicable al asunto de marras ─riesgo excepcional derivado del funcionamiento de redes eléctricas y de alto voltaje─, las súplicas de la demanda fueron des estimadas porque desde el punto de vista de la causalidad, esto es, desde una perspectiva eminentemente naturalística, fenomenológica, el actor no consiguió demostrar el acaecimiento del suceso que atribuía a la entidad demandada ─una sobrecarga eléctrica─ y con fundamento en el cual pretendía que se atribuyese responsabilidad indemnizatoria a ésta última como consecuencia del advenimiento de los daños que ─esos sí─ fueron cabalmente acreditados dentro del plenario. Y adviértase que en relación con el senti do de la decisión ─y, por tanto, en relación con esta manera de razonar─ no hizo explícito, en la también referida aclaración de voto, su desacuerdo el H. Consejero de Estado que la rubricó.10 Expediente nº. 68284 Aclaración de voto

cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada ; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la

en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demand