CE - Aclaracion voto 25000233700020210023901 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Aclaracion voto 25000233700020210023901 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA ACLARACIÓN DE VOTO Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2021-00239-01 (29558) Demandante CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. Demandado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SSPD Preciso aclar el voto en la sentencia dictada en el proceso de la referencia respecto a la decisión de condenar en costas a la parte demandada en esta instancia, decisión que tuvo como fundamento la sentencia del 23 de septiembre de 2025 1, que modificó el precedente judicial frente a los criterios de decisión para imponerla.
1. En primer lugar, debe decirse que las costas procesale s corresponden a las erogaciones económicas que debe efectuar la parte que resulte vencida en un proceso judicial y que corresponden a las expen sas asumidas por la contraparte (pagos por honorarios de peritos, traslado de testigos, publicaciones, emplazamientos, etcØtera ) y las agencias en derecho ( honorarios de abogados).
2. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artícu lo 47 de la Ley 2080 de 2021, relativo a la condena en costas, dispone: «Artículo 188. – Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interØs pœblico, la sentencia dispondrÆ sobre la condena en co stas, cuya liquidación y ejecución se regirÆn por las normas del Código de Procedimiento Civil». «En todo caso, la sentencia dispondrÆ sobre la conden a en costas cuando se establezca
se regirÆn por las normas del Código de Procedimiento Civil». «En todo caso, la sentencia dispondrÆ sobre la conden a en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal» Esta norma establece entonces que la condena en costa s debe ser un asunto sobre el cual el juez disponga en la sentencia, de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. Por su parte, el artículo 365 del CGP fija las reglas a las que se sujetarÆ la condena en costas, en los siguientes tØrminos: «Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetarÆ a las siguientes reglas:
1. Se condenarÆ en costas a la parte vencida en el pro ceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación , casación, queja, sœplica,
1 Exp. 28292, M.P. Wilson Ramos GirónRadicado: 25000-23-37-000-2021-00239-01 (29558)
Demandante: Celsia Colombia S.A. E.S.P.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co anulación o revisión que haya propuesto. AdemÆs, en los casos especiales previstos en este código. AdemÆs se condenarÆ en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una sol icitud de nulidad o de
en este código. AdemÆs se condenarÆ en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una sol icitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se harÆ en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en to das sus partes la de primera instancia se condenarÆ al recurrente en las costas de la se gunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque tota lmente la del inferior, la parte vencida serÆ condenada a pagar las costas de ambas instan cias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrÆ abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o mÆs litigantes que deban p agar las costas, el juez los condenarÆ en proporción a su interØs en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderÆn distribuidas por partes iguales entre el los.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerÆn los gastos que hubiere sufragado y se harÆn por separado las liquidaciones.
8. Solo habrÆ lugar a costas cuando en el expedien te aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costa s se tendrÆn por no escritas. Sin
las liquidaciones.
8. Solo habrÆ lugar a costas cuando en el expedien te aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costa s se tendrÆn por no escritas. Sin embargo podrÆn renunciarse despuØs de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.» Ahora, en la Corporación se han desarrollado varias posturas derivadas de la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 201 1, entre las cuales se encuentran: (i) la que defiende la tesis segœn la cua l la imposición de costas en los procesos contencioso-administrativos se rige por e l criterio objetivo, esto es, que al juez le corresponde imponer en sus fallos las costas a la parte vencida; y
(ii) la interpretación que defiende el criterio objetivovalorativo, segœn el cual corresponde al juez disponer de la condena en costas, esto es, si las impone o no en el respectivo proceso, y ademÆs lo habilita pa ra analizar aspectos como la conducta de las partes en el proceso, el interØs del proceso y/o la real causación y acreditación de las costas en el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, es importante observar que en la actualidad, al interior del Consejo de Estado, l a Sección Segunda solo condena en costas en los procesos en los que se presenta mala fe de las parte s o una manifiesta carencia de fundamento legal . Por su parte, frente a los casos de reparación de víctimas que se tramitan en la Sección Tercera, en la sentencia SU 241 de 2024, la Corte Constitucional consideró que era errad a la interpretación de la
carencia de fundamento legal . Por su parte, frente a los casos de reparación de víctimas que se tramitan en la Sección Tercera, en la sentencia SU 241 de 2024, la Corte Constitucional consideró que era errad a la interpretación de la condena en costas en forma objetiva o automÆtica si n tomar en consideración la calidad de sujetos de protección constitucional, porq ue esta circunstancia daRadicado: 25000-23-37-000-2021-00239-01 (29558)
Demandante: Celsia Colombia S.A. E.S.P.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lugar a aplicar la excepción contemplada en el artíc ulo 188 del CPACA. Esto se debe a que en estos casos se ventila una cuestión de interØs pœb lico en la medida en que, en virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017, es de interØs pœblico el resarcimiento a las víctimas de l conflicto armado. Considero que el concepto de interØs pœblico no debe limitarse a las acciones pœblicas, como lo sostuvo la Sección en la sentencia del 23 de septiembre pasado. Su alcance es mucho mÆs amplio, pues abarca decisiones orientadas a satisfacer las necesidades de la mayoría, la protecci ón de víctimas, el logro de metas sociales como la paz o la seguridad, y otros fi nes socialmente valiosos, tales como el fortalecimiento de los procesos democrÆ ticos (incluidos los electorales), la estabilidad económica, la protecció n del medio ambiente y la
metas sociales como la paz o la seguridad, y otros fi nes socialmente valiosos, tales como el fortalecimiento de los procesos democrÆ ticos (incluidos los electorales), la estabilidad económica, la protecció n del medio ambiente y la defensa de las minorías. Asimismo, comprende los as untos tributarios, ya que estos involucran el interØs general en el adecuado rec audo de impuestos y contribuciones, los cuales constituyen la principal f uente de financiación para lograr el cumplimiento de los fines esenciales del Es tado. Estos recursos garantizan derechos fundamentales como la educación, la salud y la seguridad, permiten la provisión de bienes y servicios pœblicos y contribuyen a la redistribución de la riqueza, con el objetivo de mater ializar los principios de justicia y equidad. Al efecto, observo que, tal como lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia SU 241 de 2024, Magistrada Ponente Cristina Pardo Schlesinger, frente a la imposición de las costas, el juez no sol o debe atender el criterio objetivo que rige su imposición, sino que su anÆlisi s debe guiarse tambiØn por un criterio valorativo, teniendo en cuenta las partic ularidades de los asuntos en conflicto. Es por ello que, a mi juicio, en los debates en mate ria tributaria, se configura el interØs pœblico, a cuyo amparo no se causan costas. De otra parte, preciso que, la sentencia dictada en el proceso de la referencia se fundamentó en los efectos del fallo del 26 de junio de 2024, exp. 27733 2, que declaró la nulidad del artículo 2 de la Resolución N ro. SSPD-20201000033335
fundamentó en los efectos del fallo del 26 de junio de 2024, exp. 27733 2, que declaró la nulidad del artículo 2 de la Resolución N ro. SSPD-20201000033335 de 2020, que fijó la base gravable de la contribución especial y adicional a cargo de los prestadores de servicios pœblicos por el aæo 2 020. Aclaro el voto, para seæalar que me apartØ de la provi dencia del 26 de junio de 2024 antes citada, segœn lo dejØ consignado en el s alvamento de voto que presentØ, no obstante, compart o en este punto este fallo porque i) el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Co ntencioso Administrativo establece que las sentencias de nulidad producen ef ectos erga omnes, es decir que son de obligatorio acatamiento para todos los op eradores jurídicos; y ii) las sentencias que declaran la nulidad de un acto administrativo de carácter general
2 M.P. Stella Jeannette Carvajal BastoRadicado: 25000-23-37-000-2021-00239-01 (29558)
Demandante: Celsia Colombia S.A. E.S.P.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co surten efectos inmediatos frente a las situaciones jurídicas no consolidadas, que corresponden a aquellas susceptibles de debate en sed e administrativa o judicial, supuesto que se cumpl ió en el asunto en cuestión porque no se había proferido sentencia de segunda instancia. En adición a lo indicado, observo que no se puede des conocer que le asiste a
judicial, supuesto que se cumpl ió en el asunto en cuestión porque no se había proferido sentencia de segunda instancia. En adición a lo indicado, observo que no se puede des conocer que le asiste a los sujetos pasivos del tributo el deber de financiar los gastos de funcionamiento e inversión a favor de la demandada lo que conlleva como contraprestación la inspección, vigilancia y control a cargo de esa enti dad, por esto, la Superintendencia se encuentra investida de las facult ades ordinarias de fiscalización y determinación para establecer y cob rar la contribución especial a su cargo con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 sin la modificación del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. En los anteriores tØrminos, dejo presentada mi aclaració n de voto. Atentamente, (Firmado electrónicamente) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Seæor ciudadano este documento fue firmado electrónicam ente. Para comprobar su validez e integridad lo puede h acer a travØs de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/eval idador