CE - Aclaracion voto 25000234100020240162301 de 2025

Radicado n.º 25000-23-41-000-2024-01623-01

Demandante: Cámara de Comercio de Bogotá D. C.

Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

1 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

ACALRACIÓN DE VOTO

Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra

Expediente: 25000-23-41-000-2024-01623-01

Demandante: Cámara de Comercio de Bogotá D. C.

Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Asunto: Acción de cumplimiento

De manera respetuosa presento los argumentos que me llevaron a aclarar el voto frente a la sentencia de 23 de enero de 2025, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación. Lo anterior, de acuerdo con las previsiones del artículo 129 del CPACA y en atención a las siguientes razones:

Esta Sección tomó la decisión de «[…] [confirmar] la sentencia del 13 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, […]». Para sustentar lo anterior, entre otros argumentos, en la sentencia de segunda instancia se explicó lo siguiente:

[…] La Sala advierte que el tribunal en primera instancia rechazó la demanda respecto de la Resolución 682 de 2018 y del artículo 17 numeral 22 del Decreto 1137 de 1999. 36. Lo anterior, por cuanto, a pesar de que se le dio la oportunidad

[…] La Sala advierte que el tribunal en primera instancia rechazó la demanda respecto de la Resolución 682 de 2018 y del artículo 17 numeral 22 del Decreto 1137 de 1999. 36. Lo anterior, por cuanto, a pesar de que se le dio la oportunidad de subsanar la demand a, para que indicara de forma clara y precisa cuáles eran los artículos o apartes contenidos en la Resolución 682 de 2018 que consideró incumplidos, en el escrito de subsanación el apoderado judicial se limitó a transcribir de forma general lo señalado en los artículos 4, 5, 6, 9, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34 y 35 de dicho acto administrativo, sin identificar qué mandatos contenidos en esas disposiciones normativas eran los supuestamente incumplidos por el ICBF, razones por las cuales no tuvo como cumplido el requisito.

37. De otro lado, el Tribunal advirtió que, en petición del 26 de junio de 2024, el demandante no pidió ante el ICBF el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 numeral 22 del Decreto 1137 de 1999 y, aunque se le requirió para que aportara los docume ntos mediante los cuales acreditara el cumplimiento del requisito respecto de esa disposición normativa, en el escrito de subsanación no allegó ningún documento en ese sentido.

38. Como consecuencia, se rechazó la demanda, sin que la parte demandante recurriera la decisión; por tanto, la admisión de la demanda solo se hizo respecto de las demás normas frente a las cuales el ICBF pudo defenderse en el proceso,

38. Como consecuencia, se rechazó la demanda, sin que la parte demandante recurriera la decisión; por tanto, la admisión de la demanda solo se hizo respecto de las demás normas frente a las cuales el ICBF pudo defenderse en el proceso, sin que sea proceden te que, en el recurso de apelación de la sentencia, el apoderado pretenda modificar esa decisión. […]

Si bien comparto plenamente la decisión adoptada, esto es, que debió confirmarse lo decidido por el Tribunal ; no ocurre lo mismo con las consideraciones expuestas en cuanto a se confirma el rechazo por falta renuencia ante la falta de carga en la impugnación.Radicado n.º 25000-23-41-000-2024-01623-01

Demandante: Cámara de Comercio de Bogotá D. C.

Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

2 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En ese sentido, no sobra recordar que, s obre la ausencia de carga en la argumentación de la impugnación, conforme con las previsiones del artículo 27 de la Ley 393 de 1997, esta Sección1 explicó lo siguiente:

[…] 2.2. Ausencia de carga argumentativa en la impugnación

22. En anteriores oportunidades, esta Sala de Sección se ha inclinado por la tesis consistente en que la impugnación que persiga controvertir la decisión de primer grado debe contener por lo menos un argumento de inconformidad que le permita al ad quem abordar nuevamente el estudio zanjado en primera instancia[2] .

consistente en que la impugnación que persiga controvertir la decisión de primer grado debe contener por lo menos un argumento de inconformidad que le permita al ad quem abordar nuevamente el estudio zanjado en primera instancia[2] .

23. Ahora bien, si en estricto sentido se acude a la norma que regula las acciones de cumplimiento se extrae que la tesis expuesta en el párrafo anterior y que acoge esta Sección, se acompasa con la voluntad del legislador . Esto se evidencia del tenor literal del artículo 27 que dispone que “el Juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo”.

24. Es decir que la razón primordial que conlleva a que esta Sección elija esa postura se funda en el contenido de la norma que regula la acción constitucional.

Lo anterior no implica que la impugnación de la acción de cumplimiento se someta a tecnicismos o exigencias adicionales.

25. En este sentido, acatar lo dispuesto en la ley implica que es necesario que la impugnación contenga una argumentación mínima . Por tanto, la ausencia de los reproches contra el fallo de primera instancia impide que el juez de alzada trámite la acción de cumplimiento. Lo anterior, se insiste, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 393 de 1997. […] [se destaca].

De acuerdo con lo expuesto, y de acuerdo con el texto de la impugnación, aquella sí contiene una carga argumentativa mínima. Por tanto, no podía confirmarse lo decidido por el a quo, por el argumento de ausencia argumentativa; decisión que,

De acuerdo con lo expuesto, y de acuerdo con el texto de la impugnación, aquella sí contiene una carga argumentativa mínima. Por tanto, no podía confirmarse lo decidido por el a quo, por el argumento de ausencia argumentativa; decisión que, por demás, conllevó a que la Sala se sustrajera injustificadamente de abordar el debido estudio del presupuesto adjetivo de procedencia de la acción tal y como lo realizó el Tribunal, por ende, considero que debió confirmarse la falta de agotamiento de renuencia por las razones acertadas del a quo y no la expuesta en esta instancia. Las anteriores razones fueron las que me llevaron a aclarar mi voto de la decisión adoptada en la sentencia de 23 de enero de 2025.

Fecha ut supra

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Magistrado Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

1 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 26 de enero de 2023, radicación n.º 76001–23–33–000– 2022–00957–01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. 2 Cita original de la sentencia citada: «Al respecto puede consultarse, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14 de diciembre de 2017, Rad. N.º 11001-33-42053-2017-0028601».