CE - Aclaracion voto 47001233300020150005101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Radicación: 47001-23-33-000-2015-00051-01 (66683) Demandante: Magaly Esther Lafaurie Ojeda Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Sala de Subsección, procedo a exponer las razones por las cuales aclaré mi voto en la sentencia del 21 de octubre de 2025 , que modificó la decisión del 27 de mayo de 2020, mediante la cual el Tribunal Administrativo de l Magdalena negó las pretensiones de la demanda.

En este sentido, si bien comparto la decisión, en el entendido que no se probó la omisión de las entidades demandadas frente a su deber de protección, en relación con los hechos que derivaron en la desaparición forzada de la víctima y el desplazamiento de sus familiares , estimo pertinente aclarar mi voto, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 18 de diciembre de 2014 y se analizó la caducidad desde el momento en que los demandantes contaron con las condiciones de seguridad para retornar a su lugar de origen, lo que dio lugar a emitir una decisión de fondo, porque no se contaba con elementos de juicio para establecer que el daño había cesado. Con todo, aclaré el sentido de mi voto, bajo el entendido que existen en la jurisprudencia distintos criterios, no necesariamente contradictorios, frente al

de fondo, porque no se contaba con elementos de juicio para establecer que el daño había cesado. Con todo, aclaré el sentido de mi voto, bajo el entendido que existen en la jurisprudencia distintos criterios, no necesariamente contradictorios, frente al punto de partida del cómputo de la caducidad en los casos en que se reclaman daños derivados del desplazamiento forzado, circunstancia que ha llevado a la Sección Tercera a avocar 1 conocimiento de un asunto similar, con la finalidad de unificar su jurisprudencia, atendiendo a los principios de igualdad y de seguridad jurídica.

En este sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como la de la Corte Constitucional, han sentado diversas reglas para establecer el extremo inicial del término preclusivo frente a la reclamación de perjuicios por desplazamiento forzado, que requieren armonización y sistematización, tales como : (i) desde que los afectados conocieron o debieron conocer la participación del Estado en los hechos causantes del desplazamiento y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial2; (ii) desde que los afectados superaron las situaciones

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, auto del 26 de mayo de 2025, Rad. 69391. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 24 de febrero de 2021, Rad.: 63176.Radicación: 47001-23-33-000-2015-00051-01

Demandante: Magaly Esther Lafaurie Ojeda

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que les hubiesen impedido materialmente el acceso a la administración de justicia3;

Demandante: Magaly Esther Lafaurie Ojeda

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que les hubiesen impedido materialmente el acceso a la administración de justicia3; (iii) desde la fecha de ejecutoria de la condena penal dictada en contra de los responsables4; (iv) desde el retorno, el establecimiento de las condiciones de seguridad para que ocurra dicho retorno o la fijación de un nuevo arraigo5; (v) desde la ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional 6; e incluso (vi) cuando se desconoce si el desplazamiento cesó, se ha estudiado el fondo del asunto, en aplicación de los principios pro actione, pro damnato - favor victimae - y pro homine7.

Así las cosas, en el caso concreto, acompañé la decisión, por estar de acuerdo con lo decidido frente al fondo de la controversia, pero aclaré mi voto teniendo en cuenta que el razonamiento realizado para estudiar la caducidad por la desaparición forzada se acompasa con una de las posturas vigentes en la Corporación para examinar el ejercicio oportuno de la acción en estos eventos , como lo es la aplicación de los principios “pro actione, pro damnato - favor victimae - y pro homine”. De tal suerte, considero pertinente poner de presente que existen múltiples reglas y subreglas desarrolladas por la jurisprudencia, que han configurado un tratamiento hasta ahora variado y disperso en diferentes decisiones, encontrándose actualmente pendiente la decisión de unificación que habrá de adoptar la Sección Tercera de esta Corporación sobre este particular.

En los anteriores términos sustento mi voto aclaratorio.

Fecha ut supra

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Tercera de esta Corporación sobre este particular.

En los anteriores términos sustento mi voto aclaratorio.

Fecha ut supra

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Magistrada

3 Consejo de Estado, Sección Tercera: (i) Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2020, Rad.:54496; (ii) Subsección A, auto de 3 de julio de 2020, Rad.: 62096; (iii) Subsección A, sentencia de 20 de noviembre de 2020, Rad.: 54443; (iv) Subsección B, sentencia de 7 de septiembre de 2023, Rad.: 63332 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera : (i) Subsección A , sentencia de 20 de mayo de 2022, Rad.: 67891; (ii) Subsección A, sentencia de 14 de julio de 2023, Rad.: 62500. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera: (i) Subsección A, auto del 5 de febrero de 2021, Rad.66237; (ii) Subsección A, sentencia de 3 de febrero de 2023, Rad.: 55845; (iii) Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024, Rad.: 68154. 6 La sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional dispuso en su parte resolutiva: “VIGÉSIMO CUARTO. - DETERMINAR que, para efectos de la caducidad de futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán

CUARTO. - DETERMINAR que, para efectos de la caducidad de futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta”. 7 Consejo de Estado, Sección Tercera : (i) Subsección A, sentencia de 5 de marzo de 2021, Rad.: 64563; (ii) Subsección C, sentencia de 28 de octubre de 2024, Rad.: 68154.