CE - Aclaracion voto 73001233300020160022201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Radicación número: 730012333000201600222-01 (66151)

Demandante: ALFONSO PORTEO REGINFO Y OTRO

Demandado: DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y OTROS

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

FUERO DE ATRACCIÓN -No es necesario tratándose de los litigios donde se impute el daño a los “Cuerpo de Bomberos Voluntarios”. GUARDA DEL SERVICIO BOMBERIL -recae sobre los entes territoriales L. 1575 de 2012CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS -son colaboradores de la administraciónACLARACIÓN DE VOTO

Acompañé la decisión del 9 de diciembre de 2025, mediante la cual se modificó la providencia de primera instancia , que había negado las pretensiones de la demanda, para declarar la falta de legitimación en la causa respecto del señor Alfonso Porto Reginfo. No obstante, con el respeto debido a la Sala, aclaro mi voto en relación con : (i) la aplicación del fuero de atracción frente al Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Lérida, Venadillo y Mariquita. Y (ii) La antijuridicidad del daño como presupuesto del deber de reparar.

1. Merece destacarse que, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual derivada de la prestación del servicio público bomberil, la jurisprudencia no ha acudido al denominado “fuero de atracción” para integrar la relación procesal, aun

1. Merece destacarse que, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual derivada de la prestación del servicio público bomberil, la jurisprudencia no ha acudido al denominado “fuero de atracción” para integrar la relación procesal, aun cuando la prestación del servicio se confíe a entes de naturaleza civil 1, como ocurre, verbigracia, con los cuerpos de bomberos voluntarios. Conforme l o ha sostenido esta corporación, el servicio público bomberil constituye es esencial y,

1 Por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 12 de noviembre de 2014, rad. 7 3001-23-31-000-2001-00814-01(33607), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, [Fundamento de derecho 3]; Subsección C, Sentencia del 16 de diciembre de 2022, rad. 68001-23-33-000-2013-00383-01(61024), C.P. Guillermo Sánchez Luque [Fundamento de derecho 12]; Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 12 de mayo de 2011, rad. 41001-23-31-000-1994-0793201(19785), C.P. Danilo Rojas Betancourth; Subsección B, Sentencia del 19 de septiembre de 2025, rad. 17001-23-33-000-2016-00839-02 (69.212), CP. Alberto Montaña Plata [ Fundamento de derecho 26-37]2

Radicación número: 730012333000201600222-01 (66151) Demandante: Alfonso Porteo Reginfo y otro Aclaración de voto

adicionalmente, implica el ejercicio de funciones de policía 2, cuya guarda

Radicación número: 730012333000201600222-01 (66151) Demandante: Alfonso Porteo Reginfo y otro Aclaración de voto

adicionalmente, implica el ejercicio de funciones de policía 2, cuya guarda corresponde al Estado y a los entes territoriales, los cuales pueden valerse de Cuerpos de Bomberos Oficiales o Voluntarios para garantizar su prestación (art. 1 de la Ley 1575 de 2012).

A título de ejemplo, en sentencia del 12 de noviembre de 2014, se precisó:

(…) Teniendo en cuenta el tema objeto del recurso, debe advertirse que el municipio de Ibagué solo estará llamado a responder en este asunto, si se llega a demostrar que las actividades desplegadas por el Cuerpo de Bomberos fueron la causa de los daños alegados, pues dicha entidad territorial tiene la obligación constitucional y legal de prestar el servicio a cargo de este último.

Al respecto, esta Corporación ha sostenido que los cuerpos de bomberos son entidades de utilidad pública que cumplen funciones de policía, las cuales están a cargo del Estado, aún cuando el servicio respectivo s ea prestado por cuerpos voluntarios, es decir, por entes civiles3. (…)

Así las cosas, las funciones asignadas a las instituciones de bomberos son un servicio público esencial a cargo del Estado, de manera que son éstas las llamadas u obligadas a asegurar su prestación eficiente en el territorio nacional, en forma directa, a través de los Cuerpos Oficiales de Bomberos o mediante la celebración de contratos para tal fin con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios. (…)

En contrapartida, la sentencia objeto de m i aclaración de voto, pese a reconocer

celebración de contratos para tal fin con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios. (…)

En contrapartida, la sentencia objeto de m i aclaración de voto, pese a reconocer que, en virtud del artículo 2 de la Ley 1575 de 2012, a los cuerpos de bomberos se les encomienda (…) [l]a gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos (…) al examinar el presupuesto procesal de la jurisdicción invocó la figura del “fuero de atracción” para juzgar la responsabilidad de los cuerpos de bomberos voluntarios. Con ello, la decisión se aparta del precedente previamente ex puesto. Esto ocurre al concluir – erradamente– que la responsabilidad por los hechos imputables a los cuerpos de bomberos voluntarios debe ser conocida (…) de manera natural por el juez de la jurisdicción ordinaria (…).

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de marzo de 2004, rad. 23001-23-31-000-1996-08139-01(15215), C.P. Ricardo Hoyos Duque [ Fundamento de derecho 3] 3 Ver sentencia de la Sección Tercera, 12 de mayo de 2011, expediente 19785, C.P. Danilo Rojas Betancourth.3

Radicación número: 730012333000201600222-01 (66151) Demandante: Alfonso Porteo Reginfo y otro Aclaración de voto

A mi juicio, la decisión respecto de la cual presento esta aclaración de voto , no debió apartarse del tratamiento que la jurisprudencia de esta corporación ha

Demandante: Alfonso Porteo Reginfo y otro Aclaración de voto

A mi juicio, la decisión respecto de la cual presento esta aclaración de voto , no debió apartarse del tratamiento que la jurisprudencia de esta corporación ha otorgado a la actividad bomberil. Considero que, al acudirse al «fuero de atracción»: i) se pasa por a lto que, en el ordenamiento jurídico colombiano, el concepto de servicio público tiene un sentido material, lo que implica que la naturaleza jurídica del prestador no altera el régimen jurídico aplicable; ii) en consecuencia, para efectos de determinar dic ho régimen debía examinarse la Ley 1575 de 2012 la cual asignó a los entes territoriales la guarda y prestación de la actividad bomberil; y iii) además, se desconoce que los cuerpos de bomberos voluntarios, pese a su naturaleza privada, son «colaboradore s de la administración» que, conforme al artículo 140 del CPACA y a la Ley 1575 de 2012, actúan bajo las instrucciones de las autoridades territoriales, elemento que debe armonizarse al interpretar el alcance del artículo 104 del CPACA. Por lo anterior, el derecho a la reparación derivado de sus actuaciones es susceptible de examinarse ante esta jurisdicción -se insistesin necesidad de recurrir al fuero de atracción.

1. Desde un punto de vista conceptual y simbólico, la noción de servicio público es finalista, en tanto se emplea para designar una actividad dirigida a la satisfacción del interés general o de utilidad pública4, sin importar si su gestión es adelantada (…) de manera directa por las autoridades estatales o bien con el concurso de la

finalista, en tanto se emplea para designar una actividad dirigida a la satisfacción del interés general o de utilidad pública4, sin importar si su gestión es adelantada (…) de manera directa por las autoridades estatales o bien con el concurso de la empresa priv ada (…) 5.En la doctrina 6 se reconoce que esta noción se puede

4 Benoit Plessix, Droit Administratif, pp. 920 y 921 (…) on sait que d’un point de vue conceptuel et symbolique, le service public este une expression qui désigne la finalité spécifique et essentielle que la République assigne a l’Administration, a savoir la réalisation, dans l’intérêt général, de tout ce qui concourt ‘a la solidarité sociale et á la cohésion territoriale. (…)». En español: …) sabemos que, desde un punto de vista conceptual y simbólico, el servicio público es una expresión que designa la finalidad específica y esencial que la República asigna a la Administración, a saber, la realización, en interés general, de todo lo que contribuya a la solidar idad social y a la cohesión territorial. (…) (traducción propia) 5 Corte Constitucional, Sentencia del 19 de mayo de 2010, C -378 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio[ Fundamento de derecho 4.2] « (…) En suma, la noción de servicios públicos, tema verdaderamente complejo en el Derecho público, no corresponde sólo a una definición de orden formal o desde una perspectiva organicista, sino que en ella subyacen también aspectos materiales relacionados con el cumplimiento de los fines del Estado y el bienestar general de los asociados, ya sea de manera directa por las autoridades estatales o bien con el concurso de la empresa privada. Por ejemplo, apelando a criterios materiales, esta

fines del Estado y el bienestar general de los asociados, ya sea de manera directa por las autoridades estatales o bien con el concurso de la empresa privada. Por ejemplo, apelando a criterios materiales, esta Corporación ha considerado que la actividad bancaria y la cedulación son servicios pú blicos, aún cuando no existen normas que así lo reconozcan expresamente. De la misma forma la jurisprudencia ha sostenido que la definición por parte del Legislador de un servicio público como “esencial”, debe responder a criterios materiales que así lo demuestren.(…)» 6 Lauchaume J, Pauliat H., Deffigier C, Virto -Landais A. Droit Administratif des Services Publics, 5’éme édition, Lexisnexis, 2024( Paris-Francia) p.5. (…) Tous les auteurs se retrouvent po ur admettre que l’expression « service public », est utilisée au minimum dans deux sens. Un sens organique : tout d’abord et, à4

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abordar en un sentido orgánico o material: en el primer sentido cobra importancia determinar la calidad del prestador del servicio público , reservándose la calidad de servicio público a aquellos prestados por el aparato administrativo del Estado ; mientras en el seg undo, tiene mayor preponderancia identificar una actividad dirigida a satisfacer el interés general –sin interesarse por la calidad de su prestador–. De allí, que, para diferenciarlo de otras nociones7, se precisa que el servicio público (…) se manifiesta esencialmente en prestaciones a los particulares (…)8 (art. 365 C. Política) .

La Corte Constitucional al abordar la caracterización del servicio público expone

servicio público (…) se manifiesta esencialmente en prestaciones a los particulares (…)8 (art. 365 C. Política) .

La Corte Constitucional al abordar la caracterización del servicio público expone que (…) en el derecho constitucional colombiano el concepto del servicio público se define de conformidad con un criterio material, es decir en razón de su contenido (…) 9. En consecuencia, en el derecho administrativo colombiano, la calidad del prestador del servicio –sea un ente público o privado– no incide en la determinación del régimen jurídico aplicable. Por el contrario, puede inferirse que cada servicio público tiene un régimen propio, dentro del cual, según las necesidades específicas del servicio, el legislador puede ad mitir una mayor influencia del derecho civil o, incluso, asignar a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los litigios derivados de su prestación.

1. Así, tratándose de los servicios públicos, no existe un régimen jurídico único aplicable. Mientras que en algunos servicios —particularmente aquellos en los que se desarrollan actividades de carácter industrial y comercial por parte de

ce titre, le service public est une partie, une composante, de l’appareil administratif de l’État ou des collectivités territoriales et c’est ce sens que l’on retrouve lorsque l’on fait, par exemple , référence au service public de l’éducation en considérant ses agents, ses moyens matériels, ses ramifications a traves le pays, A cote de cette approche organique , il existe un approche matériel : il’ s’analyse en une mission – donc une activité- d’intérêt général relevant de façon plus ou moins étroite d’une personne publique. (…). En español : Todos los autores coinciden en que la expresión «servicio público» se utiliza en al menos dos sentidos. Un

activité- d’intérêt général relevant de façon plus ou moins étroite d’une personne publique. (…). En español : Todos los autores coinciden en que la expresión «servicio público» se utiliza en al menos dos sentidos. Un sentido organizativo: en primer lugar, y como tal, el servicio público es una parte, un componente, del aparato administrativo del Estado o de las autoridades locales, y este es el sentido que encontramos cuando, por ejemplo, nos referimos al servicio público de educación, considerando su personal, sus recursos materiales y su alcance nacional. Junto a este enfoque organizativo, existe un enfoque material: se analiza como una misión —y, por lo tanto, una actividad— de interés general, que recae más o menos directamente en el ámbito de una entidad pública. (…) ( traducción propia). 7 Verbigracia de la «función pública o administrativa». 8 Corte Constitucional, Sentencia del 28 de enero de 2003, C-037 de 2003, M.P. Alvaro Tafur Galvis 9 Ib. Corte Constitucional, Sentencia del 19 de mayo de 20 10, C -378 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio [Fundamento de derecho 4.2]5

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particulares–10, el legislador ha permitido una mayor penetración del derecho común, como ocurre con la prestación de los s ervicios públicos domiciliarios ( art. 132 L. 142 de 199411), o el régimen del servicio eléctrico (parágrafo art. 8 L 143 de 199412).

En otros servicios públicos dicha remisión al derecho privado está ausente. Tal es

132 L. 142 de 199411), o el régimen del servicio eléctrico (parágrafo art. 8 L 143 de 199412).

En otros servicios públicos dicha remisión al derecho privado está ausente. Tal es el caso de la función de policía (Ley 18 01 de 2016), la administración de justicia (Ley 270 de 1996) o la defensa nacional (art. 217 de la Constitución Política), ámbitos en los que, dada su estrecha vinculación con la soberanía nacional y su carácter esencialmente estatal, la competencia para s u prestación recae –al menos en principio– exclusivamente en el Estado13.

Entonces, resulta reduccionista concluir que, por el solo hecho de que un particular preste un servicio, deba ser la jurisdicción ordinaria la llamada a conocer los litigios derivad os de la eventual responsabilidad extracontractual imputable a dicho prestador. En el caso del servicio bomberil, la Ley 1575 de 2012 radicó en el Estado el deber de “[…] asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional […]” (art. 2, Ley 1575 de 201 214-, y, adicionalmente, dispuso que:

10 Ya de antaño, este fenómeno fue evidenciado por Jaime Vidal Perdómo, Derecho Administrativo, p. 210 (…) Al lado, entonces de la concepción del servicio públicos en términos de ser pr estado o atendido por los particulares, lo que constituye una ampliación, pero, simultáneamente, un deterioro de la teoría, el derecho colombiano refleja también la teoría del servicio público industrial y comercial en las empresas industriales y comerciales del estado y en las sociedades de economía mixta, reguladas por los decretos 1050 y 3130 de

colombiano refleja también la teoría del servicio público industrial y comercial en las empresas industriales y comerciales del estado y en las sociedades de economía mixta, reguladas por los decretos 1050 y 3130 de

1968. En estos servicios, como ha ocurrido en derecho francés predomina el derecho privado, según los disponen expresamente los textos, con lo cual el derecho po sitivo colombiano también aleja el postulado de la escuela clásica de donde hay servicio público debe existir derecho público (…) 11 PARÁGRAFO. El régimen de contratación aplicable a estas empresas será el del derecho privado. La Comisión de Regulación de E nergía y Gas podrá hacer obligatoria la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en algunos de los contratos que celebren tales entidades. Cuando su inclusión sea forzosa, todo lo relativo a estas cláusulas se sujetará al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 12 (…) PARÁGRAFO. El régimen de contratación aplicable a estas empresas será el del derecho privado. La Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá hacer obligatoria la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en algunos de los contratos que celebren tales entidades. Cuando su inclusión sea forzosa, todo lo relativo a estas cláusulas se sujetará al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. (…) 13 Corte Constitucional, Sentencia del 3 de noviembre de 1992, T-578 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, [ Fundamento de derecho 4] (…) Los servicios públicos, relacionados con la administración de justicia y la fuerza pública, están a cargo exclusivo del Estado, por su misma naturalez a y las connotaciones que ellos tienen dentro del concepto de soberanía nacional. (…)

Caballero, [ Fundamento de derecho 4] (…) Los servicios públicos, relacionados con la administración de justicia y la fuerza pública, están a cargo exclusivo del Estado, por su misma naturalez a y las connotaciones que ellos tienen dentro del concepto de soberanía nacional. (…) 14 Artículo 2. Gestión integral del riesgo contra incendio . La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a cargo de las instituciones Bomberiles y para todos sus efectos, constituyen un servicio público esencial a cargo del Estado.6

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(…) Es obligación de los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción y de los municipios la prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos de bomberos oficiales o med iante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios (…). -art. 3 L. 1575 de 2012Inclusive, decisiones recientes de esta corporación han reiterado que los contratos celebrados con los cuerpos de bomberos voluntarios no implican la transferencia de la titularidad del servicio 15, razón por la cual la responsabilidad derivada de su prestación continúa radicada en los entes territoriales, aun cuando en dichos contratos se haya previsto una cláusula de indemnidad. Asimismo, s e ha señalado que, en el marco de la prestación del servicio bomberil, tampoco se configura una transferencia de la guarda de la actividad a los cuerpos de bomberos voluntarios16.. En efecto, no existe utilidad pública ni fundamento jurídico que justifique un

que, en el marco de la prestación del servicio bomberil, tampoco se configura una transferencia de la guarda de la actividad a los cuerpos de bomberos voluntarios16.. En efecto, no existe utilidad pública ni fundamento jurídico que justifique un tratamiento diferenciado en el régimen de imputación de los entes territoriales basándose exclusivamente en el modelo de gestión elegido. No resulta razonable que la responsabilidad frente a los administrados varíe según el servicio sea prestado por un cuerpo oficial o uno voluntario ; aceptar tal distinción implicaría trasladar una carga pública desproporcionada a entidades sin ánimo de lucro

Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos lo s habitantes del territorio nacional, en forma directa a través de Cuerpos de Bomberos Oficiales, Voluntarios y aeronáuticos. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B, Sentencia del 19 de septiembre de 2025, rad. 17001-23-33-000-2016-00839-02 (69.212), CP. Alberto Montaña Plata [ Fundamento de derecho 36] Allí se precisó: (…) Según se ha expuesto, el inciso 3 del artículo 4 de la Ley 1575 de 2012 atribuye la responsabilidad de la prestación del servicio público gestión integ ral del riesgo contra incendio a los municipios, en su respectiva jurisdicción. La misma norma los autoriza para que presten el servicio a través de los cuerpos oficiales de bomberos o mediante contratos o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios. De este modo, la Sala encuentra que la prestación del servicio, en virtud del contrato celebrado con el Cuerpo de bomberos voluntarios de Belalcázar no implicó la transferencia de la titularidad del servicio a

voluntarios. De este modo, la Sala encuentra que la prestación del servicio, en virtud del contrato celebrado con el Cuerpo de bomberos voluntarios de Belalcázar no implicó la transferencia de la titularidad del servicio a dicho organismo, pues aquella se mantuvo en c abeza del Municipio. En este orden de ideas, tal como se ha señalado, las deficiencias, falencias y fallas en los equipos o recursos necesarios para la prestación del servicio son atribuibles al Municipio y no al cuerpo de bomberos contratado35. Además, la cláusula de indemnidad no es oponible a terceros, ajenos al contrato, y no exonera la responsabilidad del Municipio. (…) 16Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 12 de mayo de 2011, rad. 41001 -23-31-000-1994-07932-01(19785), C.P. Danilo Rojas Betancourt [ Fundamento de derecho 28 y 29]«(…) A su vez, esta Corporación ha sostenido que es posible imputar responsabilidad a la administración cuando el automotor es utilizado para el desempeño de una función pública, en virtud de la noción de guarda. En sentencia de 19 de junio de 2000 16, se sostuvo: «(…) 29. Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta lo que resultó probado en el proceso, se puede concluir que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Garzón tenía la posesión del vehículo que atropelló al señor Salas Lugo, pero, en todo caso, la guarda del servicio con ocasión del cual se produjo el hecho dañino estaba en manos del municipio de Garzón. (…)»7

Radicación número: 730012333000201600222-01 (66151)

Demandante: Alfonso Porteo Reginfo y otro

del municipio de Garzón. (…)»7

Radicación número: 730012333000201600222-01 (66151) Demandante: Alfonso Porteo Reginfo y otro Aclaración de voto

(literal b) art. 18 L. 1575 de 2012 17) que, lejos de obtener un beneficio económico, actúan como meros colaboradores.

Así, la naturaleza altruista de los bomberos voluntarios reafirma que la titularidad y la guarda de esta función esencial permanecen inalterables en cabeza del municipio, quien no puede instrumentalizar la contratación de un ente privado para evadir su deber de garantía.

1. En este sentido, los cuerpos de bomberos voluntarios son verdaderos «colaboradores de la administración», en la medida en que sirven como conducto para que los entes territoriales presten, de manera indirecta, el servicio bomberil, sin que ello implique la transferencia de la guarda de la actividad. Así, al actuar bajo las instrucciones de los entes territoriales, de la Junta Nacional de Bomberos y de la Dirección Nacional de Bomberos (arts. 24 y 26 de la Ley 1575 de 2012), dichos cuerpos no quedan excluidos del ámbito de aplicación del artículo 140 del C.P.A.C.A., norma que faculta a los jueces administrativos para pronunciarse directamente sobre la responsabilidad extracontractual de los particulares que actúan bajo instrucciones exp resas de entidades públicas. Sobre el particular,

dicha disposición establece:

(…) ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. (…)

Visto lo anterior, estimo que una lectura armónica de la cláusula general de competencia prevista en el artículo 104 del C.P.A.C.A., del artículo 140 ejusdem y

17 (…) Artículo 18 Clases: (…) L os Cuerpos de Bomberos Voluntarios: Son aquellos organizados como asociaciones sin ánimo de lucro, de utilidad común y con personería jurídica expedida por las secretarías de gobierno departamentales, organizadas para la prestación del servicio público para la gesti ón integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en los términos del artículo segundo de la presente ley y con certificado de cumplimiento expedido por la dirección Nacional de Bomberos.(…)8

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de la Ley 1575 de 2012 , conduce a comprender que el medio de control de reparación directa puede dirigirse contra los cuerpos de bomberos voluntarios sin necesidad de acudir al fuero de atracción para justificar la competencia de esta

de la Ley 1575 de 2012 , conduce a comprender que el medio de control de reparación directa puede dirigirse contra los cuerpos de bomberos voluntarios sin necesidad de acudir al fuero de atracción para justificar la competencia de esta jurisdicción en los casos en que se discute la responsabilidad ext racontractual derivada de sus actuaciones.

2. Ahora bien, en relación con el daño antijurídico , la providencia que aclaro

sostuvo:

Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamient o. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho140, que contraría el orden legal141 o que está desprovista de una causa que la justifique142, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordena miento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida143, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre . En su fórmula reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente (…).

Con el debido respeto por las consideraciones de la Sala sobre el daño antijurídico –noción esencial de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado –, a mi juicio, para un entendimiento adecuado sobre este concepto y dotarlo de la compresión que merece, el análisis del mismo debe partir, aunque parezca una

–noción esencial de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado –, a mi juicio, para un entendimiento adecuado sobre este concepto y dotarlo de la compresión que merece, el análisis del mismo debe partir, aunque parezca una obviedad, del artículo 90 de la Constitución, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En ese marco y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño. Una vez constatado, se pasa al análisis de atribución (que implica un estudio de imputación fáctica y jurídica) 18; para, de manera posterior, establecer la antijuridicidad, es decir, si quien sufrió el daño efectivamente estaba obligado a soportarlo o no (fundamento del deber de reparación del Estado)19.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 11 de febrero de 2009, exp 17145; de 24 de enero de 2011, exp 15996, y de 22 de junio de 2011, exp 19548. 19 Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1° de agosto de 1996.9

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Esta aproximación al daño antijurídico, antes que reduccionista [como se califica en la providencia], es consecuente con los elementos que caracterizan la institución de la responsabilidad estatal a voces del artículo 90 de la C.P., y la enaltece.

en la providencia], es consecuente con los elementos que caracterizan la institución de la responsabilidad estatal a voces del artículo 90 de la C.P., y la enaltece.

Conforme al postulado constitucional, la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado se funda en la comprobación de un daño y en un juicio de imputación para imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. Sin la existencia del pr imer elemento, como lo ha sostenido la doctrina20 y la jurisprudencia21, el estudio de los demás requisitos estructurales de la responsabilidad resulta inocuo, porque no habrá objeto para dicho juicio de imputación que incluye, entre otros aspectos, la calificación de la antijuridicidad22.

Así, el daño, entendido de forma general como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito 23 24, debe quedar certera y suficientemente probado

20 Juan Carlos Henao Pérez, El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36 y 37: (…) “El daño es la razón de ser de la respons