CE - Aclaracion voto 73001233300020230018201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Radicado número: 730012333000202300182-01 (71768)

Actor: LUZ MARINA VASQUEZ CRIALES Y OTROS

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA -Presupuesto procesal. REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE ENTIDAD PÚBLICA -Su análisis no es necesario en los presupuestos procesales, a menos que se alegue una nulidad por indebida representación; CONGRUENCIA -la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda-RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO L.600 - la cancelación de registros se trata de una medida de restablecimiento de derecho con un régimen propio e independiente del incidente de reparación incidente de reparación de perjuicios. ARTÍCULOS 1494 Y 1757 DEL CÓDIGO CIVIL-No refieren a la prueba del daño como elemento de la responsabilidad extracontractual del Estado.

ACLARACIÓN DE VOTO

Acompañé la decisión del 9 de diciembre de 2025, confirmatoria de la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda . Sin embargo, con el respeto debido por la Sala, decido aclarar voto respecto de: (i) el estudio de la representación judicial de la Nación -Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial en el presupuesto procesal de legitimación en la causa por pasiva; (ii) el estudio de

respeto debido por la Sala, decido aclarar voto respecto de: (i) el estudio de la representación judicial de la Nación -Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial en el presupuesto procesal de legitimación en la causa por pasiva; (ii) el estudio de la de pérdida de oportunidad derivada de la cancelación de los presunto s “registros espurios” y (iii) el alcance de los artículos 1494 y 17 57 del Código Civil en lo relacionado con la prueba del daño.

1. En el análisis de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-fiscalía general de la Nación y la NaciónRama Judicial, la providencia que aclaro sostuvo:

«(…) 4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección , toda vez que la primera fue la entidad que adelantó la etapa de instrucción dentro del proceso penal adelantado en contra de Carlos Arturo González Ramírez y María Mercedes Rodríguez Cartagena; y la segunda adelantó la etapa de juicio que culminó por prescripción de la acc ión penal. Asimismo, por ser estas las instituciones a quienes se les atribuye la causación de los daños alegados en la demanda. (…)»2 Expediente n°. 73001233300020230018201 (71768) Actor: Luz Marina Vásquez Críales y otros Aclaración de voto

Con el debido respeto por las consideraciones de la Sala sobre este presupuesto procesal –condición esencial para dictar una decisión de fondo – y la posterior referencia a la representación judicial de la Nación en cabeza de la Rama Judicial, a

Con el debido respeto por las consideraciones de la Sala sobre este presupuesto procesal –condición esencial para dictar una decisión de fondo – y la posterior referencia a la representación judicial de la Nación en cabeza de la Rama Judicial, a mi juicio, era innecesario este último análisis.

La legitimación en la causa (legitimatio ad causam) refiere a la condición para discutir el objeto de la litis y obtener sentencia de fondo. En otras palabras, este presupuesto se pregunta sobre la posibilidad que tiene una persona –natural o jurídica – de formular pretensiones en contra de un sujeto. Y este, a su vez, de contradecirlas, por tener ambos un interés en la relación jurídica sustancial que se debate en un proceso. Entonces, la legitimación en la causa está directamente relacionada con el objeto del litigio en tanto se está vinculado, por un lado, con la pretensión misma, y, por el otro, con las excepciones o medios de defensa en su contra.

Así, el presupuesto de legitimación en la causa no toca lo referente a la habilitación para actuar en el juicio o la aptitud para comparecer en juicio - la legitimación procesal (legitimatio ad processum )-, sino que se interroga sobre el interés jurídico que le asiste a la entidad.

En materia de responsabilidad extracontractual, están legitimados los que de una u otra forma están relacionados a los hechos demandados, ya sea en ca lidad de lesionado de un interés protegido, o por un vínculo (así sea preliminar) con el hecho dañoso (sin concluir con esto que sea el causante de la lesión).

La falta de legitimación en la causa, al ser un presupuesto procesal, de no estar presente impide la posibilidad de obtener una decisión sobre el asunto.

dañoso (sin concluir con esto que sea el causante de la lesión).

La falta de legitimación en la causa, al ser un presupuesto procesal, de no estar presente impide la posibilidad de obtener una decisión sobre el asunto.

La representación judicial, por su parte, se refiere a la adecuada manera en la que comparece la Nación para que esta actúe y se defienda en procesos judiciales en los que ha sido demandada. Esta figura, a diferencia de la legitimación, no constituye un presupuesto procesal, sino un medio para comparecer al proceso. Ahora bien, si quien acude no es la que –por Ley– le corresponde, es decir, de ser la representación “indebida”, eventualmente, podría traer consigo una nulidad procesal, en los términos del numeral 3 del artículo 133 del CGP.3 Expediente n°. 73001233300020230018201 (71768) Actor: Luz Marina Vásquez Críales y otros Aclaración de voto

Para el caso de la Nación, dentro de un proceso contencioso administrativo, esta interviene a través de los órganos que produjeron el acto o el hecho demandado.

Para el caso de la Nación, dentro de un proceso contencioso administrativo, esta interviene a través de los órganos que produjeron el acto o el hecho demandado.

Al respecto, el artículo 159 del CPACA (vigente para el caso concreto) dispone:

Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencios o administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencios o administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.

En materia contractual, la representación la ejercerá el servidor público de mayor jerarquía de las dependencias a que se refiere el literal b), del numeral 1 del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, o la ley que la modifique o sustituya. Cuando el contrat o o acto haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de esta se ejercerá por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. (…) Conforme a la norma citada, la Nación, como persona jurídica, tiene diferentes representantes judiciales, de acuerdo con los diversos supuestos fácticos alegados. Y esta acudirá a través de la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. De manera que puede ser, por ejemplo, un Ministro de

representantes judiciales, de acuerdo con los diversos supuestos fácticos alegados. Y esta acudirá a través de la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. De manera que puede ser, por ejemplo, un Ministro de despacho, un Director General de Departamento Administrativo; el Registrador Nacional del Estado Civil, el Fiscal General, el Procurador o el Contralor.

A su turno, el Presidente del Senado es el representante de la Nación, cuando se trate de hechos que se le imputan al Congreso de la República. El Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial;4 Expediente n°. 73001233300020230018201 (71768) Actor: Luz Marina Vásquez Críales y otros Aclaración de voto

y el Fiscal General cuando se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.

Así las cosas, las autoridades mencionadas en el artículo 159 del CPACA, en primer lugar, acuden al proceso en representación de las entidades que dirigen. Y, para el caso de la Na ción (independientemente que sea demandante o demandada) esta acude al proceso por intermedio de los representantes de las entidades que produjeron el acto el hecho (y que dependen de la persona jurídica Nación).

Ahora bien, en la sentencia objeto de aclaración, dentro del presupuesto procesal de legitimación en la causa por pasiva, se concluyó que la Nación está legitimada en la causa –ni estaba debidamente representada por la Rama Judicial – porque los hechos se originaron en ejercicio de la función de administrar justicia.

Considero que era innecesario acudir a la figura de la representación judicial en este

causa –ni estaba debidamente representada por la Rama Judicial – porque los hechos se originaron en ejercicio de la función de administrar justicia.

Considero que era innecesario acudir a la figura de la representación judicial en este numeral, porque la vinculación (presupuesto procesal) surge de las actuaciones adelantadas por l a Fiscalía 12 Seccional de Ibagué, Fiscalía 6ª Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, el Juzgado 2º Penal del Circuito de El Espinal y la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.

En ese orden, no se desconoce que la Nación es el centro de imputación y que acude a los procesos a través de la entidad que ejecutó el hecho. Sin embargo, se insiste, el estudio de la representación judicial es innecesario en el análisis del presupuesto procesal de legitimación en la causa por pasiva de la Nación -Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial (en la que se mira, de manera preliminar, si existe una relación de hecho y de derecho entre la entidad demandada y los hechos y pretensiones formuladas).

El estudio de una representación judicial solo encontraría sentido en el caso de que la única entidad con la que comparezca la Nación (ya legitimada) no sea la correcta en tanto carece de conexión con los hechos demandados; o en el marco de un análisis de nulidad por indebida representación.

La legitimación en la causa por pasiva –en el proceso contencioso administrativo – debe entenderse necesariamente a partir de la capacidad para ser parte y comparecer por el vínculo con los hechos y pretensiones, y no f rente a los órganos5 Expediente n°. 73001233300020230018201 (71768) Actor: Luz Marina Vásquez Críales y otros Aclaración de voto

comparecer por el vínculo con los hechos y pretensiones, y no f rente a los órganos5 Expediente n°. 73001233300020230018201 (71768) Actor: Luz Marina Vásquez Críales y otros Aclaración de voto

o representantes de éstos con los que acude al proceso determinada entidad. La legitimación es una condición anterior a la representación, por eso es un presupuesto procesal. Así, por ejemplo, es claro que en los casos en los que se dem anda a la Nación, pero ésta no estuvo representada por el órgano que profirió el acto o produjo el hecho, sino por otra entidad, no se estará en presencia de una falta de legitimación en la causa (condición para dictar sentencia de fondo), sino de un probl ema de indebida representación judicial, que debe abordarse a través de un trámite de nulidad procesal.

En el caso estudiado en la sentencia, lo que se debió concluir en el presupuesto procesal era que la Nación -Rama Judicial y fiscalía general de la Naci ón estaban legitimadas en la causa por pasiva porque los hechos dañosos ocurrieron dentro de la función de administración de justicia, y no referirse en este estudio –de vínculo jurídico procesal – a la representación judicial como figura de comparecencia a l proceso.

(ii) En lo que respecta al segundo punto del voto disidente, la sentencia concluyó que no se acreditó la pérdida de la oportunidad de la parte civil de obtener indemnización de perjuicios».

Estimo que el análisis efectuado por la decisión debía acompasarse con lo solicitado expresamente en la demanda, en la que se alegó , como daño , la pérdida de

de perjuicios».

Estimo que el análisis efectuado por la decisión debía acompasarse con lo solicitado expresamente en la demanda, en la que se alegó , como daño , la pérdida de oportunidad en relación con la cancelación de los registros espurios (art. 66 de la Ley 600). En efecto, en las pretensiones de la demanda, la parte actora solicitó que se declarara la responsabilidad administrativa de las demandadas «(…) como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia , con ocasión de la declaratoria de la extinción de la acción penal por prescripción, a través del auto de fecha 26 de marzo de 2021 (…)». Por su parte, en el hecho décimo de la demanda se indicó:

(…) DECIMO: Los jueces de la República encargados de fallar el proceso penal, ala(sic) advertir que estábamos en una decisión de fondo (preclusión por prescripción), debieron haber ordenado la cancelación de los registros obtenido fraudulentamente, al estar comprobada la materialidad de la conducta desarrollada por los procesados, lo cual constituye una omisión que perjudica los intereses patrimoniales de mis representados, ya que el delito no es fuente de derechos sino fuente de obligaciones, es decir, cancela r la anotación de la venta celebrada entre los señores (…), y subsiguientemente la permuta celebrada por los procesados con6 Expediente n°. 73001233300020230018201 (71768) Actor: Luz Marina Vásquez Críales y otros Aclaración de voto

el señor JUAN ANTONIO CARDOZO DIAZ por derivase como fuente de la misma el delito de estafa,(…)»(negrilla por fuera del original)

Actor: Luz Marina Vásquez Críales y otros Aclaración de voto

el señor JUAN ANTONIO CARDOZO DIAZ por derivase como fuente de la misma el delito de estafa,(…)»(negrilla por fuera del original)

En dicho sentido, el artículo 281 del CGP establece que la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades previstas en la ley, y prohíbe al juez condenar al demandado por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en esta (congruencia del fallo). En ese orden de ideas, la demanda reprocha que las autoridades penales hayan omitido adelantar la cancelación del registro en la decisión judicial que, a su vez, declaró la prescripción de la acción penal y cesó el procedimiento.

Lo alegado en la demanda adquiere especial relevancia en la medida en que, el marco del incidente de cancelación de registros fraudulentos (art. 66 de la Ley 600 de 2000), pese a ser una medida de restablecimiento del derecho, tiene una finalidad y un objeto disímiles a los de la demanda civil interpuesta ante el juez penal (arts. 45 y ss. de la Ley 600 de 2000 1). La falta de distinción entre ambas instituciones, a mi juicio, dese mboca en sostener la decisión sobre razonamientos desprovistos de articulación con los hechos invocados en la demanda, los cuales se refirieron expresamente a la «cancelación de registros obtenidos fraudulentamente».

En el caso de la constitución como parte civil en el proceso penal -regido bajo Ley 600el acto que habilita a los jueces penales para pronunciarse sobre la

expresamente a la «cancelación de registros obtenidos fraudulentamente».

En el caso de la constitución como parte civil en el proceso penal -regido bajo Ley 600el acto que habilita a los jueces penales para pronunciarse sobre la responsabilidad civil extracontractual –derivada de perjuicios inmateriales y materiales provenientes del ilícito penal – lo constituye la demanda civil interpuesta por la víctima ante el juez penal, la cual debe cumplir los requisitos del artículo 48 de la Ley 600 de 2000 y del artículo 56 2 ejusdem. De allí que el pronunciamiento sea accesorio a la sentencia condenatoria, y que la prescripción (art. 98 de la Ley 599 de

1 «(…) ARTICULO 45. TITULARES. La acción civil individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por la conducta punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil o dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, por los herederos o sucesores de aquellas, por el Ministerio Público o por el actor popular cuando se trate de lesión directa a bienes jurídicos colectivos. En este último evento, sólo podrá actuar un ciudadano y será reconocido quien primero se constituya. El actor popular gozará del beneficio de amparo de pobreza de que trata el Código de Procedimiento Civil. Si el titular de la acción indemnizatoria no tuviere la libre administración de sus bienes y optare por ejercerla en el proceso penal, se constituirá en parte civil mediante demanda presentada por su representante legal. (…)» 2 ARTICULO 56. SENTENCIA CONDENATORIA Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS PERJUICIOS. <Para los

en el proceso penal, se constituirá en parte civil mediante demanda presentada por su representante legal. (…)» 2 ARTICULO 56. SENTENCIA CONDENATORIA Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS PERJUICIOS. <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> En todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el juez procederá a liquidarlos de acuerdo a lo acreditado en la actuación y en la sentencia condenará al responsable de los daños causados con la conducta punible. Además, se pronunciará sobre las expensas, las costas judiciales y las agencias en derecho si a ello hubiere lugar.7 Expediente n°. 73001233300020230018201 (71768) Actor: Luz Marina Vásquez Críales y otros Aclaración de voto

1. o la extinción de la acción penal (art. 99 ejusdem) suponga el fin de dicha acción civil.

Ahora, tratándose de la cancelación de registros, este mecanismo de restablecimiento de derechos está expresamente regulado en el artículo 66 de la Ley 600 de 2000, que dispone: (…) ARTICULO 66. CANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE: En cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos.

demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos. También se ordenará la cancelación de la inscripción de títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente. Dando alcance a la anterior disposición jurídica, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 3 y de la Corte Constitucional 4, ha identificado caracteres especiales en la cancelación de registros como medida de restablecimiento del derecho. Al efecto, bajo la Ley 600, la jurisprudencia define que la cancelación de registros es una «garantía intemporal»5 que persigue hacer efectivo el principio según el cual el delito no es fuente de derechos y, por ende, se trata de (…) medidas restitutorias de derechos que son de orden público y, por tanto, deben ser decretadas oficiosamente por el funcionario que tenga a su cargo la decisión del caso (…) (negrilla fuera del original) 6.

3 A título de ilustración ver: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, sentencia del 30 de abril de 2024, SP980-2024. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 22 de noviembre de 2023, rad. 60.879, Sentencia del 21 de noviembre de 2012, Exp. 39858 [Fundamento de derecho iv]; Sentencia del 13 de abril de 2011, rad. 35946 M.P, Carlos Roberto Solórzano Garavito[ Fundamento de derecho 5.5].

4 Corte Constitucional, sentencia del 30 de marzo de 2006, T-259 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa [Fundamentos de derecho 3 y 4] Corte Constitucional, Sentencia del 3 de mayo de 2018, SU 036 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez [Fundamento d e derecho 2.6.22]; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 22 de noviembre de 2023, rad. 60.879, Sentencia del 21 de noviembre de 2012, Exp. 39858 [Fundamento de derecho iv]; Sentencia del 13 de abril de 2011, rad. 35946 M.P, Carlo s Roberto Solórzano Garavito [Fundamento de derecho 5.5]. 5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de noviembre de 2012, Casación No. 39958, Acta 426, [ Fundamento de derecho(iii)] «(…)Sobre esta medida, ya la Corte Suprema ha dicho que se trata de una “garantía intemporal que dimana directamente de la Constitución Política y de la cual no puede sustraerse el juez” , conclusión que se sustenta en reiterada jurisprudencia constitucional que recuerda “la importancia de que los co rrectivos previstos en la ley para volver las cosas a su estado original y desvirtuar los derechos arrogados contrariando el orden jurídico, se apliquen de manera pronta y efectiva, de modo que se evite la continuación y/o la consumación de situaciones irr egulares, así como la de los perjuicios que ellas injustamente causan”. Estas razones llevan a la Sala a concluir que la cancelación de títulos de propiedad y registros fraudulentamente obtenidos es una medida eficaz y apropiada para el restablecimiento del derecho y la

injustamente causan”. Estas razones llevan a la Sala a concluir que la cancelación de títulos de propiedad y registros fraudulentamente obtenidos es una medida eficaz y apropiada para el restablecimiento del derecho y la reparación integral de las víctimas en un proceso penal, al tiempo que materializa el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y el debido proceso que le asiste a las mismas, conforme a los cánones constitucionales aquí analizados. (…)». 6 Ibidem [ Fundamento de derecho iv]8 Expediente n°. 73001233300020230018201 (71768) Actor: Luz Marina Vásquez Críales y otros Aclaración de voto

El fallo que resolvió el proceso de la referencia no atendió las características de la causa petendi ni la naturaleza de la medida de cancelación de registros, al partir de la premisa que la pérdida de oportunidad debía analizarse en relación con el reconocimiento de los perjuicios en la demanda de constitución de parte civil interpuesta por el señor Juan Antonio Cardoso Díaz al interior del proceso penal, así: (…) En el presente caso, está configurado el primer requisito para acreditar el daño alegado, esto es, la certeza de la oportunidad que se reputa perdida, pues a pesar de que, Juan Antonio Cardoso Díaz se constituyó como parte civil dentro del proceso penal surtido contra Carlos Arturo González Ramírez y María Mercedes Rodríguez Cartagena (hecho probado 7.1.1.) y que mediante sentencia del 30 de abril de 2020 proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito de El Espinal, se condenó a los señores González Ramírez y Rodríguez Cartagena porque se les halló penalmente

proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito de El Espinal, se condenó a los señores González Ramírez y Rodríguez Cartagena porque se les halló penalmente responsables del delito de estafa agravada (hecho probado 7.1.5.), lo cierto es que el interés legítimo contenido en la correspondiente indemni zación de perjuicios se malogró, toda vez que mediante providencia del 26 de marzo de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué declaró la prescripción de la acción penal y decretó la cesación del procedimiento (hecho probado 7.1.7.).

Sin embargo, se advierte que el segundo requisito que estructura la pérdida de la oportunidad, esto es, la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el detrimento no está acreditado, por cuanto el demandante ejerció otra vía judicial para pretender el resarcimiento de los perjuicios causados como consecuencia de la conducta punible investigada. En efecto, el artículo 45 de la Ley 600 de 20007, vigente para el momento en que se declaró la prescripción de la acción penal , contemplaba la posibilidad de obtener la reparación de los perjuicios mediante dos vías judiciales. La primera, consistía en ejercer la acción civil dentro del proceso penal y, la segunda, promover una acción independiente ante la jurisdicción civil. Sobre el particular, es menester poner de presente que el señor Cardoso Díaz se constituyó como parte civil dentro del proceso penal para pretender la reparación de los perjuicios causados con ocasión de la presunta comisión del delito de estafa agravada (hecho probado 7.1.1.), acción que a la postre también prescribió junto

constituyó como parte civil dentro del proceso penal para pretender la reparación de los perjuicios causados con ocasión de la presunta comisión del delito de estafa agravada (hecho probado 7.1.1.), acción que a la postre también prescribió junto con la acción penal 8, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 599 de 2000 9, no obstante, se advierte que con posterioridad a la constitución de parte civil, el interes ado también inició un proceso verbal de pertenencia sobre los inmuebles y el establecimiento de comercio que le fueron arrebatados de forma fraudulenta, contra los herederos de José Guillermo Rodríguez Ortiz, entre ellos, María Mercedes Rodríguez Cartagena, justamente con el fin de obtener nuevamente la titularidad de los bienes que le fueron despojados. (…)

7 Artículo 45. Titulares. La acción civil individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por la conducta punible, podrá ejercerse ante la juris dicción civil o dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, por los herederos o sucesores de aquellas, por el Ministerio Público o por el actor popular cuando se trate de lesión directa a bienes jurídicos colectivos. En este último evento, sólo podrá actuar un ciudadano y será reconocido quien primero se constituya. El actor popular gozará del beneficio de amparo de pobreza de que trata el Código de Procedimiento Civil”. 8 “Articulo 98. Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en el tiempo igual al de la prescripción

Civil”. 8 “Articulo 98. Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en el tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes en la legislación civil”. 9 Artículo 99. Extinción de la Acción Civil. La acción civil derivada de la conducta punible se extingue por cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil. La muerte del procesado, el indulto, la amnistía impropia, y, en general las causales de extinción de la punibilidad que no impliquen disposición del contenido económico de la obligación no extinguen la acción civil.”9 Expediente n°. 73001233300020230018201 (71768) Actor: Luz Marina Vásquez Críales y otros Aclaración de voto

Expuestas las anteriores consideraciones, estimo que en el caso de la referencia: i) a diferencia de lo reflexionado en la sentencia, la determinación sobre la acreditación de que la oportunidad de obtener la cancelación de registros no reposaba sobre la configuración de la prescripción de la acción penal. Ello deviene del carácter intemporal de la cancelación de registros, sobre la cual la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal 10 ha expuesto que no resulta afectada por la prescripción penal: (…) De allí que se sostenga por la Sala que hay lugar a adoptar medidas para cesar los efectos producidos por el delito a través de la cancelación de los títulos obtenidos fraudulentamente cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre el carácter apócrifo del título, proceder que no está atado inflexiblemente a un

fraudulentamente cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre el carácter apócrifo del título, proceder que no está atado inflexiblemente a un juicio de autoría o participación. Es lo que sucede, por ejemplo, en casos en los que: “(i) no se logró la identificación de los responsables; (ii) aun de existir implicado conocido, la investigación terminó con preclusión; (iii) la sentencia fue absolutoria porque se acreditó la ausencia de dolo o alguna causal eximente de responsabilidad; (iv) en el curso del proceso penal surgió una circunstancia de extinción de la acción penal, como la muerte o la prescripción de la acción penal, o (iv) se aplicó el principio de oportunidad”. En todo caso, según se ha advertido por la Sala, la cancelación definitiva de registros como mecanismo de restablecimiento del derecho conculcado, obliga a un análisis diferenciado por