CE - Aclaracion voto 76001233300020170144401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación número: 76001-23-33-000-2017-01444-01 (70.519)

Actor: Jorge Hugo Bedoya Corredor y otros Demandado: Consejo Nacional Electoral Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

Consejero Ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el respeto que profeso por las decisiones que adopta la Sala, me permito manifestar las razones que me llevan a aclarar el voto, pues, aunque acompaño el sentido de la sentencia desestimatoria de las pretensiones del 6 de diciembre de 2024, considero que el sub examine debió analizarse a partir del requisito de “condiciones uniformes respecto de una misma causa” o “comunidad de la causa” para determinar la integración del grupo, por cuanto no se advierte su acreditación, lo cual hace improcedente el medio de control incoado y conlleva a la denegación de las pretensiones.

En efecto, la jurisprudencia unificada de esta Corporación 1 ha sostenido que la definición del grupo se realiza mediante: (i) la identificación de los hechos dañosos uniformes para el grupo y (ii) el respectivo análisis de su vinculación causal con los daños sufridos por sus miembros. Lo anterior, al acoger el criterio jurisprudencial fijado en la providencia del 2 de agosto de 2006 2, en el que se precisó lo siguiente:

Primero, frente a los elementos de la responsabilidad que se ven envueltos en la expresión “condiciones uniformes respecto de una misma

jurisprudencial fijado en la providencia del 2 de agosto de 2006 2, en el que se precisó lo siguiente:

Primero, frente a los elementos de la responsabilidad que se ven envueltos en la expresión “condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó los daños al grupo”, el Consejo de Estado considera

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión. Sentencia del 10 de junio de 2021. Radicado: 76001 -23-31-000-2002-04584-02(AG) REV -SU, con ponencia de la magistrada que funge en igual condición en esta providencia. 2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicado: 25000 - 23-24000-2005-00495-01 C.P.: Ramiro Saavedra Becerra; 2 de agosto de 2006.que, no sólo se hace referencia al nexo de causalidad, sino también y de forma principal, al hecho generador del daño, puesto que se habla de condiciones uniformes respecto de una misma causa del daño, por lo que el primer paso que debe darse en este análisis 3, es identificar los hechos generadores del daño que se alegan en el caso concreto, los cuales deben aparecer como comunes a todos los miembros del grupo.

El hecho generador del daño es aque lla circunstancia que genera los respectivos perjuicios sufridos, es la acción u omisión, en sí misma considerada, por la cual se cree se causaron los daños; en frente de éste, la administración de justicia cuando va admitir una demanda de acción de grupo, debe identificar que los daños sufridos por la pluralidad de personas, se imputan a un mismo hecho generador, para de allí extraer

la administración de justicia cuando va admitir una demanda de acción de grupo, debe identificar que los daños sufridos por la pluralidad de personas, se imputan a un mismo hecho generador, para de allí extraer las condiciones uniformes que los identifican como grupo (…).

La segunda precisión que debe hacerse, se refiere al nexo de causalidad, pues si bien el Consejo de Estado comparte que su estudio debe ser netamente jurídico más que fáctico, no sobra señalar que esta Corporación ha tratado este tema desde hace mucho tiempo, haciendo la distinción entre imputación fáctica y jurídic a4. La primera referida al normal transcurso de los hechos, teniendo en cuenta que es causa de un daño, toda aquella modificación del mundo exterior antecedente al daño y, la segunda, que va mucho más allá de los hechos, referida a los vínculos jurídicos que nacen del comportamiento humano y que de una u otra forma, unen a las personas, por ejemplo, la responsabilidad por el hecho de las cosas.

En conclusión, el análisis de las condiciones uniformes respecto de una misma causa que generó perjuicios, como requisito de procedibilidad de la acción de grupo, que tiene por finalidad determinar si existe o no legitimación activa en el grupo demandante, debe hacerse de la siguiente forma: primero, identificar el hecho o hechos generadores alegados en la demanda y determinar si éstos son uniformes para todo el grupo; y segundo, mediante el análisis de la teoría de la causalidad adecuada, que permite un mayor enfoque jurídico, determinar si éstos hechos generadores tienen un mismo nexo de causalidad con los daños sufridos por los miembros del grupo.

El resultado de este análisis debe ser la identidad del grupo, como

que permite un mayor enfoque jurídico, determinar si éstos hechos generadores tienen un mismo nexo de causalidad con los daños sufridos por los miembros del grupo.

El resultado de este análisis debe ser la identidad del grupo, como pluralidad de personas que sufren unos daños originados en uno o varios

3 [Cita del texto original] Recordemos que el estudio de los elementos de l a responsabilidad se realiza en un orden determinado, el cual ha sido establecido por la jurisprudencia y la doctrina en el siguiente orden: en primer lugar, el daño, como fuente de la responsabilidad; segundo, se estudia la imputación o hecho generador de éste, como un juicio de reproche que permite saber si se actuó o no en derecho; y tercero, el nexo de causalidad como la relación fáctica o jurídica que existe entre un comportamiento humano y el daño causado. 4 “En relación con los hechos que inciden en la producción de un daño, es importante diferenciar las imputaciones fácticas y jurídicas, entendidas las primeras como las indicaciones históricas referidas a los hechos en los cuales el demandante edifica sus pretensiones, o el señalamiento de las causas materiales en criterio de quien imputa, que guardan inmediatez con el hecho y que, se considera, contribuyeron desde el punto de vista físico a la concreción del daño. En tanto que las imputaciones jurídicas aluden a la fuente normativa de deberes y de ob ligaciones (constitucionales, administrativas, convencionales, legales o contractuales) en las cuales se plasma el derecho de reclamación”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2004, exp. 14338, C.P.: María Elena Giraldo Gómez. En el mismo sentido:

contractuales) en las cuales se plasma el derecho de reclamación”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2004, exp. 14338, C.P.: María Elena Giraldo Gómez. En el mismo sentido: Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 2002, exp. 13818. C.P.: María Elena Giraldo Gómez.; sentencia del 27 de noviembre de 2002. exp. 13774. C.P: María Elena Giraldo Gómez.hechos generadores comunes a todos; si se descubre lo contrario, en cualquiera de los dos pasos, debe concluirse la inexistencia del grupo y por consiguiente la improcedencia de la acción (...)5.

En ese orden de ideas, es necesario que se identifique si los miembros del grupo han sido afectados en forma directa por los mismos hechos ocasionados por la entidad demandad a y, por ende, poseen un estatus jurídico semejante u homogéneo, pues será la única manera de establecer el requisito de uniformidad en la causa que la ley exige.

En el proceso se demostró que las 576 personas que conforman el grupo actor ejercieron el derecho al voto en el municipio de Guadalajara de Buga, con el fin de elegir autoridades locales por el período constitucional 2016-2019.

Conforme a lo anterior, en la sentencia se destacó que “el carácter secreto del voto impide establecer que todos los integrantes del grupo demandante hubiesen ejercido su derecho al voto respecto de los candidatos que finalmente fueron electos como autoridades territoriales del muni cipio de Guadalajara de Buga por el período constitucional 2016 -2019”, puesto que, “cada uno de ellos pudo optar por múltiples decisiones en cada mesa de votación, verbigracia, votar

fueron electos como autoridades territoriales del muni cipio de Guadalajara de Buga por el período constitucional 2016 -2019”, puesto que, “cada uno de ellos pudo optar por múltiples decisiones en cada mesa de votación, verbigracia, votar en blanco o, por un candidato diferente, o simplemente no marcar el tarjetón de la Alcaldía, sino solo para el Concejo Municipal”.

En la sentencia, además, se sostuvo que “ aunque la Subsección p[odía] determinar que los 576 accionantes participaron en la mencionada jornada electoral, ello no e [ra] suficiente para inferir que l a supuesta omisión en la declaratoria de elección de las autoridades locales les impidió que fueran representados por quienes ellos habían elegido popularmente, en cuanto, se reitera, no e[ra] posible establecer que cada uno de ellos ejerció su derecho al voto a favor de los candidatos que finalmente fueron electos”. A partir de allí, se concluyó que los demandantes no sufrieron una lesión cierta, determinada o determinable de sus derechos subjetivos.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2007, exp. 41001 -23-31-000-2004-00120-01(AG), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.Con los anteriores derroteros, considero que la circuns tancia anotada, de entrada, impide tener por acreditado el requisito de existencia de causa común frente al daño reclamado por el grupo, haciendo inane cualquier otro análisis relacionado con la falta de acreditación del daño o las razones justificantes de la demora en que incurrió el Consejo Nacional Electoral en la declaratoria de

frente al daño reclamado por el grupo, haciendo inane cualquier otro análisis relacionado con la falta de acreditación del daño o las razones justificantes de la demora en que incurrió el Consejo Nacional Electoral en la declaratoria de elección y entrega de credenciales, por cuanto, como se dejó visto, la acreditación de dicho requisito de procedibilidad de la acción o medio de control implica no solo (i) la identificación del hecho o hechos generadores alegados en la demanda que se identifican como uniformes para todo el grupo , sino (ii) el respectivo análisis de su vinculación causal con los daños sufridos por sus miembros, criterio este último que, en el pre sente caso, no puede ser demostrado dado el carácter secreto del voto.

A mi juicio, el análisis que reclama el requisito de procedibilidad del medio de control ejercido impone identificar si los miembros del grupo han sido afectados en forma directa por e l mismo hecho generador del daño -el retardo en la declaración de la elección -, a efectos de demostrar el nexo de causalidad existente entre ambos elementos, lo que en el presente caso requeriría acreditar que el voto de los demandantes fue efectivamente s ufragado a favor de los candidatos que resultaron electos.

Así las cosas, tal restricción probatoria edificada en el carácter secreto del voto como garantía ciudadana consagrada en los artículos 258 de la Constitución Política6 y 1º del Código Electoral7, imposibilita el ejercicio del derecho de acción

6 “ARTÍCULO 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios ele ctrónicos o

ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios ele ctrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los v otantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos”. 7 “ARTÍCULO 1º. // 2. Principio de secreto del voto y de la publicidad del escrutinio. El voto es secreto y las autoridades deben garantizar el derecho que tiene cada ciudadano de votar libremente sin revelar sus preferencias. El escrutinio es público, según las reglas señaladas por este código y las demás disposiciones electorales”.a través del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, dado el especial requisito de procedibilidad consagrado para su procedencia. Esta posición se refuerza con el hecho de que lo pretendido por los actores no se aviene a la naturaleza eminentemente indemnizatoria del referido medio de control, la cual se configura a partir de la preexistencia de un daño que se busca reparar pecuniariamente y en forma individualizada a todos aquellos que se han visto afectados, toda vez que, el daño cuya indemnización se reclama, esto es, la vulneración del derecho fundamental a elegir, constituye un derecho político que no tiene ni puede tener un contenido pecuniario.

aquellos que se han visto afectados, toda vez que, el daño cuya indemnización se reclama, esto es, la vulneración del derecho fundamental a elegir, constituye un derecho político que no tiene ni puede tener un contenido pecuniario.

En los anteriores términos dejo consignada mi aclaración de voto.

Respetuosamente,

Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN

Magistrada