CE - Auto CCA2024074 0 20240725114059092

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: John Jairo Morales Alzate

Bogotá D.C., tres (03) de julio de 2024

Número único: 11001-03-06-000-2024-00074-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría Provincial de Instrucción de Ocaña,

Juzgado Promiscuo Municipal de San Martin y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de César.

Asunto: autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de empleado judicial. Reiteración

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 7 de diciembre de 2018, el señor Gabriel Suárez Santiago presentó, ante la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del César, queja disciplinaria contra el señor Fabian Erasmo Luna Porras, y la señora Sandra Milena Pinzón Naranjo en su condición de secretario2 y jueza del Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín – César, respectivamente. Lo anterior, por los presuntos actos de violencia cometidos contra el quejoso, que, al parecer, afectaron su derecho al debido proceso.

de San Martín – César, respectivamente. Lo anterior, por los presuntos actos de violencia cometidos contra el quejoso, que, al parecer, afectaron su derecho al debido proceso.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 En escrito radicado el 14 de ma yo de 2024, la Doctora Catalina Pineda Álvarez, actual jueza promiscua municipal de San Martín – César, dentro de su escrito de consideraciones, manifestó que el señor Fabian Erasmo Luna Porras, ya no se encontraba vinculado como secretario de ese despacho.Radicación: 11001-03-06-000-2024-00074-00 Página 2 de 21

2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del César, mediante Auto del 13 de diciembre de 2018 3, abrió investigación disciplinaria contra la jueza Sandra Milena Pinzón Naranjo, por los hechos mencionados4.

Adicionalmente, en la misma providencia, por considerar que no era competente para conocer la queja presentada contra el señor Fabian Erasmo Luna Porras, compulsó copias del mencionado auto y de la queja a la Procuraduría Provincial de Ocaña.

3. Mediante Auto del 7 de febrero de 20195, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ocaña ordenó abrir investigación disciplinaria contra el señor Fabian Erasmo Luna Porras, en su condición de secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín ,

Ocaña ordenó abrir investigación disciplinaria contra el señor Fabian Erasmo Luna Porras, en su condición de secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín , por los presuntos actos de violencia cometidos en contra del señor Gabriel Suárez Santiago.

4. Mediante Auto de l 29 de septiembre de 2023 6, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ocaña ordenó la remisión a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del César de la investigación disc iplinaria iniciada contra el empleado judicial Fabian Erasmo Luna Porras. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por la Sala de Consulta y Servicio y Civil del Consejo de Estado en concepto núm. 2440 de 2020.

5. Mediante Auto del 28 de noviembre de 2023 7, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del César rechazó la competencia para continuar el proceso disciplinario iniciado en contra del señor Fabian Erasmo Luna Porras, al considerar a la Procuraduría Provincial de Inst rucción del César, como la autoridad competente para hacerlo.

Adicionalmente propuso conflicto negativo de competencias administrativas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, la Secretaría de esta Sala fijó el edicto núm. 74 por el término de cinco días, del 2 3 al 29 de febrero de 2024, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas pres entaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

3 Información extraída del expediente digital del conflicto núm. 110010306000202 400074-00, que reposa en SAMAI

sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

3 Información extraída del expediente digital del conflicto núm. 110010306000202 400074-00, que reposa en SAMAI 4 La Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del César, mantuvo la competencia respecto al proceso disciplinario contra la jueza Sandra Pinzón, Por lo que el co nflicto se trabo respecto al proceso adelantado contra el secretario, el señor Fabian Erasmo Luna 5Información extraída del expediente digital del conflicto núm. 110010306000202 400074-00, que reposa en SAMAI 6 Información extraída del expediente digital del conflicto núm. 110010306000202 400074-00, que reposa en SAMAI 7 Información extraída del expediente digital del conflicto núm. 110010306000202 400074-00, que reposa en SAMAIRadicación: 11001-03-06-000-2024-00074-00 Página 3 de 21

Consta en el expediente, que se comunicó sobre la existencia del presente conflicto de competencias administrativa a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ocaña, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del César, al Juzgado Promiscuo Municipal De San Martin y al señor Fabian Erasmo Luna Porras.

En informe secretarial del 1 de marzo de 2014 se indicó que, vencido el término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

A través de Auto de mejor proveer del 6 de marzo de 2024, la Sala solicitó a la Comisión

fijación del edicto, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

A través de Auto de mejor proveer del 6 de marzo de 2024, la Sala solicitó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del César y a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ocaña información respecto a las actuaciones disciplinarias adelantadas contra el secretario Fabian Erasmo Luna Porras.

En informe secretarial del 14 de marzo de 2024 se informó que , vencido el término concedido mediante auto para mejor proveer del 6 de marzo de 2024, las autoridades requeridas allegaron la información solicitada.

Mediante Auto de mejor proveer del 6 de ma yo de 2024 , la Sala solicitó vincular al Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín, para que en el término de 5 días, remitiera sus consideraciones respecto a la competencia para adelantar el proceso disciplinario, objeto del presente conflicto. Adicionalmente se le requirió para que allegara información sobre la separación de las etapas de instr ucción y juzgamiento para los procesos disciplinarios adelantados por ese despacho.

Vencido el término concedido en auto para mejor proveer del 6 de marzo de 2024, la secretaria de la Sala, mediante informe secretarial del 15 de mayo de 2024, señaló que, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín remitió la información requerida.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del César

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del César no presentó escrito de alegatos. Sin embargo, los argumentos respecto a su competencia se encuentran en el auto del

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del César

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del César no presentó escrito de alegatos. Sin embargo, los argumentos respecto a su competencia se encuentran en el auto del 28 de noviembre de 2023. En dicho escrito la entidad manifestó que como los hechos objeto de investigación disciplinaria ocurrieron antes de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y seccionales, esta última no teníaRadicación: 11001-03-06-000-2024-00074-00 Página 4 de 21

competencia para adelantar la investigación disciplinaria en contra del señ or judicial Fabian Erasmo Luna Porras.

Al respecto indic ó que de conformidad con lo establecido por la Sala de Consulta y Servicio Civil en decisión del 10 de mayo de 20238 , la competencia que le fue otorgada a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, en el artículo 257A de la Constitución Política, para adelantar actuaciones disciplinarias en contra de empleados judiciales, se circunscribe a aquellas relacionadas con hechos ocurridos con posterioridad a l 13 de enero de 2021, fecha en la que está última entró en funcionamiento.

2. Procuraduría Provincial de Ocaña

La Procuraduría Provincial de Ocaña no presentó consideraciones a la Sala, no obstante, en auto del 29 de septiembre de 2023, a través del cual remitió el asunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del César, indicó que carece de competencia para continuar con la investigación iniciada contra el señor Fabian Erasmo Luna Porras. Ello en la medida que, según la entidad, el artículo 257A de la Constitución Política le otorga

Seccional de Disciplina Judicial del César, indicó que carece de competencia para continuar con la investigación iniciada contra el señor Fabian Erasmo Luna Porras. Ello en la medida que, según la entidad, el artículo 257A de la Constitución Política le otorga de manera exclusiva a la Comisión Nacional de disciplina Judicial y seccionales, la competencia para adelantar investigaciones d isciplinarias contra empleados y funcionarios de la Rama Judicial.

3. Juzgado Promiscuo Municipal de San Martin

Mediante Oficio del 14 de mayo de 2024, la doctora Catalina Pineda Álvarez, actual jueza promiscua municipal de San Martin - César, indicó que no le era posible adelantar el proceso disciplinario en contra del señor Fabian Erasmo Luna Porras. Lo anterior, debido a que entre el sindicado y ella existe una enemistad manifiesta, que podría afectar la imparcialidad del asunto. Por lo que, teniendo en cuenta la causal de impedimento prevista en el numeral 9 del artículo 14 1 del Código General del Proceso , se declaró impedida para adelantar el mencionado proceso disciplinario.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil radicado 11001-03-06-000-2023-00031-00Radicación: 11001-03-06-000-2024-00074-00 Página 5 de 21

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo proc edimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Mart ín, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del César y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ocaña no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»9 se encuentran en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la pe rsona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en rel ación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el

9 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2024-00074-00 Página 6 de 21

conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades te rritoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren

conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades te rritoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. [Se resalta].

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. [Se resalta].

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

Las autoridades involucradas en el presente trámite, esto es , el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martin, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del César y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ocaña, han rechazado su competencia para continuar adelantando el proceso disciplinario en contra del empleado judicial Fabian

Municipal de San Martin, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del César y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ocaña, han rechazado su competencia para continuar adelantando el proceso disciplinario en contra del empleado judicial Fabian Erasmo Luna Porras , quien había estado vinculado como secretario del mencionado juzgado.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Este conflicto de competencias fue planteado entre tres autoridades del orden nacional: el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martin , autoridad que hace parte de la Rama Judicial que ejerce sus funciones de forma desconcentrada ; la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del César y la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ocaña. .Radicación: 11001-03-06-000-2024-00074-00 Página 7 de 21

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario en contra del empleado judicial Fabian Erasmo Luna Porras , quien, para la época de los hechos, se desempeñaba como secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de San Martin.

Sobre la naturaleza del asunto es de advertir que el conflicto negativo de competencias involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cesar10; y otras que, en el

Sobre la naturaleza del asunto es de advertir que el conflicto negativo de competencias involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cesar10; y otras que, en el mismo evento ejercerían una función administrativa, la Procuraduría General de la Nación11 y el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martin.12

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes13:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones, ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan

(todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 14, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

10 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. 11 Al respecto se debe precisar que la Ley 2094 de 2021, en su artículo 1°, otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación y replicó dicha función en los artículos 54, 73 y 74 (que modificaron los artículos 2°, 238ª, 265 de la Ley 1952 de 2019). Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30-23 declaró inexequible las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la

los artículos 2°, 238ª, 265 de la Ley 1952 de 2019). Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30-23 declaró inexequible las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación que le había dado la referida norma (artículos 1°, 54, 73 y 74), decisión que fue dada a conocer por medio del Comunicado 04 de la Corte Constitucional del 16 de febrero de 2023. Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación conocerá de los procesos adelantados en contra de quienes desempeñen funciones públicas con fundamento de sus funciones administrativas y no jurisdiccionales. 12 La función disciplinaria atribuida a las autoridades judiciales , respecto de los empleados judiciales, es de naturaleza administrativa, sujeta al control de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 13 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211; decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 14 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estri ctos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala]Radicación: 11001-03-06-000-2024-00074-00 Página 8 de 21

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala, 15 que una de las garantías del debido

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala, 15 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente.

En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para continuar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho asunto, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales no solo del quejoso, sino en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Constitución Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA.

Visto lo anterior, la Sala ha considerado16 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos lo gren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

buscarán que los procedimientos lo gren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas todas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»17.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos

15Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211; decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 16 Decisión del 18 de septiembre de 2014 radicación 2014 -00168; decisión del 16 de mayo de 2018 radicación 2017-00200; decisión del 18 de junio de 2019 radicación 2019-00063, entre otras. 17 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2024-00074-00 Página 9 de 21

de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autori dad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia.

necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para continuar con el proceso disciplinario adelantado en contra del señor Fabian Erasmo Luna Porras, empleado judicial, quien, para la época de los hechos, era secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín . Proceso que se inici ó por los presuntos actos de violencia cometidos contra el señor Gabriel Suárez Santiago, que, al parecer, afectaron su derecho al debido proceso.Radicación: 11001-03-06-000-2024-00074-00 Página 10 de 21

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar manifestó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 257A de la Constitución Política, su competencia únicamente se predica respecto de los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en funcionamiento.

Por su parte, la Procuraduría Provincial del Instrucción de Ocaña señaló que carece de competencia para asumir el conocimiento del asunto, dado que el artículo 257A de la Constitución Política le otorga de manera exclusiva a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y seccionales, la competencia para adelantar investigaciones disciplinarias contra empleados y funcionarios de la Rama Judicial

Constitución Política le otorga de manera exclusiva a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y seccionales, la competencia para adelantar investigaciones disciplinarias contra empleados y funcionarios de la Rama Judicial

Finalmente, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martin indicó que carece de competencia para seguir conoci endo el proceso toda vez que, la jueza encargada del despacho, esta incursa en una causal de impedimento , debido a una enemistad manifiesta con el disciplinado.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) Factores que determinan la competencia en materia disciplinaria. El factor subjetivo o personal. Reiteración iii) Los servidores de la Rama Judicial: distinción entre funcionario y empleado judicial. Reiteración iv) Autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración v) Competencia de la Procuraduría General de la Nación, en salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento vi) Caso concreto

5. Análisis de la normativa aplicable

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.Reiteración18

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión núm. 11001030600020220017800 del

públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión núm. 11001030600020220017800 del 28 de septiembre de 2022, entre otras.Radicación: 11001-03-06-000-2024-00074-00 Página 11 de 21

encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conf