CE - Auto interlocutorio 05001233300020120021302 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Número interno: 72588

Radicación: 05001-23-33-000-2012-00213-02

Ejecutante: Unimezclas S.A.

Ejecutado: Instituto Nacional de Vías-INVIAS

Referencia: Ejecutivo

APELACIÓN DE AUTOS CCA -El Consejo de Estado conoce en segunda instancia del auto que rechazó la demanda ejecutiva por no haber sido subsanada. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO-Procesos iniciados en vigencia del CCA. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE -Transición y vigencia del CPACA . INADMISIÓN DE DEMANDA-Procede para corregir los defectos formal es de la demanda. NOTIFICACIÓN-Es el acto procesal mediante el cual se hacen saber o se ponen en conocimiento de las partes o de terceros las decisiones adoptadas por los funcionarios respectivos, con las formalidades señaladas en las normas procesales. NOTIFICACIÓN PERSONAL-Tienen carácter principal , pero se establece como obligatoria sólo en los casos previstos en el art ículo 314 del CPC y en los casos previstos en el CCA ; fuera de esos eventos taxativos se admite la notificación por otros medios . NOTIFICACIÓN POR ESTADO -Se establece como la forma de notificación de los autos que no deba hacerse personalmente. CONFIANZA LEGÍTIMA-Al provenir del principio de buena fe, debe ajustarse a la legalidad y al respeto de los derechos ajenos.

notificación de los autos que no deba hacerse personalmente. CONFIANZA LEGÍTIMA-Al provenir del principio de buena fe, debe ajustarse a la legalidad y al respeto de los derechos ajenos.

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto de l 24 de enero de 202 5, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Primera de Decisión, que rechazó la demanda de la referencia por no subsanar.

I. ANTECEDENTES

La demanda y su trámite

El 9 de febrero de 2012 1, la sociedad UNIMEZCLAS S.A., a través de apoderad o judicial, solicitó librar mandamiento de pago en contra del Instituto Nacional de VíasINVIAS, con el fin de obtener el pago de los siguientes rubros (transcripción literal, incluidos posibles errores):

2.1.1. Por capital insoluto liquidado al 26 de enero de 201 2, incluida en este la actualización pactada al mismo en la conciliación base de la ej ecución, desde el 26 de octubre de 2006 hasta el 26 de enero de 2012, la suma de $6.413’768.489.54

2.1.2. Por concepto de intereses de este capital actualizado, liquidados al valor del IPC año inmediatamente anterior m ás un 12% anual, desde el 26 de octubre de

1 Cfr. SAMAI, índice 2. En el archivo «35ED_01ExpedienteRemitido(.zip)», documento «00 CNO 2 RDO 000 2012 00213 00», págs. 9 a 23.2

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2012 00213 00», págs. 9 a 23.2

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2006, fecha del acuerdo conciliatorio, hasta el 26 de enero de 201 2, la suma de $4.040’674.148.41

2.1.3. MENOS sumas compensadas a favor de DIAN según Resolución ST No. 6378 de 12-05-2010 por deudas de Unimezclas S.A.: $ 122’391.000.00

2.1.4. TOTAL MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR

DE UNIMEZCLAS S.A. $10.332’051.637.95

2.2. Los anteriores valores deberán ser actualizados con el I.P.C publicado por el DANE - COLOMBIA, y liquidados los intereses a las tasas convenidas en la conciliación, esto es el porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior al período a liquidar, más un 12% anual desde enero 27 de 2012, y hasta la fecha en que se efectúe el pago real por INVIAS. Y así mismo la actualización del valor de estos intereses hasta la fecha en que se efectúe el pago por INVIAS

2.3. Sea condenada la entidad demandada –INVIASal pago de las costas del proceso, conforme con la ley 446 de 1998.

Lo anterior, con el fin de solicitar la ejecución del acuerdo conciliatorio celebrado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso ejecutivo acumulado con radicación 05001-23-31-000-2000-02747-00, en el cual se convino que el INVIAS

Lo anterior, con el fin de solicitar la ejecución del acuerdo conciliatorio celebrado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso ejecutivo acumulado con radicación 05001-23-31-000-2000-02747-00, en el cual se convino que el INVIAS pagaría a UNIMEZCLAS, la suma de $5.070’495.006.08, junto con la actualización respectiva, como por los intereses causados.

Mediante auto de l 30 de octubre de 2013 , el Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia denegó librar el mandamiento de pago, debido a que el título base de ejecución no era exigible, ya que en este se observaba una «anotación de suspensión de pago, en virtud de las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República»2.

Contra esta determinación, la parte ejecutada presentó «solicitud para dejar sin efectos», en atención a que la providencia había sido adoptada de «forma unipersonal», cuando ese tipo de decisiones eran competencia de la Sala, toda vez que el auto que niega el mandamiento de pago es asimilable al rechazo de la demanda, por lo que no le asistía competencia funcional al ponente para tomar esa decisión3. Además, en escrito aparte, interpuso recurso de apelación a fin de que se revocara el auto del 30 de octubre de 2013, ya que la orden de suspensión de pagos ordenada por la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República «no vicia la acción iniciada, ni la torna improcedente», sino que operaría una «prejudicialidad penal» hasta tanto culmin aran las investigaciones adelantadas4.

República «no vicia la acción iniciada, ni la torna improcedente», sino que operaría una «prejudicialidad penal» hasta tanto culmin aran las investigaciones adelantadas4.

En providencia del 21 de marzo de 2014 , el Tribunal negó la solicitud de dejar sin

2 Ibidem. Documento «00 CNO 1 RDO 000 2012 00213 00», págs. 1 a 10. 3 Ibidem. Págs. 11 a 14. 4 Ibidem. Págs. 15 a 20.3

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efectos el auto del 30 de octubre de 2013 y concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación ante esta Corporación5.

Mediante auto del 15 de febrero de 2019, el Consejo de Estado -Sección TerceraSubsección C declaró la nulidad del auto del 30 de octubre de 2013 q ue negó el mandamiento de pago por falta de competencia funcional del magistrado ponente del Tribunal de origen6.

El 27 de junio de 2023, el despacho sustanciador del Tribunal declaró falta de competencia, dado que otro despacho de esa corporación ya había tenido conocimiento previo del asunto y ordenó remitirlo 7. Por su parte, el otro despacho estimó que tampoco era competente, ya que la asignación del expediente se realizó en su calidad de magistrado en descongestión, medida transitoria que ya había concluido, por lo que propuso conflicto negativo de competencia8. Mediante decisión del 26 de septiembre de 2023, la Sala de Gobierno del Tribunal Administrativo de

en su calidad de magistrado en descongestión, medida transitoria que ya había concluido, por lo que propuso conflicto negativo de competencia8. Mediante decisión del 26 de septiembre de 2023, la Sala de Gobierno del Tribunal Administrativo de Antioquia dirimió el conflicto negativo de competencia9.

El 20 de marzo de 2024 10, el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Primera de Decisión resolvió rechazar la demanda ejecutiva porque había operado el fenómeno jurídico de la caducidad. Decisión que fue recurrida por la ejecutante , en memorial del 1º de marzo de 202411.

Mediante a uto del 23 de septiembre de 2024 12, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó dicha determinación y ordenó al despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Primera de Decisión resolver sobre el mandamiento de pago solicitado, con la verificación de los demás requisitos legales para el efecto.

El 5 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto de

5 Ibidem. Págs. 30 a 33. El expediente fue remitido por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia el 2 de mayo de 2018 y recibido en el Consejo de Estado el 8 de mayo siguiente. 6 Ibidem. Págs. 46 a 48. Proceso con radicación 05001-23-31-000-2012-00213-01(61501). El 10 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto de obedecimiento y cumplimiento a la decisión del Consejo de Estado (visible página 51 de primera instancia, SAMAI).

2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto de obedecimiento y cumplimiento a la decisión del Consejo de Estado (visible página 51 de primera instancia, SAMAI). 7 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «3ED_02AutoRemiteCompeten(.pdf)». 8 Ibidem. En el documento «9ED_08AutoDeclaraFaltaCo(.pdf)». 9 Ibidem. En el documento «11ED_1017_17_050012331000(.pdf)». 10 Ibidem. En el documento « 16ED_15AutoRechazaMandami(.pdf)». Decisión que fue notificada por estado electrónico del 21 de marzo de 2024 (visible a índice 53 de primera instancia, SAMAI). 11 Cfr. SAMAI, índice 54 de primera instancia. 12 Cfr. SAMAI, índice 2. En el documento «21ED_20AutoResuelveApelac(.pdf)». Proceso con radicación 0500123-33-000-2012-00213-01(71331). Decisión que fue notificada por estado del 11 de noviembre de 2024 (visible a índice 17 de ese proceso).4

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obedecimiento y cumplimiento a la decisión del Consejo de Estado13.

En proveído del 27 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador del Tribunal inadmitió la demanda14, a fin de que subsanaran algunos aspectos, para lo cual, se concedió un término de 5 días a la parte ejecutante. Decisión que fue notificada por estado del 28 de noviembre de 202415.

Auto objeto de impugnación

concedió un término de 5 días a la parte ejecutante. Decisión que fue notificada por estado del 28 de noviembre de 202415.

Auto objeto de impugnación

Mediante auto del 24 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Primera resolvió que, debido a que dentro del término otorgado para subsanar el escrito inicial «no se al legó documento alguno con el que se cumplieran los requerimientos señalados, razón por la que habrá de darse aplicación a lo establecido en el artículo 143 del CCA, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 del CPC , tal y como se advirtió en el re ferido auto, procediendo a su rechazo»16.

Impugnación

Contra esta determinación, la parte ejecutante, en memorial de l 30 de enero de 202517, interpuso recurso de apelación e incidente de nulidad, bajo el argumento de que la notificación del auto que inadmitió la demanda ejecutiva «debió notificarse personalmente» a los correos electrónicos comunicados en memorial del 17 de febrero de 2023, (transcripción literal) «de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1437 del 2011 -Código General del Proceso- (sic) en su artículo 198 (…). Hecho que no ocurrió, vulnerándose con ello derechos fundamentales de mi representada Unimezclas S.A., tales como el debido proceso, el derecho a la publicidad de las actuaciones que se surtan en procesos judiciales y el Principio de Confianza Legítima».

Afirmó que la notificación no brindó las garantías procesales a la parte, debido a que se debía surtir bajo las previsiones del Código General del Proceso , ya que

Legítima».

Afirmó que la notificación no brindó las garantías procesales a la parte, debido a que se debía surtir bajo las previsiones del Código General del Proceso , ya que

13 Cfr. SAMAI, índice 61 de primera instancia. 14 Cfr. SAMAI, índice 64 de primera instancia. 15 Cfr. SAMAI, índice 65 de primera instancia. 16 Cfr. SAMAI, índice 66 de primera instancia. Decisión que fue notificada por estado electrónico del 27 de enero de 2025 (visible a índice 67 de primera instancia, SAMAI). 17 Cfr. SAMAI, índice 68 de primera instancia . En el documento «51RecepcionMemor_Correo_RecepcionMemo(.pdf)» se observa que el correo electrónico fue enviado el 29 de enero de 2025 a las 19:23, es decir, por fuera del horario judicial, por lo que entiende presentado al día hábil siguiente.5

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«previamente se recibía comunicación donde se anunciaba la decisión que se iba a notificar por Estados».

Finalmente, solicita la nulidad de lo actuado por la irregular notificación del auto que inadmitió la demanda, según las provisiones del inciso 2º. del numeral 3º del artículo 133 del Código General del Proceso . En escrito del 3 de febrero de 2025, la parte ejecutante presentó «adición» al recurso de apelación18.

Mediante auto del 3 de marzo de 2025 , el Tribunal no accedió a la solicitud de

ejecutante presentó «adición» al recurso de apelación18.

Mediante auto del 3 de marzo de 2025 , el Tribunal no accedió a la solicitud de nulidad formulada por la ejecutante, debido a que el régimen aplicable al proceso es el CCA, que en virtud de la integración normativa establecida en su artículo 267, remite al Código de Procedimiento Civil, por lo cual, la notificación del auto que inadmitió la demanda se surtió cumpliendo lo previsto en el artículo 321 de ese último estatuto procesal. Incluso, advirtió que (transcripción literal):

Es de anotar que, todas las notificaciones en el presente proceso siempre se han realizado conforme a la anterior disposición normativa, sin que previamente se hubiere presentado objeción alguna por la demandante, es más, dentro de las oportunidades conced idas ha presentado los respectivos recursos contra las diferentes decisiones, como se puede evidenciar en los folios 378 a 387 del expediente físico y archivo N° 16 del digital.

En ese sentido, se advierte que la notificación de la providencia que inadmit ió la demanda se cumplió bajo los parámetros legales aplicables al presente caso, razón por la cual, se negará la solicitud de nulidad y la consecuente declaratoria de dejar sin efectos las actuaciones posteriores.

Por lo anterior, el Tribunal concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación ante esta Corporación y «declaró extemporánea» la adición a dicha impugnación19.

Trámite de segunda instancia

El 9 de abril de 2025, el expediente ingresó al despacho para decidir lo pertinente20.

El 11 de abril de 2025, el apoderado de la parte ejecutante radicó memorial de

Trámite de segunda instancia

El 9 de abril de 2025, el expediente ingresó al despacho para decidir lo pertinente20.

El 11 de abril de 2025, el apoderado de la parte ejecutante radicó memorial de «adición» al recurso de apelación presentado, junto con un «precedente» para que sirva de insumo para la decisión que haya de adoptarse con respecto a la apelación

18 Cfr. SAMAI, índice 69 de primera instancia. 19 Cfr. SAMAI, índice 70 de primera instancia. Decisión que fue notificada por estado electrónico del 4 de marzo de 2025 (visible a índice 71 de primera instancia, SAMAI). 20 Cfr. SAMAI, índice 3.6

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propuesta dentro del proceso de la referencia21.

A través de auto d el 28 de julio de 202522, se admit ió el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante en contra del auto de 24 de enero de 2024 , proferido por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, y se corrió traslado a la contraparte -INVIAS-, por el término de 3 días, para que se pronunciaran sobre el recurso de apelación interpuesto. El INVIAS y Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES

Régimen aplicable

1. Según lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), los procesos promovidos ante esta

II. CONSIDERACIONES

Régimen aplicable

1. Según lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, «seguirán rigiéndose y culminarán» por las normas procesales contenidas en el «régimen jurídico anterior», es decir, por el Código Contencioso Administrativo (CCA); el Código de Procedimiento Civil (CPC), en virtud de la integración normativa prevista por el artículo 267 del primero de los estatutos mencionados, y demás normas aplicables.

En ese sentido, como la demanda ejecutiva que dio origen a este proceso se presentó el 9 de febrero de 2011 , se impone dar aplicación al régimen jurídico señalado, el cual debe gobernar todas las actuaciones hasta su culminación, lo que incluye los trámites posteriores a la sentencia -adición, aclaración del fallo e incidentes-23.

Competencia

2. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar el presente asunto, de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos. De conformidad con el numeral 1 del artículo 181 del CCA, en con sonancia con el artículo 351 del CP C -numeral 4-, el recurso de

21 Cfr. SAMAI, índice 5. Memorial que fue reiterado el 8 de agosto de 2025 (visible a índice 14, SAMAI).

CCA, en con sonancia con el artículo 351 del CP C -numeral 4-, el recurso de

21 Cfr. SAMAI, índice 5. Memorial que fue reiterado el 8 de agosto de 2025 (visible a índice 14, SAMAI). 22 Cfr. SAMAI, índice 6. Decisión que se notificó por estado del 5 de agosto de 2025 (índice 8, SAMAI). 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 1º de julio de 2020, expediente 61155 [fundamento jurídico 1]; sentencia 20 de mayo de 2022, expediente 64181 [fundam ento jurídico 1]; auto de 18 de agosto de 2023, expediente 69761 [fundamento jurídico 1]; de la Subsección C, auto de 16 de noviembre 2023, expediente 65267 [fundamento jurídico 1].7

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apelación procede contra el auto que rechace la demanda y será decidido en Sala, según lo dispuesto en el artículo 146A del CCA, adicionado por el artículo 61 de la Ley 1395 de 2010.

Oportunidad del recurso

3. Dada la naturaleza ejecutiva del presente asunto , e l artículo 352 del CPC establece que el recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación. Como la providencia recurrida se notificó por estado del 27 de enero de 2025 24 y la parte ejecutante interpuso el

dentro de los tres días siguientes a la notificación. Como la providencia recurrida se notificó por estado del 27 de enero de 2025 24 y la parte ejecutante interpuso el recurso de apelación el 30 de enero siguiente25, se formuló oportunamente26.

Caso concreto

4. En los términos del recurso de apelación, la Sala decidirá si le asistió razón o no al Tribunal al rechazar la demanda ejecutiva por no subsanar.

5. Como primer aspecto, es importante reiterar que el régimen aplicable al presente asunto, contrario a lo afirmado por el recurrente, es el CCA, el CPC, en virtud de la integración normativa prevista por el artículo 267 del primero de los estatutos mencionados, y demás normas aplicables 27, en atención a que la demanda fue radicada el 9 de febrero de 2012, por lo que los argumentos del recurso de apelación encaminados a que se aplique el CGP y el CPACA, pasan por alto el régimen de transición y vigencia normativa que se contempló en el artículo 308 del último de los estatutos mencionados, aspecto que ya había sido abordado por la Subsección en una oportunidad anterior dentro de este mismo proceso, a través de providencia del 23 de septiembre de 2024 -expediente 71331-. Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que28:

24 Cfr. SAMAI, índice 67 de primera instancia. 25 Cfr. SAMAI, índice 68 de primera instancia. 26 Sobre la aplicación de la normativa en mención, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera,

24 Cfr. SAMAI, índice 67 de primera instancia. 25 Cfr. SAMAI, índice 68 de primera instancia. 26 Sobre la aplicación de la normativa en mención, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 15 de octubre de 2015, expediente 48520, C.P. Hernán Andrade Rincón; auto del 14 de junio de 2019, expediente 67909, C.P. María Adriana Marín; auto del 31 de octubre de 2019, expediente 63092, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; auto del 17 de marzo de 2021, expediente 62860, auto del 4 de octubre de 2021, expediente 64866, auto del 1 3 de mayo de 2022, expediente 67428, con C.P. José Roberto Sáchica Méndez, auto del 10 de abril de 2023, expediente 69649, auto del 25 de mayo de 2023, expediente 69761, con C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Subsección C, auto del 6 de julio de 2020, expediente 63167, C.P. Guillermo Sánchez Luque, auto del 4 de marzo de 2022, expediente 67909, C.P. Nicolas Yepes Corrales, auto del 24 de julio de 2024, expediente 71091 y auto del 23 de septiembre de 2024, expediente 71331. 27 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 1º de julio de 2020, expediente 61155

[fundamento jurídico 1]; sentencia 20 de mayo de 2022, expediente 64181 [fundamento jurídico 1]; auto de 18 de agosto de 2023, expediente 69761 [fundament o jurídico 1] C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de la Subsección C, auto de 16 de noviembre 2023, expediente 65267 [fundamento jurídico 1] C.P. Nicolás Yepes Corrales. 28 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 24 de julio de 2024, ex pediente 59915 [fundamento jurídico 10].8

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Lo anterior no desconoce la entrada en vigencia del CGP, ni lo decidido por la Sala Plena Contenciosa Administrativa de esta Corporación, a través del auto de unificación de 25 de junio de 201429, en el que sentó su jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia del CGP para esta jurisdicción, ya que dicha providencia analizó el escenario de un proceso de CPACA y su remisión al CPC, el cual se debía entender al CGP desde el 1º de enero de 2014, pero no señaló ningún aspecto en relación con la aplicación del CGP a los procesos regidos por el CCA. Incluso, dejó a salvo las situaciones que se gobernaban por la norma de transición, las cuales se resolv erían con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite, en atención al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP.

las cuales se resolv erían con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite, en atención al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP.

6. Definido lo anterior, en segundo lugar, el artículo 143 del CCA, en concordancia con el artículo 85 del CPC, prevé que se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de 5 días.

Si no lo hiciere se rechazará la demanda.

7. Por lo anterior, conviene advertir que, en el proceso ejecutivo, tal como ocurre con los procesos ordinarios, la inadmisión procede para corregir los defectos formales de la demanda . Sobre el particular un sector de la doctrina ha señalado

que30:

Así, por ejemplo, si la demanda ejecutiva no reúne los requisitos formales o el demandante no adjunta uno de los anexos obligatorios de toda demanda (por ejemplo, la prueba de la existencia y de la representación de la sociedad demandante o de la calidad de heredero en que se cita a una de las partes o copia de la demanda y de sus anexos para el demandado), el juez puede inadmitirla para que se dé cumplimiento a los requisitos que exige la ley. De no hacerse así en el plazo de cinco días, entonces el juez pro ferirá un auto negando el mandamiento ejecutivo, lo que equivale a rechazar la demanda.

Se debe combatir la tesis según la cual el art. 85 [del CPC] no es aplicable en el proceso de ejecución en cualquiera de sus formas y que lo que procede siempre

ejecutivo, lo que equivale a rechazar la demanda.

Se debe combatir la tesis según la cual el art. 85 [del CPC] no es aplicable en el proceso de ejecución en cualquiera de sus formas y que lo que procede siempre que no se reúnen algunos de los requisitos formales de la demanda es negar de plano su proferimiento. Quienes la defienden acuden, con criterio exegético, a soluciones facilistas para deshacerse rápidamente de los negocios, sin reparar en que esas demandas se presentaran de nuevo al reparto, y que, de otra parte, se cercena el legítimo derecho que asiste al demandante para que se le otorgue la posibilidad de corregir los errores procedimentales que el juez observe, como sucede en los restantes procesos (se precisa).

29 Original de cita: Cfr. Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299) C.P. Enrique Gil Botero. 30 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Parte Especial, Tomo II, Editorial Dupré, Bogotá, 2004, pág. 450.9

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Apelación de auto – rechazo de demanda por no subsanar

8. Ahora, en relación con la notificación de las providencias judiciales, se debe indicar que el artículo 150 del CCA establece la notificación personal del auto admisorio de la demanda. En concordancia, el artículo 314 del CPC , aplicable por remisión del artículo 267 del CCA en los aspectos no regulados, prevé que deberá hacerse la notificación personal al demandado o a su representante o apodera do

admisorio de la demanda. En concordancia, el artículo 314 del CPC , aplicable por remisión del artículo 267 del CCA en los aspectos no regulados, prevé que deberá hacerse la notificación personal al demandado o a su representante o apodera do judicial, del auto que confiere traslado de la demanda o que libra mandamiento ejecutivo, y en general la de la primera providencia que se dicte en todo proceso.

También, se contempla para: i) l a primera que deba hacerse a terceros , ii) los funcionarios públicos en su carácter de tales, la del auto que los cite al proceso y la de la sentencia, iii) las que ordene la ley para casos especiales, y iv) las que deban hacerse en otra forma, cuando quien haya de recibirlas solicite que se le ha gan personalmente, siempre que la notificación que para el caso establece la ley no se haya cumplido. Sobre esta notificación, un sector de la doctrina ha señalado que31:

Son las que tienen carácter principal, pues se prefieren a cualquier otro tipo de notificación, por cuanto son las que mejor garantizan que el contenido de determinada providencia realmente ha sido conocido por la persona quien se debía enterar de ella, por ser las únicas que, usualmente, se surten de manera directa e inmediata con el su jeto de derecho al cual se le quiere dar a conocer alguna determinación proferida dentro del proceso.

No obstante, consciente el legislador de la imposibilidad de exigir siempre y para toda clase de providencias judiciales la notificación personal, lo que entrabaría el diligenciamiento y la actuación procesal, 32 la establece como obligatoria sólo en los casos previstos en el art. 314 [del CPC]; fuera de esos eventos taxativos admite

toda clase de providencias judiciales la notificación personal, lo que entrabaría el diligenciamiento y la actuación procesal, 32 la establece como obligatoria sólo en los casos previstos en el art. 314 [del CPC]; fuera de esos eventos taxativos admite la notificación por otros medios, que varían de acuerdo con la índole de la decisión judicial, según sea auto o sentencia (se precisa).

9. Por su parte, el artículo 321 del CPC -modificado por el artículo 1, numeral 150 del Decreto 2282 de 1989 - establece que la notificación de los autos que no deba hacerse personalmente se cumplirá por medio de anotación en estados que elaborara el s ecretario. No obstante, el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022, en su artículo 9, modificó este tipo de notificación para señalar que:

Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva.

No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que

31 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General. Décima edición. DUPRE Editores. Bogotá. 2009. Pág. 689. 32 Original de cita: Morales Molina, Hernando, Curso de Derecho procesal civil, Parte General, 9ª edición, Bogotá, Edit. ABC, 1985, pág. 538, dice que este tipo de notificación “es el más engorroso”.10

Expediente No. 72588

Ejecutante: UNIMEZCLAS S.A.

Apelación de auto – rechazo de demanda por no subsanar

Expediente No. 72588

Ejecutante: UNIMEZCLAS S.A.

Apelación de auto – rechazo de demanda por no subsanar

decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal.

(…)

Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente por cualquier interesado.

9. Asimismo, conviene destacar que, como lo ha consi derado la jurisprudencia de

la Corte Constitucional33,

(…) la notificación judicial es un acto procesal mediante el cual se hacen saber o se ponen en conocimiento de las partes o de terceros las decisiones adoptadas por los funcionarios respectivos, con las formalidades señaladas en las normas legales.

En virtud de esta función, dicho acto es un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad de la función jurisdiccional consagrado en el Art. 228 superior.

Por efecto de dicho acto, sus destina